Polonia
Jefe del Estado
Bronislaw Komorowski
Jefe del gobierno
Donald Tusk
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
38,3 millones
Esperanza de vida
76,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
6,7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,5 por ciento

La defensora del Pueblo expresó su preocupación por el número creciente de ataques racistas y xenófobos que se registraban. El Parlamento rechazó una propuesta de prohibición absoluta del aborto. Varias ONG expresaron su preocupación por la reclusión de solicitantes de asilo menores de edad.

Información general

El partido político gobernante, Plataforma Cívica, ganó las elecciones parlamentarias en octubre. Entre los nuevos parlamentarios había dos activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero; una activista experta en derechos sexuales y reproductivos y dos hombres de origen africano. Por primera vez se eligieron en Polonia mujeres para los cargos de presidente y vicepresidente del Parlamento.

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Seguridad y medidas antiterroristas

En julio, la fiscalía decidió ampliar otros seis meses la investigación sobre la presunta participación de Polonia en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA. Según informó en septiembre la emisora radiofónica RMF FM, el presidente rechazó una solicitud presentada por la fiscalía para que el ex presidente Aleksander Kwaśniewski fuera eximido de su obligación de no divulgar secretos de Estado y pudiera declarar. Al final del año no se había hecho pública ninguna otra información sobre los avances o resultados de la investigación.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución en octubre en la que pedía a la fiscalía de Polonia que perseverara en el intento de establecer la verdad sobre las denuncias de detenciones secretas de la CIA. Señalaba además en ella que el Parlamento se había ceñido a unas investigaciones cuya finalidad principal parecía ser la de defender la postura oficial de las autoridades nacionales.

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Discriminación

El gobierno no destinó a la Oficina del Defensor del Pueblo los recursos necesarios para desempeñar su nueva función de institución para la igualdad. La legislación contra la discriminación aprobada en diciembre de 2010 había encomendado a la Oficina que ayudara a las víctimas de discriminación a presentar denuncias y que llevara a cabo investigaciones independientes y formulara recomendaciones en relación con la igualdad de trato. El gobierno sostenía que la Oficina podía asumir las nuevas competencias sin financiación adicional. Sin embargo, la defensora del Pueblo aseguró en mayo que no existía una unidad especializada contra la discriminación en la Oficina debido a la falta de fondos y que era ilegal imponer nuevas competencias a un organismo público sin asignarle recursos suficientes.

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Racismo

En una carta remitida en octubre al fiscal general, la defensora del Pueblo se mostró preocupada por el número creciente de ataques racistas y xenófobos puestos en su conocimiento y pidió que se tomaran las medidas necesarias para abordar estos delitos.

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Libertad de expresión

Se siguió criticando a Polonia por la legislación que penalizaba la difamación, que se determinó que podía haber tenido efectos perjudiciales para la libertad de expresión.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en julio, en la causa Wizerkaniuk v. Poland, que Polonia había violado el derecho a la libertad de expresión. El periodista Jerzy Wizerkaniuk había recurrido la sentencia de un tribunal local que le había impuesto una multa por publicar fragmentos de una entrevista con un parlamentario local sin su consentimiento. El Tribunal Europeo determinó que las disposiciones de la Ley de Prensa de 1984, que permitía imponer sanciones penales a periodistas, no reflejaban debidamente el significado de la libertad de expresión en una sociedad democrática, y concluyó que la sanción penal era desproporcionada en tales circunstancias, ya que existían recursos civiles para proteger la reputación.
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Sistema de justicia

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en mayo, en la causa Bogusław Krawczak v. Poland, que Polonia había violado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable de Bogusław Krawczak, que había estado casi cuatro años en reclusión preventiva. El Tribunal sostuvo además que se había violado su derecho a la vida privada y familiar con la imposición de restricciones arbitrarias del contacto físico con su familia.
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Condiciones de reclusión

En julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expuso sus motivos de preocupación con respecto a las condiciones de reclusión de los detenidos; entre ellos figuraban el hacinamiento, la provisión insuficiente de asistencia médica, los malos tratos policiales y la ausencia de un sistema desarrollado de asistencia letrada gratuita. El Comité pidió a las autoridades polacas que revisaran la normativa sobre el espacio vital de los reclusos y les garantizaran al menos cuatro metros cuadrados por persona en las celdas colectivas. En septiembre, el Ministerio de Justicia sostuvo que, debido a los altos índices de población penitenciaria, era imposible garantizar a cada recluso el espacio indicado por el Comité. Según la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos, se presentaron ante los tribunales 4.370 demandas de indemnización por daños personales en relación con el ingreso en celdas superpobladas.

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Derechos sexuales y reproductivos

El Parlamento rechazó en septiembre una propuesta de reforma de la Ley de Planificación Familiar de 1993 por la que se prohibía el aborto en todas las circunstancias. Seguía siendo legal en tres supuestos estrictamente definidos: cuando el embarazo pusiera en peligro la vida o la salud de la mujer; cuando los exámenes prenatales u otras pruebas médicas indicaran un riesgo elevado de que el feto presentara daños graves e irreversibles o padeciera una enfermedad incurable y peligrosa para la vida, y cuando existieran razones de peso para creer que el embarazo era producto de un acto delictivo.

  • Polonia violó el derecho a no sufrir tortura ni tratos inhumanos y el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada, R.R., a la que se impidió acceder a tiempo a unas pruebas genéticas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que, debido a las dilaciones y negativas de los profesionales médicos, R.R. había tenido que soportar durante semanas una dolorosa incertidumbre sobre la salud del feto y la suya propia, así como sobre el futuro de su familia. Semejante actuación constituyó trato humillante. Su hijo nació con el síndrome de Turner y su esposo la abandonó. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recalcó que, dado que el derecho interno permitía el aborto en el supuesto de anormalidad fetal, una mujer embarazada debía tener acceso a información plena y fiable sobre la salud del feto.
  • En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró admisible el caso de una adolescente que había sido víctima de violación y había sufrido demoras y hostigamiento en el acceso a una intervención de aborto legal.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En julio, la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos, la Asociación de Intervención Legal y el Centro de Asistencia Jurídica Halina Nieć expresaron su preocupación por la reclusión de niños junto con familiares adultos detenidos únicamente por motivos de inmigración.

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