Sierra Leona - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Sierra Leona

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sierra Leona is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Ahmad Tejan Kabbah
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

A comienzos de año, la policía se hizo cargo oficialmente de la
seguridad interna. Varias personas que ejercían oposición política al
gobierno fueron detenidas y se encontraban a la espera de juicio. En
marzo, el ex presidente liberiano Charles Taylor fue entregado al
Tribunal Especial para Sierra Leona, ante el cual continuaban
celebrándose tres juicios. Concluyeron los procesos contra ex
combatientes. Los progresos en la puesta en práctica de las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fueron
escasos, al igual que los avances en el reforzamiento del sistema
judicial y en la reforma de la legislación que discriminaba a las
mujeres.

Información general

A comienzos de año se sustituyó la oficina de mantenimiento de la paz de la ONU en Sierra Leona (UNAMSIL) por una oficina de consolidación de la paz, la Oficina Integrada de la ONU en Sierra Leona (UNIOSIL). La UNIOSIL comenzó a realizar su labor con lentitud debido a problemas de personal. La Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, órgano consultivo intergubernamental encargado de coordinar los recursos de la comunidad internacional en los países que salen de conflictos armados, eligió a Sierra Leona para su programa experimental de trabajo.

La situación en materia de seguridad era, en general, estable y el gobierno asumió nuevas responsabilidades para mantener la seguridad. Sin embargo, existían motivos de preocupación sobre la seguridad en las regiones fronterizas con Guinea. A lo largo del año, el ejército siguió recibiendo el apoyo del Equipo Internacional de Formación y Asesoramiento Militar (IMATT), organización integrada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bermudas, Australia y Francia.

Sierra Leona siguió siendo uno de los países más pobres del mundo, donde el 70 por ciento de la población vivía con menos de un dólar estadounidense al día y el índice de analfabetismo era elevado. Las tasas de mortalidad y enfermedad alcanzaron unos niveles críticos debido a la deficiente infraestructura de atención a la salud.

Cuatro partidos políticos hicieron campaña antes de las elecciones previstas para mediados de 2007.

El Tribunal Especial para Sierra Leona

El 29 de marzo, Nigeria entregó a Charles Taylor a Liberia después de que la presidenta liberiana Ellen Johnson-Sirleaf cursó una petición oficial al gobierno nigeriano. A su llegada a Liberia, Charles Taylor fue detenido y trasladado al Tribunal Especial para Sierra Leona. El 30 de marzo, el Tribunal dirigió una petición oficial a Países Bajos para celebrar allí el juicio, aduciendo problemas de seguridad. Preocupaba que detrás de esa petición hubiese motivos políticos en lugar de razones de seguridad.

El 15 de junio, Reino Unido accedió a que Charles Taylor cumpliera en su territorio la condena que le fuese impuesta. El 16 de junio se aprobó la Resolución 1688 de la ONU, que disponía que el proceso fuese trasladado desde Freetown a las instalaciones de la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos. El 20 de junio se trasladó oficialmente a Charles Taylor a La Haya. El acta de acusación formal contra él se redujo de 17 a 11 cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En abril, Charles Taylor se declaró inocente. Se celebraron dos vistas preliminares y estaba previsto que el proceso comenzase en 2007.

El Tribunal Especial para Sierra Leona continuó juzgando a las personas con mayor responsabilidad en los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidos en la guerra civil después del 30 de noviembre de 1996. Los cargos incluían asesinato, mutilación, violación y otras formas de violencia sexual, esclavitud sexual, reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados, secuestros y trabajo forzoso. En diciembre, el secretario general de la ONU nombró a Stephen Rapp, ciudadano estadounidense y fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, nuevo fiscal del Tribunal Especial.

De las 11 personas inculpadas, 10 se encontraban bajo custodia, pero Johnny Paul Koroma, ex presidente del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, seguía en libertad. Aunque los cargos se formulaban individualmente, los juicios se llevaron a cabo en tres grupos. En el juicio de tres hombres miembros del Frente Revolucionario Unido, entre los que se encontraba Issa Sesay, la fase de acusación se cerró el 2 de agosto y la defensa debía comenzar en 2007. En el juicio de tres hombres miembros de la Fuerza de Defensa Civil, entre ellos Moinina Fofana, los alegatos finales comenzaron a finales de noviembre. En el juicio de miembros del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, la defensa concluyó en diciembre.

Detenciones y juicios de miembros de la oposición política

A lo largo del año se detuvo y se procesó a varios presuntos opositores políticos al gobierno.

En enero, Omrie Golley, ex portavoz del Frente Revolucionario Unido, Mohamed Alpha Bah y David Kai-Tongi fueron detenidos en Freetown. Se los acusó de traición, y al término del año, tras sufrir numerosos retrasos, el juicio no había concluido.

En febrero, partidarios del Movimiento Popular por el Cambio Democrático se manifestaron pacíficamente en protesta por la detención de Charles Margai, líder provisional del Movimiento. Al finalizar el año su juicio aún no había concluido.

Juicios de ex combatientes

Los juicios de ex miembros del Frente Revolucionario Unido y del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas acusados de traición, que habían permanecido detenidos en la prisión de Pademba Road, concluyeron ante el Tribunal Superior de Freetown. De los acusados, 42 fueron absueltos, 3 fueron condenados a 10 años de cárcel y 13 recibieron otras condenas.

En el juicio contra 31 miembros del grupo armado «Muchachos del Oeste» (West Side Boys), 25 fueron absueltos y 6 condenados a cadena perpetua.

Libertad de prensa

En febrero, el ministro de Justicia anunció que no presentaría cargos de homicidio involuntario en el caso de Harry Yansaneh, director del periódico For di People, que murió después de que un grupo de hombres lo agrediera en 2005. Defensores de los derechos humanos pidieron a Reino Unido la extradición de tres hombres presuntamente implicados en la agresión, que huyeron a ese país después de la muerte de Harry Yansaneh.

En marzo, el Departamento de Investigación Criminal detuvo a Sarh Musa Yamba, director de Concord Times, presuntamente por orden de la Fiscalía General. Posteriormente lo pusieron en libertad sin cargos.

Reforma del sector judicial

Los progresos en la reforma del sector judicial fueron escasos. Entre los principales desafíos se encontraban la lentitud de los procesos y las injerencias del ejecutivo en el poder judicial.

La Comisión de Reforma Legislativa anunció sus planes para reformar la Constitución de conformidad con la legislación vigente, después de la presión que ejercieron miembros de la sociedad civil. La Comisión proyectaba celebrar en julio de 2007 un referéndum sobre un proyecto de Constitución reformada, coincidiendo con las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Violencia contra las mujeres

Las mujeres siguieron sufriendo discriminación y violencia generalizadas, además de falta de acceso a la justicia. Se avanzó muy poco en la reforma de los proyectos de ley relativos al matrimonio, la herencia y los delitos sexuales. Continuaron produciéndose retrasos en el Departamento Jurídico y al término de 2006 aún no se habían presentado anteproyectos de ley al Parlamento para su aprobación. La legislación relativa a la violencia en el ámbito familiar seguía en proceso de elaboración. Se aplazó hasta 2007 un informe provisional sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En el sistema de justicia informal, los jefes y los funcionarios judiciales locales dictaban a menudo sentencias y fallos en casos que quedaban fuera de su jurisdicción. El gobierno no hizo esfuerzos significativos para acabar con las prácticas de los jefes locales que imponían multas o encarcelaban a mujeres ilegalmente, basándose en su interpretación del derecho consuetudinario, en virtud del cual la condición de las mujeres en la sociedad es comparable a la de los menores de edad.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

En octubre, el Parlamento dio el visto bueno a las cinco personas elegidas por el presidente para formar parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los comisionados eran dos mujeres -Jamesina King y Yasmin Jusu Sheriff- y tres hombres: Edward Sam, Joseph Stanley y Moses Kanu. En virtud de su mandato, la Comisión debía centrarse en la protección y promoción de los derechos humanos y actuar como órgano de vigilancia.

Comisión de la Verdad y Reconciliación

La puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe se publicó en 2004, fue mínima. Se aprobó un código de conducta para jueces y magistrados a fin de reducir las injerencias políticas en el enjuiciamiento de los casos de corrupción. A lo largo de 2006, un grupo de trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación desarrolló un plan de acción integral para que el gobierno aplicase las recomendaciones de la Comisión y designó a una agencia gubernamental, la Comisión Nacional para la Acción Social, para que prestase su asistencia en el proceso.

Pena de muerte

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil para lograr la abolición de la pena de muerte -una de las recomendaciones clave de la Comisión de la Verdad y Reconciliación-, seguían condenadas a muerte 22 personas, entre ellas cinco mujeres. La organización Lawyers for Legal Assistance hizo públicos sus planes para solicitar al Tribunal Supremo que ordenase al gobierno la abolición de la pena de muerte.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Sierra Leona: Abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el ámbito legal informal (Índice AI: AFR 51/002/2006)

• Sierra Leone: Special Court for Sierra Leone: Issues for consideration regarding the location of the trial of Charles Taylor (Índice AI: AFR 51/005/2006)

Visita

En mayo, una delegación de Amnistía Internacional visitó el país para lanzar el informe de la organización sobre los abusos contra los derechos de las mujeres en el sistema de justicia informal.

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