En las elecciones parlamentarias celebradas en mayo, los candidatos de la oposición lograron un aumento modesto pero sin precedentes, al conseguir 6 de los 87 escaños. El gobierno recurrió a leyes restrictivas para silenciar a quienes lo criticaban, presentando querellas por difamación y censurando a los medios de comunicación. La pena de muerte, la detención administrativa y los azotes con vara por orden judicial continuaron vigentes en la ley y en la práctica.
Las autoridades continuaron amenazando y castigando a las personas que criticaban al gobierno, recurriendo a desmesuradas leyes penales y civiles sobre difamación.
Durante las elecciones parlamentarias, el gobierno relajó algunas restricciones sobre el uso de nuevos medios de comunicación (como blogs y Facebook) para hacer campaña política.
El escritor británico Alan Shadrake fue encarcelado el 1 de junio, acusado de desacato al tribunal por escribir un libro en el que criticaba el uso de la pena de muerte por parte del poder judicial singapurés. Quedó en libertad y fue expulsado el 9 de julio.
En octubre, el líder de la oposición Chee Soon Juan, declarado en bancarrota tras la querella por difamación presentada por dos ex primeros ministros del país, no pudo viajar a Dubai para intervenir en un congreso de la Asociación Internacional de Abogados al denegarle el gobierno la autorización para salir del país, imprescindible en casos de bancarrota.
En septiembre, el ministro del Interior rechazó un llamamiento de ex presos políticos para derogar la Ley de Seguridad Interna.
El gobierno alegó que dos hombres recluidos con arreglo a la Ley de Seguridad Interna, Jumari bin Kamdi y Samad bin Subari, eran miembros de Yemaa Islamiya, y que un tercero, Abdul Majid Kunji Mohamad, era miembro del Frente Moro de Liberación Islámica. Los tres fueron detenidos en países vecinos y trasladados a Singapur.
El 1 de septiembre, las autoridades dejaron en libertad a Mohamed Khalim bin Jaffar, presunto miembro de Yemaa Islamiya detenido en 2002 en aplicación de la Ley de Seguridad Interna.
Al menos cuatro personas fueron ejecutadas y cinco fueron condenadas a muerte. A comienzos de 2011, Singapur publicó en Internet algunas de sus estadísticas sobre la pena de muerte. Según el Servicio de Instituciones Penitenciarias de Singapur, en 2008 hubo seis ejecuciones judiciales, cinco en 2009 y ninguna en 2010. No se facilitó información oficial sobre las ejecuciones llevadas a cabo en 2011.
Yong Vui Kong, ciudadano malaisio de 23 años, agotó sus recursos judiciales y seguía condenado a muerte, en espera de que el presidente le concediese el indulto. Había sido condenado a la pena capital en 2009 por tráfico de drogas, un delito que conllevaba una condena a muerte preceptiva.
Continuaban imponiéndose los azotes con vara como pena judicial para alrededor de 30 delitos, incluidos los relacionados con la inmigración.
En septiembre, Ho Beng Hing, de 21 años, fue declarado culpable de escaparse de un reformatorio y condenado a tres azotes con vara, más de tres años de prisión y el pago de una multa.
En mayo, Singapur se sometió al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. El gobierno rechazó las recomendaciones para poner fin al uso de las condenas a muerte preceptivas y establecer una suspensión de la pena de muerte, pero aceptó algunas recomendaciones para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes.
