Portugal - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Portuguesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Portugal is now live »

Jefe del Estado: Aníbal António Cavaco Silva (sustituyó a Jorge Fernando Branco de Sampaio en marzo)
Jefe del gobierno: José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Se siguieron denunciando casos de malos tratos y disparos mortales de la policía. La formación de los agentes de policía en el uso de armas de fuego continuó siendo inadecuada. Aumentó la preocupación por las deficientes condiciones de las prisiones, debido a los problemas de hacinamiento, falta de higiene y escasez de medios. En abril se propuso una reforma del Código Penal para hacer extensiva la definición de «violencia doméstica» a las parejas de hecho y las parejas del mismo sexo. La violencia en el ámbito familiar seguía siendo generalizada. La falta de recursos suficientes obstaculizó los esfuerzos de la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial por ocuparse de los continuos incidentes de racismo.

Disparos mortales

La muerte de al menos seis personas en 2006 a causa del uso de medios letales por la policía reavivó antiguos temores relativos al posible uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Según dirigentes sindicales de la policía, la causa de tales homicidios era la falta de formación adecuada. Los agentes carecían también de directrices suficientes sobre el uso de armas.

El 3 de octubre, un hombre murió y otro resultó gravemente herido durante la persecución policial de un automóvil ocupado por cuatro jóvenes en Oporto. Un miembro de la Guardia Nacional Republicana efectuó cinco disparos contra el vehículo, al parecer apuntando a los neumáticos, pero mató a uno de sus ocupantes e hirió a otro. Según informes, cuando el automóvil se detuvo, la policía agredió a los supervivientes, incluido el hombre herido de gravedad, a pesar de que se habían rendido. La Brigada de Homicidios de la Policía Judicial de Oporto estaba investigando el caso y la Inspección General de Administración Interna también abrió una investigación. El conductor del automóvil fue acusado de desobedecer a la policía y conducción temeraria.

Hacinamiento en las prisiones

Según la Dirección General de los Servicios Penitenciarios, en mayo el 70 por ciento de las prisiones funcionaban por encima de su capacidad prevista, y en tres de ellas -Portimão, Angra do Heroísmo y Guimarães- el número de reclusos era más del doble del asignado. El hacinamiento reducía los recursos disponibles para cada preso y agudizaba las malas condiciones higiénicas y la transmisión de enfermedades infecciosas. De las 91 muertes de presos ocurridas en 2006, 74 se debieron a enfermedades, 14 fueron suicidios, y 3 se registraron como homicidios.

En junio, el ministro de Justicia, Alberto Costa, anunció la intención del gobierno de cerrar 22 prisiones y ampliar otras, lo que aumentaría la capacidad total de 12.000 a 14.500 plazas. Estaba previsto cerrar la mayoría de esas prisiones durante los tres próximos años, por lo que se temía que la medida tuviera efectos en las condiciones de las restantes.

Violencia contra las mujeres

De todos los incidentes violentos de que tuvo noticia la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas, el 86 por ciento fueron casos de violencia en el ámbito familiar. Muchos no se denunciaron a la policía. La ausencia de denuncias no sólo suponía un obstáculo a la hora de hacer justicia en casos particulares, sino que también dificultaba los esfuerzos por abordar el problema de la violencia doméstica en la sociedad, ya que ocultaba su verdadera magnitud y naturaleza. Entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006 murieron 39 mujeres como consecuencia de la violencia doméstica.

En abril se propusieron reformas del Código Penal entre las que figuraba definir la violencia doméstica de manera que incluyera también los malos tratos entre parejas de hecho, parejas del mismo sexo y ex parejas, así como abusos entre progenitores e hijos o hijas. Si la violencia tenía lugar en el hogar familiar, se consideraría una circunstancia agravante.

Racismo

Siguió teniéndose noticia de incidentes de discriminación racial ocurridos en todo el país. La Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial informó de que en los seis años anteriores había recibido 190 denuncias. De ellas, sólo dos se habían resuelto con la imposición de una multa, y había aún 60 casos pendientes. Debido a la falta de recursos, los casos tardaban dos o tres años en resolverse, y muchos se sobreseían por falta de pruebas, lo que contribuía a la impunidad de los actos de racismo.

Derechos de las personas migrantes

En agosto se aprobó una ley de inmigración que incluía medidas para conceder permiso de residencia a las víctimas de trata de personas, si bien sólo si colaboraban con la policía, lo que entrañaba el riesgo de que se ejerciera una presión indebida sobre las víctimas expuestas a sufrir represalias.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

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