FederaciÓn Rusa - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Federación Rusa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Federación Rusa is now live »

Jefe del Estado : Vladímir Putin
Jefe del gobierno : Viktor Zubkov (sustituyó a Mijaíl Fradkov en septiembre)
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 141,9 millones
Esperanza de vida : 65 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 24/18 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 99,4 por ciento

Las autoridades de la Federación Rusa se mostraron cada vez más intolerantes frente a la disidencia y las críticas, que calificaron de «antipatrióticas». A lo largo del año, y en particular en el periodo previo a las elecciones a la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma) celebradas en diciembre, fue evidente la ofensiva contra los derechos civiles y políticos. Dado el estricto control de la televisión y otros medios de comunicación por parte del Estado, durante el año las protestas políticas alcanzaron su punto álgido en las manifestaciones callejeras; la policía detuvo a manifestantes, periodistas y activistas de derechos humanos y golpeó a algunos de ellos. Activistas y miembros de la oposición al gobierno también sufrieron detención administrativa.

Aumentó el número de ataques racistas de los que tuvieron conocimiento los medios de comunicación; al menos 61 personas resultaron muertas en todo el país a consecuencia de estos ataques. Aunque las autoridades reconocieron el problema y aumentó el número de procesamientos por delitos de motivación racial, estas medidas no lograron contener la oleada de violencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Rusia era responsable de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales en 15 sentencias relacionadas con el segundo conflicto checheno, que comenzó en 1999. En la República de Chechenia se denunciaron menos casos de desapariciones forzadas que en años anteriores; sin embargo, las violaciones graves de derechos humanos eran frecuentes, y las personas se mostraban reacias a denunciar los abusos por temor a sufrir represalias. En Ingushetia las violaciones graves aumentaron, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Se abrumó a las ONG con onerosos requisitos sobre la presentación de informes, en virtud de cambios introducidos en la legislación. La policía torturó a personas detenidas, entre otras cosas para extraer «confesiones»; también se denunciaron casos de violencia contra presos en las cárceles.

Información general

La corrupción generalizada socavaba el Estado de derecho y la confianza de la población en el sistema jurídico. Se creó una nueva estructura dentro de la Fiscalía General, el Comité de Investigación, responsable de las investigaciones criminales. Al final del año no estaba claro qué repercusiones tendrían esos cambios en el trabajo de la fiscalía.

Se introdujeron nuevas leyes reguladoras de la inmigración, diseñadas para simplificar los procedimientos de inmigración y la obtención de permisos de trabajo, pero que al mismo tiempo aumentaban las penas por emplear a migrantes irregulares. La ley de enero de 2007 contra la presencia de trabajadores extranjeros en los mercados al por menor rusos, que el presidente Putin presentó como una forma de proteger a los «rusos nativos», fue considerada por algunos como una ley que legitimaba la xenofobia.

El partido gobernante, Rusia Unida, ganó por amplia mayoría las elecciones a la Duma celebradas en diciembre. El presidente Putin encabezaba la lista electoral del partido. Una misión de observación compuesta por parlamentarios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa calificó las elecciones de «no limpias».

El Cáucaso Septentrional siguió siendo una región violenta e inestable. La situación de seguridad en Ingushetia se deterioró; grupos armados lanzaron numerosos ataques, a menudo mortales, contra miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Hombres armados sin identificar perpetraron numerosos ataques contra civiles no ingushes, incluidos miembros de la etnia rusa. En Chechenia continuaron los combates esporádicos, con incursiones de grupos armados en la capital, Grozni, y otras zonas. Ramzan Kadyrov fue nombrado presidente de Chechenia en marzo, tras la dimisión de Alu Alkhanov.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Representantes del gobierno y los medios de comunicación controlados por el Estado acusaron reiteradamente a personas que defendían los derechos humanos y a miembros del movimiento de oposición de defender intereses extranjeros y de ser «antirrusos». Defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de organizaciones de la sociedad civil sufrieron acoso e intimidación. Se acusó selectivamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas independientes de delitos tales como utilizar programas informáticos sin licencia o incitación al odio.

  • Oleg Orlov, presidente del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial, y tres periodistas de un canal de televisión ruso, que tenían previsto hacer un seguimiento de una manifestación contra los graves abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fueron secuestrados el 24 de noviembre en un hotel de Ingushetia por hombres armados y enmascarados. Oleg Orlov y los periodistas afirmaron que los habían golpeado y amenazado con dispararles antes de abandonarlos en un campo.

En abril se obligó por primera vez a las ONG rusas a presentar informes de sus actividades al Servicio de Registro Federal, en virtud de la nueva ley sobre ONG. En los meses posteriores muchos defensores de los derechos humanos vieron cómo se sometían sus actividades a inspecciones reiteradas, tenían que registrar de nuevo sus organizaciones en largos procesos burocráticos y se veían obligados a impugnar en los tribunales denuncias contra sus ONG.

  • Observatorio Ciudadano, una organización de derechos humanos de San Petersburgo que se ocupaba de temas como la reforma de la policía y la lucha contra el racismo, financió sus publicaciones con dinero de donantes no rusos. El Servicio de Registro Federal consideró que el hecho de que en las publicaciones aparecieran los nombres de los donantes constituía publicidad para éstos, por lo que la ONG debería haber pagado un impuesto. En julio, el Servicio de Registro Federal exigió copias de todas las comunicaciones enviadas por la ONG desde 2004. Observatorio Ciudadano cuestionó el derecho del Servicio de Registro Federal a recibir tal información.

En agosto entraron en vigor nuevas enmiendas a la ley para combatir las «actividades extremistas». Las enmiendas añadían la motivación de odio contra un grupo específico a la lista de posibles motivaciones «extremistas», con lo que ésta incluía no sólo el odio a una raza, religión o etnia específicas, sino también a grupos políticos, ideológicos y sociales. La ley permitía castigar con mayor severidad actos de vandalismo de escasa gravedad si habían sido motivados por el odio contra un grupo específico. Las personas que defendían los derechos humanos temían que la ley pudiera utilizarse para reprimir la disidencia.

  • El 27 de enero, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria dictada contra el defensor de los derechos humanos Stanislav Dmitrievskii, a quien en 2006 se había impuesto una condena condicional por apología del odio racial, tras publicar artículos escritos por dirigentes separatistas chechenos. En noviembre, un tribunal de Nizhni Novgorod le impuso condiciones más estrictas.
  • Según los informes, nueve personas fueron inculpadas en relación con el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en octubre de 2006.

Libertad de expresión

En los meses previos a las elecciones a la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma), las autoridades limitaron aún más las expresiones públicas de disidencia. Decenas de personas, entre ellas periodistas y observadores, permanecieron detenidas durante breves periodos antes, durante y después de las manifestaciones, y muchas fueron declaradas culpables de violaciones del Código Administrativo en juicios que no siempre cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos.

  • En noviembre, el dirigente opositor Garry Kasparov fue condenado a cinco días de detención administrativa por haber participado en una «marcha de los disidentes» en Moscú, una semana antes de las elecciones a la Duma. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia y pidió su liberación inmediata.

La policía utilizó fuerza excesiva en varias ocasiones con el fin de reprimir las manifestaciones organizadas por partidos de oposición y activistas antigubernamentales. Tras participar en una manifestación celebrada en San Petersburgo el 15 de abril, varias personas precisaron tratamiento hospitalario.

Las autoridades utilizaron métodos diversos para impedir que periodistas y conocidos activistas políticos y de derechos humanos asistiesen a las manifestaciones e informasen de ellas. En mayo, el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, prohibió una marcha en favor de los derechos de los gays en Moscú. Activistas a favor de los derechos de este colectivo, entre ellos varios miembros del Parlamento Europeo, permanecieron detenidos brevemente tras haber intentado entregar una petición a Yuri Luzhkov, instándolo a respetar el derecho a la libertad de expresión y protestando contra su decisión de prohibir en Moscú una marcha a favor de los derechos del colectivo gay. 

Conflicto armado en el Cáucaso Septentrional

Los organismos federales y locales encargados de hacer cumplir la ley que operaban en la región respondieron de un modo arbitrario e ilegal a los ataques violentos de los grupos armados. En las Repúblicas de Chechenia, Ingushetia, Daguestán y Osetia del Norte se denunciaron violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas y secuestros, detención arbitraria, tortura en lugares de detención oficiales y extraoficiales y ejecuciones extrajudiciales. Se condenó a personas en procesos en los que «confesiones» extraídas bajo coacción habían formado parte de las pruebas de cargo. En Ingushetia y Daguestán se organizaron manifestaciones contra las desapariciones forzadas y otras acciones arbitrarias cometidas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En octubre se prohibió en Grozni, capital de Chechenia, una concentración contra las desapariciones forzadas. Según los informes, grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos de civiles en la región, incluidos secuestros.

En Ingushetia, al menos en seis casos en los que murieron hombres a consecuencia de los disparos realizados por agentes encargados de hacer cumplir la ley, testigos afirmaron que las víctimas habían sido ejecutadas sumariamente; las autoridades alegaron que los hombres habían opuesto resistencia armada. Los familiares de un niño de seis años que murió debido a disparos realizados por agentes encargados de hacer cumplir la ley, durante un registro en el domicilio familiar en noviembre, afirmaron que los agentes lo habían matado deliberadamente. Personas detenidas sufrieron torturas y malos tratos para obligarlos a «confesar» o facilitar información. Al final del año, al menos tres personas que habían sido víctimas de desaparición forzada o secuestro en 2007 permanecían en paradero desconocido.

  • En agosto, hombres armados vestidos con ropas de camuflaje aprehendieron aIbragim Gazdiev en Karabulak, Ingushetia, y no se volvió a saber de él. Los hombres armados eran presuntamente funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Servicio Federal de Seguridad. Las autoridades negaron oficialmente que Ibragim Gazdiev hubiese sido detenido. Desde entonces nadie lo había visto ni se habían tenido noticias suyas.

En Chechenia, el número de denuncias de desapariciones forzadas y secuestros fue menor que en años anteriores, aunque continuaban denunciándose casos. Se denunciaron torturas y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley chechenos, que en ocasiones se habían producido en lugares de detención secretos e ilegales. Durante su visita a Chechenia en marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmó haber tenido «la impresión de que las torturas y los malos tratos son prácticas extendidas» y que los perpetradores de actos de tortura tenían una sensación de «impunidad absoluta». El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes hizo pública en marzo su tercera declaración pública sobre Chechenia, en la que citaba seis centros de detención de la policía donde las personas detenidas corrían un elevado riesgo de sufrir tortura.

En octubre comenzó en Kabardino-Balkaria un juicio contra 59 personas acusadas de perpetrar un ataque armado en Nalchik en octubre de 2005, en el que murieron más de 100 personas. Muchos de los detenidos, entre ellos el ex preso de Guantánamo Rasul Kudaev, afirmaron que los habían sometido a tortura para obligarlos a «confesar».

Impunidad

A menudo, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tenían miedo de presentar denuncias formales. En algunos casos, la víctima o su abogado recibieron amenazas directas para que no siguiesen adelante con la denuncia. Las autoridades presionaron a grupos de derechos humanos de la región que daban a conocer las violaciones y ofrecían asistencia a las víctimas. Según los informes, algunas personas eran reacias a presentar peticiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a las represalias que otros solicitantes habían sufrido antes que ellas.

  • El 9 de enero, Sumaia Abzueva, de 76 años, se dirigía al mercado de Argun cuando presuntamente un grupo de jóvenes le propinó una paliza. La mujer había solicitado que se investigase el homicidio de su hijo en 2005. Sumaia Abzueva afirmó que los hombres que habían detenido a su hijo y se lo habían llevado del domicilio familiar la habían amenazado en más de una ocasión. Se sospechaba que estos hombres eran miembros de las fuerzas de seguridad chechenas.

Cuando se abrieron investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, a menudo fueron inefectivas y se suspendieron porque no pudo identificarse a ningún sospechoso. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura puso de relieve graves deficiencias en muchas de las investigaciones abiertas sobre denuncias de tortura. No existía una lista única y exhaustiva de personas desaparecidas, no se recogían muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos, no se exhumaban las fosas comunes y no había un laboratorio forense plenamente operativo que llevase a cabo las autopsias. Muy pocos casos llegaban a juicio.

  • En junio, un tribunal militar de Rostov del Don declaró culpables a cuatro miembros de una unidad especial de los servicios de inteligencia militar rusos de la muerte de seis civiles desarmados en el pueblo de Dai, en Chechenia, en enero de 2002. El tribunal los condenó a entre 9 y 14 años de prisión en colonias penitenciarias de régimen estricto en la tercera vista de la causa. Tres de los cuatro acusados fueron condenados in absentia, al no comparecer ante el tribunal. El Tribunal Supremo de la Federación Rusa confirmó las sentencias condenatorias. 

Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En 15 fallos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró a Rusia responsable de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales en relación con el segundo conflicto de Chechenia. El Tribunal criticó duramente la ineficacia de las investigaciones.

  • Zura Bitieva, activista por la paz, sufrió torturas en 2000 en un centro oficial de detención en Chernokozovo, y en 2003 fue víctima de homicidio junto a tres miembros de su familia. Había presentado una petición ante el Tribunal en relación con su tortura. El Tribunal falló que su detención en Chernokozovo se había producido con «total desprecio del requisito de legalidad»; que su homicidio y el de sus familiares podían atribuirse al Estado; y que no se había llevado a cabo ninguna investigación efectiva, pronta y exhaustiva de los homicidios.

Personas desplazadas internamente

Muchos miles de personas seguían desplazadas internamente en el Cáucaso Septentrional a consecuencia del segundo conflicto de Chechenia. En Grozni se cerraron al menos siete centros de alojamiento temporal. Según los informes, se obligó a algunas personas a abandonarlos sin que estuviese garantizada la seguridad y sostenibilidad de su retorno, sin que se les hubiese ofrecido una vivienda alternativa adecuada y sin que se hubiese seguido el debido proceso. Según los informes, se obligó a algunas personas a firmar declaraciones en las que afirmaban que su marcha del centro era voluntaria.

Al final de 2007 se calculaba que más de 18.000 personas desplazadas por el conflicto de Chechenia vivían en Ingushetia y Daguestán, algunas de ellas en condiciones de pobreza extrema en campos temporales de desplazados. En Ingushetia también vivían desplazadas miles de personas del distrito de Prigorodnii, un territorio objeto de litigio con Osetia del Norte.

Devolución

Personas que habían sido detenidas en virtud de procedimientos de expulsión o extradición no tuvieron acceso a un procedimiento de asilo eficaz y eran vulnerables a las acciones arbitrarias de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de al menos tres casos de devolución a países (Uzbekistán y China) donde las personas afectadas corrían un elevado riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos, incluida tortura, lo que violaba el principio de no devolución. En un caso se expulsó a una persona más de 24 horas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese dictado la orden de suspender la expulsión. En mayo se declaró culpable de excederse en su autoridad oficial al director de un centro de detención para extranjeros en Moscú, por su participación en la expulsión del ciudadano uzbeko Rustam Muminov en octubre de 2006, en contra de la legislación rusa y del derecho internacional.

Tortura y malos tratos

Se recibieron numerosos informes de tortura y malos tratos cometidos durante las investigaciones realizadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en centros de detención. Al parecer, la policía y los investigadores golpeaban a los detenidos, les cubrían la cabeza con bolsas de plástico o máscaras de gas, les aplicaban descargas eléctricas y los amenazaban con otras formas de tortura y malos tratos si no admitían su «culpabilidad» y firmaban una «confesión».

A lo largo del año varios agentes de policía fueron declarados culpables de delitos relacionados con tortura y malos tratos durante las investigaciones y los interrogatorios.

  • En julio, según los informes, la policía golpeó y maltrató a Valerii Dontsov, un anciano discapacitado de Kstovo, en la región de Nizhni Novgorod, para obligarlo a «confesar» el asesinato de su hijo. Después del trato recibido a manos de la policía precisó tratamiento hospitalario.

Se recibieron informes de motines en varias colonias penitenciarias. Los presos protestaban por los malos tratos y las violaciones de sus derechos, tales como el derecho a recibir visitas y paquetes con alimentos de sus familiares, y por el uso frecuente de celdas de castigo por infracciones leves de las normas penitenciarias. Se recibieron informes similares de colonias penitenciarias en las regiones de Krasnodar, Sverdlovsk y Kaluga. Los medios de comunicación informaron de que tres presos habían muerto en la represión de un motín en la región de Sverdlovsk.

En enero, el presidente Putin se pronunció a favor de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU. Se estaban debatiendo propuestas para permitir el escrutinio público de los lugares de detención; sin embargo, al final del año no se había implantado ningún sistema efectivo de inspecciones no anunciadas.

Garantías procesales

En abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió a las autoridades rusas que emplearan «todos los medios legales disponibles» para liberar a Igor Sutiagin, Valentin Danilov y Mikhail Trepashkin. Los parlamentarios expresaron su preocupación por el hecho de que las autoridades no hubieran cumplido las normas internacionales sobre juicios justos y por la atención médica presuntamente inadecuada.

  • Igor Sutiagin, que había sido condenado en 2004 a 15 años de prisión por espionaje, pasó tres meses en una celda de castigo, según los informes, por tener un teléfono móvil en la colonia penitenciaria donde cumplía su condena.
  • Mikhail Trepashkin, abogado y ex funcionario de los servicios de seguridad, había sido condenado en 2004 por revelar secretos de Estado y por posesión ilegal de munición. En marzo fue trasladado de una colonia penitenciaria abierta a un régimen más estricto por violar presuntamente las normas de la prisión, pero sus abogados y personas que defendían los derechos humanos creían que con el traslado se le estaba castigando por sus quejas contra las autoridades de la prisión. Mikhail Trepashkin fue liberado el 30 de noviembre. 
  • En febrero se presentaron nuevos cargos contra el ex directorde la empresa petrolera YUKOS, Mikhail Khodorkovskii, y su socio Platon Lebedev, ambos en prisión, por su presunta implicación en blanqueo de dinero y malversación de fondos. La Fiscalía General no respetó las decisiones judiciales relativas a los procedimientos penales y el equipo de abogados de los dos presos fue objeto de acoso.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar era generalizada. El apoyo gubernamental a los centros de crisis y a las líneas telefónicas de emergencia era totalmente inadecuado. La legislación rusa no incluía ninguna disposición específicamente destinada a abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

Racismo

Se produjeron ataques racistas violentos con alarmante regularidad, en su mayoría concentrados en grandes urbes, como Moscú, San Petersburgo y Nizhni Novgorod, donde vivían la mayoría de los ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas. Aunque era difícil verificar el número exacto de ataques e incidentes racistas, el Centro Sova de Información y Análisis informó de que al menos 61 personas habían muerto y al menos 369 habían resultado heridas en asaltos por motivos racistas, cifras superiores a las del año 2006. También se recibieron informes de ataques antisemitas y de profanación de cementerios judíos. Seguía sin conocerse la dimensión real de la violencia por motivos racistas, ya que estos ataques no solían denunciarse.

A pesar de que las autoridades incrementaron sus esfuerzos para reconocer el problema del racismo, y de algunos indicios de que se estaban usando con mayor eficacia las disposiciones legales contra los delitos por motivos racistas, hubo pocas sentencias condenatorias en casos de ataques racistas y las víctimas declararon que sus intentos de denunciar las agresiones racistas ante la policía habían resultado inútiles.

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