Dos personas fueron detenidas, al parecer por presuntas críticas al gobierno, y una
de ellas fue presuntamente torturada. La población trabajadora migrante sufría explotación
y abusos, y la ley no la protegía adecuadamente. Se impusieron penas de flagelación
al menos a seis personas. Se condenó a muerte al menos a tres hombres. No hubo ejecuciones.
En Qatar no se produjeron manifestaciones contra el gobierno similares a las de otros
países de la región, pese a que en febrero y marzo se convocaron protestas en Facebook.
En mayo se celebraron elecciones municipales. En noviembre el gobierno se comprometió
a celebrar en 2013 las primeras elecciones al Consejo de la Shura, que se venían
aplazando desde 2008.
En octubre se aprobó una ley por la que se prohibía la trata de seres humanos. Según
informes, también se estaban revisando otras leyes, como la Ley de Protección de la
Sociedad, de 2002, que permitía la detención sin cargos por periodos de hasta seis
meses.
Al menos dos hombres fueron detenidos, al parecer por presuntas críticas al gobierno,
y un hombre y una mujer fueron encarcelados por blasfemia. Como mínimo 46 personas,
en su mayoría extranjeras, fueron declaradas culpables de “relaciones sexuales ilícitas”
y expulsadas del país o encarceladas y, en algunos casos, expulsadas a continuación.
Salem al Khawari, funcionario, fue detenido el 7 de febrero y recluido sin cargos
hasta el 18 de octubre. Durante tres meses no tuvo acceso a su familia y, al parecer,
fue obligado a permanecer de pie hasta 15 horas al día, privado de sueño y golpeado.
Las autoridades no explicaron la razón de su detención, y no se tuvo constancia de
ninguna investigación sobre su presunta tortura.
Sultan al Khalaifi, bloguero y fundador de una organización local de derechos humanos,
fue detenido el 2 de marzo por agentes de los servicios de seguridad del Estado vestidos
de civil, que registraron también su domicilio. Permaneció recluido en régimen de
incomunicación durante una semana y quedó en libertad sin cargos el 1 de abril.
Según informes, en febrero un tribunal de Doha declaró culpable de blasfemia a un
qatarí de 41 años y lo condenó a cinco años de prisión.
Los trabajadores migrantes, que representaban más del 80 por ciento de la población
de Qatar y procedían sobre todo del sur y el sureste asiáticos, seguían sin recibir
protección suficiente de la ley y sufriendo explotación y abusos a manos de sus empleadores.
En mayo, la Confederación Sindical Internacional criticó las condiciones de los trabajadores
en Qatar, sobre todo las de las empleadas domésticas y los obreros de la construcción
de las instalaciones para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, y pidió mejoras de calado.
Las autoridades continuaron negando la nacionalidad qatarí a aproximadamente un centenar
de personas, la mayoría de ellas pertenecientes a la tribu de Al Murra, a la que
se acusaba de haber apoyado un intento de golpe de Estado ocurrido en 1996. Debido
a ello, estas personas sufrían problemas, como negación de oportunidades de trabajo,
de seguridad social y servicios de salud y del pasaporte qatarí. Tampoco podían interponer
recursos ante los tribunales.
Al menos seis personas de ambos sexos y todas ellas extranjeras fueron condenadas
a recibir 40 o 100 latigazos por delitos relacionados con el consumo de alcohol o
las “relaciones sexuales ilícitas”. Este tipo de penas sólo podían ejecutarse contra
musulmanes considerados médicamente aptos. Se ignoraba si en alguno de estos casos
se ejecutó la pena.
Se condenó a muerte como mínimo a 3 hombres. Se creía que al terminar el año había
al menos 19 condenados a muerte, entre ellos no menos de 6 a los que se había impuesto
la pena en 2001 tras ser declarados culpables de participar en el intento de golpe
de Estado de 1996. No se tuvo constancia de ninguna ejecución.
