Tortura y otros malos tratos

Tras la aprobación del informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Portugal se comprometió a incrementar los esfuerzos para garantizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de malos tratos o uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En al menos dos casos, las investigaciones sobre tales denuncias habían avanzado muy poco o nada varios años después de los hechos denunciados.

• Siguió pendiente el recurso de apelación interpuesto por Leonor Cipriano contra la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Faro, que absolvía a los tres agentes de policía implicados en su detención en 2004. El Tribunal había concluido el 22 de mayo de 2009 que Leonor Cipriano había sido torturada bajo custodia policial pero que no era posible identificar a los culpables.
• Se programaron las fechas del juicio de los tres agentes de la policía judicial acusados de torturar a Virgolino Borges bajo custodia en marzo de 2000, pero después se aplazaron las vistas hasta el final del año. El Tribunal de Instrucción Penal había archivado la investigación en 2005 basándose en que las lesiones podían haber sido autoinfligidas. Virgolino Borges impugnó esta decisión y, en noviembre de 2005, el Tribunal de Apelación ordenó la celebración de un juicio sobre el caso.

Violencia contra mujeres y niñas

En abril se aprobaron nuevas disposiciones para proteger a las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar que, entre otras cosas, reconocían el derecho de las víctimas a recibir información, protección, refugio y ayuda económica y de otra índole. El número de casos registrados de violencia en el ámbito familiar disminuyó ligeramente en comparación con 2009: la ONG Asociación de Apoyo a las Víctimas documentó 15.236 denuncias de violencia intrafamiliar en 2010, frente a las 15.904 documentadas en 2009. Sin embargo, la ONG Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta documentó 43 asesinatos cometidos en 2010, frente a los 29 registrados en 2009.

Derecho a una vivienda adecuada: comunidad romaní

• Unas 50 familias romaníes continuaban viviendo en el barrio de Quinta das Pedreiras, en la localidad de Beja, donde habían sido reasentadas en 2006 tras su desalojo del Bairro da Esperança. Siguió suscitando preocupación el hecho de que las viviendas de Quinta das Pedreiras no reunieran las condiciones mínimas de salud, saneamiento y seguridad. El 29 de abril, el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes presentó una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que alegaba que Portugal había vulnerado el derecho a una vivienda de los romaníes de Quinta das Pedreiras.