Rumania
Jefe del Estado
Traian Băsescu
Jefe del gobierno
Emil Boc
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
21,2 millones
Esperanza de vida
73,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
20/15 por cada 1.000

La comunidad romaní continuó siendo víctima de estereotipos étnicos negativos y discriminación en el acceso a la educación, la vivienda y el empleo. Según informes, altos cargos del gobierno hicieron observaciones racistas y discriminatorias contra ella. Las ONG siguieron denunciando este tipo de comentarios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Rumania había violado la prohibición de infligir tortura y otros malos tratos. A pesar de existir nuevos indicios de la participación de Rumania en el programa de entregas y detención secreta dirigido por la CIA, el gobierno continuó negándola.

Información general

El 19 de mayo, en torno a 40.000 personas asistieron a una manifestación que, según informes, fue la más numerosa desde la caída de Nicolás Ceaucescu en 1989. Personal del sector público, como docentes y profesionales de atención a la salud, además de madres y pensionistas, protestaron contra el programa de austeridad acordado por el gobierno, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica. El programa establecía un recorte salarial del 25 por ciento en el sector público y de un 15 por ciento en las pensiones, así como una reducción de las prestaciones familiares y recortes en los programas de asistencia social. En julio, el gobierno eliminó o redujo las competencias de diversos organismos encargados de promover la igualdad de oportunidades y proteger frente a la discriminación. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial advirtió de que las medidas de austeridad podrían afectar negativamente a la situación de los grupos más vulnerables y pidió la adopción de medidas que garantizasen la protección de estos grupos frente a las consecuencias de la crisis.

En septiembre, una protesta no autorizada, organizada por agentes de policía en relación con los recortes salariales, provocó la dimisión del ministro del Interior. En octubre, el gobierno superó una moción de censura por segunda vez en cuatro meses.

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Discriminación: comunidad romaní

A pesar de las protestas de las ONG, la comunidad romaní continuaba siendo víctima de estereotipos étnicos negativos, que se manifestaban, entre otros ámbitos, en las más altas esferas del discurso político. El ministro de Asuntos Exteriores habló de “vínculos entre la delincuencia y la comunidad romaní” y aludió a un índice “natural” de delincuencia entre los romaníes. En noviembre, durante una visita a Eslovenia, el presidente también se refirió a los romaníes como “delincuentes”, y afirmó que resultaban “difíciles de integrar” y se mostraban “reacios a trabajar”. En diciembre, el gobierno presentó al Parlamento una propuesta legislativa para cambiar el nombre oficial de la minoría romaní por el de “tigan”. Las ONG protestaron, alegando que este término tenía connotaciones peyorativas y estigmatizaba a la comunidad.

En cuanto a la sociedad en general, una encuesta de opinión sobre los romaníes realizada en octubre por el Instituto Rumano de Evaluación y Estrategia mostró que el 67 por ciento de los rumanos no aceptarían a un romaní en su familia.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación ante el hecho de que los romaníes siguieran siendo víctimas de estereotipos racistas y discriminación en el acceso a la educación de calidad, la vivienda, los servicios de salud y el empleo. Rumania recibió críticas por no adoptar la legislación necesaria para llevar a la práctica sus compromisos sobre la situación de los romaníes. En abril, la ONG Decade Watch concluyó que no lo había hecho por falta de voluntad política. La ONG Agentia de Dezvoltare Comunitară Împreună había denunciado en febrero que la aplicación de la Estrategia Nacional para la Mejora de la Situación de los Romaníes era deficiente, ya que carecía de financiación para poner en práctica medidas a nivel de condado y tampoco contaba con indicadores que permitieran supervisar a los distintos organismos implicados.

Derecho a la educación

En respuesta a las denuncias de segregación del alumnado romaní en las escuelas, el Ministerio de Educación publicó en marzo unas directrices internas, dirigidas a los inspectores de enseñanza, escuelas de educación infantil, directores de colegios y profesores, en las que se imponían una serie de normas para la prevención y eliminación de la segregación del alumnado romaní en el sistema educativo.

  • En mayo, el Tribunal de Apelaciones de Craiova confirmó la resolución dictada por un tribunal inferior según el cual una alumna romaní había sido discriminada por una profesora y elevó la indemnización concedida por daños y perjuicios de 360 a 10.000 euros. En 2007, la profesora se había negado a permitir la asistencia de la niña romaní a clase. Después de varias semanas, la intervención de la inspección de enseñanza y la presión de los medios de comunicación locales consiguieron que la niña regresase a la escuela.

Derecho a la vivienda

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a Rumania que facilitase el acceso de los romaníes a la vivienda y evitase las expropiaciones ilícitas y los desalojos forzosos sin ofrecer una vivienda alternativa.

  • Tras haber sido víctimas de desalojo forzoso por parte de las autoridades de Miercurea Ciuc en 2004, aproximadamente 75 romaníes, entre los que había familias con hijos, continuaban viviendo en casetas metálicas móviles cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales a las afueras de la ciudad. Vivían en condiciones de hacinamiento, y las instalaciones sanitarias eran deplorables, con tan sólo cuatro retretes para toda la comunidad. A pesar de que en su momento se había asegurado que las casetas eran provisionales, al finalizar el año las autoridades seguían sin ofrecer alojamiento alternativo adecuado.
  • El 10 de junio, el teniente de alcalde de Baia Mare anunció un plan para desalojar a unas 200 familias romaníes de la zona de Craica de la ciudad y demoler sus viviendas. Según ONG locales, a algunas de las familias se les había notificado el desalojo en febrero, pero no se había llevado a cabo debido a las condiciones meteorológicas. Según informes, las personas y familias que no procedían de Baia Mare fueron enviadas a su lugar de residencia original.
  • El 17 de diciembre, 56 familias romaníes fueron desalojadas forzosamente de la calle Coastei, en la ciudad de Cluj. Unas 40 fueron realojadas en viviendas que no reunían las condiciones adecuadas, y el resto se quedó sin hogar a consecuencia del desalojo.
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Tortura y otros malos tratos

Persistía la preocupación por la aplicación insuficiente de la prohibición de infligir tortura y otros malos tratos, especialmente por el hecho de que, a pesar de haberse reformado en mayo, el Código Penal no prohibía la utilización de pruebas conseguidas mediante tortura u otros malos tratos.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial constató el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por parte de las fuerzas del orden contra minorías, en particular la romaní. ONG locales también expresaron preocupación por las continuas denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia y por el clima de impunidad que persistía en algunos casos.

  • En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Rumania había violado la prohibición de la tortura y otros malos tratos en el caso de Dragoş Ciupercescu, representado por el Comité Rumano de Helsinki. En 2003, mientras se encontraba en prisión preventiva, Dragoş Ciupercescu había sufrido registros corporales sin ropa a manos de guardias enmascarados y había estado recluido junto con otros 19 internos en una celda con nueve camas, en la que cada uno disponía de 0,75 metros cuadrados de espacio habitable.
  • En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Rumania había violado la prohibición de infligir tortura y no había llevado a cabo una investigación efectiva sobre la muerte de Gabriel Carabulea, lo que además constituía una violación del derecho a un recurso. En la investigación sobre el caso de Gabriel Carabulea, romaní muerto bajo custodia policial en mayo de 1996, el fiscal militar había determinado en 1998 que la muerte se había debido a una enfermedad cardiaca. El Tribunal Europeo concluyó que Carabulea había muerto a consecuencia de un traumatismo causado por un objeto contundente tras su detención, y que las lesiones parecían haber sido infligidas deliberadamente.
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Seguridad y medidas antiterroristas

En febrero, un estudio de la ONU sobre la detención secreta concluyó que un avión utilizado en el programa de entregas de la CIA había volado de Polonia a Rumania el 22 de septiembre de 2003. En respuesta a ello, las autoridades rumanas reconocieron que varios aviones alquilados por la CIA habían hecho escala en Rumania, pero negaron que los aviones transportaran a personas detenidas o que el país albergara un centro secreto de detención.

En julio, la Oficina de la Guardia de Fronteras polaca dio a conocer información sobre el vuelo del 22 de septiembre de 2003, en el que habían sido transportados a Rumania pasajeros embarcados en Polonia. El gobierno siguió negando su participación en el programa de entregas y detención secreta dirigido por la CIA.

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