Rumania - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Rumania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Rumania is now live »

Jefe del Estado: Traian Băsescu
Jefe del gobierno: Călin Popescu-Tăriceanu
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

La comunidad romaní siguió sufriendo discriminación e intolerancia. Continuaron las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las mujeres seguían en peligro de ser objeto de trata y sufrir violencia en el ámbito familiar. La situación de los pacientes ingresados en instituciones de salud mental siguió suscitando preocupación. El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo expresaron inquietud por la falta de voluntad por parte de Rumania para colaborar en una investigación exhaustiva de las denuncias sobre connivencia con el programa de entregas y centros de detención secreta dirigido por Estados Unidos.

Información general

En septiembre, la Comisión Europea autorizó que la adhesión de Rumania a la Unión Europea tuviera lugar en enero de 2007, a pesar de que seguían existiendo motivos de preocupación en relación con la transparencia y eficacia de los procesos judiciales y con la imparcialidad y efectividad en la investigación de denuncias de corrupción de alto nivel.

En agosto, Rumania ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

A diferencia de lo ocurrido el año anterior, las autoridades no se opusieron a la celebración del desfile «Gayfest», organizado por la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en mayo en la capital, Bucarest. Sin embargo, la policía tuvo que intervenir para proteger a los participantes de personas contrarias al desfile que les arrojaban huevos, piedras y botellas de plástico.

Discriminación

En un informe sobre Rumania publicado en febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia expresó su preocupación por el hecho de que no se hubiera aplicado la legislación contra la discriminación y por la falta de conocimiento al respecto. La comunidad romaní seguía discriminada en todas las esferas, incluidas las del empleo, la educación y la vivienda.

En junio se enmendó una ley para prevenir y castigar todas las formas de discriminación, con el fin de cumplir los requisitos de la directiva de la Unión Europea relativa a la igualdad racial. Sin embargo, al finalizar el año el Parlamento todavía no había aprobado un proyecto de ley sobre la protección de las minorías étnicas.

La comunidad romaní

En enero, el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación resolvió que el discurso contra la comunidad romaní pronunciado por Corneliu Vadim Tudor, dirigente del Partido de la Gran Rumania (Partidul România Mare), violaba la legislación contra la discriminación. En el discurso se hacía referencia a un incidente ocurrido en 1993 en el pueblo de Hădăreni, en el que tres romaníes habían muerto y más de 18 viviendas de romaníes habían sido destrozadas. No se le impuso sanción alguna debido a que gozaba de inmunidad parlamentaria.

Las autoridades no llevaron a efecto la sentencia dictada en julio de 2005 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el asunto Hădăreni. Según los informes, el gobierno había abandonado la estrategia de desarrollo comunitario adoptada en virtud de las obligaciones que se derivaban del arreglo amistoso alcanzado en este caso. Las demandas relativas a daños y perjuicios debidos a las víctimas de los ataques seguían pendientes ante tribunales nacionales. Un número considerable de autores de los ataques, entre ellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, continuaron impunes.

En noviembre, el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación impuso multas a varios miembros de la organización Nueva Derecha (Noua Dreaptă) por publicar en su sitio web varios artículos que contenían material ofensivo, humillante y degradante para la comunidad romaní. El Centro Romaní de Intervención y Estudios Sociales (Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii) presentó una denuncia formal contra esta organización y su director, Tudor Ionescu; al finalizar el año la decisión seguía pendiente.

Desalojos

En octubre, las autoridades municipales de Tulcea desalojaron a 25 familias romaníes -unas 110 personas- de un edificio que habían ocupado durante los siete años anteriores. Algunos romaníes aceptaron trasladarse a las habitaciones que les ofreció el municipio en dos edificios en ruinas sin acceso a electricidad, agua caliente e instalaciones higiénicas, y acceso limitado a agua potable, en un lugar situado dentro del puerto industrial de Tulcea. Después del realojo, los menores dejaron de acudir a la escuela porque estaba demasiado alejada de su nuevo lugar de residencia y sus progenitores temían por su seguridad.

El resto de las personas desalojadas siguieron pernoctando fuera del edificio. Las autoridades locales sólo les habían ofrecido trasladarlas a unas viviendas móviles situadas a las afueras de Tulcea, también en un área con una elevada proporción de instalaciones industriales. Las autoridades reconocieron que estas estructuras ofrecían unas condiciones de alojamiento muy limitadas ya que no podían ser conectadas a ningún servicio público. Al finalizar el año no habían concluido las actuaciones judiciales iniciadas por el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y otras ONG impugnando la legalidad de los desalojos.

Enmiendas al Código de Procedimiento Penal

En junio, ONG nacionales e internacionales expresaron su preocupación en relación con las enmiendas introducidas al Código de Procedimiento Penal, que permitían a los fiscales interceptar mensajes de correo electrónico e intervenir líneas telefónicas durante periodos de hasta 96 horas antes de informar a un juez, así como violar la confidencialidad de la relación entre el abogado y su cliente interviniendo el teléfono.

Actuación policial

En agosto, cinco personas de etnia romaní denunciaron que habían sido sometidas a malos tratos durante una operación conjunta de la policía del pueblo de Botinda y la gendarmería del condado de Cluj. Dos de los romaníes eran menores de edad a los que, al parecer, no se les había permitido comunicarse con sus progenitores durante su estancia en la comisaría de policía. Tanto la policía como la gendarmería negaron los malos tratos. Al finalizar el año seguía pendiente una denuncia presentada por los romaníes.

En septiembre se produjeron enfrentamientos violentos entre la policía y personas pertenecientes a la comunidad romaní en el barrio de Apalina, en la ciudad de Reghin, en los que, según informes, sufrieron lesiones 2 policías y 36 romaníes, entre hombres, mujeres y menores de edad. De acuerdo con los informes, todo comenzó cuando un agente de policía informó de que había sido atacado por dos hombres romaníes. Los altercados violentos estallaron poco después, cuando varios agentes vestidos de civil y agentes enmascarados de las Fuezas Especiales de la policía se trasladaron al barrio de Apalina, al parecer para entregar dos citaciones. Los policías afirmaron que los romaníes los habían atacado con piedras, barras de metal y horcas de labranza. Según los romaníes, los agentes de las Fuerzas Especiales habían sido los causantes de la violencia al usar fuerza excesiva, incluido el empleo de balas de goma y gas lacrimógeno. La investigación policial inicial estableció que los funcionarios no habían incurrido en conducta indebida. En noviembre, tras una visita realizada por dos miembros del Parlamento Europeo, la Inspección General de Policía abrió una investigación preliminar sobre el incidente. Al finalizar el año la investigación no había concluido.

Violencia contra las mujeres

En junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo públicas sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Rumania. En ellas instaba a las autoridades a fomentar la aplicación efectiva de la legislación rumana en materia de violencia en el ámbito familiar y a garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia tuviesen acceso inmediato a medidas de reparación y protección -incluidas órdenes de protección-, a un número suficiente de casas refugio seguras financiadas por el Estado, y a asistencia letrada gratuita. También exhortaba a las autoridades a que intensificasen sus esfuerzos para prevenir la trata de personas abordando las causas que la originaban, especialmente la inseguridad económica que afectaba a las mujeres.

Atención de la salud mental

En mayo, la organización internacional de defensa de los derechos humanos Mental Disability Rights International publicó un informe sobre los derechos de los menores con discapacidades en Rumania. A pesar de que el gobierno aseguraba que ya no se colocaban bebés en instituciones, la organización había encontrado niños y niñas, muchos de ellos sin identificar, sumidos en un estado de abandono en instituciones médicas dotadas de escaso personal. Así, había encontrado a algunos menores internados en instituciones psiquiátricas para adultos, atados con sábanas, con los brazos y las piernas retorcidos, sin que se hiciese nada para evitar la atrofia de sus extremidades.

En enero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe sobre una visita que había realizado a Rumania en 2004. El informe expresaba preocupación por la muerte de muchos pacientes, víctimas de desnutrición o hipotermia, en el hospital psiquiátrico de Poiana Mare, establecimiento que ya había sido objeto de duras críticas en el pasado por las pésimas condiciones de vida de los pacientes, en especial en lo relativo a la alimentación y la calefacción.

En noviembre de 2005, tras la muerte en 2004 de 17 personas en el hospital psiquiátrico de Poiana Mare y la presión nacional e internacional en relación con el caso, el Ministerio de Salud había anunciado la decisión de clausurar el hospital. En febrero de 2006 el Ministerio de Justicia clausuró la sala de alta seguridad y trasladó a sus pacientes a otra institución. Sin embargo, al finalizar el año quedaban 413 pacientes en Poiana Mare.

Centros de detención secreta y entregas extraordinarias

En junio, el relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que investigaba las detenciones secretas informó sobre una «tela de araña» internacional de detenciones y traslados tejida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense con la presunta connivencia de 14 Estados miembros del Consejo de Europa. El relator concluyó que las autoridades rumanas habían mostrado falta de transparencia y de una auténtica voluntad de cooperar con la investigación encargada de esclarecer si Estados Unidos tenía centros de detención secreta en Rumania.

En noviembre, miembros de la Comisión Temporal del Parlamento Europeo sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos afirmaron que era necesario investigar en mayor profundidad las posibles acciones de la CIA en Rumania. Los parlamentarios europeos criticaron el informe de la investigación llevada a cabo por Rumania, calificándolo de «superficial», y expresaron su inquietud por la falta de control por parte de las autoridades rumanas sobre las actividades de Estados Unidos en sus bases militares en Rumania.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

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