Sierra Leona - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Sierra Leona

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sierra Leona is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Ernest B. Koroma (sustituyó a Ahmad Teyan Kabah en noviembre)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 5,8 millones
Esperanza de vida : 41,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 291/265 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 34,8 por ciento

La situación en materia de seguridad era, en general, estable, aunque se dieron algunos casos de violencia relacionados con las elecciones, celebradas a mediados de año. Se experimentaron algunos avances en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se aprobaron tres leyes que mejoraban la protección de los derechos de las mujeres.

Información general

El 11 de agosto tuvieron lugar las segundas elecciones celebradas en el país desde el final del conflicto, en 2002. En septiembre, en la segunda vuelta, Ernest Koroma, candidato del Congreso de Todo el Pueblo, se hizo con el 54,6 por ciento de los votos, mientras que Solomon Berewa, vicepresidente del país y candidato del gobernante Partido Popular de Sierra Leona, obtuvo el 45,4 por ciento de los votos. Ernest Koroma fue investido presidente el 15 de noviembre.

Se aplazó el juicio contra Charles Taylor, ex presidente de Liberia, y se preveía que se reanudara a principios de 2008. Dos de los tres juicios celebrados ante el Tribunal Especial para Sierra Leona se encontraban en fase de apelación, tras dictarse sentencia y condena; el tercero seguía en curso. Quedaron en libertad tres personas juzgadas por cargos de traición.

Durante el año, el Fondo de la ONU para la Consolidación de la Paz asignó a Sierra Leona 35 millones de dólares estadounidenses, mientras que la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU experimentó avances considerables y llegó a un acuerdo sobre la identificación de cinco cuestiones prioritarias. Se renovó por un año el mandato de la Oficina Integrada de la ONU en Sierra Leona (UNIOSIL), entidad encargada de consolidar la paz.

Sierra Leona seguía siendo uno de los países más pobres del mundo, con una esperanza de vida extremadamente baja y elevados índices de analfabetismo.

El Tribunal Especial para Sierra Leona

En julio, Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara y Santigie Borbor Kanude, miembros del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, fueron declarados culpables de 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos actos de terrorismo, asesinato, violación y esclavitud y reclutamiento de personas menores de 15 años para su integración en grupos armados. Todos ellos fueron absueltos de tres cargos, incluidos los de esclavitud sexual y matrimonio forzado. Alex Brima y Santigie Kanu fueron condenados a 50 años de prisión cada uno, y Brima Kamara, a 45 años. Al concluir el año, el caso se encontraba en fase de apelación. 

En febrero murió en Senegal, a causa de complicaciones postoperatorias, el jefe Hinga Norman, dirigente de la Fuerza de Defensa Civil, contra el que se había presentado acta de acusación formal ante el Tribunal Especial para Sierra Leona por ocho cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En agosto, Moinina Fofana y Allieu Kondewa, miembros de la Fuerza de Defensa Civil, fueron declarados culpables de cuatro cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario. En octubre, la sala de primera instancia del Tribunal Especial para Sierra Leona los condenó a seis y ocho años de prisión, respectivamente. El tribunal justificó la relativa tibieza de las penas con el argumento de que sus asesinatos de civiles, muchos de ellos mujeres y menores a quienes mataron a machetazos, se habían cometido en pro de una causa «claramente justa y defendible»: la restauración de la democracia.

Durante 2007 se aplazó varias veces el juicio contra Charles Taylor en La Haya, cuya reanudación estaba prevista para principios de 2008. Los retrasos iniciales se debieron a falta de tiempo de la defensa para preparar el caso.

En mayo de 2007 empezó la fase de defensa, que previsiblemente se prolongaría hasta abril de 2008, en el juicio contra Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao, miembros del Frente Revolucionario Unido.

Liberación de opositores políticos

El 1 de noviembre quedaron en libertad Omrie Golley, ex portavoz del Frente Revolucionario Unido, Mohamed Alpha Bah y David Kai-Tongi, tras más de un año de procesamiento judicial por traición, al declarar la Fiscalía General que no había causa contra ellos.

Libertad de prensa

En enero, la Fiscalía General pidió la extradición de Ahmed Komeh, Bai Bureh Komeh y Aminata Komeh, hijos de Fatmata Hassan, diputada del gobernante Partido Popular de Sierra Leona. Todos ellos habían huido a Reino Unido tras la muerte de Harry Yansaneh, director del periódico independiente For Di People, en 2005. 

  • Philip Neville, editor y director del diario privado Standard Times, fue acusado dos veces de «difamación sediciosa», primero en febrero y, más tarde, en junio. El segundo incidente guardaba relación con la publicación de un artículo sobre la conducta del gobierno. La fianza que se le impuso ascendía a 200 millones de leones (68.135 dólares estadounidenses), cantidad que se consideró injustificadamente elevada.

Se produjeron varios actos de intimidación en torno a las elecciones. Al parecer, el 29 de junio, Ansu Kaikai, diputado del gobernante Partido Popular de Sierra Leona, amenazó con clausurar Radio Wanjei en Pujehun y ordenar detener al director de la emisora si éste permitía que miembros del Movimiento Popular por el Cambio Democrático que residían fuera del país utilizaran la radio para informar a sus simpatizantes sobre los comicios de agosto.

Actuación policial y sistema de justicia

En general, la policía mantuvo correctamente el orden público durante el periodo electoral. Se produjeron pocos incidentes violentos y, según informes, el comportamiento de los agentes se ciñó a las normas internacionales sobre actuación policial y derechos humanos.

Seguía habiendo una grave falta de jueces, magistrados, abogados defensores y fiscales con la formación adecuada, lo que se traducía en prolongados retrasos de los juicios y en la dilatación de los periodos de detención preventiva, que en algunos casos duraban hasta seis años.

Los centros de detención de Sierra Leona no cumplían las normas internacionales. Un informe de la ONU concluyó que las prisiones del país estaban extremadamente masificadas. Por ejemplo, en la prisión de Pademba Road, diseñada para albergar a 350 reclusos, se hacinaban más de 1.000 personas. Asimismo, el informe reveló que había reclusos que llevaban hasta dos años en espera de juicio, y que el 90 por ciento de los detenidos entrevistados carecían de representación letrada.

Derechos de las mujeres

En junio, el Parlamento aprobó una ley sobre los derechos del menor. Sin embargo, para que se aprobara, fue necesario eliminar las disposiciones que penalizaban la mutilación genital femenina. Aproximadamente, el 94 por ciento de la población femenina era víctima de esta práctica. 

También en junio, el Parlamento aprobó tres proyectos de ley sobre la violencia intrafamiliar, la sucesión intestada y el registro del matrimonio consuetudinario y el divorcio, que se consideraron una victoria para la lucha por el fortalecimiento de los derechos de las mujeres en las zonas rurales. Pese a ello, las mujeres seguían sufriendo discriminación y violencia generalizadas, situación que se veía agravada por la falta de acceso a la justicia.

Se estableció un grupo especial para la protección de la mujer, dirigido por la organización no gubernamental Comité Internacional de Rescate, y con representación de la sociedad civil y del gobierno.

Justicia transicional

Comisión Nacional de Derechos Humanos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sierra Leona, establecida en diciembre de 2006, abrió una oficina, impartió formación y realizó una gira de sensibilización por el país.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación

El 13 y 14 de noviembre se discutió la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en una conferencia organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sierra Leona, a la que asistieron representantes de la sociedad civil, de organismos de la ONU y del gobierno. La participación del gobierno en la conferencia reflejaba una postura más firmemente comprometida con la aplicación exhaustiva de dichas recomendaciones.

Reparaciones

La oficina del vicepresidente encomendó la aplicación del programa de reparaciones a la Comisión Nacional para la Acción Social. El Grupo Especial sobre Reparaciones presentó al gobierno un informe sobre el establecimiento del programa relativo al Fondo Especial para Víctimas de Guerra y Reparaciones. 

La membresía de Amnistía Internacional celebró en Makeni una concentración masiva para reclamar la concesión de reparaciones. El vicepresidente se comprometió públicamente a garantizar justicia y reparaciones plenas para las decenas de miles de mujeres sierraleonesas que habían sido víctimas de violencia sexual.

Pena de muerte

Pese a los esfuerzos de la sociedad civil por lograr la abolición de la pena capital –una de las recomendaciones clave de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación–, 18 personas seguían condenadas a muerte. De ellas, 11 habían sido acusadas de traición, incluidos miembros del ejército de Sierra Leona, en activo o retirados. Durante el año, una de ellas murió y dos quedaron en libertad, y al concluir el año siete estaban esperando que se resolvieran los recursos de apelación que habían interpuesto, mientras que en otro caso la condena de muerte se confirmó en apelación. Otras 10 personas fueron condenadas por asesinato.

Informe y visitas de Amnistía Internacional

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