Serbia
Jefe del Estado
Boris Tadić
Jefe del gobierno
Mirko Cvetković
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
9,9 millones
Esperanza de vida
74,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
7,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,8 por ciento

Ratko Mladić y Goran Hadžić fueron detenidos en Serbia y transferidos al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Continuaron los desalojos forzosos de romaníes que vivían en asentamientos informales en Belgrado.

Información general

Tras la transferencia de Ratko Mladić y Goran Hadžić al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, la Comisión Europea recomendó en octubre que se concediese a Serbia la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea (UE).

En marzo comenzaron las negociaciones entre Serbia y Kosovo, con mediación de la UE, en las que se pretendían resolver cuestiones técnicas de cooperación regional, como acuerdos aduaneros. En julio, las autoridades de Kosovo abrieron puestos de aduanas en la frontera con Serbia, y en septiembre fracasaron las negociaciones. La violencia subsiguiente desencadenó una crisis política; en diciembre se llegó a un acuerdo sobre gestión conjunta de las fronteras. Ese mismo mes, el Consejo Europeo aplazó su decisión sobre la candidatura de Serbia hasta febrero de 2012, y la supeditó a que Serbia llegase a un acuerdo de cooperación con Kosovo.

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Justicia internacional

En febrero, el ex viceministro del Interior Vlastimir Đorđević fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Kosovo en 1999, al haber llevado a cabo persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos, asesinatos, deportaciones y traslados forzosos. Fue condenado a 27 años de cárcel. La sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia determinó que Vlastimir Đorđević había “desempeñado un papel decisivo” en la iniciativa de “ocultar los asesinatos de albanokosovares” y había dado “instrucciones para el traslado clandestino de cadáveres”.

El ex general serbobosnio Ratko Mladić fue detenido en Vojvodina el 26 de mayo y transferido a la custodia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia el 31 de ese mismo mes (véase el apartado sobre Bosnia y Herzegovina).

El 20 de julio, el serbocroata Goran Hadžić, único inculpado que faltaba por ser entregado al Tribunal, fue detenido en un parque nacional de Vojvodina, en el que al parecer se estaba ocultando; el 22 de julio fue transferido a la custodia del Tribunal (véase el apartado sobre Croacia).

En agosto comenzó la repetición parcial del juicio por crímenes de guerra contra Ramush Haradinaj, ex jefe del Ejército de Liberación de Kosovo y posteriormente primer ministro de Kosovo, al que se iba a juzgar junto con Idriz Balaj y Lahi Brahimaj. Se había ordenado la repetición porque la intimidación de testigos había representado una amenaza para la integridad del juicio anterior, pero un testigo de cargo fundamental volvió a negarse a declarar.

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Serbia

Delitos de derecho internacional

Continuaron las actuaciones judiciales ante la Sala Especial de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado en relación con crímenes de guerra cometidos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo.

En enero, 9 miembros del Grupo de Gnjilane/Gjilan del Ejército de Liberación de Kosovo fueron declarados culpables de crímenes de guerra contra personas serbias y no albanesas y condenados a un total de 101 años de cárcel. En 1999 habían encarcelado ilegalmente a más de 153 personas y las habían sometido a trato inhumano, tortura y violación. Al menos 80 personas habían sido asesinadas, y 34 continuaban en paradero desconocido. Ocho miembros del grupo continuaban en libertad. Se presentó un recurso de apelación contra la sentencia.

En febrero se dictó acta de acusación formal contra Zoran Alić y otras personas por torturar, violar, someter a esclavitud sexual y asesinar a 23 romaníes, entre los que había menores de edad y una mujer embarazada, en el municipio de Zvornik, en Bosnia Herzegovina, en 1992. En junio se dictó acta de acusación formal contra tres serbios por delitos, incluidos asesinato y violación, cometidos contra civiles en Bijelina, Bosnia y Herzegovina, en 1992.

En julio, un tribunal australiano denegó a Serbia la extradición del general del ejército bosnio Jovan Divjak por crímenes de guerra cometidos en Bosnia y Herzegovina, alegando que era poco probable que fuese sometido a un juicio con las debidas garantías.

En mayo, la Fiscalía de Crímenes de Guerra dictó acta de acusación formal contra nueve miembros de la unidad paramilitar Chacales, extraditados desde Montenegro en abril, por el asesinato de 11 civiles albaneses en la localidad de Ćuška/Qyshk en 1999. Entre ellos se encontraba Ranko Momić. Siniša Mišić, otro miembro de la unidad, fue detenido en noviembre por el mismo delito.

Desapariciones forzadas

No se registraron avances en la identificación de nuevas fosas comunes en Serbia.

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades a “adoptar urgentemente medidas para determinar con exactitud las circunstancias que condujeron a la inhumación de cientos de personas en la región de Batajnica [en 1999]”, a fin de garantizar el procesamiento de todos los responsables y una reparación suficiente para los familiares.

Tortura y otros malos tratos

Las personas detenidas y encarceladas continuaban en peligro de sufrir tortura y malos tratos debido a la ausencia de medios de supervisión efectivos y de un mecanismo nacional de prevención, exigido por el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Las prisiones seguían careciendo de suficientes fondos, personal y profesionales médicos, y persistían en ellas las condiciones de hacinamiento.

En julio apareció en YouTube un vídeo de 2007 en el que se veía a policías de la comisaría de Vrsac propinando patadas al romaní de 17 años Daniel Stojanović. El ministro del Interior decidió reabrir una investigación interna, pero Daniel Stojanović fue detenido por robo ese mismo mes y se retiraron los cargos contra los policías.

Racismo

En enero, 14 hinchas del club de fútbol Partizan fueron condenados a un total de 240 años de cárcel por el asesinato del ciudadano francés Brice Taton en septiembre de 2009. En junio, el Tribunal Constitucional prohibió la organización de extrema derecha Orden Nacional.

Continuaron los ataques contra romaníes. En noviembre, 120 romaníes se quedaron sin hogar al incendiarse el asentamiento precario de la calle Zvečanska en donde vivían. Existían sospechas razonables de que el incendio había sido provocado por hinchas de fútbol.

En marzo, un menor romaní fue declarado culpable del asesinato de D.S., que no era de etnia romaní, en la localidad de Jabuka en 2010 y condenado a cuatro años de reclusión en un centro de menores. Ese mismo mes, seis jóvenes de Jabuka, que habían desempeñado un papel destacado en los ataques contra la comunidad romaní que se prolongaron durante varios días después del asesinato, fueron declarados culpables de incitación al odio étnico, racial y religioso y recibieron condenas condicionales.

Discriminación

En septiembre, el Consejo de la Minoría Bosníaca, que no estaba reconocido por las autoridades, pidió al gobierno que pusiese fin a la discriminación contra la minoría bosníaca, y en concreto a la discriminación económica en la región de Sandžak. La población albanesa que vivía en el sur de Serbia continuaba sufriendo discriminación en diversos ámbitos, incluida la educación.

La comisaria para la Igualdad recibió 349 denuncias de personas y ONG, con arreglo a lo establecido en la Ley contra la Discriminación de 2009.

En junio, el Tribunal Superior falló que el diario Press había infringido la Ley contra la Discriminación al publicar en su sitio web comentarios homófobos que, según la sentencia, constituían incitación al odio contra la población de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. En noviembre, el parlamentario Dragan Marković Palma fue declarado culpable de discriminación por motivos de orientación sexual.

Tras las amenazas lanzadas por grupos de derechas, el gobierno canceló en octubre la marcha del Orgullo en Belgrado, incumpliendo así su obligación de garantizar la libertad de expresión y reunión. Continuaron las agresiones homófobas: en octubre, una lesbiana fue atacada con un cuchillo y resultó gravemente herida en Belgrado, y un hombre gay sufrió contusiones y conmoción cerebral tras ser agredido en Novi Sad.

Desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos en todo Belgrado.

  • En agosto, 20 romaníes, entre los que había 10 menores de edad, sufrieron el desalojo forzoso de un edificio de la calle Skadarska y quedaron a la intemperie con todas sus pertenencias.
  • Dos activistas locales fueron detenidos en octubre por intentar impedir pacíficamente el desalojo forzoso de una mujer romaní y sus hijos, procedentes de Kosovo.
  • En noviembre se aplazó el desalojo forzoso de 33 familias romaníes, 20 de ellas desplazadas de Kosovo, tras la intervención de organizaciones locales e internacionales. El Ministerio de Derechos Humanos decidió elaborar protocolos de actuación para los desalojos.

En abril se comunicó a los romaníes que vivían en el asentamiento de Belvil que serían realojados en casas prefabricadas, antes de la construcción de una carretera de acceso financiada por el Banco Europeo de Inversiones. Al finalizar el año continuaban en peligro de sufrir el desalojo forzoso y estaban a la espera de que el ayuntamiento aprobase un plan de acción.

Personas refugiadas y migrantes

El gobierno cedió a las presiones de la UE e introdujo controles fronterizos de salida con el fin de prevenir “el abuso de un sistema sin visado”, lo que supuso una violación del derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos serbios, fundamentalmente de los romaníes y albaneses, que deseaban salir del país.

En mayo, el ministro del Interior advirtió a los romaníes de que solicitar asilo en la UE podría perjudicar los intereses nacionales de Serbia. A fecha de 31 de octubre, la cifra de serbios que habían solicitado asilo había disminuido a 3.000, frente a los 17.000 registrados en 2010.

Serbia recibió 2.700 solicitudes de asilo; no se concedió ninguna. Según informes, en noviembre la policía golpeó a migrantes afganos y paquistaníes e incendió su campamento cerca de Subotica, a poca distancia de la frontera con Hungría.

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Kosovo

En febrero asumió el poder un nuevo gobierno de coalición encabezado por el primer ministro Hashim Thaçi. En abril fue elegida presidenta Atifete Jahjaga, ex subdirectora del Servicio de Policía de Kosovo, tras anular el Tribunal Constitucional la elección de Behgjet Pacolli en febrero.

En octubre, la Comisión Europea expresó preocupación por el Estado de derecho, la corrupción, las deficiencias del poder judicial y la administración pública, y la sostenibilidad económica. A pesar de que el gobierno no había puesto en práctica ninguna estrategia de reintegración de las personas devueltas –condición impuesta para la liberalización del visado–, en diciembre la Comisión Europea anunció que en enero de 2012 se iniciarían conversaciones sobre los visados.

En octubre, el secretario general de la ONU informó de que se había registrado un aumento del 24 por ciento en el número de incidentes que afectaban a minorías en todo Kosovo, incluidos los municipios del norte, mayoritariamente serbios.

Situación en el norte

En julio, el gobierno de Kosovo respondió al embargo de productos kosovares que había impuesto Belgrado en 2008 y prohibió los productos serbios, incluso en el norte. Las autoridades de Kosovo, en una operación clandestina encabezada por la policía kosovar, tomaron el control de dos puestos fronterizos en los municipios septentrionales de Leposavić/Leposaviq y Zubin Potok. Los serbios de Kosovo respondieron estableciendo controles de carreteras destinados a impedir que la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) y la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) trasladasen a funcionarios de aduanas a los puestos.

El 26 de julio, Enver Zymberi, agente de policía de Kosovo, murió de un disparo en la cabeza y otro agente resultó gravemente herido en un ataque serbio contra un puesto fronterizo. Otro puesto fronterizo fue incendiado. Al día siguiente, un helicóptero de la KFOR en el que viajaban agentes de la policía de Kosovo fue tiroteado.

En agosto, los serbios de Kosovo se negaron a retirar la barricada que habían levantado en el puesto fronterizo de Jarinje/Jarinja, a pesar de que ambos gobiernos y la KFOR habían llegado al acuerdo de que el personal de los puestos fronterizos estuviera integrado por agentes serbios de la policía de Kosovo.

En septiembre, siete serbokosovares resultaron gravemente heridos en Jarinje/Jarinja cuando la KFOR utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a una multitud, algunos de cuyos integrantes habían lanzado piedras. Cuatro miembros de la KFOR resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, a consecuencia de una bomba de fabricación casera. El 23 de noviembre, otros 21 soldados de la KFOR resultaron heridos al intentar retirar la barricada serbia.

El 28 de noviembre, 25 soldados de la KFOR resultaron heridos en Jagnjenica al ser atacados cuando intentaban retirar otra barricada; respondieron con cañones de agua, gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta. Según los informes, entre 30 y 50 serbios resultaron heridos.

Delitos de derecho internacional

La EULEX dio prioridad a la investigación de la corrupción y la delincuencia organizada, por lo que continuaba reinando la impunidad en los casos de crímenes de guerra pendientes. Las fiscalías locales tramitaron pocas causas, y seguía sin haber una protección de testigos efectiva.

La EULEX creó una fuerza especial, radicada en Bruselas y encabezada por el ex jefe del Departamento de Justicia de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK), para investigar las denuncias formuladas en un informe aprobado en enero por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Entre otras cosas, en el informe se afirmaba que, en 1999, el primer ministro Hashim Thaçi y otros miembros del Ejército de Liberación de Kosovo habían sido responsables de secuestrar, torturar, someter a malos tratos y asesinar a civiles serbios y albaneses trasladados a campos penitenciarios de Albania, a algunos de los cuales habían matado para extraerles órganos y traficar con ellos.

  • En agosto, Sabit Geçi, ex comandante del Ejército de Liberación de Kosovo, fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a 15 años de cárcel. Junto con otras tres personas, fue hallado responsable de someter a torturas y malos tratos a personas albanesas en un campo penitenciario cercano a Kukës, en Albania.
  • En noviembre comenzó el juicio de Fatmir Limaj, ex ministro de Transporte y ex dirigente del Ejército de Liberación de Kosovo, y otras nueve personas. Estaban acusados de crímenes de guerra, como ordenar la tortura y el asesinato de al menos ocho presos, casi todos serbios, en el campo penitenciario de Klečka/Kleçkë, en Drenica/Drenicë, en 1999. La orden de detención contra Fatmir Limaj, que era diputado parlamentario, se había dictado en marzo, pero no se ejecutó hasta que el Tribunal Constitucional falló en septiembre que los diputados no gozaban de inmunidad parlamentaria por acciones ajenas a sus responsabilidades oficiales.

En septiembre, Agim Zogaj, testigo en la causa sobre lo ocurrido en Klečka/Kleçkë, se suicidó en Duisburg, Alemania. Dejó una carta en la que acusaba de tortura psicológica a la EULEX. Ésta rehusó confirmar si había sido un testigo protegido.

Desapariciones forzadas

La Ley sobre Personas Desaparecidas, promulgada en agosto, era aplicable a todas las desapariciones denunciadas hasta diciembre de 2000, incluidas las de serbios y romaníes secuestrados después de la guerra. La Ley establecía el derecho de los familiares de la persona a conocer la suerte que había corrido, y disponía la creación de una base de datos de personas en paradero desconocido. La Ley sobre la Condición y los Derechos de los Mártires, Inválidos, Veteranos, Miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, Víctimas Civiles de Guerra y sus Familias, aprobada en diciembre, discriminaba a los familiares de civiles en paradero desconocido, que recibían una compensación mensual inferior a la mitad de lo que se pagaba a los familiares de víctimas militares. En noviembre aún había en torno a 1.799 personas en paradero desconocido.

El Departamento de Medicina Legal estaba gestionado por la EULEX y el Ministerio de Justicia. En septiembre, este departamento y la Comisión Serbia sobre Personas Desaparecidas visitaron posibles fosas comunes en la localidad serbia de Rudnica y asistieron a exhumaciones en la mina kosovar de Belaćevac, donde, según informes, había al menos 25 serbokosovares enterrados. El Departamento de Medicina Legal exhumó 42 cadáveres, se identificó a 51 personas desaparecidas y se entregaron a sus familias los cadáveres de 79 personas para que los enterraran. Se exhumaron 14 cadáveres cuya identificación había sido incorrecta, y la mayoría de ellos se volvieron a identificar y se entregaron a los familiares.

La policía de la EULEX, especializada en crímenes de guerra, investigó desapariciones forzadas, pero carecía de recursos para abordar de forma efectiva el gran número de casos pendientes acumulados.

Tortura y otros malos tratos

En octubre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó de que en junio de 2010 había recibido “numerosas denuncias coherentes sobre malos tratos físicos a manos de agentes de la policía de Kosovo, formuladas por personas que estaban o habían estado recientemente bajo custodia”; también puso de relieve los malos tratos que habían sufrido activistas de la ONG Vetëvendosje! durante su detención y posteriormente.

En febrero, el Centro de Rehabilitación de Víctimas de Tortura en Kosovo denunció que las instituciones de salud mental carecían de personal profesional, que sus condiciones eran inadecuadas y que se mantenía a las mujeres recluidas en la clínica psiquiátrica de Pristina atadas a la cama.

Falta de rendición de cuentas

En agosto, la secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos de la ONU rechazó la solicitud de indemnización presentada por 155 romaníes y ashkalíes que habían sufrido envenenamiento con plomo en campos del norte de Mitrovica/Mitrovicë contaminados por este metal, en los que residían desde que organismos de la ONU, como la UNMIK, los trasladaran allí en 1999.

A lo largo del año, el Grupo Consultivo de Derechos Humanos declaró admisibles más de 40 denuncias contra la UNMIK, presentadas fundamentalmente por serbokosovares por no haber investigado de manera adecuada el secuestro de sus familiares durante el conflicto o posteriormente.

Discriminación

Los miembros de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana sufrían discriminación acumulativa, especialmente en el acceso a la educación, la asistencia médica y el empleo; muy pocos disfrutaban del derecho a una vivienda adecuada. En mayo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció que “las instituciones de Kosovo distaban mucho de cumplir sus compromisos de crear las condiciones necesarias para la integración de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana”.

Personas refugiadas y migrantes

Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, 1.143 miembros de minorías regresaron voluntariamente a Kosovo; 25 albanokosovares, 64 serbokosovares y 430 miembros de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana que, en opinión del ACNUR, seguían necesitando protección internacional fueron devueltos de Europa occidental, y 166 personas pertenecientes a minorías regresaron tras haber sido inducidas a ello.

Aunque hubo mejoras en el proceso de inscripción en el registro, los retornados sin documentación seguían siendo apátridas en la práctica. Al no existir un sistema de gestión de casos de personas devueltas desde otros países, sólo se gastó una pequeña parte de los 2,4 millones de euros del “fondo para reintegración”. Muchos retornados se veían privados de derechos fundamentales y seguían expuestos a sufrir una discriminación acumulativa que constituía persecución. A los menores de edad se les continuaba negando el derecho a la educación.

Violencia contra las mujeres

La ley relativa a las víctimas civiles de la guerra no incluía disposiciones, propuestas por las ONG, para que se reconociera a las mujeres violadas durante la guerra su condición de víctimas civiles y se les concediera una indemnización adecuada.

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