Rumania

Human Rights in Rumania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Rumania is now live »

Jefe del Estado Traian Băsescu
Jefe del gobierno Emil Boc
(sustituyó a Călin Popescu-Tăriceanu en diciembre)

Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 21,3 millones
Esperanza de vida 71,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 20/15 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 97,3 por ciento

Hubo nuevas denuncias según las cuales Rumania había participado en el programa de detención secreta y entregas extraordinarias dirigido por Estados Unidos, a pesar de que el gobierno siguió negándolo y de que una comisión de investigación del Senado había concluido que esas denuncias eran infundadas. Hubo informes de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y uso ilegítimo de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Persistió la discriminación contra la comunidad romaní y contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

Información general

La Comisión Europea publicó en julio un informe de actualización sobre Rumania en el que instaba a las autoridades rumanas a mejorar el sistema judicial y a reforzar las medidas para hacer frente a la corrupción, especialmente en el ámbito de la administración local.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades no dieron respuesta satisfactoria a los llamamientos reiterados de la Comisión Europea y de otras entidades para que se esclarecieran las acusaciones sobre el uso de territorio rumano en el programa de detención secreta, entregas extraordinarias y desaparición forzada dirigido por Estados Unidos.

En febrero de 2008, un alto cargo público rumano afirmó en una entrevista a un medio de comunicación que, en 2004 y 2005, había visto en cinco ocasiones la llegada de un autobús negro a un rincón apartado del aeropuerto de Mihail Kogălniceanu, próximo a Constanza y sujeto a fuertes medidas de vigilancia. Dijo que se habían descargado del autobús unos paquetes que abultaban como presos en posturas encogidas y se habían cargado en un reactor, que a continuación había partido rumbo al norte de África con su carga custodiada por dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. Este alto cargo público dijo, además, que era habitual que los pilotos estadounidenses entregaran planes de vuelo falsos, o no entregaran ninguno, y volaran a destinos no declarados.

En febrero, la Comisión Europea manifestó que Rumania no había dado una respuesta completa a la petición del comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la Unión Europea de que se realizaran investigaciones judiciales sobre la existencia de centros de detención secreta de la CIA en su territorio. La Comisión Europea volvió a solicitar a Rumania que facilitara información sobre el posible traslado o detención de personas sospechosas de participar en actos terroristas. El presidente Traian Băsescu declaró que no tenía conocimiento de que se hubieran trasladado paquetes sospechosos al aeropuerto de Mihail Kogălniceanu, y señaló que dicho aeropuerto estaba abierto a periodistas rumanos y extranjeros.

"Continuó muy extendida y arraigada la discriminación contra personas de etnia romaní..."

El gobierno negó repetidamente toda participación en programas estadounidenses de detención secreta y entrega. Señaló que una comisión de investigación del Senado no había encontrado pruebas de esa participación en una investigación realizada en 2006 y 2007. El informe de esta comisión, gran parte del cual seguía siendo información clasificada, concluía que «las acusaciones formuladas contra Rumania son infundadas». El Senado aprobó el informe en abril de 2008.

En agosto, la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos en Rumania (Comité Rumano de Helsinki) presentó varias peticiones de información, entre ellas una a la comisión de investigación del Senado. La comisión respondió en octubre que investigar el propósito de los vuelos que entraban en Rumania no estaba incluido en su cometido, que era «investigar las denuncias relativas a la existencia de centros de detención de la CIA en suelo rumano o de vuelos de aviones contratados por la CIA» sobre territorio rumano. Por esa razón, la comisión no había solicitado ni poseía información sobre el propósito de los vuelos. Asimismo, afirmó que había pedido en mayo a las autoridades competentes que estudiaran la posibilidad de desclasificar cierta información contenida en su informe; al final del año no se había tomado una decisión al respecto.

Tortura, otros malos tratos y uso excesivo de la fuerza

Continuaron los informes sobre malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Muchas de las víctimas pertenecían a la comunidad romaní.

  • Un hombre de etnia romaní, Ion Boacă, y su hijo de 15 años denunciaron haber sufrido lesiones a manos de unos agentes de policía y gendarmería locales que habían irrumpido en su domicilio en el pueblo de Clejani, departamento de Giurgiu, en agosto. Los agentes golpearon a Ion Boacă con un arma en el rostro y dispararon una bala de caucho contra su hijo. Un niño y una niña, de dos y cuatro años, perdieron el conocimiento cuando la policía disparó botes de gas lacrimógeno al interior de la vivienda.
  • El 4 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rumania no había llevado a cabo una investigación adecuada sobre las denuncias de malos tratos infligidos por la policía a Constantin Stoica. Este muchacho romaní, de 14 años –a quien representaban las ONG Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y Romani CRISS–, resultó herido durante un enfrentamiento en abril de 2001 entre agentes encargados de hacer cumplir la ley y personas de etnia romaní ante un bar en el pueblo de Giulia. Los agentes lo derribaron al suelo y le dieron golpes y patadas en la cabeza, a pesar de que él les dijo que lo habían sometido recientemente a una operación quirúrgica en la cabeza. Según informes médicos realizados después del ataque, Constantin Stoica quedó gravemente discapacitado como consecuencia de la paliza. Además, el tribunal consideró que la conducta de los agentes había tenido claras motivaciones racistas.

En diciembre de 2008, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe sobre su visita a Rumania en junio de 2006 en el que señalaba que un elevado porcentaje de las personas detenidas entrevistadas había denunciado «uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante la detención, o malos tratos durante los interrogatorios posteriores».

El gobierno rumano no modificó la legislación sobre el uso de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ponerla en consonancia con las normas internacionales pertinentes.

  • Las autoridades no reaccionaron ante las conclusiones de una investigación realizada por la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) sobre la muerte de dos hombres y las lesiones graves causadas a otra persona durante una manifestación celebrada el 10 de febrero de 2007 en Pristina, Kosovo. La investigación de la UNMIK había establecido que tales muertes y lesiones ocurrieron como consecuencia del uso indebido de balas de caucho obsoletas por miembros de la Unidad de Policía Constituida rumana. Al final del año no se había declarado culpable a nadie de las muertes; la investigación seguía abierta.

Personas con discapacidad mental

Varias ONG nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Recursos Jurídicos y Save the Children-Rumania, expresaron su continua preocupación por el hecho de que el ingreso de pacientes, sus condiciones de vida y el trato que recibían en muchos hospitales e instituciones psiquiátricas seguían conculcando las normas internacionales de derechos humanos.

Las autoridades rumanas reconocieron en mayo que las medidas destinadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad aún eran insuficientes, que la falta de personal en las instituciones y organizaciones que atendían a las personas con discapacidad era grave, y que el personal carecía de formación especializada.

En su informe de diciembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación por los procedimientos de ingreso en las instituciones psiquiátricas y los hogares asistenciales. El Comité hizo hincapié en que estas instituciones solían operar con fondos y recursos muy escasos y en que se habían recibido informes de condiciones inadecuadas, así como de actividades limitadas de esparcimiento y al aire libre. El Comité informó también sobre casos de muerte por desnutrición grave en el hogar asistencial de la localidad de Nucet en 2004 y 2005, y pidió garantías a las autoridades de que se investigarían debidamente todos los casos de muerte en instituciones psiquiátricas y otros servicios sociales para adultos menores de 40 años en los que no se hubiera diagnosticado una enfermedad mortal.

Discriminación de la comunidad romaní

Continuó muy extendida y arraigada la discriminación contra personas de etnia romaní, tanto por parte de funcionarios públicos como de la sociedad en general. Las autoridades rumanas no adoptaron las medidas adecuadas para combatir la discriminación y poner fin a la violencia contra la comunidad romaní.

En septiembre, el Tribunal Superior de Casación y Justicia falló que la expresión «gitano apestoso», empleada por el presidente Traian Băsescu al referirse a un periodista en mayo de 2007, era discriminatoria. No obstante, el tribunal no impuso sanción alguna porque el comentario se había hecho en una conversación privada.

La comunidad romaní seguía sin tener igualdad de acceso a la educación, la vivienda, la asistencia médica y el empleo.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentado en mayo con ocasión del examen periódico universal, Rumania reconocía que la comunidad romaní se enfrentaba a la inseguridad económica y estaba especialmente expuesta a diversas formas de discriminación. El informe señalaba también que la comunidad romaní estaba sujeta a políticas que en la práctica podían haber dado lugar a su segregación, especialmente en el ámbito de la educación.

  • El 2 de octubre, Istvan Haller, miembro del Consejo Nacional para Combatir la Discriminación, se declaró en huelga de hambre en protesta por la persistente pasividad del gobierno rumano para adoptar las medidas que había prometido tras los graves atentados contra las comunidades romaníes de Hãdãreni, Plăieşii de Sus y Casinul Nou a principios de la década de 1990. Al menos cinco personas resultaron muertas y 45 viviendas fueron destruidas durante los actos multitudinarios de violencia. Las autoridades locales no intervinieron, o incluso participaron activamente en los ataques, mientras cientos de personas se quedaban sin hogar.

Tras las sentencias dictadas sobre estos casos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2005 y 2007, el gobierno rumano se comprometió a poner en marcha proyectos comunitarios de desarrollo destinados a mejorar las condiciones de vida y las relaciones entre grupos étnicos. Entre las medidas previstas estaba la creación de infraestructuras, incluidas viviendas para las personas cuyos hogares habían sido destruidos, así como medidas contra la discriminación, educativas y otras medidas sociales. Pero el gobierno no cumplió sus compromisos. Istvan Haller puso fin a la huelga de hambre el 9 de octubre tras recibir garantías del gobierno de que no pondría trabas a la financiación del proyecto Hãdãreni, y de la decisión de las autoridades de poner en marcha los proyectos comunitarios de desarrollo en Plăieşii de Sus y en Casinul Nou.

Discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En su informe de mayo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el examen periódico universal, el gobierno rumano reconoció que el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero seguía siendo víctima de prejuicios y actitudes discriminatorias.

En febrero, el Senado introdujo una enmienda a la definición jurídica de la familia que en la práctica proscribía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La enmienda modificó una ley de 1953 relativa al matrimonio «entre cónyuges»; la nueva ley establecía que el matrimonio tenía lugar «entre un hombre y una mujer».

El 24 de mayo, alrededor de 200 activistas pro derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero marcharon por Bucarest en un Desfile del Orgullo fuertemente custodiado por la policía, desafiando los intentos de grupos religiosos y ultraderechistas de que se prohibiera este acto anual.

Visitas de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Rumania en octubre.

Informes de Amnistía Internacional

Eastern Europe: Eighth session of the UN Human Rights Council, 2-20 June 2008: Review of the Czech Republic, Poland and Romania under the Universal Periodic Review: Amnesty International’s reflections on the outcome (en inglés, 1 junio 2008)

Cómo puedes ayudar