Serbia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Serbia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Serbia is now live »

Jefe del Estado : Boris Tadić
Jefe del gobierno : Vojislav Koštunica
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 73,6 años
Esperanza de vida : 96,4 por ciento

El año estuvo marcado por la incapacidad del gobierno serbio y las autoridades  albanokosovares para ponerse de acuerdo sobre el estatuto futuro de Kosovo. La continuación de la incertidumbre sobre el estatuto definitivo de Kosovo acentuó la preocupación por la seguridad entre las comunidades minoritarias y el temor de que se cometieran más violaciones de derechos humanos. Persistió la impunidad en torno a las desapariciones forzadas y otros crímenes de guerra, y las comunidades minoritarias continuaron sufriendo discriminación.

Información general

Después de las elecciones de enero, Serbia estuvo sin gobierno hasta que en mayo el primer ministro, Vojislav Koštunica, del Partido Democrático de Serbia, y el presidente, Boris Tadić, del Partido Democrático, formaron un gobierno de coalición. El derechista Partido Radical Serbio siguió siendo el principal partido de oposición.

En mayo, Serbia asumió la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Las negociaciones con la Unión Europea sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación con Serbia, que se habían suspendido al negarse Serbia a cooperar con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se reanudaron en junio. El Acuerdo de Estabilización y Asociación se rubricó el 7 de noviembre.

Las elecciones celebradas en Kosovo en noviembre las ganó el Partido Democrático de Kosovo, presidido por Hashim Thaçi, ex jefe político del Ejército de Liberación de Kosovo.

Estatuto definitivo de Kosovo

Kosovo seguía formando parte de Serbia y su administración continuaba en manos de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) en aplicación de la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de la ONU. En marzo, ante la incapacidad de las partes para ponerse de acuerdo, el enviado especial de la ONU para el proceso relativo al estatuto futuro de Kosovo presentó al Consejo de Seguridad su  «Propuesta integral de Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo» (Plan Ahtisaari),  que defendía una «independencia supervisada». 

El Plan Ahtisaari proponía que Kosovo tuviera la jurisdicción sobre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, el establecimiento de una Misión de Política Europea de Seguridad y Defensa en Kosovo, responsable de jueces, fiscales y fuerzas policiales internacionales, y la designación de un representante civil internacional encargado de la aplicación del acuerdo. El plan contenía disposiciones sobre la protección del patrimonio cultural y religioso del pueblo serbio, el derecho al retorno de las personas refugiadas y la protección de las comunidades minoritarias en los municipios de población mayoritariamente serbia.

Serbia consideró que el Plan Ahtisaari violaba su soberanía y su integridad territorial. Rusia amenazó con vetar las propuestas de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En julio, el secretario general de la ONU encomendó la reanudación de las conversaciones a una troika formada por la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, pero en diciembre no se había alcanzado un acuerdo. La Unión Europea y Estados Unidos convencieron al primer ministro electo de que aplazara la declaración unilateral de independencia.

Serbia

Crímenes de guerra: procesamientos internacionales

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia expresó su profunda preocupación por la falta de cooperación de Serbia, por ejemplo, al no entregar al general serbobosnio Ratko Mladić. Las autoridades serbias colaboraron en la detención de dos personas contra las que se había dictado acta de acusación formal: Vlastimir Đorđević, en Montenegro, y Zdravko Tolimir, en Bosnia y Herzegovina.

En marzo se abrieron diligencias contra Ramush Haradinaj, ex dirigente del Ejército de Liberación de Kosovo y ex primer ministro de Kosovo, inculpado junto a otras personas de crímenes de lesa humanidad y diversas violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. La policía de Kosovo no protegió a los testigos de la acusación, y en noviembre ya se había procesado a tres de ellos por desacato al tribunal al negarse a declarar.

Continuaron las actuaciones judiciales contra seis altos cargos políticos, policiales y militares serbios contra quienes se había dictado acta de acusación formal conjunta por crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra en Kosovo. Estos seis acusados eran el ex presidente serbio Milan Milutinović, el ex viceprimer ministro de la República Federativa de Yugoslavia Nikola Šainović, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército yugoslavo Dragoljub Odjanić, el ex coronel general de la policía Sreten Lukić y los ex coroneles generales del Ejército yugoslavo Nebojša Pavković y Vladimir Lazarević. En septiembre concluyó el juicio de tres oficiales del Ejército yugoslavo (los «tres de Vukovar», véase el apartado sobre Croacia,Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,Procesamientos internacionales).

La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia confirmó en septiembre la condena a 13 años de cárcel impuesta en 2005 a Haradin Bala por el asesinato de al menos 22 personas serbias y de etnia albanesa y su reclusión ilegal, tortura y trato inhumano. También confirmó la absolución de dos miembros del Ejército de Liberación de Kosovo.

En noviembre se reanudó el juicio de Vojislav Šešelj, dirigente del Partido Radical Serbio, acusado de perseguir y expulsar a personas no serbias, tanto en Croacia como en Bosnia y Herzegovina.

El 26 de febrero, la Corte Internacional de Justicia falló que Serbia no había cometido genocidio en Srebrenica, pero sí había quebrantado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio al no impedir que se cometiera un genocidio en Srebrenica ni castigar a los responsables; la Corte solicitó a Serbia que transfiriera al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a Ratko Mladić, acusado de genocidio y complicidad en genocidio.

Crímenes de guerra: procesamientos nacionales

Entre 32 y 35 casos de crímenes de guerra estaban siendo investigados, según informes, por la Sala Especial de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado, aunque se formalizaron pocas acusaciones. En la mayoría de los casos fue una ONG, el Centro de Derecho Humanitario, la que brindó ayuda a las víctimas y los testigos.

  • El 11 de abril, cuatro ex miembros de la unidad paramilitar conocida como los «Escorpiones» fueron declarados culpables de crímenes de guerra por matar a seis civiles bosniacos –musulmanes bosnios– de Srebrenica en Godinjske Bare, cerca de Trnovo (Bosnia y Herzegovina), en 1995, y condenados a entre 5 y 20 años de cárcel. El fiscal recurrió contra la absolución de uno de los acusados y contra la pena de cinco años impuesta a uno de los condenados.
  • En marzo dio comienzo el nuevo juicio contra los 14 militares de baja graduación acusados de asesinar a prisioneros de guerra y civiles croatas en una granja de Ovčara en 1991 (los «tres de Vukovar», véase Croacia,Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,Procesamientos internacionales). El Centro de Derecho Humanitario había criticado la decisión de anular la sentencia condenatoria y ordenar un nuevo juicio adoptada por el Tribunal Supremo en 2006 por considerar que carecía de fundamento. Continuó el juicio de ocho ex agentes de policía acusados formalmente en 2006 del asesinato de 48 civiles de etnia albanesa, hombres y mujeres, en Suva Reka, Kosovo, en marzo de 1999. 

Desapariciones forzadas

Siete años después del comienzo de las investigaciones todavía no se habían dictado actas de acusación formal en relación con el traslado a Serbia de los cadáveres de al menos 900 personas de etnia albanesa en camiones refrigerados en 1999.

Continuaron las actuaciones judiciales contra los agentes de policía en activo acusados formalmente del asesinato en Kosovo de tres hermanos albanoestadounidenses apellidados Bytiçi, en julio de 1999; según informes, el juicio se malogró debido a las interrupciones y los abusos cometidos por «observadores» policiales.

Homicidios políticos

En febrero, Milorad «Legija» Luković-Ulemek y Radomir Marković fueron declarados culpables en un nuevo juicio en el que se confirmaron sus condenas a 15 y 8 años de cárcel, respectivamente, por el intento de asesinato del ex ministro de Asuntos Exteriores, Vuk Drasković, en 1999. En diciembre, el Tribunal Supremo anuló por tercera vez las sentencias dictadas en primera instancia. En mayo, «Legija» y Žveždan Jovanović fueron declarados culpables y condenados a 40 años de cárcel por su participación en el asesinato del ex primer ministro Zoran Đjinđić, junto con otras 10 personas a las que se impusieron penas de entre 8 y 37 años de prisión.

Discriminación contra minorías

Continuaron los casos de ataques por motivos étnicos y religiosos contra albaneses, croatas, bosniacos, húngaros, romaníes, rutenos y valacos, en forma de artefactos explosivos, apología del odio o insultos de los aficionados en partidos de fútbol. Sólo en contadas ocasiones se llevó a los perpetradores ante los tribunales.

  • Života Milanović, miembro de la comunidad religiosa hindú de Jagodina, que había sufrido agresiones en cinco ocasiones desde 2001, fue acuchillado en junio en el abdomen, los brazos y las piernas. En noviembre, la ONG Iniciativa Juvenil de Derechos Humanos apeló en su nombre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a que Serbia no había protegido el derecho a la vida ni garantizado un recurso efectivo y el derecho a no sufrir tortura y discriminación.

En junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Serbia que remediara la falta de servicios adecuados de asistencia médica y garantizara la igualdad de acceso a la educación de los grupos marginados de mujeres y niñas, en particular las romaníes. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó de que más del 80 por ciento de los niños y niñas romaníes sufrían un grado inaceptable de privación y discriminación en todos los ámbitos. El alcalde de Topola afirmó en diciembre, según informes, que la comunidad romaní de la localidad debería ser aislada con alambre de espino.

Violencia entre comunidades étnicas

Continuaron las disputas y los enfrentamientos violentos por motivos políticos en la región de Sandžak. Hubo casos de disparos entre comunidades religiosas rivales en Novi Pazar. Al menos 13 hombres de quienes se pensaba que pertenecían al culto wahhabí fueron detenidos y acusados formalmente en septiembre de conspirar contra la seguridad y el orden constitucional de Serbia. Un sospechoso, Ismail Prentic, resultó muerto en una redada policial efectuada en el pueblo de Donja Trnava, cerca de Novi Pazar; en diciembre se detuvo a dos hombres.

  • Amnistía Internacional expresó su preocupación por la detención de Bekto Memić, de 68 años de edad y en mal estado de salud, llevada a cabo en marzo en relación con la búsqueda de su hijo, Nedžad Memić. Lo pusieron en libertad y en abril volvieron a detenerlo en una clínica médica de Novi Pazar. Según miembros de su familia, sufrió malos tratos en el trayecto al pabellón hospitalario de la prisión central de Belgrado, donde permanecía recluido desde entonces.
  • En abril, Ižet Fijuljanin fue declarado culpable y condenado por el intento de asesinato en noviembre de 2006 de tres miembros del culto wahhabí cuando éstos al parecer intentaban tomar una mezquita de Novi Pazar.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Organizaciones no gubernamentales pidieron en junio al Parlamento que aplicara la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y señalaron los peligros que acechaban a las defensoras de los derechos humanos en Serbia, como la violencia física, el enjuiciamiento malicioso y el estigma social.

  • En julio, un tribunal dispuso que Maja Stojanović, declarada culpable en noviembre de 2005 de exhibir carteles que pedían la detención de Ratko Mladić, debía cumplir 10 días de cárcel al negarse a pagar la multa que le había impuesto; las ONG pagaron la multa por ella. Amnistía Internacional consideró que podía ser presa de conciencia si era encarcelada.

Violencia contra las mujeres

Al examinar el informe de Serbia sobre la aplicación de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la elevada incidencia de la violencia en el ámbito familiar y la aparente reducción de las penas, y recomendó la adopción de un plan nacional de acción sobre la igualdad de género y una ley destinada a consolidar las disposiciones vigentes del Código Penal. Además, el Comité instó a Serbia a adoptar el proyecto de plan nacional de lucha contra la trata de seres humanos.

Kosovo

Impunidad de la comunidad internacional

La UNMIK no adoptó medidas que garantizaran el derecho a obtener resarcimiento y reparación por las violaciones de derechos humanos sufridas a manos de miembros de la comunidad internacional. En febrero, el ex Defensor del Pueblo internacional para Kosovo fue nombrado presidente del Grupo Consultivo de Derechos Humanos, legalmente constituido en marzo de 2006 para proporcionar reparaciones por las acciones y omisiones de la UNMIK; el Grupo Consultivo no se reunió hasta noviembre.

  • En mayo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró inadmisibles dos denuncias contra Estados miembros de la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), dirigida por la OTAN, al considerar que las acciones y omisiones de la UNMIK y la KFOR no podían atribuirse a esos Estados, puesto que no habían sucedido en su territorio ni por una decisión que hubieran tomado sus autoridades. Agim Behrami había buscado resarcimiento por la muerte de su hijo Gadaf, de 12 años, en marzo de 2000 como consecuencia de una bomba de racimo que no había explotado y que un contingente de la KFOR dirigido por Francia tenía que haber marcado o detonado; otro hijo suyo de menor edad, Bekim, había resultado herido de gravedad.

Hubo denuncias sobre intromisiones políticas en el proceso de nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo por parte de la Asamblea de Kosovo, que no se atuvo a los procedimientos legalmente establecidos, incluido el hecho de que los candidatos no reunieran los requisitos establecidos para el cargo. En octubre se aplazó el nombramiento tras las expresiones de preocupación de Amnistía Internacional y otras ONG internacionales y nacionales.

Homicidios ilegítimos

  • Mon Balaj y Arben Xheladini resultaron muertos, y Zenel Zeneli, herido de gravedad el 10 de febrero en el curso de una manifestación convocada por la ONG ¡Autodeterminación! (Vetëvendosje!) contra el Plan Ahtisaari. Una investigación del Departamento de Justicia de la UNMIK concluyó que los dos hombres habían muerto a manos de miembros de la Unidad de Policía Constituida rumana, desplegada para controlar una manifestación en gran medida pacífica, y que la causa de las muertes de Mon Balaj y Arben Xheladini había sido el «uso indebido de balas de goma por al menos uno de los agentes rumanos, tal vez dos».

En marzo, las autoridades rumanas habían retirado de Kosovo a 11 agentes de policía que, según informes, poseían información crucial para la investigación; posteriormente informaron de que no habían conseguido pruebas suficientes para abrir una investigación criminal. El Grupo Consultivo de Derechos Humanos anunció en diciembre que estudiaría una solicitud de las familias de Mon Balaj y Arben Xheladini.

Normas sobre juicios con las debidas garantías

  • Se temió que el juicio de Albin Kurti, dirigente de la ONG ¡Autodeterminación!, por organizar la manifestación del 10 de febrero y participar en ella no se había celebrado con arreglo al derecho aplicable en Kosovo ni a las normas internacionales sobre juicios justos. La acusación estaba aparentemente politizada y las actuaciones ante un tribunal de jueces internacionales demostraron la falta de independencia judicial. Albin Kurti continuaba sometido a arresto domiciliario al terminar el año.

Impunidad de los crímenes de guerra, incluidos secuestros y desapariciones forzadas

La ausencia de investigaciones prontas y eficaces, la falta de protección de testigos, la cantidad de recursos pendientes y la disminución del número de fiscales y jueces internacionales para examinar los casos relacionados con desapariciones forzadas y otros crímenes de guerra contribuyeron a perpetuar la impunidad en torno a estos crímenes.

Persistió la impunidad en más de 3.000 casos de desaparición forzada y secuestro. Los familiares de las personas desaparecidas se quejaron de haber sido interrogados repetidamente cuando nuevos contingentes de policía de la UNMIK se hacían cargo de los casos; los fiscales se quejaron de que los testigos se negaban a comparecer.

Siguieron sin resolverse las desapariciones de unas 1.998 personas, entre las que había albaneses, serbios y miembros de otras minorías. Las exhumaciones de 73 cadáveres o restos mortales estuvieron dirigidas por la Oficina de Personas Desaparecidas y Servicios Forenses. Unos 455 cuerpos exhumados seguían pendientes de identificación.

Derechos de las minorías

Se excluyó a los miembros de las comunidades minoritarias de las conversaciones sobre el futuro estatuto de Kosovo, y la legislación vigente contra la discriminación no se aplicó. La libertad de circulación de las personas serbias y romaníes era restringida debido al temor de ataques interétnicos.

Jóvenes albaneses lanzaron piedras contra autobuses que transportaban pasajeros de nacionalidad serbia, y se arrojaron granadas y otros artefactos explosivos contra autobuses y viviendas. Continuaron los saqueos y actos vandálicos contra iglesias ortodoxas, incluido un ataque con granadas propulsadas por cohetes contra el monasterio ortodoxo de Dečan/Deçani. En julio se perpetró un ataque con granadas desde el borde de la carretera contra un minibús que transportaba a personas de etnia albanesa a través del territorio del norte, predominantemente serbio.

Rara vez se procesó a los autores de ataques interétnicos. Seguían pendientes de resolución entre 600 y 700 causas relacionadas con los violentos enfrentamientos entre grupos étnicos de marzo de 2004.

  • En junio, el Tribunal de Distrito de Prizren declaró a Esmin Hamza y a un menor, «A.K.», culpables de incitar al odio nacional, racial y religioso y de participar en actividades delictivas conjuntas en marzo de 2004, y los condenó a cuatro años de cárcel y a dos años en un centro correccional, respectivamente.

Hubo avances en algunos procesos abiertos desde hacía mucho tiempo. En marzo, Jeton Kiqina fue declarado culpable y condenado a 16 años de prisión por el asesinato o intento de asesinato en agosto de 2001 de cinco miembros de la familia de Hamit Hajra, agente de policía de etnia albanesa que había trabajado para las autoridades serbias. En octubre, una persona de etnia albanesa fue detenida por sospechas de implicación en el asesinato de 14 hombres serbios en Staro Gračko en julio de 1999. En octubre se emprendieron actuaciones judiciales contra Florim Ejupi, procesado por el atentado con bomba perpetrado en un autobús de la compañía Niš Express cerca de Podujevo/Podujevë en febrero de 2001, en el que 12 hombres y mujeres de nacionalidad serbia resultaron muertos y 22 con heridas de gravedad.

Derecho al retorno de las minorías

Algunos Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa hicieron planes para devolver a Kosovo a miembros de comunidades minoritarias antes de que existieran garantías de su retorno en condiciones de seguridad.

Entre las 280 personas que regresaron al barrio romaní del sur de Mitrovica/Mitrovicë para residir en nuevos alojamientos había romaníes que habían vivido en campos contaminados de plomo. Otros romaníes continuaron desplazados en lugares como Leposavić, en el norte de Kosovo, donde había familias romaníes que seguían sin tener acceso a servicios básicos y estaban amenazados con el desalojo. Los serbios desplazados en marzo de 2004 no pudieron volver a sus hogares debido a la escasa coordinación gubernamental de los preparativos para su retorno y reintegración, aunque algunas autoridades municipales ofrecieron ayuda para el retorno voluntario.

Violencia contra las mujeres

Continuó la trata de personas con fines de prostitución forzada; la mayoría de las mujeres víctimas de trata eran captadas en el interior del país o enviadas desde Albania. Las autoridades no aplicaron una orden administrativa que disponía la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas de trata.

Los jueces no aplicaron la legislación sobre la violencia en el ámbito familiar relativa a las órdenes de protección, que no se cursaban en el plazo legalmente establecido ni protegían a las mujeres frente a la violencia.

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