Información general

A principios de 2011, ante la convocatoria de manifestaciones en favor de reformas, el gobierno ofreció a la ciudadanía nuevas ayudas que, según informes, sumaban unos 127.000 millones de dólares estadounidenses. No obstante, continuaron celebrándose protestas de forma esporádica, protagonizadas sobre todo por musulmanes chiíes de la Provincia Oriental, que denunciaban sufrir discriminación y pedían la liberación de presos políticos. El 5 de marzo, el Ministerio del Interior reiteró la prohibición absoluta de las manifestaciones públicas, y las amenazas y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad impidieron la celebración de un “día de la ira” convocado para el 11 de marzo por quienes propugnaban reformas. Aun así, a lo largo de 2011 cientos de personas fueron detenidas en relación con protestas, en su mayoría miembros de la minoría musulmana chií, activistas en favor de las reformas y activistas de los derechos de las mujeres. Muchas de ellas quedaron en libertad sin cargos.

A instancias, al parecer, de la familia gobernante de Bahréin, el 15 de marzo el gobierno envió allí a 1.200 soldados saudíes, que cruzaron la carretera elevada que unía ambos países en tanques y otros vehículos blindados, para ayudar a aplastar las protestas en demanda de reformas.

Seguridad y medidas antiterroristas

El Consejo Consultivo o Shura –organismo asesor del rey– debatió un nuevo anteproyecto de ley antiterrorista, pero al concluir el año éste no se había promulgado aún. En una versión del anteproyecto filtrada a Amnistía Internacional se proponía añadir amplias facultades nuevas a las concedidas ya al Ministerio del Interior y prescribir penas de prisión para toda persona que criticara al rey o expresara oposición al gobierno. Asimismo, permitía recluir a los presuntos delincuentes sin cargos ni juicio por un periodo potencialmente indefinido o, en caso de ser juzgados, celebrar juicios y vistas de apelación sin las debidas garantías, incluso por delitos penados con la muerte. Además, el anteproyecto de ley facultaba al ministro del Interior para ordenar escuchas telefónicas y registros domiciliarios sin autorización judicial. Preocupaba que la definición excesivamente imprecisa de “terrorismo” incluida en él pudiera utilizarse para castigar o suprimir la disidencia legítima.

Continuaban recluidas miles de personas sospechosas de delitos relacionados con la seguridad, muchas de las cuales llevaban largo tiempo privadas de libertad sin cargos, a pesar de que el límite legal de reclusión sin juicio era de seis meses. Entre ellas había adversarios del gobierno que llevaban meses o años recluidos sin juicio. Muchas personas recluidas por motivos de seguridad llevaban meses o años sin haber sido juzgadas ni condenadas o tras haber sido condenadas por actos que no constituían delitos reconocibles internacionalmente como tales.

En general, tras la detención y durante los interrogatorios, las personas sospechosas de delitos relacionados con la seguridad eran recluidas en régimen de incomunicación, con frecuencia durante meses, y no se les permitía recibir visitas de sus familiares. Muchas eran torturadas o sometidas a otros malos tratos. Normalmente permanecían recluidas hasta que las autoridades determinaban que no constituían una amenaza para la seguridad o hasta que se comprometían a no llevar a cabo actividades de oposición. Algunas quedaban en libertad, pero volvían a ser detenidas al poco tiempo, y muchas quedaban recluidas sin cargos ni juicio.

Siguió siendo imposible determinar de forma independiente el número de personas encarceladas por motivos de seguridad o por su presunta implicación en actividades terroristas, pero algunas declaraciones hechas por el gobierno en años anteriores permitían deducir en cierta medida su magnitud. En febrero, el ministro de Justicia anunció que el Tribunal Penal Especial de Riad había dictado sentencia en 442 causas que afectaban a 765 personas sospechosas de delitos relacionados con la seguridad. En abril, el Ministerio del Interior manifestó que en los últimos años habían sido puestas en libertad 5.831 personas detenidas por motivos de seguridad, 184 de ellas desde principios de 2011; se había interrogado y remitido a los tribunales a 5.080 y se estaba interrogando aún a 616; se había interrogado a otras 1.931 que podrían ser remitidas al Tribunal Penal Especial, y se había declarado culpables de “delitos de terrorismo” a 1.612. Además, el Ministerio del Interior aseguró que se había indemnizado a 486 personas condenadas por delitos contra la seguridad que habían permanecido recluidas tras haber cumplido condena.

Libertad de expresión

La Ley de Prensa y Publicaciones se hizo extensiva en enero a las publicaciones web y se modificó de nuevo en abril con disposiciones que restringieron aún más la libertad de expresión. Muchas de las personas detenidas sin cargos ni juicio o condenadas en juicios injustos en los que no habían tenido asistencia letrada eran activistas de los derechos humanos, defensores pacíficos del cambio político, miembros de minorías religiosas o ciudadanos que pedían reformas.

• Abdul Aziz al Wuhaibi y otros seis hombres fueron detenidos el 16 de febrero, una semana después de haber pedido junto con otras personas la legalización del Partido de la Umma Islámica, que se habría convertido así en el primer partido político de Arabia Saudí. Fueron recluidos prácticamente en régimen de incomunicación en la prisión de Al Hair y presionados para que renunciaran a sus actividades políticas; más tarde, cinco de ellos quedaron en libertad, pero en el caso de Abdul Aziz al Wuhaibi, que se negó a asumir esa renuncia, se presentaron cargos en su contra. Fue condenado en septiembre a siete años de prisión en un juicio manifiestamente injusto. Entre otros cargos, fue acusado de “desobedecer al soberano” de Arabia Saudí.
• Sheij Tawfiq Jaber Ibrahim al Amer, clérigo chií, fue detenido en febrero tras haber pedido reformas políticas en un sermón. Pasó una semana recluido en régimen de incomunicación y posteriormente quedó en libertad. El 3 de agosto volvieron a detenerlo y lo acusaron de “instigar a la opinión pública” por haber insistido en pedir reformas.
• El preso de conciencia Mohammed Saleh al Bajady, empresario y cofundador de la ONG de derechos humanos Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue detenido al día siguiente de haber asistido a una manifestación celebrada el 20 de marzo en Riad a las puertas del Ministerio del Interior. Al parecer, se presentaron cargos contra él en relación con la formación de la Asociación y por dañar la reputación del Estado y estar en posesión de libros prohibidos. Fue enjuiciado, pero no se permitió a sus abogados ponerse en contacto con él ni acceder al juicio.
• Fadhel Maki al Manasif, activista de los derechos humanos y defensor de los derechos de la minoría musulmana chií, fue detenido el 1 de mayo y recluido en régimen de incomunicación hasta el 22 de agosto, fecha en que quedó en libertad. El 2 de octubre volvieron a detenerlo, cuando intervino al ver cómo la policía detenía a dos ancianos. El 10 de octubre se le permitió llamar por teléfono a su familia, pero después de eso no se le volvió a permitir ver ni llamar a su familia ni a su abogado, lo que despertó el temor de que lo pudieran estar torturando.
• En noviembre, 16 hombres, entre ellos 9 destacados reformistas que habían intentado fundar una asociación de derechos humanos, fueron condenados a entre 5 y 30 años de prisión en un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Penal Especial, tras ser declarados culpables de cargos como formar una organización secreta, intentar tomar el poder, incitar a oponerse al rey, financiar actividades terroristas y blanquear dinero. Algunos llevaban ya tres años y medio detenidos sin cargos y habían sido interrogados sin la presencia de sus abogados. Muchos habían sufrido reclusión en régimen de aislamiento por tiempo prolongado. Durante meses se negó a sus abogados y a sus familias toda información sobre los cargos contra ellos, y se les impidió también el acceso a muchas de las vistas del juicio, que, según informes, comenzó en mayo.
• Firas Buqna y sus compañeros Hussam al Darwish y Khaled al Rashid fueron detenidos el 16 de octubre por la publicación de un episodio de “Nos están engañando”, programa que hacían por Internet, en el que se hablaba sobre la pobreza en Riad. Quedaron en libertad dos semanas más tarde.

Represión de la disidencia

Las autoridades impidieron los intentos de organizar protestas, y quienes trataron de manifestarse fueron detenidos o sufrieron otras formas de represión.

• Muhammad al Wadani, profesor, fue detenido el 4 de marzo en una concentración en demanda de reformas. Se creía que al concluir el año seguía recluido en régimen de incomunicación, probablemente en la prisión de Al Hair.
• Khaled al Johani, única persona que acudió a la manifestación del “día de la ira” convocada en Riad el 11 de marzo, fue detenido. Al finalizar el año seguía recluido, acusado de haber apoyado una protesta y de haberse comunicado con medios de comunicación extranjeros. Durante los dos primeros meses estuvo recluido en régimen de incomunicación y aislamiento en la prisión de Ulaysha, donde quizá fuera torturado. Más tarde fue trasladado a la prisión de Al Hair, en Riad, donde se le permitió comunicarse con su familia.
• Rima bint Abdul Rahman al Jareesh, integrante de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, y Sharifa al Saqaabi fueron detenidas junto a más de una decena de personas cuando se manifestaban frente al Ministerio del Interior el 3 de julio. Formaban parte de un grupo de casi 50 personas, entre hombres, mujeres y niños, que pedían un juicio justo o la libertad para familiares varones suyos que llevaban hasta 10 años, en algunos casos, recluidos sin cargos ni juicio. Las personas detenidas quedaron en libertad tras haberse comprometido por escrito a no volver a manifestarse, pero Rima bint Abdul Rahman al Jareesh y Sharifa al Saqaabi permanecieron dos días recluidas en una prisión de Qasim, al norte de Riad. Previamente habían firmado peticiones en favor de reformas.

Cientos de musulmanes chiíes fueron detenidos a raíz de protestas celebradas en la Provincia Oriental. La mayoría quedaron en libertad, pero algunos continuaron recluidos.

• El 3 y el 4 de marzo, a consecuencia de unas protestas realizadas en la ciudad de Al Qatif contra la reclusión prolongada de varios presos chiíes, 24 personas fueron detenidas, entre ellas Hussain al Yousef y Hussain al Alq, colaboradores habituales de un sitio web chií que abordaba fundamentalmente los problemas de esta minoría. La policía propinó patadas y golpes al menos a tres de los manifestantes. El 8 de marzo, los detenidos quedaron en libertad sin cargos, tras haberse comprometido por escrito a no manifestarse nuevamente. Hussain al Yousef volvió a ser detenido el 27 de marzo y permaneció recluido hasta el 18 de julio, cuando dijo que padecía un fuerte dolor de espalda y casi no podía moverse.

Derechos de las mujeres

Las mujeres siguieron sufriendo grave discriminación en la ley y en la práctica. Para viajar, aceptar trabajo remunerado, matricularse en centros de educación superior y casarse, necesitaban la autorización de un tutor varón, y su testimonio tenía menos peso en un tribunal que el de los hombres. Se estimaba que la violencia intrafamiliar seguía siendo muy común.

Las mujeres se unieron a las reivindicaciones en favor de las reformas y se organizaron para defender sus derechos. Un grupo lanzó en Internet la campaña "Women 2 Drive" (Mujeres al volante), que instaba a las saudíes con permiso internacional de conducción a empezar a conducir por las carreteras del país a partir del 17 de junio. Según informes, decenas de mujeres siguieron la consigna, y algunas fueron detenidas y obligadas a comprometerse por escrito a dejar de conducir. Al menos dos se enfrentaban a juicio. Esta campaña se integró posteriormente en un movimiento nuevo y más amplio en favor de los derechos de las mujeres y con el lema de “Mi derecho, mi dignidad”.

En septiembre, el rey anunció que a partir de 2015 las mujeres podrían votar y presentarse como candidatas en las elecciones municipales, únicos comicios públicos del país, así como ser designadas miembros del Consejo Consultivo.

• Manal al Sharif, asesora de seguridad informática, fue detenida el 22 de mayo, un día después de que la policía le diera el alto cuando conducía, acompañada de su hermano, en la ciudad de Al Jobar. Además, el 19 de mayo había publicado en el sitio web de “Mujeres al volante” un vídeo en el que se la veía conduciendo. Quedó en libertad 10 días después.
• El 27 de septiembre, Shaimaa Jastaniyah fue condenada en Yidda a recibir 10 latigazos por haber conducido un automóvil. La sentencia fue confirmada por el mismo tribunal que la había dictado y, al finalizar el año, se estaba recurriendo.

Derechos de las personas migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían siendo víctimas de explotación y abuso a manos de empleadores privados y públicos, y sus posibilidades de obtener reparaciones eran escasas o nulas. Entre los abusos más extendidos figuraban la imposición de largas jornadas laborales, el impago de salarios y la violencia, sobre todo contra trabajadoras domésticas. Las mujeres empleadas en el servicio doméstico que huían de su patrocinador debido a los abusos de que eran objeto acababan con frecuencia en peores condiciones en el mercado de trabajo ilegal.

Excepcionalmente, en el caso de Sumiati binti Salan Mustapa, empleada doméstica indonesia que había necesitado tratamiento hospitalario en 2010 tras haber sufrido cortes, quemaduras y golpes, presuntamente a manos de su empleadora, ésta fue condenada a cuatro meses de prisión en octubre, pero posteriormente quedó en libertad, habida cuenta del tiempo que llevaba ya recluida.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron nuevamente informes de tortura y otros malos tratos, reiterada forma de abuso que parecía seguir utilizándose de manera habitual en los interrogatorios para obtener “confesiones” de los sospechosos.

• Un chií detenido, cuya identidad no se reveló para preservar su seguridad, explicó a Amnistía Internacional que lo habían torturado durante 10 días, hasta acceder a firmar una “confesión”, con métodos como obligarlo a permanecer durante largos periodos de pie y con los brazos levantados, azotarlo con un cable eléctrico, golpearlo en la cara, la espalda y el estómago y amenazarlo con permitir que fuera violado por otros presos.

Penas crueles, inhumanas o degradantes

Los tribunales imponían de manera habitual penas de flagelación, ya fuera como condena principal o suplementaria. Más de un centenar de hombres y mujeres fueron condenados a flagelación.

• En diciembre, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de seis hombres beduinos a “amputación cruzada” de la mano derecha y el pie izquierdo por “asalto”. Los seis habían sido juzgados ante un tribunal de Riad en marzo de 2011 sin asistencia ni representación letradas. Según la información recibida, la condena había sido confirmada en octubre por un tribunal de apelación.
• El 23 de diciembre, a Abdul Samad Ismail Abdullah Husawy, ciudadano nigeriano, le amputaron la mano derecha por robo en Riad.

Pena de muerte

El número de ejecuciones registradas creció drásticamente, hasta situarse al menos en 82, más del triple de las registradas en 2010. Entre las personas ejecutadas figuraban al menos 5 mujeres y 28 extranjeros. Había como mínimo 250 presos condenados a muerte, en algunos casos por delitos no violentos, como apostasía y brujería. Muchos eran extranjeros, condenados por delitos relacionados con drogas en juicios manifiestamente injustos.

• Según informes, Ruwayti Beth Sabutti Sarona, de nacionalidad indonesia, fue decapitada el 18 de junio tras haber sido declarada culpable del asesinato de su empleadora. Al parecer, no se notificó su ejecución con antelación ni a su familia ni al gobierno indonesio.

Los hermanos Muhammad y Saud Jaber Shahbah al Jaid, de nacionalidad saudí, fueron ejecutados el 30 de julio. Habían sido condenados a muerte por asesinato en 1998. En el juicio no habían tenido acceso a un abogado y, según informes, Saud había confesado bajo coacción, al detener las autoridades a su anciano padre para presionarlo. Al parecer, no se informó a sus familias previamente de las ejecuciones.

• Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al Fakki, de nacionalidad sudanesa, fue decapitado en Medina el 19 de septiembre. Había sido detenido en 2005 y, a continuación, acusado y declarado culpable de brujería por haber accedido, al parecer, a preparar un hechizo para un hombre que trabajaba para la policía religiosa. Presuntamente había sido golpeado bajo custodia y obligado a “confesar” brujería. Según informes, no se avisó de antemano a su familia de la ejecución ni se le permitió repatriar el cadáver a Sudán.