En la región meridional de Casamancia se intensificaron los enfrentamientos entre
el ejército y un grupo armado durante el primer semestre del año; la población civil
sufrió secuestros y homicidios. La policía hacía uso habitual de la tortura y en el
ámbito judicial se aprobaba esta práctica, que provocó la muerte de al menos una persona
bajo custodia. A pesar de las renovadas promesas del gobierno, no comenzó el juicio
del ex presidente de Chad, Hissène Habré.
El conflicto entre el ejército y el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia
(Mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC) se intensificó. En marzo, el ejército bombardeó posiciones del MFDC en poblaciones
de los alrededores de Ziguinchor (principal ciudad de Casamancia) tras una sucesión
de ataques esporádicos de miembros del MFDC contra objetivos militares y civiles.
A pesar del consiguiente aumento de la tensión, que menoscabó aún más el acuerdo de
paz de 2004, las dos partes seguían declarando oficialmente que estaban dispuestas
a emprender conversaciones. Éstas no habían comenzado al terminar 2010.
En julio y agosto, miles de manifestantes salieron a la calle en la capital, Dakar,
para protestar contra los reiterados cortes del suministro eléctrico.
El ejército detuvo durante breves periodos a varios dirigentes del MFDC, y según los
informes infligió malos tratos a algunos de ellos.
En marzo, dos líderes del brazo armado del MFDC, Bourama Sambou y Boubacar Coly, fueron
detenidos en la población de Belaye. Estuvieron recluidos sin cargos durante cuatro
días y, según los informes, sufrieron malos tratos en la gendarmería de Ziguinchor.
En mayo, cuatro dirigentes del MFDC, Mamadou Teuw Sambou, Pape Tamsir Badji, Joseph
Diatta y Ansoumana Diédhiou, fueron detenidos en Dakar tras ser devueltos de Gambia,
donde habían pasado cuatro años en la cárcel. Quedaron en libertad sin cargos dos
semanas más tarde.
Varios civiles, entre los que había niñas de corta edad, fueron secuestrados. Según
los informes, algunos fueron sometidos a abusos sexuales por integrantes del MFDC.
Presuntos miembros del MFDC también mataron arbitrariamente a soldados.
En enero, Didier Coly, ex cabo del ejército, murió en la población de Bourafaye Bainouk
por disparos efectuados por presuntos miembros del MFDC que, según los informes, sospechaban
que era informante del ejército.
En septiembre, combatientes del MFDC secuestraron a cuatro niñas en la población de
Waniak. Liberadas unos días más tarde, las niñas sufrieron, según los informes, abusos
sexuales.
La policía torturaba habitualmente a las personas detenidas.
En julio, Abdoulaye Wade Yinghou, de 29 años, fue detenido al pasar por un lugar donde
se estaba celebrando una manifestación en un suburbio de Dakar. Testigos de los hechos
vieron cómo la policía lo golpeaba con las culatas de sus fusiles en el momento de
la detención y en la comisaría. Al día siguiente, unos agentes dijeron a su familia
que había muerto a consecuencia de un ataque o una enfermedad. Una autopsia reveló
lesiones en la cara y fracturas de costillas. Se abrió una investigación, pero al
terminar el año no se habían hecho públicas sus conclusiones.
A pesar de las promesas oficiales, la mayoría de los funcionarios responsables de
actos de tortura y otros delitos de derecho internacional seguían disfrutando de impunidad.
En el ámbito judicial se aprobaba la tortura: los fiscales se negaban a abrir investigaciones
sobre las denuncias de tortura y los jueces imponían condenas basándose en información
obtenida mediante tortura.
Contribuía a la impunidad el hecho de que sólo pudieran iniciarse procedimientos judiciales
contra miembros de las fuerzas de seguridad previa autorización del ministro del Interior
(si eran agentes de policía) o el Ministerio de Defensa (si eran gendarmes o militares).
Además, a pesar de una ley aprobada en 2009 por la que se creaba la figura del inspector
nacional de centros de privación de libertad, medida clave para prevenir la tortura
bajo custodia, al terminar 2010 no se había designado a ninguna persona para ocupar
dicho cargo.
Diez años después de que algunas de las víctimas del ex presidente de Chad, Hissène
Habré, presentasen una denuncia contra él en Senegal, la judicatura senegalesa no
había abierto ningún procedimiento penal. Las autoridades seguían afirmando que el
único obstáculo era de índole económica y que la comunidad internacional debía encontrar
una solución.
En julio de 2010, tras una misión conjunta de la Unión Africana y la Unión Europea,
se anunció la celebración de una mesa redonda para concretar los términos económicos
del juicio de Hissène Habré. La mesa redonda se celebró en noviembre, y los donantes
europeos y africanos acordaron contribuir a la financiación del juicio. Sin embargo,
a pesar de que se prometió a una delegación de Amnistía Internacional que visitó Dakar
en octubre que los procedimientos penales comenzarían en breve, al terminar el año
no se había registrado avance alguno.
Hissène Habré y sus abogados seguían cuestionando la jurisdicción de Senegal. En mayo,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental
declaró admisible la demanda presentada en 2009 por Hissène Habré contra Senegal,
en la que se afirmaba que el procesamiento violaba la prohibición de la retroactividad
del derecho penal incluida en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
aunque los presuntos delitos fueran en su totalidad violaciones del derecho internacional
en el momento en que se cometieron. En noviembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Económica de Estados del África Occidental falló que Senegal sólo podía juzgar a Hissène
Habré si se establecían jurisdicciones ad hoc o especiales.
En septiembre y octubre, una delegación de Amnistía Internacional visitó Senegal
para presentar un informe sobre la impunidad y reunirse con las autoridades.
