Eslovaquia

Human Rights in República Eslovaca

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Eslovaquia is now live »

Jefe del Estado Ivan Gašparovič
Jefe del gobierno Robert Fico
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 5,4 millones
Esperanza de vida 74,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 9/8 por cada 1.000

La comunidad romaní siguió discriminada en los campos de la educación, la vivienda y la asistencia médica. Continuaba siendo motivo de preocupación la aceptación de garantías diplomáticas contra la tortura y otros malos tratos.

Novedades políticas

En febrero, después de que el primer ministro eslovaco se comprometiera a mejorar los derechos de las minorías, el Partido Socialista Europeo del Parlamento Europeo volvió a admitir en su seno al Partido Dirección-Socialdemocracia (Smer-SD), principal socio de la coalición gobernante en Eslovaquia. Después de las elecciones celebradas en junio de 2006, el Smer-SD había formado un gobierno de coalición con el Partido Nacional Eslovaco (SNS) y el Partido Popular-Movimiento por una Eslovaquia Democrática (ĽS-HZDS).

Discriminación de la comunidad romaní

Educación

El gobierno hizo públicas varias medidas para mejorar el acceso a la educación de los niños y niñas romaníes, pero no se comprometió de manera formal a eliminar la segregación en las escuelas. Las autoridades seguían sosteniendo que el hecho de que hubiera un número desproporcionadamente elevado de niños y niñas romaníes en escuelas especiales para alumnado con discapacidad mental se debía a que procedían de un entorno socialmente desfavorecido.

En marzo, el gobierno aprobó un plan quinquenal encaminado a mejorar el nivel de vida y educación de la nutrida comunidad romaní, inferior al del resto de la población. Entre las medidas previstas figuraban la escolarización obligatoria de todos los niños de cinco años en centros de educación preescolar antes de 2013, la distribución de libros escolares en lengua romaní y la adopción de medidas más estrictas para el ingreso de niños romaníes en escuelas especiales.

"...las nuevas casas mantenían, y a menudo aumentaban, la segregación geográfica de los beneficiarios."

En mayo, el Parlamento Eslovaco (Cámara Nacional) aprobó la nueva Ley de Formación y Educación (Ley de Escuelas), cuya entrada en vigor estaba prevista para el curso escolar 2008-2009. La ley prohibía todas las formas de discriminación, incluida la segregación. Se eliminó de la legislación una disposición que autorizaba el ingreso temporal de alumnos en escuelas especiales, incluso aunque la evaluación a la que se les hubiera sometido no hubiera dado resultados concluyentes, lo que comportaba a menudo internamientos arbitrarios. En septiembre, el gobierno suprimió de la ley de asistencia social la disposición relativa a las becas para el fomento del estudio. La disposición –concebida en función del rendimiento del alumno– preveía incentivos económicos para los padres romaníes que matricularan a sus hijos en escuelas especiales. Estos incentivos serían reemplazados por un subsidio de carácter universal que se concedería a todos los hijos de familias necesitadas a condición de que asistieran a la escuela.

Sin embargo, la Ley de Escuelas no incluía medidas efectivas para eliminar la discriminación sufrida por los romaníes. Varias ONG nacionales e internacionales pidieron, entre otras cosas, que se estudiara la posibilidad de facilitar con carácter obligatorio clases y maestros auxiliares de enseñanza preescolar, y que se definieran de manera inequívoca los criterios y procedimientos para el ingreso de un niño o niña en una escuela especial.

En la lista de necesidades educativas especiales incluida en la Ley de Escuelas seguían figurando los «niños con carencias sociales», con lo que se continuaban vinculando en la práctica las carencias sociales con la discapacidad mental.

  • El 99,5 por ciento de los dos centenares de alumnos de la escuela especial de Pavlovce nad Uhom eran romaníes. Constituían más de la mitad de los niños romaníes inscritos en las escuelas primarias de la localidad. A raíz de unas inspecciones efectuadas en 2007, se trasladó a 17 de ellos a escuelas normales después de reconocerse formalmente que se les había evaluado de forma incorrecta. Oficialmente, sólo se podía enviar a un alumno a una escuela especial tras habérsele diagnosticado una discapacidad mental y con el pleno consentimiento de sus progenitores. Sin embargo, a muchos niños no se les había hecho ninguna evaluación en absoluto, y los padres no habían dado su consentimiento libremente y con conocimiento de causa. A comienzos del curso escolar 2008-2009, la escuela primaria especial de Pavlovce nad Uhom seguía siendo de hecho un centro segregado.

Vivienda

En enero, la Comisión sobre Derechos Humanos, Nacionalidades y Condición de la Mujer del Parlamento eslovaco adoptó una resolución sobre desalojos forzosos por impago de alquileres que afectaba de manera desproporcionada a los romaníes. Según dicha resolución, el gobierno debía tomar una serie de medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y a disponer de protección contra la pobreza y la exclusión social.

La Fundación Milan Šimečka publicó en junio un estudio sobre 57 proyectos de viviendas sociales destinadas a residentes de asentamientos romaníes. En el 91 por ciento de las localidades examinadas, las nuevas casas mantenían, y a menudo aumentaban, la segregación geográfica de los beneficiarios.

Esterilización forzada de mujeres romaníes

En febrero, la Fiscalía Regional de Košice volvió a suspender la investigación sobre la presunta esterilización ilegal de tres mujeres romaníes en el este de Eslovaquia, en 1999, 2000 y 2002, respectivamente. La fiscalía consideró que las esterilizaciones se habían llevado a cabo con el consentimiento libre e informado de las mujeres. La investigación penal, iniciada en 2003, se había interrumpido ya en tres ocasiones, pero se había reanudado como consecuencia de una serie de demandas presentadas ante el Tribunal Constitucional, que resolvió que no se había realizado una investigación efectiva. En abril, una ONG, el Centro de Derechos Civiles y Humanos, presentó una nueva demanda en nombre de las tres mujeres ante el Tribunal Constitucional, pero éste la desestimó en julio.

En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a Eslovaquia que «tome todas las medidas necesarias para garantizar que se reconozcan debidamente las denuncias formuladas por mujeres romaníes que declaren haber sido sometidas a esterilización forzada, y que se otorgue a las víctimas de tales prácticas vías de recurso eficaces».

Torturas y otros malos tratos

  • En marzo, el Tribunal Regional de Banská Bystrica condenó a siete agentes de policía por los malos tratos con resultado de muerte infligidos a Karol Sendrei, un romaní de 51 años, cuando se encontraba bajo custodia policial en 2001. Tras ser declarados principales responsables, los agentes Ján K. y Miroslav S. fueron condenados a sendas penas de ocho años y medio de cárcel por cargos de tortura y conducta cruel. Al agente Ladislav K., que había saltado sobre el pecho de la víctima, se le impusieron siete años por los mismos delitos. El agente al mando, Roman R., fue condenado a cuatro años por torturas. El tribunal consideró que, aunque no había participado en las torturas infligidas a Karol Sendrei, no había cumplido con su deber de impedirlas. A otros tres agentes se les impusieron condenas condicionales que oscilaban entre uno y dos años de cárcel. Todos los acusados recurrieron las sentencias ante el Tribunal Supremo.

Seguridad y medidas antiterroristas

No devolución (non refoulement)

El 26 de junio, el Tribunal Constitucional hizo público el fallo sobre el caso de Mustapha Labsi, ciudadano argelino detenido en un principio en Eslovaquia como consecuencia de una solicitud de extradición presentada por Argelia. El Tribunal llegó a la conclusión de que la resolución adoptada el 22 de enero por el Tribunal Supremo, en la que se autorizaba la extradición de Mustapha Labsi a Argelia, había conculcado el derecho de éste a disfrutar de protección judicial y no había tenido plenamente en cuenta la situación de los derechos humanos en Argelia.

El Tribunal reafirmó que las autoridades tenían la obligación absoluta de no devolver a nadie a un país en donde corriera un auténtico peligro de sufrir torturas y otros malos tratos. En las críticas formuladas en la sentencia contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo y un Tribunal Regional se establecía también de manera implícita la obligación de Eslovaquia de no confiar en las garantías diplomáticas.

Posteriormente, en concreto el 7 de agosto, el Tribunal Supremo, después de volver a examinar el caso de Mustapha Labsi, resolvió que éste no podía ser devuelto a Argelia porque correría el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos. Mustapha Labsi quedó en libertad, pero inmediatamente después fue detenido de nuevo sobre la base de una orden de detención dictada en 2006. Volvió a solicitar asilo, pero el 6 de octubre se lo denegaron. Al finalizar el año seguían pendientes de resolución un recurso contra la denegación de asilo y una demanda contra su detención.

Visitas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional visitó Eslovaquia en marzo y abril.

Informes de Amnistía Internacional

Eslovaquia: En el Día Internacional del Pueblo Romaní, las ONG piden a Eslovaquia que aborde la discriminación de este pueblo en materia educativa (8 abril 2008)
Slovakia: NGOs joint open letter on the occasion of the second reading of the draft new Schools Act at the Slovak National Council (en inglés, en 13 mayo 2008)
Eslovaquia: El Tribunal Constitucional mantiene la prohibición absoluta de la tortura (27 junio 2008)
A tale of two schools: Segregating Roma into special education in Slovakia (en inglés, 24 julio 2008)
Slovakia: Submission to the UN Universal Periodic Review – Fifth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, May 2009 (en inglés, 10 noviembre 2008)

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