Serbia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Serbia (incluida Kosovo)

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Serbia is now live »

Jefe del Estado
Boris Tadić
Jefe del gobierno
Mirko Cvetković
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
9,9 millones
Esperanza de vida
73,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
15/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
96,4 por ciento

Serbia hizo algunos progresos en el enjuiciamiento de crímenes de guerra por tribunales nacionales. Continuó la discriminación contra las comunidades minoritarias en Serbia y Kosovo, donde persistía la violencia interétnica. La Misión de la Unión Europea (UE) por el Estado de Derecho en Kosovo asumió las responsabilidades de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK). Más personas fueron devueltas a Kosovo.

Acontecimientos políticos

En diciembre, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia informó positivamente sobre los progresos de Serbia en la cooperación con el Tribunal. Posteriormente, la UE desbloqueó el acuerdo provisional de comercio con Serbia, y ésta pidió la admisión de su candidatura a miembro de la UE en espera de una decisión sobre la descongelación del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Anteriormente, las posibilidades de avanzar habían seguido dependiendo de la detención del ex general serbobosnio Ratko Mladić y del ex dirigente serbocroata Goran Hadžić, ambos inculpados por el Tribunal.

La Corte Internacional de Justicia escuchó en diciembre los argumentos presentados sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo en 2007, que 64 países habían reconocido al concluir el año.

Serbia

Justicia internacional

En febrero, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a cinco altos cargos políticos, policiales y militares serbios. Nikola Šainović, ex viceprimer ministro yugoslavo, Nebojša Pavković, general del Ejército Yugoslavo, y Sreten Lukić, general de la policía serbia, fueron declarados culpables de expulsión, traslado forzoso, asesinato y persecución (incluida la violación) de miles de personas de etnia albanesa durante el conflicto de Kosovo de 1999 y condenados a 22 años de cárcel cada uno. Vladimir Lazarević, ex coronel general del Ejército Yugoslavo, y Dragoljub Odjanić, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Yugoslavo, fueron condenados a 15 años de prisión cada uno por instigar las expulsiones, los traslados forzosos y otros actos inhumanos y ayudar a cometerlos. El ex presidente Milan Milutinović fue absuelto.

En enero se iniciaron las actuaciones contra el ex ministro adjunto del Interior, Vlastimir Đorđević, acusado formalmente de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Kosovo por su presunta responsabilidad sobre crímenes cometidos por la policía bajo su mando que habían dado lugar a la expulsión de 800.000 civiles albaneses y a la desaparición forzada de más de 800 personas de etnia albanesa, y de encabezar una conspiración para ocultar sus cadáveres, que fueron transportados a Serbia para volver a ser inhumados.

También en enero se suspendieron las actuaciones contra Vojislav Šešelj, dirigente del Partido Radical Serbio procesado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Croacia y en Bosnia y Herzegovina. En julio fue declarado culpable de desacato al tribunal por revelar la identidad de testigos protegidos.

En octubre, la Sala de Apelaciones estudió la solicitud de la acusación para que se celebrara un nuevo juicio contra el albanokosovar Ramush Haradinaj, absuelto de crímenes de guerra en 2008.

Sistema de justicia: crímenes de guerra

Continuaron las actuaciones judiciales ante la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado sobre causas relacionadas con Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo.

En abril, cuatro agentes de policía serbios fueron declarados culpables y condenados a entre 13 y 20 años de cárcel por el asesinato de 48 miembros de la familia Berisha y de Abdullah Elshani en Suva Reka/Suharekë, Kosovo, en marzo de 1999. Dos jefes de alta graduación fueron absueltos.

En junio, cuatro miembros del grupo paramilitar Escorpiones fueron declarados culpables de asesinar a 20 civiles albaneses en Podujevo/ë en marzo de 1999 y condenados a penas de entre 15 y 20 años de cárcel.

En septiembre, dos ex agentes de policía fueron absueltos de la desaparición forzada de los hermanos Bytiçi, estadounidenses de origen albanés, después de la guerra. La acusación recurrió inmediatamente la sentencia.

Prosiguió el juicio contra los miembros del Grupo de Gjilan/Gnjilane, de etnia albanesa, acusados de encarcelar, torturar y someter a abusos (incluida la violación) a 153 civiles y de asesinar a 80 de ellos como mínimo en 1999; 34 personas continuaban en paradero desconocido. A ocho de los acusados se los juzgó in absentia.

En noviembre se detuvo a cinco hombres sospechosos de haber matado a 23 civiles romaníes en Sjeverin, en Bosnia y Herzegovina, en 1992. Al parecer, los romaníes habían sido encarcelados y torturados: los varones, obligados a someterse mutuamente a agresiones sexuales, y las mujeres, violadas repetidamente.

Continuaron las investigaciones sobre presuntos secuestros y torturas de personas serbias a manos del Ejército de Liberación de Kosovo después de la guerra, en la llamada “Casa Amarilla” próxima a Burrel, en Albania.

Tortura y otros malos tratos

En enero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó sobre su visita a lugares de detención en Serbia en noviembre de 2007. Hubo menos denuncias que en visitas anteriores, pero los malos tratos continuaban, incluido el uso desproporcionado de la fuerza en el momento de la detención.

El Comité de la ONU contra la Tortura concluyó en julio que se había sometido a Besim Osmani a trato o pena cruel, inhumana o degradante durante el desalojo forzoso de un asentamiento en Belgrado en junio de 2000. El Comité señaló que “el sufrimiento físico y mental infligido [se había] agravado por [...] su origen étnico romaní [...] una minoría sujeta históricamente a discriminación y prejuicio”. Al no abrir una investigación, las autoridades habían privado a Besim Osmani del derecho a que su caso se investigara sin demora y con imparcialidad y del derecho a una indemnización.

Condiciones de reclusión

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó de un grave problema de hacinamiento y condiciones de reclusión “ruinosas”, especialmente en la prisión del distrito de Belgrado. Según informes, se maltrató a los internos de la Institución Penitenciaria de Požarevac-Zabela, abusos que aparentemente fueron ocultados alterando el registro de casos de uso de “medios coercitivos”. Pacientes psiquiátricos fueron golpeados con porras en el Hospital Penitenciario Especial de Belgrado. El comité expresó varios motivos de preocupación sobre la calidad de los expedientes médicos de los internos.

Según una ONG local, en enero se prohibió a los abogados del detenido N.N. acceder a su expediente médico. N.N. había asegurado que unos guardias le habían roto el brazo en el Centro Penitenciario de Niš en 2008. En noviembre se detuvo a 12 miembros del personal de seguridad por presuntos abusos y torturas a detenidos en la prisión del distrito de Leskovac en enero.

En agosto fueron aprobadas varias enmiendas a la Ley de Ejecución de Penas que mejoraban el sistema interno de quejas. No se adoptó un reglamento de vigilancia interna, ni al término del año se había establecido el mecanismo nacional de prevención que exige el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En marzo se aprobó la Ley Antidiscriminación. Anteriormente había sido rechazada debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa serbia y de otras instituciones religiosas, que se oponían a los artículos que garantizaban la libertad de religión y el derecho a no sufrir discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

En septiembre no se celebró la Marcha del Orgullo en Belgrado al negarse las autoridades en el último momento a garantizar la seguridad del recorrido acordado debido a las amenazas de grupos derechistas.

Discriminación: comunidad romaní

En junio, el Comité Consultivo sobre el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, del Consejo de Europa, recomendó que el sistema judicial abordara con mayor eficiencia la discriminación contra minorías y que se adoptaran medidas para expedir documentos de identificación y dar solución a la discriminación de la comunidad romaní en materia de educación, empleo, salud y vivienda.

En junio, según informes, un desplazado interno de Kosovo, G.H., sufrió el ataque de 10 desconocidos en Belgrado. Lo llevaron al hospital con lesión pulmonar, pero después se dio de alta él mismo. Sin los documentos de identidad no tenía derecho a recibir asistencia médica ni la policía investigaría su caso. En julio se informó de tres ataques contra miembros de la misma comunidad. Nadie fue obligado a comparecer ante un tribunal.

Los habitantes de varios asentamientos romaníes ilegales fueron víctimas de desalojo forzoso.

  • Personas desplazadas de Kosovo fueron desalojadas en abril de un asentamiento provisional en la zona conocida como “Blok 67”, en Nuevo Belgrado, para despejar el terreno con vistas a los Juegos Estudiantiles de junio de 2009. Se les proporcionó alojamiento alternativo provisional, pero los residentes del lugar donde se habían instalado contenedores para alojarlos intentaron prenderles fuego para que los romaníes no se trasladaran allí. Unas 60 familias aceptaron el alojamiento alternativo sin agua ni electricidad. Otras se quedaron en “Blok 67” sin refugio permanente. La valla que se levantó a su alrededor en junio mientras se celebraban los juegos estudiantiles supuso una restricción de su libertad de circulación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Mujeres defensoras de los derechos humanos, en particular las que trabajaban en asuntos relacionados con crímenes de guerra, justicia de transición y corrupción, sufrieron continuas amenazas a su vida y sus bienes, además de ataques en los medios de comunicación y procesamientos maliciosos. Las autoridades no las protegieron. En junio, activistas antifascistas sufrieron ataques del grupo derechista Obraz (Honor) en dos ocasiones debido a su apoyo a los romaníes desalojados.

Violencia contra las mujeres

Se aprobaron enmiendas al Código Penal que aumentaban las penas por los delitos de violencia en el ámbito familiar y trata de personas e introducían el delito de explotar a sabiendas a una persona víctima de trata. Las ONG criticaron un anteproyecto de ley sobre violencia en el ámbito familiar porque no reforzaba los mecanismos de protección ni garantizaba el procesamiento de quienes violaban las órdenes de protección.

Kosovo

Con arreglo a un plan de la ONU establecido en 2008, la UNMIK siguió desempeñando ciertas funciones en las relaciones entre Serbia y Kosovo. Algunas de sus responsabilidades fueron asumidas por la Misión de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX).

Se estableció un Tribunal Constitucional para que revisara la legislación y atendiera denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de las autoridades de Kosovo. En junio, la Asamblea de Kosovo nombró un Defensor del Pueblo.

En septiembre, 22 miembros de la ONG Vetëvendosje! (Autodeterminación) fueron detenidos por causar daños en vehículos de la EULEX durante una manifestación en contra del protocolo de cooperación entre el Ministerio de Interior serbio y la policía de la EULEX.

El partido gobernante, Partido Democrático de Kosovo, ganó en noviembre unas elecciones locales marcadas por la violencia. Pese al proceso de descentralización de los municipios, los serbios de Kosovo boicotearon mayoritariamente las elecciones y no ganaron en los municipios donde eran mayoría.

Sistema de justicia: crímenes de guerra

La EULEX y el Ministerio de Justicia establecieron salas judiciales mixtas y una Fiscalía Especial, de la que formaban parte fiscales locales, para abordar los crímenes de guerra y otros delitos graves.

En marzo, Gani Gashi fue declarado culpable de asesinato, intento de asesinato y lesiones graves contra personas de etnia albanesa en 1998 y condenado a 17 años de cárcel.

En septiembre se detuvo a cuatro serbios de Kosovo en Novo Brdo/Novobërdë como presuntos autores de crímenes de guerra, entre ellos los de infligir trato inhumano y detener y recluir ilegalmente a albanokosovares en 1999.

En octubre, en un nuevo juicio ordenado por el Tribunal Supremo contra el llamado “Grupo de Llapi”, Latif Gashi, Nazif Mehmeti y Rrustem Mustafa-Remi fueron declarados culpables de tortura y trato inhumano a civiles detenidos en Llapashtica/Lapaštica en 1998 y 1999. Fueron condenados a entre tres y seis años de prisión. El miembro albanés de la sala judicial hizo público su desacuerdo con el fallo.

Desapariciones forzadas y secuestros

Más de 1.800 familias de Kosovo y Serbia seguían sin conocer la suerte de sus seres queridos al final del año. En diciembre de 2008, la EULEX había asumido la responsabilidad sobre la Oficina de Personas Desaparecidas y Medicina Legal. A fecha de diciembre se habían exhumado los restos mortales de 101 personas y 83 habían sido devueltos a sus familias; los restos mortales de 400 personas todavía sin identificar se enviaron a la Comisión Internacional sobre Desaparecidos para su identificación mediante análisis de ADN. Se abrieron investigaciones en un número reducido de casos.

Familiares de personas desaparecidas se manifestaron reiteradamente para pedir la devolución de los restos de sus familiares. Al final del año no se habían introducido enmiendas a la Ley sobre Víctimas Civiles de la Guerra de 2006 que establecieran la obligación de indemnizar a los familiares de personas sometidas a desaparición forzada.

Tortura y otros malos tratos

En enero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó sobre su visita a lugares de detención de Kosovo bajo control de la UNMIK en marzo de 2007. El Comité informó de malos tratos y negación de derechos a personas detenidas por parte de agentes del Servicio de Policía de Kosovo, y criticó las condiciones imperantes en la mayoría de las instituciones psiquiátricas y de asistencia social. Además, el Comité describió malos tratos en varias prisiones a manos de la Unidad de Intervención, cuerpo de élite, incluidas palizas a varones menores de edad en el Centro Penitenciario de Lipjan/Lipljan.

Impunidad

En marzo, el representante especial del secretario general de la ONU, alegando razones de seguridad, se negó a permitir que se celebrara una vista pública del Grupo Consultivo de Derechos Humanos de la UNMIK en relación con el hecho de que la UNMIK no hubiera procesado a ningún miembro de la Unidad de Policía Constituida rumana. Según las conclusiones de una investigación interna, los agentes eran responsables de la muerte de dos hombres, Mon Balaj y Arbën Xheladini, el 10 de febrero de 2007, y de las lesiones graves causadas a otros dos por el uso indebido de balas de goma. Aunque el Grupo Consultivo decidió que se celebraría una vista pública en junio, el representante especial dijo en mayo que no asistiría si se celebraba “según el procedimiento previsto por el Grupo Consultivo”. En octubre se aprobó una directiva administrativa que en principio impedía admitir el caso a trámite.

Crímenes interétnicos

En septiembre, el secretario general de la ONU informó sobre un número creciente de casos relacionados con la seguridad que afectaban a comunidades minoritarias. Continuaron las tensiones interétnicas y los ataques entre serbios de Kosovo y personas de etnia albanesa, especialmente en el norte de Mitrovicë/a, dominado por los serbios. En julio y agosto hubo casos de ataques y de amenazas contra romaníes en Gjilan/Gnjilane y Ferizaj/Uroševac, respectivamente.

En marzo, el Tribunal Supremo revocó la condena impuesta en junio de 2008 al albanokosovar Florim Ejupi por el atentado con explosivos perpetrado en febrero de 2001 en un autobús de la línea Niš-Ekspress, cerca de Podujevo/ë, en el que murieron 11 serbios y al menos 40 resultaron heridos. En mayo se abrió otra investigación.

En abril, serbios de Kosovo impidieron reconstruir sus casas a los albanokosovares que habían regresado a Kroi i Vitakut/Brđani, en el norte de Mitrovicë/a. Durante 10 días, la policía de la EULEX y soldados de la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), dirigida por la OTAN, emplearon gas lacrimógeno y granadas paralizantes contra los manifestantes, uno de los cuales resultó herido. A mediados de mayo se permitió también a los serbios que reconstruyeran sus viviendas y se tendió una alambrada de espino entre las zonas de construcción de uno y otro grupo, patrullada por la policía de la EULEX. A mediados de agosto y en septiembre volvió a estallar la violencia.

Discriminación: comunidad romaní

La discriminación de la comunidad romaní seguía invadiendo todos los ámbitos, como la educación, la asistencia médica y el empleo. Pocos de sus miembros disfrutaban del derecho a una vivienda adecuada. La mayoría seguían sin tener documentos de identificación personal con los que poder registrar su lugar de residencia y situación.

Aún no se había puesto en marcha el plan de acción para implementar una estrategia de integración de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana. Se calculaba que el 75 por ciento de las mujeres romaníes eran analfabetas y apenas recibían protección frente a la violencia en el ámbito familiar. En octubre, las ONG denunciaron que los romaníes que habían presentado solicitud para acceder a los apartamentos “multiétnicos” del pueblo de Llapje Sellë/Laplje Selo, de población mayoritariamente serbia, habían sido víctimas de discriminación.

En junio, el Grupo Consultivo de Derechos Humanos declaró parcialmente admisible la causa contra la UNMIK entablada por 143 personas de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana que residían en campos administrados por la UNMIK en el norte de Mitrovicë/a. Según alegaban los residentes de esos campos, habían sufrido envenenamiento con plomo y otros problemas de salud debido al complejo industrial de minería y fundición de Trepçë/Trepča.

Devoluciones

Varios Estados miembros de la UE y Suiza negociaron acuerdos bilaterales con Kosovo sobre la devolución de miembros de minorías, incluida la romaní. En noviembre, Luxemburgo devolvió a varios serbios de Kosovo. Ni el gobierno ni las autoridades municipales implementaron y dotaron de recursos suficientes la estrategia de retorno y reintegración acordada por las autoridades de Kosovo y la UNMIK en 2007.

En noviembre, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) afirmó, al considerar las necesidades de protección internacional, que las comunidades serbias, romaníes y albanesas en situación de minoría seguían sufriendo persecución y graves daños mediante actos discriminatorios acumulativos. Según el ACNUR, durante 2009 fueron devueltas desde otros países europeos a Kosovo 2.962 personas, entre ellas 2.492 personas de etnia albanesa y 470 miembros de comunidades minoritarias. Había 193 personas –47 serbios, 127 romaníes y 19 albaneses (devueltos a lugares en los que eran minoría)– de comunidades que, en opinión del ACNUR, seguían necesitando protección internacional.

Violencia contra las mujeres

La Oficina de Personas Desaparecidas y Medicina Legal informó de 400 casos de agresiones sexuales en Kosovo entre 2003 y 2008, en los que sólo el 10 por ciento de los sospechosos habían sido sometidos a exámenes periciales. Más de un tercio de las víctimas tenían menos de 16 años. Según un estudio realizado en 2009, la mayoría de las agresiones sexuales no se ponían en conocimiento de las autoridades.

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