Ruanda - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Ruanda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ruanda is now live »

Jefe del Estado: Paul Kagame
Jefe del gobierno: Bernard Makuza
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

El gobierno mantenía un control férreo sobre todos los sectores de la
sociedad civil, cuya actividad se desarrollaba en un clima de temor y
recelo. Continuaron los juicios contra personas presuntamente
implicadas en el genocidio de 1994. Existía preocupación en torno a la
imparcialidad de algunos de ellos. Varios miles de personas llevaban
largo tiempo recluidas sin juicio y en condiciones muy duras.
Seiscientas personas seguían condenadas a muerte.

Información general

La comunidad internacional siguió describiendo como muy satisfactoria la evolución de Ruanda después del genocidio. Sin embargo, las autoridades no facilitaban asistencia médica básica ni educación a las comunidades excluidas de la administración local. Persistieron en el país las tensiones interétnicas y transétnicas.

En noviembre, las tensiones diplomáticas entre Kigali y París alcanzaron un punto crítico después de que un juez francés dictara órdenes internacionales de detención contra nueve estrechos colaboradores del presidente ruandés Paul Kagame.

Agresiones a periodistas independientes

Los periodistas fueron objeto de intimidación, acoso y actos de violencia. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las agresiones y amenazas contra miembros de esta profesión. Además, negaron en repetidas ocasiones que existieran restricciones a la libertad de expresión en Ruanda y acusaron a los periodistas independientes de «falta de profesionalidad».

En enero, según los informes, cuatro hombres armados con palos y navajas saquearon la casa de Bonaventure Bizumuremyi, redactor de noticias de Umuco, en Kigali. Antes de esta agresión, Umuco había criticado al partido del gobierno por su ineptitud y su presunto control del poder judicial.

El sistema judicial seguía estando en una situación comprometida y con frecuencia aplicaba leyes que restringían la libertad de expresión.

En agosto, el Tribunal Superior confirmó una condena condicional de un año de cárcel y una multa impuestas a Charles Kabonero, redactor jefe de Umuseso, por «ofensa pública». En 2004, Umuseso había cuestionado la integridad de Denis Polisi, vicepresidente del Parlamento.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En junio de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo público en Kinyarwanda su informe anual correspondiente a 2005. Según la prensa nacional, este informe, apoyado por algunas organizaciones de derechos humanos ruandesas, señalaba que la situación de los derechos humanos había mejorado en un 95 por ciento desde 2004.

Sin embargo, algunos defensores de los derechos humanos afirmaron que las autoridades vigilaban muy de cerca sus actividades, que la libertad de expresión seguía sometida a un control muy estricto desde la campaña de represión emprendida contra las organizaciones de derechos humanos en 2004, y que la autocensura era un fenómeno generalizado.

Al finalizar el año, el Parlamento estaba trabajando en un nuevo proyecto de ley para reforzar el control del gobierno sobre las actividades y publicaciones de las ONG.

Juicios por genocidio

Continuaron celebrándose juicios de acuerdo con el sistema de gacaca, un sistema de tribunales comunitarios creado en 2002 para juzgar a presuntos responsables de delitos cometidos durante el genocidio de 1994. El sistema de gacaca preocupaba, entre otras cosas, por la aparente falta de imparcialidad y por los informes según los cuales no se permitía a los acusados defenderse ni durante el proceso de recopilación de información anterior al juicio ni durante el propio juicio. Además, según los informes, las autoridades comunitarias (nyumbakumi) controlaban la fase de recopilación de información, aunque la ley asignaba esta responsabilidad a los jueces del sistema de gacaca.

En algunos distritos, la existencia de jueces insuficientemente capacitados, mal formados y corruptos provocó una desconfianza generalizada en el sistema de gacaca.

Según los informes, en Munyaga, localidad del distrito de Rwamagana, en la provincia del Este, un juez visitó a unas personas a quienes se había citado para interrogarlas y les pidió dinero a cambio de la absolución. En ese mismo distrito se condenó a dos personas a 30 años de cárcel a pesar de que existían dudas sobre su implicación en el genocidio.

Según informes de las autoridades locales y de asociaciones de supervivientes del genocidio, en la provincia del Este algunos sobrevivientes al genocidio fueron objeto de intimidación, acoso y agresiones antes de testificar ante un tribunal gacaca.

En noviembre, un hombre que había sido excarcelado recientemente después de confesar su participación en el genocidio mató presuntamente a Frédéric Musarira, superviviente del genocidio, en Rukumberi, localidad del distrito de Ngoma, en la provincia del Este. En represalia, según los informes, sobrevivientes del genocidio residentes en la zona mataron al menos a ocho personas.

A lo largo de 2006, ciudadanos ruandeses huyeron a países vecinos para escapar del sistema de gacaca. Algunos temían que los tribunales pusieran al descubierto su participación en el genocidio. Otros huyeron por miedo a falsas acusaciones.

Según el ACNUR, organismo de la ONU que se ocupa de los refugiados, unos 20.000 solicitantes de asilo ruandeses huyeron del sur de Ruanda a Burundi a principios de año. Los factores más comunes que los obligaron a huir fueron la persecución de las autoridades locales, la sequía y las citaciones de los tribunales gacaca.

En julio, otros grupos de ruandeses huyeron de la provincia del Este para evitar el sistema de gacaca, entre ellos 40 personas de Munyaga, en el distrito de Rwamagana, que entraron en Uganda.

Prisión preventiva

Varios miles de personas llevaban largo tiempo encarceladas sin haber sido sometidas a juicio. Unas 48.000 personas detenidas estaban en espera de ser juzgadas por su presunta participación en el genocidio.

Dominique Makeli, ex periodista de Radio Ruanda, permanecía recluido sin juicio después de casi 12 años. Los cargos formulados contra él se modificaron en repetidas ocasiones. La última acusación de las autoridades era que había incitado al genocidio en un programa de Radio Ruanda emitido en 1994.

Dos monjas católicas, las hermanas Bénédicte Mukanyangezi y Bernadette Mukarusine, permanecían encarceladas sin juicio después de más de 12 años.

Condiciones de reclusión

Según los informes, la población penitenciaria ascendía a unas 69.000 personas en 2006. Todas las prisiones estaban masificadas, a excepción de la de Mpanga. Por ejemplo, según los informes, la prisión de Gitarama albergaba a 7.477 reclusos aunque oficialmente su capacidad era sólo de 3.000.

Las condiciones de reclusión seguían siendo extremadamente duras y equivalían a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se recibieron informes según los cuales en algunas cárceles y centros de detención había celdas subterráneas.

Según los informes, al menos 50 personas permanecieron recluidas durante más de un año en una celda subterránea de la prisión de Gitarama en condiciones insalubres y muy duras. Rara vez se permitió a estos presos salir al exterior.

Pena de muerte

Seiscientas personas seguían condenadas a muerte. La última ejecución se llevó a cabo en 1998. En octubre, el comité político del partido del gobierno recomendó enérgicamente la abolición de la pena de muerte. La persistencia de la pena capital constituía uno de los obstáculos principales que impedían el traslado a la jurisdicción nacional ruandesa de personas que estaban bajo la custodia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y personas residentes en el extranjero contra las que se habían dictado actas de acusación formal por su presunta participación en el genocidio.

Investigaciones sobre actos de genocidio y crímenes de guerra

En abril de 2006 empezó sus trabajos la comisión de investigación creada en abril de 2005 para investigar la presunta intervención de las fuerzas armadas francesas en el genocidio.

En mayo, el fiscal general de Ruanda elaboró una nueva lista de 93 presuntos responsables de genocidio que al parecer residían en el extranjero. Existía preocupación en torno a la veracidad de los datos de esta lista, ya que al parecer algunas de las personas mencionadas habían muerto o no se encontraban en el país en el que se decía que estaban. Pocos gobiernos extranjeros iniciaron procedimientos judiciales contra ruandeses sospechosos de haber participado en el genocidio que residían en sus países, en ocasiones con identidades falsas.

En noviembre, un juez francés que investigaba el derribo del avión del ex presidente Habyarimana en 1994 emitió órdenes internacionales de detención contra nueve altos funcionarios ruandeses. Solicitó también que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dictara acta de acusación formal para que se detuviera al presidente Paul Kagame por su participación en este suceso.

Según los informes, un magistrado español concluyó la investigación del asesinato de varios ciudadanos españoles y de otros delitos perpetrados en Ruanda entre 1990 y 2002. La investigación se centró en la implicación directa de 69 integrantes del Frente Patriótico Ruandés, algunos de ellos miembros de alta graduación de las fuerzas armadas.

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Continuaron los juicios de destacados sospechosos de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que mantenía bajo custodia a 56 personas al finalizar 2006. Estaban en marcha nueve juicios, en algunos casos contra un solo acusado y en otros contra varios. En 2006 se concluyeron siete causas. Dos detenidos fueron absueltos y los otros condenados a penas de cárcel. Una causa estaba pendiente de un recurso de apelación. Seguían libres 18 sospechosos contra los que el Tribunal había dictado actas de acusación formal.

El Tribunal recibió del Consejo de Seguridad de la ONU el mandato de concluir todos los juicios antes de finalizar 2008 y dejó de dictar actas de acusación formal contra presuntos responsables de actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda.

Desde su puesta en marcha, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda había juzgado sólo a miembros y simpatizantes del gobierno que estaban en el poder en abril de 1994. No llevó a cabo plenamente su mandato al no investigar todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en 1994, sobre todo los cometidos por el Frente Patriótico Ruandés.

Actualización: desapariciones forzadas

Según los informes, Augustin Cyiza, destacado miembro de la sociedad civil, fue víctima de desaparición forzada en 2003, durante el periodo previo a las elecciones. Altos cargos ruandeses habían negado conocer su paradero en 2005, pero algunas fuentes aseguraron que había sido secuestrado y asesinado.

Léonard Hitimana, miembro de la Asamblea Nacional de Transición, fue sometido a desaparición en abril de 2003. En abril de 2006, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que la investigación sobre este caso era confidencial y que los resultados se darían a conocer a su debido tiempo. Seguía sin conocerse la suerte corrida por Léonard Hitimana.

Presos políticos

En 2005 se condenó a Charles Ntakirutinka y a Pasteur Bizimungu, ex presidente de Ruanda, a 10 y 15 años de cárcel, respectivamente, por los cargos de incitación a la desobediencia civil, asociación con elementos delictivos y malversación de fondos públicos. Antes de su detención, ambos habían puesto en marcha un nuevo partido político, el Partido Democrático por la Renovación (Parti Démocratique de Renouveau, PDR-Ubuyanja). Muchos observadores de derechos humanos consideraron que su procesamiento había sido un intento de eliminar la oposición política. Permanecían recluidos en la prisión central de Kigali.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaraciones

• Ruanda: Ataques a la libertad de expresión (Índice AI: AFR 47/002/2006)

• Ruanda: Los informes sobre ejecuciones extrajudiciales en el centro de detención militar de Mulindi deben ser objeto de una investigación independiente (Índice AI: AFR 47/004/2006)

• Llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que garantice que se cumple el mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (Índice AI: IOR 40/045/2006)

Visita

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Ruanda en octubre.

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