Sierra Leona
Jefe del Estado y del gobierno
Ernest Bai Koroma

El ex presidente de Liberia, Charles Taylor, fue declarado culpable y condenado por crímenes cometidos en Sierra Leona durante los 11 años de conflicto armado. El país celebró sus terceras elecciones desde que finalizó el conflicto, que según los observadores internacionales fueron pacíficas y transparentes. La policía usó fuerza ilegítima contra ciudadanos desarmados. El gobierno dio nuevos pasos hacia la abolición de la pena de muerte. Los acuerdos entre gobierno y empresas no fueron transparentes, y las comunidades afectadas por las actividades empresariales no fueron consultadas adecuadamente sobre los posibles impactos.

Información general

En abril, el Tribunal Especial para Sierra Leona, con sede en La Haya, declaró al ex presidente liberiano Charles Taylor responsable a título individual de planificar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y ser cómplice en ellos, durante el conflicto armado interno de Sierra Leona. Charles Taylor fue declarado culpable de los 11 crímenes contenidos en el acta de acusación formal, que incluían el uso de niños soldados, el asesinato, la violación y la esclavitud sexual, y fue condenado a 50 años de prisión. En julio, la defensa y la acusación presentaron sendos recursos; se preveía que en 2013 se adoptase una decisión.

Debido a la disposición sobre amnistía contenida en el Acuerdo de Paz de Lomé y al mandato limitado del Tribunal Especial para Sierra Leona, miles de responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el conflicto no fueron investigados ni respondieron ante la justicia. Decenas de miles de víctimas y sus familias esperaban la implementación completa de programas exhaustivos de reparaciones.

En el periodo previo a las elecciones generales de noviembre hubo enfrentamientos esporádicos entre seguidores de los dos partidos políticos principales, aunque el proceso fue en general pacífico. El presidente Ernest Bai Koroma, del partido gobernante Congreso para Todo el Pueblo, fue elegido para un segundo mandato.

El proceso de revisión constitucional llevaba años de retraso. El gobierno prometió reanudar los debates después de las elecciones de 2012. Dos propuestas legislativas clave –el proyecto de Ley sobre Libertad de Información y el proyecto de Ley sobre Igualdad de Género– seguían pendientes en el Parlamento al finalizar el año. No se tomó ninguna medida para modificar la Ley de Orden Público de 1965, que permitía la imposición de restricciones a la libertad de expresión.

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Pena de muerte

El gobierno siguió dando pasos hacia la abolición total de la pena de muerte, tras el establecimiento de una suspensión oficial de las ejecuciones en 2011. Según las organizaciones de la sociedad civil, al terminar 2012 no quedaban condenados a muerte en prisión y no se habían impuesto nuevas condenas.

Sin embargo, se mantenía la pena capital en la ley para los delitos de traición y robo con agravantes, y era preceptiva para el asesinato.

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Sistema de justicia

En mayo se promulgó la Ley sobre Asistencia Letrada Gratuita, aunque al terminar el año no se había aplicado. El sistema de justicia seguía sufriendo la falta de capacidad y de recursos. Las organizaciones de la sociedad civil informaron de que muchas personas no podían beneficiarse de las disposiciones sobre libertad bajo fianza porque a menudo, para conseguirla, se les pedía el pago de sobornos en la comisaría de policía o en el tribunal.

Según las organizaciones de la sociedad civil, eran habituales el encarcelamiento por deudas –sobre la base de acusaciones de apropiación indebida y otros cargos– y por merodeo. Las mujeres que intentaban ganarse la vida mediante el comercio o a través de instituciones de microfinanciación se arriesgaban a ser encarceladas por deudas. Se concluyó que la falta de competencia legal dentro del sistema de justicia penal y la corrupción eran graves problemas subyacentes. Sin acceso a un abogado, muchas personas permanecían encarceladas durante periodos prolongados.

Los aplazamientos constantes, los retrasos en dictar actas de acusación formal, la pérdida de expedientes y la escasez de jueces contribuían a que se prolongara la prisión preventiva y al hacinamiento en las cárceles.

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Policía y fuerzas de seguridad

En enero se filtró a la prensa que la policía de Sierra Leona había recibido una remesa de armas que había adquirido por varios millones de dólares estadounidenses, y que incluía armas pequeñas, munición y lanzagranadas. El envío, a la vista de las elecciones de noviembre, alarmó a agentes nacionales e internacionales. Representantes del Consejo de Seguridad de la ONU visitaron el país en mayo y plantearon esta cuestión al gobierno, que les garantizó que parte de las armas se habían transferido a las fuerzas armadas.

  • En abril, la policía mató a una mujer desarmada, Musu Conteh, e hirió al menos a otras 11 personas cuando los trabajadores de una empresa minera se manifestaban pacíficamente contra la precariedad de las condiciones laborales y de los salarios. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona investigó el incidente y dio a conocer sus conclusiones en septiembre, recomendando la apertura de investigaciones penales y enjuiciamientos. El gobierno ordenó la apertura de una investigación del pesquisidor, pero al finalizar el año no se había publicado su informe. Nadie rindió cuentas por el suceso.
  • En junio, la policía disparó y mató a Alieu Sonkoh e Ishmael Kargbo-Sillah en Wellington. Un tercer hombre resultó herido de gravedad. Según las familias y los miembros de la comunidad que presenciaron el incidente, los tres hombres, que iban desarmados, formaban parte de un grupo de vigilancia vecinal que estaba en la zona donde la policía buscaba un vehículo. El presidente visitó la comunidad y ordenó una investigación del pesquisidor, que se cerró en julio. Al finalizar el año no se habían hecho públicos sus resultados.
  • En junio, la policía disparó y mató en Goderich a un motociclista que no se detuvo en un control policial. Un agente fue detenido y acusado formalmente de asesinato. El juicio continuaba al terminar el año.

Los grupos de la sociedad civil pidieron un mecanismo de supervisión independiente y efectivo para investigar las quejas y hacer que la policía rindiera cuentas de sus actos.

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Derecho a la salud

El gobierno hizo algunos avances para garantizar que la Iniciativa Asistencia Sanitaria Gratuita (FHCI), lanzada en 2010, se convirtiera en realidad para mujeres y niñas embarazadas o lactantes y para niños y niñas menores de cinco años. En junio, el gobierno aprobó la Ley sobre la Unidad Nacional de Adquisiciones Farmacéuticas para supervisar y regular la cadena de suministro de medicamentos y equipos médicos. Los profesionales de la salud siguieron informando de problemas a la hora de recibir suministros esenciales.

Continuaron las dificultades en la implementación de la FHCI. Los centros de salud seguían cobrando por servicios de atención a la salud que debían ser gratuitos. Se creó una línea telefónica gratuita para atender las quejas de las personas que no recibían la atención a la que tenían derecho, pero el proceso era lento e ineficaz.

En 2012, el presupuesto general para el sector de la salud se redujo del 11 al 7,4 por ciento, es decir, la mitad del 15 por ciento recomendado por la Declaración de Abuja sobre financiación de la salud.

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Derechos de mujeres y niñas

En agosto se aprobó la Ley sobre Delitos Sexuales, pero al finalizar el año no se había promulgado. Seguían vigentes las disposiciones discriminatorias del artículo 27.4.d de la Constitución relativas a la adopción, el matrimonio, el divorcio, el entierro, la devolución de bienes tras el fallecimiento u otros intereses del derecho personal.

La violencia contra mujeres y niñas seguía siendo elevada, y continuaron las prácticas tradicionales nocivas, como el matrimonio precoz y la mutilación genital femenina.

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Rendición de cuentas de las empresas

Los acuerdos entre comunidades, empresas y gobierno sobre el uso de la tierra favorecían enormemente a las empresas multinacionales en detrimento de las comunidades locales. Algunos jefes tradicionales entregaron terrenos a empresas sin haber consultado apenas o en absoluto con las comunidades afectadas. Muchos acuerdos sobre tierras no estaban disponibles en las lenguas locales o no eran accesibles a las personas analfabetas. Los miembros de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil que defendieron la rendición de cuentas y la transparencia de las empresas sufrieron hostigamiento e intimidación.

En abril, agricultores, organizaciones de la sociedad civil y activistas se reunieron en Freetown para exigir una revisión de todos los acuerdos recientes sobre tierras. Pidieron al gobierno que instituyera medidas para garantizar que los acuerdos entre comunidades y empresas multinacionales fueran justos y transparentes.

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