Información general

En junio, por primera vez en la historia del país, se nombró a una mujer jueza del Tribunal de Primera Instancia.

En junio se procedió a evaluar el historial de Qatar en derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. Se instó a Qatar a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, por ejemplo, revisando y revocando las leyes que discriminaran a las mujeres. En mayo se reeligió a Qatar miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En junio se modificó el Código Penal con el fin de incluir una amplia definición de la tortura y la intimidación; sin embargo, se mantuvo la pena capital como posible castigo en los casos de tortura con resultado de muerte.

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Discriminación y violencia contra las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica y no recibían la debida protección contra la violencia en el ámbito familiar.

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Libertad de expresión

Se declaró culpables de blasfemia al menos a seis ciudadanos extranjeros y se condenó a cuatro de ellos a siete años de cárcel, la pena máxima prevista para este delito. En julio, por ejemplo, el Tribunal de Primera Instancia de Doha condenó a un ciudadano libanés a siete años de prisión por blasfemia; al parecer, había “pronunciado palabras blasfemas” cuando lo trasladaban en camilla a una ambulancia. No se sabía con exactitud si se ejecutaron las penas de prisión impuestas en todos estos casos.

Al menos 90 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, fueron declarados culpables de “relaciones sexuales ilícitas” y expulsados o condenados a prisión seguida de expulsión en algunos casos. Se declaró culpables de sodomía a dos hombres y se confirmaron las condenas en el caso de otros dos por el mismo “delito”.

El gobierno aprobó un anteproyecto de ley de prensa y publicaciones destinado a sustituir la Ley 8 de 1979, pero al finalizar el año no se había promulgado todavía la ley.

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Derechos de las personas migrantes

A pesar de las últimas modificaciones introducidas en las leyes laborales, los trabajadores migrantes –más del 80 por ciento de la población de Qatar– seguían estando expuestos a sufrir explotación y abusos a manos de sus empleadores. En noviembre, el primer ministro anunció que se estaba revisando el sistema de patrocinio, por lo que podría modificarse.

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Discriminación: negación de la nacionalidad

El gobierno siguió negando la nacionalidad qatarí a aproximadamente un centenar de personas, la mayoría miembros de la tribu de Al Murra, a la que se culpaba parcialmente de un intento de golpe de Estado ocurrido en 1996. Estas personas se veían privadas por ello de oportunidades de empleo, seguridad social y atención a la salud o no podían entrar en Qatar. No tenían tampoco la posibilidad de interponer recursos ante los tribunales.

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Libertad de circulación

• El 4 de julio de 2009 se comunicó a Rashid al Amoodi que no podía viajar cuando éste se disponía a ir de Doha a Dubai. La prohibición seguía en vigor al finalizar 2010, aunque las autoridades no se la habían comunicado de manera oficial ni le habían dado la oportunidad de impugnarla. El gobierno no adujo tampoco ningún motivo.

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Reclusión sin cargos ni juicio

Se recibieron informes sobre presuntos delincuentes recluidos sin cargos ni juicio.

• Detenido el 15 de octubre de 2009, el ciudadano británico Mohamed Farouk el Mahdy estuvo recluido sin cargos ni juicio hasta que quedó en libertad bajo fianza el 14 de septiembre de 2010. Había sido detenido por su relación con un cliente de su ex empleador a quien se acusaba de no haber devuelto un préstamo.

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Penas crueles, inhumanas y degradantes

Al menos 21 personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, fueron condenadas a recibir entre 30 y 100 latigazos por “relaciones sexuales ilícitas” o consumo de alcohol. Las penas de flagelación sólo podían ejecutarse contra musulmanes considerados médicamente aptos. Se ignoraba si en algunos de estos casos se ejecutó la pena.

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Pena de muerte

El Tribunal de Apelación confirmó al menos 3 penas capitales. Al parecer, 17 personas como mínimo se encontraban condenadas a muerte al finalizar el año, entre ellas al menos 7 condenadas en 2001 por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado de 1996. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Qatar fue uno de los pocos Estados que en diciembre votaron en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

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