Sierra Leona
Jefe del Estado y del gobierno
Ernest Bai Koroma
Pena de muerte
retencionista
Población
5,8 millones
Esperanza de vida
48,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
160/136 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
39,8 por ciento

El gobierno continuó la reconstrucción de las instituciones e infraestructuras iniciada tras la guerra civil, promoviendo el desarrollo y ofreciendo servicios básicos de salud y educación. En un intento de reducir la elevada tasa de mortalidad materna, el gobierno introdujo una política de atención gratuita a la salud para mujeres embarazadas y lactantes y niños y niñas menores de cinco años. Sin embargo, a pesar de algunos avances, el país continuaba adoleciendo de violaciones generalizadas de derechos socioeconómicos relacionadas con la pobreza, un elevado índice de violencia sexual y de género, violaciones de los derechos de la infancia, impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y deficiencias del sistema de justicia. Además, seguían sin aplicarse recomendaciones fundamentales formuladas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, reinaba la corrupción y se cernía la amenaza de la violencia étnica.

Información general

Sierra Leona continuaba librándose del legado de sus 11 años de guerra civil (1991-2002), que había provocado destrucción económica, colapso de las infraestructuras, desplazamientos masivos y atrocidades como amputaciones, esclavitud sexual y reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados. Se produjeron algunos avances de ámbito jurídico al aplicarse en cierto grado legislación reciente, como la Ley de los Jefes Supremos, la Ley de Derechos de la Infancia, la Ley sobre Violencia en el Ámbito Intrafamiliar y la Ley de Registro del Matrimonio Consuetudinario y Divorcio.

En octubre, Sierra Leona ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A pesar de la labor de la Comisión Anticorrupción, que consiguió algunos procesamientos con resultados satisfactorios, la corrupción continuaba siendo un problema.

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Sistema de justicia

El sistema de justicia continuaba sumido en serios problemas. El proceso de reforma legislativa, incluida la revisión de la Constitución, apenas avanzó.

El sistema de justicia penal seguía padeciendo una grave carencia de magistrados, prolongados aplazamientos de los procedimientos, sobrecarga de trabajo de los abogados de oficio, insuficiente capacidad de enjuiciamiento, retrasos en el nombramiento de jueces locales, limitaciones de capacidad y corrupción; todo ello dificultaba directamente el acceso de los sierraleoneses a la justicia.

A pesar de algunas mejoras de las condiciones penitenciarias, en las cárceles persistían el hacinamiento y la falta de alimentos y suministros médicos suficientes. Muchas personas pasaban largos periodos en prisión preventiva, y se recluía a menores junto con adultos. El conjunto de estos y otros problemas hacía que en Sierra Leona la privación de libertad resultara peligrosa y, en ocasiones, mortal; las condiciones de reclusión eran a menudo tan duras que constituían trato o pena cruel, inhumano o degradante.

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Policía y fuerzas de seguridad

Seguían siendo habituales en la policía la brutalidad, la corrupción, el uso excesivo de la fuerza, las deficientes condiciones de las celdas de las comisarías y la detención sin cargos prorrogada de forma ilegal. Además, la actuación policial en el mantenimiento del orden público era a menudo ineficaz. No se llevaban a cabo investigaciones policiales efectivas sobre los asesinatos rituales, y las que se iniciaban sobre violencia sexual y de género eran escasas.

  • En febrero, la policía acudió a controlar unos disturbios causados por escolares en el estadio nacional y causó lesiones a numerosos menores de edad, algunos de tan sólo seis años.
  • Ningún agente de policía rindió cuentas por los homicidios extrajudiciales sin resolver cometidos por la policía en la localidad de Lungi en septiembre de 2009, cuando 3 personas murieron abatidas por disparos y al menos otras 13 resultaron heridas.
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Libertad de expresión: periodistas

A pesar de que se concedía más libertad a los medios de comunicación desde el fin de la guerra, el gobierno no derogó las disposiciones sobre difamación sediciosa de la Ley de Orden Público de 1965, que restringían de modo indebido la libertad de expresión. En noviembre de 2009, el Tribunal Supremo había anulado una petición de la Asociación de Periodistas de Sierra Leona que cuestionaba la constitucionalidad de la Ley. En 2010 no se llevó a cabo ninguna iniciativa de reforma, aunque el presidente había prometido en 2009 que el gobierno revisaría la Ley.

Los periodistas expresaron su temor de que algunas disposiciones de la Ley de la Sociedad de Difusión Audiovisual de Sierra Leona, aprobada en 2009, socavaran la independencia de la empresa de radio y televisión.

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Derechos de la infancia

Los niños y niñas sufrían graves violaciones de sus derechos en numerosos ámbitos. El gobierno no hacía valer ni cumplir la legislación nacional relativa a la infancia ni cumplía tampoco con su obligación, contraída en virtud de tratados internacionales, de proteger a los menores de edad y garantizar sus derechos.

Miles de niños y niñas soportaban las más duras condiciones de trabajo infantil en minas de diamantes y otros sectores extremadamente peligrosos. Los miles de menores que trabajaban en minas sufrían graves violaciones de sus derechos básicos: privados de educación, atención a la salud y medidas básicas de protección, soportaban un trabajo peligroso y extenuante. Algunos morían en accidentes o derrumbes en las minas. Otros quedaban marcados para siempre por el trabajo agotador y la exposición a enfermedades.

Pocos programas gubernamentales abordaban del modo adecuado las necesidades especiales que seguían teniendo los niños y jóvenes afectados por la guerra por ser huérfanos, desplazados internos no acompañados o ex niños y niñas soldados. Los niños y niñas de la calle estaban expuestos a sufrir una amplia variedad de abusos, contra los que recibían escasa o nula protección.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia intrafamiliar continuaba siendo generalizada. Los casos denunciados a las autoridades eran escasos y se caracterizaban por la falta de investigación suficiente, la ausencia de procesamiento, los acuerdos extrajudiciales y la injerencia de dirigentes tradicionales. Al finalizar 2010 sólo se había enjuiciado un caso con arreglo a la Ley contra la Violencia Intrafamiliar de 2007. La falta de acceso de las mujeres a la policía, las tarifas exorbitantes del personal médico y la presión para llegar a acuerdos extrajudiciales contribuían a la impunidad y a la inacción por parte del Estado.

Continuaban existiendo costumbres discriminatorias, como la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz o forzado. Las ONG consiguieron algunos éxitos en campañas destinadas a poner fin a la mutilación genital femenina entre las niñas, pero se calculaba que esta práctica tenía aún una prevalencia del 90 por ciento. Dos leyes aprobadas en 2007 –la Ley de Derechos de la Infancia y la Ley de Registro del Matrimonio Consuetudinario y Divorcio– prohibían el matrimonio de menores de 18 años, pero su incumplimiento era generalizado. A menudo se celebraban matrimonios de niñas de tan sólo 10 años de edad.

Continuaron las violaciones de niñas por familiares cercanos, profesores y personal de seguridad, y también seguía habiendo casos de adolescentes embarazadas, trata de menores, explotación sexual y discriminación de género en la educación.

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Mortalidad materna

El 27 de abril, el presidente Ernest Koroma presentó un “servicio gratuito de atención a la salud” para mujeres embarazadas, madres lactantes y niños y niñas menores de cinco años. Según los informes, el nuevo programa, destinado a eliminar las tarifas que se cobraban por la atención a la salud, costó 90 millones de dólares estadounidenses, y estaba previsto que sólo en 2010 estuvieran acogidos a él 230.000 embarazadas y alrededor de un millón de niños y niñas menores de cinco años. Se suponía que las madres y sus hijos accederían a un programa de atención médica que incluía todos los tratamientos y medicinas de forma gratuita, garantizando así la atención básica mínima para todos. Esta iniciativa constituyó un gran avance para un país cuyo índice de mortalidad materna e infantil se encontraba entre los más elevados del mundo.

Sin embargo, el comienzo de la atención gratuita fue precipitado y estuvo mal organizado. Los sistemas de solicitud y distribución eran inadecuados, y apenas había mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, por lo que, en muchos casos, las mujeres y sus hijos tenían todavía que pagar todas las medicinas o parte de ellas.

Seguían sin abordarse muchos factores que contribuían a la mortalidad materna, como los abortos en condiciones de riesgo, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y la ausencia de educación sobre salud sexual y reproductiva.

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Justicia internacional

En 2010 continuó el juicio contra el ex presidente de Liberia Charles Taylor ante el Tribunal Especial para Sierra Leona en La Haya.

Desde 2002, el Tribunal había condenado a ocho hombres a prisión: Moinina Fofana, Allieu Kondewa, Issa Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, Alex Brima, Ibrahim Kamara y Santigie Kanu. Sam Hinga Norman había muerto por causas naturales en 2007, al igual que Foday Sankoh en 2003. Sam Bockarie había sido víctima de homicidio en Liberia en 2003, y Johnny Paul Koroma seguía en libertad.

Los escasos juicios celebrados por el Tribunal habían contribuido a que se conociese parte de la verdad de los graves delitos cometidos en el conflicto armado de Sierra Leona desde 1996. Las sentencias condenatorias contra los dirigentes del Frente Revolucionario Unido Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao habían sido las primeras en las que se consideraba que los ataques a integrantes de fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU constituían una violación del derecho internacional humanitario y que el matrimonio forzado era un acto inhumano constitutivo de crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, el número de responsables de los cientos de miles de delitos de derecho internacional cometidos que había rendido cuentas ante el Tribunal no había llegado a una decena; la mayoría de los perpetradores no habían sido castigados. El Acuerdo de Lomé de 1999 incluía una disposición que establecía una amnistía para los responsables de delitos de derecho internacional cometidos en Sierra Leona; no impedía el procesamiento ante el Tribunal Especial para Sierra Leona, pero tenía prevalencia en la legislación sierraleonesa, de modo que en los tribunales nacionales no se habían llevado a cabo investigaciones ni enjuiciamientos por crímenes cometidos en la guerra civil.

También seguía preocupando la inaccesibilidad del Tribunal para el público, su lentitud y costosa gestión, su justicia selectiva, su legado de programas inadecuados (para reconstruir el sistema de justicia local y reforzar las instituciones) y su inacción a la hora de enjuiciar a agentes empresariales, como los comerciantes de diamantes. En 2010, mientras el Tribunal establecía una política de acceso a sus archivos, preocupaba que esta política fuera claramente restrictiva al no permitir que los fiscales utilizasen los archivos para perseguir a criminales de guerra en otras jurisdicciones, como Liberia.

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Violencia política

Aumentó la amenaza de violencia política y étnica entre seguidores de los dos principales partidos políticos, el Congreso de Todo el Pueblo y el Partido Popular de Sierra Leona, antes de las elecciones de 2012. Seguían sin enjuiciarse ni sancionarse los actos de violencia y los abusos contra los derechos humanos que se habían registrado durante las elecciones de 2007 y tras la victoria del Congreso de Todo el Pueblo ese año, pese a que una comisión judicial había determinado que sí se habían cometido. A mediados de 2010 se repitieron los enfrentamientos registrados durante 2009 entre jóvenes partidarios del Partido Popular de Sierra Leona, el Movimiento Popular por el Cambio Democrático y el Congreso de Todo el Pueblo.

Una iniciativa oficial de 2010, para la creación de una Comisión de Investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial de 26 personas a manos del gobierno en 1992, aumentó las disensiones de índole étnica y política, al igual que ocurrió con la gradual sustitución de alrededor de 200 profesionales con altos cargos en el sector público en las provincias orientales y meridionales por partidarios del Congreso de Todo el Pueblo procedentes del norte. Con la adopción de opiniones de corte étnico y regional en las campañas de algunos partidos políticos importantes, en 2010 se produjo un resurgimiento de la política de identidades y se agudizaron las divisiones étnicas y de partido entre el Congreso de Todo el Pueblo y el Partido Popular de Sierra Leona.

La parcialidad de tipo étnico y político percibida en la policía y las fuerzas armadas también aumentó la desconfianza y la hostilidad. Se plantearon dudas sobre la independencia de las fuerzas armadas, y se recibieron informes de tensiones en sus filas. Además, el partido gobernante, el Congreso de Todo el Pueblo, captó a “dirigentes juveniles” y reclutó a una serie de excombatientes de milicias –algunos de ellos implicados en graves ataques a opositores políticos– para que se unieran a la División de Apoyo Operativo de la policía. Se temía que, de continuar esta práctica, la oposición reclutara igualmente fuerzas entre los miles de excombatientes reasentados, lo que suponía una grave amenaza para la seguridad del país a medio y largo plazo.

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Pena de muerte

Sierra Leona estaba en proceso de revisión de su Constitución, y, al parecer, el borrador más reciente conservaba la pena de muerte. En noviembre, el Tribunal Superior de Kenema dictó una nueva sentencia de muerte. Un militar declarado culpable de asesinato ante un consejo de guerra en agosto de 2009 fue condenado a muerte por fusilamiento, pero al finalizar el año el presidente no había firmado la condena. Había 10 hombres y 3 mujeres condenados a muerte.

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Los derechos humanos región a región

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