Rumania - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Rumania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Rumania is now live »

Jefe del Estado
Traian Băsescu
Jefe del gobierno
Emil Boc
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
21,3 millones
Esperanza de vida
72,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
20/15 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,6 por ciento

Los resultados de la investigación del Senado sobre la presunta participación de Rumania en el programa de entregas (transferencias ilegales de presuntos terroristas entre países) y detención secreta dirigido por Estados Unidos seguían sin desclasificarse. Las encuestas realizadas por el gobierno mostraban que la población mayoritaria discriminaba de forma generalizada a la comunidad romaní. Se denunciaron varios casos de desalojo forzoso de romaníes.

Información general

El intento de reformar el sistema de pensiones, condición necesaria para recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, provocó una crisis política que forzó la dimisión del gobierno de Emil Boc en octubre. Tras las elecciones presidenciales, el presidente volvió a nombrar a Emil Boc primer ministro y su nuevo ejecutivo recibió el apoyo del Parlamento en diciembre. La Sociedad Académica de Rumania informó en noviembre de que el sistema público de salud podía colapsarse en 2010.

En junio se aprobaron un nuevo Código Civil y un nuevo Código Penal. El Código Penal introducía “circunstancias agravantes” en caso de que los delitos fuesen perpetrados con intención discriminatoria, y castigaba la incitación al odio o la discriminación. Sin embargo, estos códigos aún no estaban en vigor al finalizar el año, ya que no se habían aprobado los nuevos Códigos de Procedimiento para aplicarlos.

Las ONG locales se opusieron con firmeza al contenido de los códigos. La Asociación de Defensa de los Derechos Humanos en Rumania (Comité Rumano de Helsinki) criticó, entre otras cosas, un artículo de los Códigos de Procedimiento que parecía permitir el uso de información obtenida mediante tortura como prueba en procesos penales.

Seguridad y medidas antiterroristas

En agosto, el periódico The New York Times informó de que se había construido en Bucarest una prisión secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. El gobierno lo negó e insistió en que cooperaba con todas las comisiones internacionales creadas para investigar las denuncias de existencia de centros de detención de la CIA en su territorio. La Comisión Europea reaccionó pidiendo nuevamente que se llevasen a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales para establecer la verdad.

En respuesta a una pregunta del Comité Rumano de Helsinki, el gobierno confirmó que algunos aviones operados por la CIA despegaron y aterrizaron en territorio rumano, como había revelado previamente un informe del Consejo de Europa.

El informe, aprobado en 2008, de la comisión de investigación del Senado que había investigado en 2006 y 2007 las denuncias relativas a la existencia de centros de detención de la CIA en suelo rumano seguía sin desclasificarse.

Discriminación: comunidad romaní

Los prejuicios contra la comunidad romaní seguían muy extendidos entre la población mayoritaria. Persistía la discriminación de los romaníes en el acceso a la educación, la asistencia médica y la vivienda; entre otras cosas, carecían de seguridad de tenencia. Según la encuesta Barómetro Interétnico 2009, patrocinada por el gobierno, el 55 por ciento de las personas consultadas creían que no se debía permitir a los romaníes viajar al extranjero, ya que dañaban la reputación del país, y más del 43 por ciento declaraban que no contratarían a romaníes porque los consideraban “vagos y ladrones”. El periódico Jurnalul Naţional pidió una iniciativa legislativa popular para utilizar el término “ţigan”, en lugar de “romaní”. Varias ONG romaníes y de derechos humanos expresaron su preocupación por las connotaciones negativas del término “ţigan”. Se denunciaron casos de violencia contra comunidades romaníes, con actos de destrucción de bienes y propiedades.

  • El 31 de mayo, en respuesta a un presunto conflicto entre un grupo de romaníes locales y un hombre no romaní, según informes, 400 personas no romaníes atacaron casas habitadas por romaníes, causando daños en decenas de edificios y propiedades en el pueblo de Sanmartin. Según la ONG romaní CRISS, a consecuencia de los ataques 170 romaníes huyeron de sus casas y buscaron refugio en el bosque, en el campo y en la calle, temiendo por su seguridad. Posteriormente se creó una comisión local no oficial para el diálogo, compuesta en su mayoría por personas no romaníes, que redactó un acuerdo comunitario que especificaba las obligaciones para los romaníes. Tras la aprobación de este acuerdo, al parecer entre junio y agosto los romaníes de Sanmartin siguieron sufriendo actos de hostigamiento por parte de residentes locales no romaníes que se reunían periódicamente en grupos de entre 100 y 150 personas y se paseaban alrededor de las casas de los romaníes presuntamente para vigilar que cumplían sus obligaciones. Varias ONG romaníes expresaron su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad de la comunidad y la investigación de los ataques contra las casas de romaníes.
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomó en consideración el reconocimiento por parte del gobierno de que no existían recursos judiciales para hacer efectivos los derechos garantizados por el Convenio Europeo en el caso de Tănase and others v. Romania, como la prohibición de la tortura, el derecho a un juicio justo, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a un remedio efectivo y la prohibición de discriminación. En 1991, una multitud compuesta por más de 2.000 personas no romaníes, entre ellas el sacerdote y el alcalde, habían prendido fuego o causado daños en las casas de 24 romaníes en el pueblo de Bolintin Deal. Tras los ataques, todos los romaníes residentes en el pueblo huyeron de sus casas y se quedaron sin hogar durante un mes. En mayo, el gobierno se comprometió a pagar indemnizaciones por valor de 565.000 euros, y a poner en práctica una serie de medidas para impedir y combatir la discriminación, así como para mejorar las condiciones de vida de la comunidad romaní.

Derecho a una vivienda adecuada

Los romaníes siguieron sufriendo segregación en el ámbito de la vivienda. La relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada mostró su preocupación por las condiciones de vida de los grupos pobres y vulnerables, incluida la comunidad romaní, e instó a Rumania a ratificar el artículo 31 sobre el derecho a una vivienda adecuada de la Carta Social Europea Revisada. Hubo varios casos de violaciones del derecho a una vivienda adecuada.

  • Cinco años después de haber sido desalojadas forzosamente de un edificio en el centro de la localidad de Miercurea Ciuc, alrededor de 75 personas de etnia romaní, entre ellas familias con niños, seguían viviendo en condiciones inadecuadas, ocultas detrás de una planta de tratamiento de aguas residuales a las afueras de la localidad. Desde que las autoridades municipales las reubicaron allí, vivían en casetas metálicas y cobertizos que ofrecían escasa protección del frío y de la lluvia, hacinadas y sin apenas aire fresco. Las instalaciones sanitarias seguían siendo inadecuadas, con tan sólo cuatro inodoros para toda la comunidad. La proximidad del asentamiento a la planta de tratamiento de aguas residuales no respetaba la zona de protección de 300 metros que, según la legislación nacional, debía separar los núcleos habitados del riesgo tóxico potencial. El ayuntamiento no cumplió su obligación de garantizar a las personas desalojadas una vivienda alternativa adecuada. En 2008, miembros de la comunidad, apoyados por la ONG romaní CRISS, habían presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos reconocidos en el Convenio Europeo.

Tortura y otros malos tratos

  • En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos halló que Rumania había violado la prohibición de la tortura. Nicu Olteanu había sido detenido en 1997 por la policía bajo sospecha de haber robado seis botellas de agua mineral. El detenido denunció que en la comisaría local un agente de policía le había disparado en el pie izquierdo después de que intentase escapar, y que no había recibido asistencia médica adecuada a pesar de sus heridas. Además de la herida de bala, en su informe médico se mencionaban cortes en la pierna derecha y el antebrazo derecho. El Tribunal falló que las autoridades habían violado el derecho del detenido a no ser sometido a trato inhumano o degradante, y que la fuerza empleada contra él había sido excesiva e injustificada. Según la sentencia, las autoridades no habían llevado a cabo una investigación efectiva e imparcial sobre las denuncias de Nicu Olteanu.

Instituciones psiquiátricas

  • En diciembre, dos ONG, Interights y el Centro de Recursos Legales, presentaron una petición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de cinco pacientes que habían muerto en el hospital psiquiátrico de Poiana Mare en 2004. Al parecer, los pacientes habían muerto debido a una combinación de asistencia deficiente, tratamiento inadecuado y condiciones de vida precarias. En 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó el hospital y expresó su preocupación por el trato que recibían los pacientes, así como por las condiciones de vida, y pidió a las autoridades que adoptasen medidas urgentes para abordar estos problemas.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Rumania en enero, mayo y octubre.

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