Federación Rusa
Jefe del Estado
Dimitri Medvedev
Jefe del gobierno
Vladimir Putin
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
140,4 millones
Esperanza de vida
67,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
18/14 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,5 por ciento

Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra periodistas independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos, y las investigaciones sobre estos incidentes dieron muy pocos resultados concretos. Prosiguieron los ataques a la libertad de expresión y de reunión, en forma, por ejemplo, de prohibición y dispersión violenta de manifestaciones y de procesamientos en aplicación de la legislación contra el extremismo. La situación seguía siendo inestable en el Cáucaso Septentrional en materia de seguridad. La región seguía afectada por atentados de grupos armados y persistentes violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios, desapariciones forzadas y torturas. En toda Rusia hubo informes frecuentes de tortura y otros malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Información general

Al final del año, Rusia parecía haber superado la crisis económica sin grandes convulsiones sociales, económicas ni políticas. Hubo cierta mejora en sus relaciones con algunos países vecinos y occidentales.

El gobierno siguió poniendo énfasis en su compromiso con la modernización, entre otras cosas reforzando el Estado de derecho y reformando el sistema de justicia. Pero la opinión mayoritaria era que la corrupción imperante y la no separación de poderes en la práctica obstaculizaban el cumplimiento de esa agenda.

El año estuvo marcado por las actividades, a menudo de ámbito muy local, desarrolladas por varios movimientos sociales en todo el país sobre una diversidad de asuntos, que incluían violaciones de derechos civiles y políticos, preocupaciones medioambientales y problemas sociales acuciantes. Aunque las protestas organizadas en Moscú, San Petersburgo y otros lugares fueron en su mayoría pacíficas, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva para disolver varios actos no autorizados.

Se expresó preocupación por el fuerte sesgo político de los medios de comunicación impresos y audiovisuales; los medios electrónicos, en cambio, demostraron mayor pluralismo. El vídeo digital y las redes sociales en línea se utilizaron creativamente para promover el activismo social y sacar a la luz violaciones de derechos humanos. Los medios de comunicación del Estado, en particular la televisión, sirvieron a menudo como instrumentos para desacreditar a políticos de la oposición, dirigentes de países vecinos y activistas de la sociedad civil.

Las autoridades rusas no prosiguieron la investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en el conflicto de agosto de 2008 con Georgia. Ni Rusia ni las autoridades de facto de Osetia del Sur cooperaron en las investigaciones del Consejo de Europa sobre lo sucedido a las personas desaparecidas, y tampoco autorizaron el acceso de la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia a las zonas afectadas por el conflicto en Osetia del Sur.

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Tortura y otros malos tratos

Seguían siendo generalizados los informes de tortura y otros malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a menudo con el aparente fin de obtener una confesión o dinero. La impresión de que la corrupción y la connivencia entre policías, investigadores y fiscales restaban eficacia a las investigaciones y obstaculizaban los procesamientos estaba muy extendida. Los detenidos denunciaban con frecuencia imposición ilegal de castigos disciplinarios y privación de la asistencia médica necesaria.

  • Nikita Kaftasyev, de 17 años, y un amigo suyo fueron interceptados por la policía en Kstovo, en la región de Nizhni Novgorod, la noche del 31 de agosto. Según Nikita, la policía los golpeó. Pasaron toda la noche detenidos en la comisaría, donde continuaron las palizas. Nikita Kaftasyev sufrió lesiones graves en los genitales. Según su relato, a la mañana siguiente lo llevaron a casa y allí intentaron obligar a su madre a firmar un documento en el que declaraba no tener ninguna queja contra la policía.
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Sistema de justicia

Se siguió presentando la reforma judicial como una prioridad del gobierno. Pero la introducción de cambios fue poco sistemática y sus efectos en las deficiencias estructurales subyacentes fueron muy limitados. Las causas principales de tales deficiencias eran la corrupción generalizada del sistema judicial y las injerencias políticas en él.

Tras críticas generalizadas por los abusos policiales, expresadas incluso desde dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el gobierno presentó un nuevo anteproyecto de ley sobre la policía. Las organizaciones de derechos humanos se mostraron preocupadas, porque la propuesta no introducía mecanismos efectivos que obligaran a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a rendir cuentas por los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas.

Con miras a reforzar la independencia de las investigaciones criminales, el gobierno anunció en septiembre que, a partir de 2011, el Comité de Investigación pasaría a ser un organismo independiente, respondería directamente ante el presidente y ya no estaría supeditado al control de la Fiscalía General. El Comité había sido creado en 2007 con la finalidad de separar las funciones de instrucción y acusación.

La preocupación generalizada por las muertes bajo custodia resultantes de la privación de asistencia médica adecuada dio lugar a cambios en la legislación que regulaba la reclusión preventiva. Se introdujeron el arresto domiciliario y ciertas restricciones sobre el uso de la reclusión preventiva para las personas sospechosas de delitos económicos. La Fiscalía General concluyó que la causa de la muerte bajo custodia del abogado Sergei Magnitsky en noviembre de 2009 había sido la falta de tratamiento médico, pero no se procesó a nadie por ello.

Aumentaron los motivos de preocupación por la independencia de fiscales y jueces en el segundo juicio de Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev. Los cargos, relacionados con el robo de petróleo producido por Yukos, parecían obedecer a motivos políticos. El 30 de diciembre, ambos acusados fueron condenados a un total de 14 años de cárcel cada uno tras un juicio injusto, que estuvo viciado por violaciones del procedimiento penal, incluidos acoso a testigos y negativa del tribunal a oír la declaración de testigos de descargo clave. Por tanto, descontado el tiempo que llevaban detenidos, los dos debían permanecer en prisión hasta 2017.

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Libertad de reunión

Continuó la represión del activismo social, sobre todo de grupos que planteaban asuntos controvertidos, que eran capaces de fomentar la disidencia pública o que recibían fondos del extranjero. Sus organizadores a menudo sufrían acoso e intimidación por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de miembros de organizaciones progubernamentales, entre otros. Varias manifestaciones pacíficas organizadas en Moscú y San Petersburgo fueron declaradas ilegales y disueltas por la fuerza, como consecuencia de lo cual decenas de manifestantes permanecieron varias horas bajo custodia policial. Algunos manifestantes fueron condenados a varios días de reclusión sólo por ejercer su derecho a la libertad de reunión.

En octubre, los activistas agrupados en el movimiento “Estrategia 31” consiguieron finalmente la autorización para celebrar una manifestación pacífica en defensa de la libertad de reunión en la plaza de Triumfalnaya, en Moscú. Desde mayo de 2009 se les había denegado en al menos 10 ocasiones el permiso para reunirse en la plaza.

Las protestas públicas generalizadas contra el proyecto de construcción de una autopista que debía atravesar el bosque de Khimki, próximo a Moscú, lograron su paralización durante unos meses, aunque al mismo tiempo los activistas sufrieron acoso e intimidación. Konstantin Fetisov, participante en manifestaciones pacíficas contra el proyecto, fue agredido en noviembre por unos desconocidos y resultó herido de gravedad.

Un tribunal de San Petersburgo adoptó en octubre una decisión sin precedentes al declarar no ajustada a derecho la prohibición de una marcha de activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero por parte del ayuntamiento de la ciudad. Ese mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la prohibición de la marcha del Orgullo por parte de las autoridades municipales de Moscú en 2006, 2007 y 2008 había supuesto una violación del derecho a la libertad de reunión pacífica; también determinó que se había discriminado a los organizadores por su orientación sexual.

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Libertad de expresión

Periodistas, ecologistas, miembros de la oposición política y defensores de los derechos humanos sufrieron acoso, intimidación y ataques. Las autoridades seguían emitiendo mensajes contradictorios sobre la libertad de expresión: prometían mayor respeto y protección para los periodistas y activistas de la sociedad civil al tiempo que no impedían campañas difamatorias contra destacados críticos del gobierno o las lanzaban ellas mismas.

En noviembre, el periodista Oleg Kashin sufrió una agresión en Moscú que provocó indignación generalizada y llevó al presidente Medvedev a prometer que se investigaría con diligencia lo ocurrido.

Las investigaciones sobre asesinatos y ataques contra destacados periodistas y defensores de los derechos humanos dieron muy pocos resultados. A pesar de que habían sido absueltos por falta de pruebas, el Comité de Investigación seguía señalando a los mismos hombres como sospechosos del asesinato de Anna Politkovskaya, periodista y defensora de los derechos humanos muerta por disparos en octubre de 2006.

Las ambiguas definiciones de la ley para combatir el extremismo se utilizaron con frecuencia para restringir la libertad de expresión.

  • En enero, el Tribunal Supremo de Tatarstán confirmó la sentencia dictada contra Irek Murtazin, ex jefe de prensa del presidente de esta república, condenado en 2009 a cumplir 18 meses de cárcel en una colonia penitenciaria abierta por incitar al odio contra el gobierno. Murtazin había publicado un libro en el que criticaba a las autoridades de Tatarstán.
  • En julio, Andrei Yerofeev y Yuri Samodurov fueron declarados culpables de incitar al odio contra la Iglesia ortodoxa y multados. En 2007 habían organizado una exposición titulada “Arte Prohibido 2006”, en la que se exhibían obras de arte contemporáneo que habían sido retiradas de museos y exposiciones en alguna ocasión por su polémico contenido.
  • Un miembro de los testigos de Jehová se enfrentaba a juicio al final del año en la región de Gorny-Altái acusado de incitación al odio por distribuir folletos de su confesión religiosa.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos y las ONG independientes seguían enfrentándose a un entorno hostil. Continuaron las amenazas, las agresiones, el acoso administrativo y los ataques públicos contra su reputación e integridad, todo ello dirigido a obstaculizar su trabajo y menoscabar su credibilidad ante la opinión pública.

  • El Comité de Investigación anunció en abril que había identificado a los asesinos de Natalia Estemirova, defensora de los derechos humanos de Chechenia asesinada el 15 de julio de 2009. Aclaró que eran miembros de un grupo armado, pero esta explicación se puso en general en duda.
  • El defensor de los derechos humanos Aleksei Sokolov fue condenado en mayo a cinco años de cárcel por hurto y robo. Según informes recibidos en aquel momento, las actuaciones judiciales no reunieron las debidas garantías. En agosto se le redujo la pena a tres años, tras lo cual se lo trasladó desde su región natal de Sverdlovsk hasta Krasnoyarsk, en Siberia, para cumplirla. Según informes, en el viaje a Krasnoyarsk sufrió golpes y otros malos tratos. Amigos y compañeros suyos seguían expresando el temor de que se hubieran presentado cargos falsos en su contra para que renunciara a sus actividades en favor de las personas detenidas.
  • En septiembre comenzó el proceso penal de Oleg Orlov, director del centro de derechos humanos Memorial. Se lo acusaba de difamación por sus comentarios acerca de la responsabilidad del presidente checheno en el asesinato de Natalia Estemirova, compañera suya, en julio de 2009.
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Racismo

La violencia de motivación racial seguía siendo un problema grave. Según datos preliminares del Centro de Información y Análisis SOVA, 37 personas murieron como consecuencia de crímenes de odio. En abril, según informes, miembros de un grupo extremista acabaron con la vida del juez moscovita Eduard Chuvashov, quien había dictado largas penas de prisión contra varios autores de crímenes de odio. En octubre, Vasilii Krivets, de 22 años, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 15 personas de apariencia no eslava. La detención de los dos sospechosos del asesinato del abogado Stanislav Markelov y la periodista Anastasia Baburova en enero de 2009 se extendió hasta el final del año. La investigación llevada a cabo reveló que ambos pertenecían a un grupo ultraderechista y que habían planeado matar a Stanislav Markelov después de que éste representara a la familia de un activista antifascista asesinado.

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Inseguridad en el Cáucaso Septentrional

La situación en el Cáucaso Septentrional seguía siendo inestable en materia de seguridad, y la violencia continuaba extendiéndose desde Chechenia a las repúblicas limítrofes de Daguestán, Ingusetia, Kabardino-Balkaria y Osetia del Norte. Las autoridades gubernamentales reconocieron públicamente que las medidas para combatir la violencia armada no eran efectivas. Un gran número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley resultaron muertos en atentados perpetrados por grupos armados, que también dirigían ataques indiscriminados contra civiles en forma de atentados suicidas con explosivos. Según los informes, un atentado con vehículo bomba perpetrado en septiembre en Vladikavkaz, Osetia del Norte-Alania, acabó con la vida de al menos 17 personas y dejó más de un centenar de heridos.

En todo el Cáucaso Septentrional se imputaban violaciones de derechos humanos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre otras cosas se los acusaba de detención ilegítima, torturas y, en algunos casos, ejecución extrajudicial de sospechosos de pertenecer a grupos armados. Hubo una ausencia total de investigaciones efectivas sobre estas violaciones de derechos humanos y, por consiguiente, de rendición de cuentas. Los periodistas y activistas de derechos humanos que informaban sobre tales abusos sufrían intimidación y acoso.

En su periodo de sesiones de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sometió a debate la eficacia de los mecanismos legales para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el Cáucaso Septentrional. La Asamblea pidió a las autoridades rusas que acataran las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se abstuvieran de adoptar medidas ilegales en su lucha contra los grupos armados y el terrorismo.

Chechenia

Continuaron las denuncias de persecución de familiares de presuntos combatientes armados. Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil eran objeto de estrictos controles y actos de intimidación por parte de las autoridades. Los funcionarios del Estado obstaculizaban las investigaciones sobre desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales negándose a cooperar con los organismos encargados de ellas.

  • Al menos cuatro civiles chechenos fueron, según informes, víctimas de homicidio deliberado a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en febrero, cuando recolectaban ajo silvestre en la frontera entre Chechenia e Ingusetia. Las autoridades afirmaron que habían dado muerte a combatientes armados en una operación realizada en una zona acordonada, pero los sobrevivientes del grupo de recolectores de ajo dieron una versión diferente. Al menos una de las víctimas había muerto acuchillada, y a otras les habían disparado a quemarropa.
  • Islam Umarpashaev, de Grozni, fue liberado en abril tras haber permanecido recluido en régimen de incomunicación y encadenado a un radiador desde diciembre de 2009 en un lugar desconocido, bajo la custodia de presuntos miembros de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. No fue acusado de ningún delito. Su familia presentó una denuncia ante las autoridades y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con su detención ilegal. Islam Umarpashaev se escondió tras su liberación, y su familia sufrió fuertes presiones para que retirara las denuncias.

Hubo informes sobre varios casos de mujeres a las que habían disparado proyectiles de pintura, al parecer por no cubrirse la cabeza con el pañuelo; fueron otra señal del aumento de las restricciones a la libertad de expresión de las mujeres chechenas.

Daguestán

Según las autoridades, el número de atentados contra miembros de la policía y funcionarios del Estado se elevó un 20 por ciento, mientras que organizaciones de derechos humanos rusas informaron de un incremento de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. Asimismo creció el número de ataques y actos de hostigamiento contra abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos.

  • La policía propinó una fuerte paliza a la abogada Sapiyat Magomedova en junio, cuando ésta visitaba a un cliente detenido en una comisaría de la ciudad de Khasavyurt. Posteriormente fue acusada de injurias a funcionarios públicos.
  • Otra abogada, Dzhamilya Tagirova, fue agredida en julio, según informes, por un investigador en una comisaría de policía en la capital, Majachkala, cuando la letrada protestaba por la tergiversación de las declaraciones de su cliente en el acta del interrogatorio redactada por el funcionario.

Otras dos abogadas de Daguestán sufrieron agresiones, según informes, a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando ejercían sus funciones de representación letrada.

  • El 3 de junio de 2010, el Tribunal Supremo de Daguestán condenó a Rasil Mamedrizaev a 15 años de cárcel por el asesinato de Farid Babaev, presidente del partido “Yabloko” en Daguestán. Farid Babaev, quien había sacado a la luz numerosas violaciones de derechos humanos cometidas en Daguestán y se había presentado a las elecciones al Parlamento ruso, había muerto por disparos en noviembre de 2007.
  • La policía detuvo en julio a Makhmud Akhmedov, de 14 años, quien afirmó después que había pasado la noche bajo custodia policial y que lo habían sometido a torturas y otros malos tratos para que confesara haber robado una taladradora eléctrica. Se abrió una investigación y, en diciembre, se presentaron cargos contra cuatro agentes de policía.

Ingusetia

A pesar de los esfuerzos del presidente de Ingusetia por promover el diálogo con las organizaciones independientes de derechos humanos, siguieron cometiéndose graves violaciones de derechos humanos y continuaron las amenazas y los ataques contra periodistas y activistas de derechos humanos.

  • Agentes de policía enmascarados detuvieron en junio a los hermanos Beslan y Adam Tsechoev en su domicilio. Ambos sufrieron malos tratos y reclusión en régimen de incomunicación durante seis días en el Departamento de Policía del Distrito de Malgobek. Beslan Tsechoev seguía recluido al terminar el año. Pese a que la naturaleza de sus lesiones había sido bien documentada, entre otros por el comisionado de Derechos Humanos de Ingusetia, la Fiscalía declinó abrir una investigación criminal.
  • Mustafa Mutsolgov y Vakha Sapraliev fueron, al parecer, ejecutados extrajudicialmente en julio por unos agentes encargados de hacer cumplir la ley que, según los informes, los sacaron del automóvil en el que viajaban y, tras esposarlos, dispararon contra ellos a quemarropa. De acuerdo con los informes, en agosto, agentes encargados de hacer cumplir la ley que llevaban el rostro cubierto infligieron golpes y otros malos tratos al padre de Mustafa Mutsolgov, Alikhan Mutsolgov, y se llevaron a su hermano Magomed, de 15 años, para someterlo a tortura y otros malos tratos a fin de que implicara a su hermano fallecido en actividades ilegales. La familia lo denunció, pero al final del año aún no había recibido confirmación de que se hubiera abierto una investigación.
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Visitas

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