Rumania
Jefe del Estado
Traian Bãsescu
Jefe del gobierno
Victor Ponta (sustituyó en mayo a Mihai Razvan Ungureanu, quien a su vez había sustituido a Emil Boc en febrero)

Se acusó a la policía de hacer uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza durante manifestaciones contra el gobierno y las medidas de austeridad. Las autoridades municipales de Baia Mare y Piatra Neamț llevaron a cabo desalojos forzosos en gran escala de romaníes. El Parlamento Europeo instó a las autoridades rumanas a abrir otra investigación sobre su participación en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA.

Información general

El gobierno cayó dos veces en 2012. Tras varias semanas de protestas contra las medidas de austeridad, el gabinete de Emil Boc, del Partido Liberal Democrático, dimitió en febrero. En abril, tras otra oleada de protestas, el gobierno del primer ministro Mihai Razvan Ungureanu perdió la votación sobre una moción de censura. El presidente nombró primer ministro provisional a Victor Ponta, del Partido Social Democrático, formación política que en diciembre obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias.

En una votación celebrada en julio, el Parlamento rumano destituyó al presidente, a quien el gobierno había acusado de violar la Constitución. El referéndum sobre la suspensión celebrado posteriormente se declaró nulo debido al escaso índice de participación, y el presidente continuó en el cargo.

En julio, la Comisión Europea expresó profunda preocupación en relación con el respeto del Estado de derecho y la independencia del poder judicial en Rumania.

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Uso excesivo de la fuerza

Los episodios de violencia entre manifestantes y la policía durante las protestas de enero contra el gobierno dieron lugar a denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía. En imágenes de vídeo e informes publicados en medios de comunicación se constató que la policía había utilizado fuerza excesiva contra manifestantes aparentemente pacíficos y que no oponían ninguna resistencia. La ONG Comité Rumano de Helsinki documentó varios casos de abusos policiales durante las manifestaciones y concluyó que en algunos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían actuado de forma arbitraria y desproporcionada. En febrero, el Ministerio de Administración Pública e Interior afirmó que se estaban investigando cuatro querellas relacionadas con la conducta de agentes de policía durante las manifestaciones. Al final del año no se habían presentado cargos.

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Discriminación: romaníes

Derecho a la educación

En octubre, el Comité Consultivo del Consejo de Europa sobre el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales afirmó que continuaba la práctica de escolarizar a niños y niñas romaníes en escuelas para menores con discapacidad, escuelas segregadas o aulas separadas.

Derecho a la vivienda

Las autoridades locales continuaron desalojando a romaníes a la fuerza y realojándolos en viviendas segregadas e inadecuadas.

  • Unas 76 familias –mayoritariamente romaníes– que habían sido desalojadas a la fuerza del centro de la ciudad de Cluj-Napoca en diciembre de 2010 continuaron viviendo en condiciones inadecuadas a las afueras de la ciudad, cerca del vertedero local y de un antiguo vertedero de residuos químicos. En reuniones con las familias desalojadas, las autoridades locales se comprometieron a iniciar su traslado a otro lugar en 2013 como parte de un proyecto conjunto con el Programa de la ONU para el Desarrollo. Sin embargo, seguían sin estar claros los detalles del plan de realojamiento previsto.
  • El 18 de abril, el tribunal de Cluj-Napoca evitó un posible desalojo forzoso al desestimar otra solicitud de la Compañía Nacional de Ferrocarriles para que se trasladara a unas 450 personas –la mayoría romaníes– de un asentamiento de la calle Cantonului. Muchos de los residentes habían sido trasladados a esa zona por las propias autoridades municipales desde 2002.
  • En abril, un tribunal de apelación anuló la decisión del Consejo Nacional para Combatir la Discriminación de multar a las autoridades municipales de Baia Mare por construir un muro de hormigón para separar los bloques de viviendas habitadas por romaníes del resto de la zona residencial. El tribunal sostuvo que el muro era una respuesta proporcionada al peligro de lesiones asociadas al tránsito rodado, y que no segregaba por razones étnicas a los residentes romaníes. El Consejo Nacional para Combatir la Discriminación anunció que recurriría la decisión.
  • En mayo y junio, las autoridades municipales de Baia Mare llevaron a cabo el desalojo forzoso de unas 120 familias romaníes del asentamiento de Craica, el mayor de la localidad. Las familias fueron trasladadas a tres edificios de la empresa metalúrgica CUPROM que no habían sido adaptados para hacerlos habitables antes del traslado. Se realojó a familias enteras en una o dos habitaciones, sin calefacción ni aislamiento adecuado. Las instalaciones higiénicas también eran limitadas.
  • En agosto, unos 500 romaníes que habitaban viviendas del extrarradio de la ciudad fueron trasladados por las autoridades municipales de Piatra Neamț a una zona completamente segregada, situada a 2 kilómetros de distancia de la parada de autobús más cercana. Las nuevas viviendas no tenían electricidad, y la zona carecía de infraestructuras como el alumbrado público o una carretera de acceso adecuada.
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Derechos sexuales y reproductivos

En septiembre se presentó al Parlamento una propuesta legislativa de introducción de asesoramiento obligatorio para las mujeres embarazadas cuya aprobación comportaría, entre otras cosas, gastos adicionales y posiblemente largos periodos de espera para las que solicitaran servicios de aborto.

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Seguridad y medidas antiterroristas

En septiembre, el Parlamento Europeo publicó un informe en el que instaba a todos los Estados miembros de la Unión Europea –entre ellos Rumania– que presuntamente habían albergado centros de detención secreta de la CIA a que cumplieran con su obligación jurídica absoluta de llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectiva sobre su participación en los programas de entrega y detención secreta. En el informe se pedía a las autoridades que abrieran una nueva investigación, dado que ex funcionarios estadounidenses habían identificado un lugar de detención secreta en la capital rumana, Bucarest, y que había datos sobre vuelos de entrega que vinculaban a Rumania con Polonia y Lituania, otros dos Estados que presuntamente habían albergado también lugares secretos de la CIA.

  • En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó a las autoridades rumanas la causa Al Nashiri v. Romania, relativa a un ciudadano saudí que aseguraba haber sido encarcelado y torturado en un centro de detención secreta de la CIA en Rumania antes de su traslado final a la base militar estadounidense de Guantánamo en Cuba.
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