Serbia
Jefe del Estado
Tomislav Nikolić (sustituyó a Boris Tadić en mayo)
Jefe del gobierno
Ivica Dačić (sustituyó a Mirko Cvetković en julio)

Comenzaron los juicios contra Ratko Mladić y Goran Hadžić ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En Belgrado, más de 1.000 romaníes fueron víctimas de desalojo forzoso en abril. En octubre se volvió a prohibir la marcha del Orgullo en Belgrado. En Kosovo persistió la impunidad de los delitos de derecho internacional cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo. Continuó la violencia en el norte, y persistieron los ataques entre grupos étnicos y la discriminación de minorías.

Información general

Tras la celebración de elecciones en mayo, en julio se formó un gobierno de coalición dirigido por el Partido Progresista Serbio y el Partido Socialista de Serbia, en sustitución del gobierno de coalición del Partido Democrático.

Tanto el presidente entrante Nikolić como el ex presidente Tadić afirmaron en declaraciones que no se había cometido genocidio en Srebrenica.

El Consejo de la Unión Europea (UE) confirmó en marzo la candidatura de Serbia a miembro de la UE, pero en octubre la Comisión Europea no recomendó una fecha de apertura de las negociaciones en espera de la “participación constructiva” de Serbia en las conversaciones sobre la “normalización” de las relaciones con Kosovo. Las conversaciones entre los respectivos primeros ministros comenzaron en octubre.

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Justicia internacional

En mayo y octubre, respectivamente, comenzaron los juicios contra el ex general serbobosnio Ratko Mladić y el ex dirigente serbocroata Goran Hadžić, ambos detenidos en Serbia y entregados al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 2011. Vojislav Šešelj, dirigente del Partido Radical Serbio procesado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, fue condenado en junio a dos años de prisión por desacato al Tribunal.

En noviembre, tras un nuevo juicio parcial, el Tribunal absolvió a Ramush Haradinaj, ex primer ministro de Kosovo y ex jefe del Ejército de Liberación de Kosovo, acusado de crímenes de guerra. Había sido procesado junto con Idriz Balaj y Lahi Brahimaj, también absueltos, por responsabilidad individual y conjunta en actividades delictivas de maltrato de civiles serbios, romaníes, egipcianos y albanokosovares a los que consideraban sospechosos de colaborar con las autoridades serbias o de no apoyar al Ejército de Liberación de Kosovo. Los cargos incluían detención ilegal, malos tratos, tortura y asesinato.

En diciembre, un tribunal de apelación sueco absolvió a un ex agente de policía serbio que en enero había sido declarado culpable de crímenes de guerra cometidos en Ćuška/Qyshk (Kosovo) en 1999.

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Serbia

Delitos de derecho internacional

Continuaron las actuaciones judiciales ante la Sala Especial de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado. Unos 37 acusados serbios fueron declarados culpables y condenados en primera instancia por crímenes de guerra, pero sólo se dictaron nuevas actas de acusación formal contra 7 personas. Al parecer, algunos testigos fueron amenazados por los mismos funcionarios encargados de su protección.

Al final del año el Tribunal de Apelación consideró un recurso presentado contra el fallo condenatorio de nueve miembros del Grupo de Gnjilane/Gjilan del Ejército de Liberación de Kosovo por crímenes de guerra que incluían secuestro de serbios, asesinato y violación. Seguían figurando en las listas de desaparecidos 34 de las víctimas de estos crímenes.

Tras la absolución de dos generales croatas por la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (véase el apartado sobre Croacia), la Fiscalía de Crímenes de Guerra solicitó al Tribunal que entregara las pruebas incluidas en los sumarios de determinadas causas para que pudieran ser utilizadas en investigaciones nacionales sobre presuntos crímenes de guerra contra la población serbia cometidos en Croacia durante la operación “Tormenta” en 1995.

Discriminación: romaníes

Continuaron los desalojos forzosos en Belgrado.

  • En abril, alrededor de 1.000 romaníes fueron desalojados a la fuerza del asentamiento de Belvil por las autoridades municipales de Belgrado. Prácticamente la mitad fueron devueltos al sur de Serbia; muchos se quedaron sin hogar. Algunos romaníes devueltos a Niš no tuvieron suministro de agua corriente ni saneamiento adecuado hasta mediados de julio. A los que figuraban registrados en Belgrado los enviaron a asentamientos segregados, formados con contenedores a las afueras de la ciudad, donde les resultaba imposible encontrar trabajo. La Comisión Europea acordó financiar la creación de vivienda estable para los romaníes desalojados, pero el municipio propuso que las viviendas se ubicaran en lugares aislados, creando asentamientos racialmente segregados. En noviembre, la comisaría para la Protección de la Igualdad concluyó que las autoridades municipales de Belgrado habían discriminado a los romaníes al imponer normas y condiciones en sus contratos de alojamiento en los contenedores que no se aplicaban a ningún otro colectivo y que habían dado lugar al desalojo de 11 familias.

En septiembre se aprobaron reformas legislativas que podían reducir la discriminación ayudando a las personas “jurídicamente invisibles”–en su mayoría romaníes– a obtener certificados de nacimiento con los que solicitar documentos de identidad.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En septiembre, en un ataque homófobo perpetrado en Belgrado, varios jóvenes agredieron a un gay con un mazo para carne. En octubre, el primer ministro prohibió por segundo año consecutivo la marcha del Orgullo en Belgrado, alegando amenazas no especificadas para la seguridad. En noviembre, el Tribunal de Apelación ordenó celebrar un nuevo juicio tras revocar la sentencia dictada contra Mladen Obradović, dirigente de la organización de extrema derecha “Obraz”, que en marzo había sido condenado a 10 años de cárcel por incitación a la discriminación contra la marcha del Orgullo de Belgrado de 2009.

Personas refugiadas y migrantes

Con objeto de intensificar los controles fronterizos, el gobierno adoptó nuevas medidas que negaban a algunas personas, en su mayoría romaníes, el derecho a abandonar el país. Entre enero y octubre, 15.135 ciudadanos serbios, casi todos de etnia romaní, solicitaron asilo en la UE. En octubre, seis Estados miembros de la UE instaron al Consejo de la Unión Europea a estudiar medidas para reducir ese número. Austria y Suiza introdujeron un procedimiento acelerado de determinación de los casos de asilo para los solicitantes serbios.

Más de 1.700 personas, entre las que había menores no acompañados, solicitaron asilo en Serbia. No se concedió el asilo a ninguna en virtud del procedimiento existente, que no garantizaba una evaluación justa de las necesidades de protección individuales. En septiembre, más de 100 solicitantes de asilo acamparon en el exterior del centro de asilo de Bogovađa al no tener otro lugar donde alojarse.

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Kosovo

En enero, la Comisión Europea entabló conversaciones con Kosovo en torno a la liberalización de los visados. En septiembre, el Grupo Directivo Internacional declaró el fin de la independencia supervisada de Kosovo. En diciembre, el Consejo de la Unión Europea instó a Kosovo a avanzar en el establecimiento del Estado de derecho, la protección de las minorías, el respeto de la libertad de expresión y la cooperación con la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX).

En junio se prorrogó hasta 2014 el mandato de la EULEX, que había sido reducido. La Misión seguía siendo responsable de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de derecho internacional, delincuencia organizada y corrupción, así como de la protección de testigos.

Situación en el norte

Tanto la EULEX como las autoridades de Kosovo continuaron ejerciendo su autoridad en los tres municipios del norte mayoritariamente serbios. En Mitrovica/Mitrovicë, serbios que rechazaban la autoridad del gobierno de Kosovo sobre los municipios de mayoría serbia perpetraron ataques armados cuando dicho gobierno abrió allí oficinas municipales en julio.

En los puestos fronterizos, establecidos por las autoridades de Kosovo en 2011 y controlados por la EULEX y la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), hubo episodios de violencia prácticamente a diario al continuar las protestas de serbokosovares contra el control de la frontera con Serbia. Personal de la KFOR y civiles –en su mayoría serbokosovares– resultaron heridos en los múltiples enfrentamientos, y al menos un agente del Servicio de Policía de Kosovo sufrió heridas que le causaron la muerte. En diciembre se abrieron los pasos fronterizos pactados por Kosovo y Serbia en el Acuerdo de Gestión Integrada de las Fronteras.

  • En la festividad religiosa serbia de Vidovdan, celebrada en junio, la Policía de Kosovo retiró banderas y otros distintivos serbios, incluidas las camisetas que llevaban puestas algunos serbios que cruzaban la frontera. Según informes, al menos cuatro serbios y numerosos miembros de la Policía de Kosovo resultaron heridos en los subsiguientes sucesos violentos. En Pristina resultaron heridos 16 niños que regresaban de las celebraciones de Vidovdan cuando el autobús en que viajaban fue atacado por personas de etnia albanesa.

En diciembre, el primer ministro Thaçi rechazó una propuesta del gobierno serbio enfocada a la autonomía de la región del norte.

Delitos de derecho internacional

La EULEX contrató los servicios de dos fiscales más para la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de guerra. La Ley de Protección de Testigos de 2011, que entró en vigor en septiembre, aún no se había aplicado al terminar el año.

Fatmir Limaj, ex ministro de Transporte y líder del Ejército de Liberación de Kosovo, y otros tres hombres fueron absueltos en mayo de los cargos formulados contra ellos por crímenes de guerra cometidos en el campo penitenciario de Klečka/Kleçkë en 1999, que incluían ordenar la tortura y muerte de civiles albaneses y serbios de Kosovo. En marzo fueron absueltos otros seis acusados. La EULEX detuvo en noviembre a Fatmir Limaj y los otros tres acusados después que el Tribunal Supremo hubiera anulado la sentencia de mayo y ordenado un nuevo juicio. El primer ministro impugnó inmediatamente el derecho de la EULEX a detenerlos, pero al final del año todos continuaban bajo custodia en espera de juicio.

En septiembre, en cumplimiento de la primera acta de acusación formal dictada en Kosovo por actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra, se detuvo a dos serbios de Kosovo sospechosos de violar a mujeres albanokosovares en abril de 1999.

Desapariciones forzadas y secuestros

La Fuerza Especial de Investigaciones establecida por la UE continuó investigando denuncias sobre el secuestro de serbios por el Ejército de Liberación de Kosovo y su posterior transferencia a Albania, donde habían sido víctimas de tortura y asesinato y donde, al parecer, a algunos les habían extirpado órganos para traficar con ellos.

En diciembre, el Grupo Consultivo de Derechos Humanos, creado para examinar denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK), examinó tres denuncias y decidió que la UNMIK había violado el derecho a la vida de serbokosovares secuestrados tras el conflicto armado de 1999 al no llevar a cabo una investigación eficaz.

En septiembre, el Departamento de Medicina Forense había exhumado los restos de 20 personas; para que les dieran sepultura se devolvieron a sus familias 51 cadáveres (de 33 personas de etnia albanesa y 18 serbokosovares) identificados mediante análisis del ADN. Concluyeron sin resultado las exhumaciones de la mina de Zhilivoda/Žilivoda, donde se pensaba que estaban los restos de 25 serbokosovares.

La Comisión Gubernamental de Kosovo sobre Desaparecidos apenas aplicó la Ley sobre Personas Desaparecidas de 2011. Los familiares reclamaron a las autoridades que abordaran el problema de las personas desaparecidas en conversaciones con Serbia.

Uso excesivo de la fuerza

La Policía de Kosovo empleó fuerza excesiva en manifestaciones organizadas en enero y octubre por el movimiento político Vetëvendosje contra la política del gobierno.

Libertad de expresión

Persistieron los ataques a periodistas. Periodistas y cargos públicos protestaron por el hecho de que el Código Penal revisado siguiera penalizando la difamación y estableciendo penas de cárcel para los periodistas que se negaran a revelar sus fuentes, manteniendo así las restricciones a la libertad de expresión. En mayo, la presidenta de Kosovo, Atifete Jahjaga, rehusó aprobar el texto y lo devolvió a la Asamblea Nacional. En octubre se aprobó una ley que eliminaba esos artículos del Código.

En diciembre, un violento ataque homófobo interrumpió la presentación de una revista que analizaba la heterosexualidad y la homosexualidad en los Balcanes occidentales. Al día siguiente se perpetró otro ataque contra la oficina de Libertas, ONG en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Discriminación

La comunidad romaní sufría discriminación generalizada y persistente. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la falta de financiación, coordinación y datos pertinentes había obstaculizado el cumplimiento del Plan de Acción de Kosovo para la Integración de las Comunidades Romaní, Ashkalí y Egipciana.

En agosto, el Grupo Consultivo de Derechos Humanos declaró parcialmente admisible una denuncia presentada por 147 romaníes, según la cual la UNMIK había violado su derecho a la salud al permitir que permanecieran más de 10 años en campamentos contaminados de plomo. La mayoría habían sido reasentados, pero los niños aquejados de envenenamiento con plomo no recibían la asistencia médica adecuada. En un proceso aparte ante la ONU se había denegado una indemnización a los romaníes.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, 997 miembros de minorías regresaron voluntariamente a Kosovo; otras 489 personas regresaron tras haber sido inducidas a hacerlo. Se llevaron a cabo unas 1.997 devoluciones, sobre todo desde países de la Unión Europea, incluidas las de 680 personas pertenecientes a grupos que se consideraba que necesitaban protección internacional. Persistieron las barreras que impedían el retorno sostenible. Los municipios carecían de la voluntad política, las estructuras y los recursos económicos necesarios para reintegrar a los retornados. Los romaníes en concreto no recibían demasiada ayuda para su reintegración y no tenían acceso al registro civil, la educación, la salud, la vivienda, el empleo y las prestaciones sociales.

Algo más de 300 serbios regresaron voluntariamente a Kosovo. Continuaron los ataques violentos y otras agresiones contra serbokosovares que regresaban. En el municipio de Klinë/Klina se enviaron cartas amenazadoras a dos personas que habían regresado y se quemaron dos viviendas que acababan de ser reconstruidas por retornados serbios.

  • Ljiljana y Milovan Jevtiæ murieron por disparos en julio en el pueblo de Talinovc i Muhaxherëve/ Muhadzer Talinovac, al que habían regresado en 2004. Se abrió una investigación.
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  • Amnistía Internacional visitó Serbia en abril, junio y noviembre.