Continuó el conflicto armado entre grupos islamistas armados y fuerzas progubernamentales en el sur y el centro de Somalia. Miles de civiles murieron o resultaron heridos como consecuencia de los ataques indiscriminados y la violencia generalizada, y al menos 300.000 se vieron desplazados durante el año. El acceso de los organismos de ayuda humanitaria a la población civil y a las personas desplazadas sufrió además restricciones impuestas por los grupos armados y la inseguridad. El personal de ayuda humanitaria, los periodistas y los activistas de derechos humanos seguían corriendo el riesgo de sufrir homicidios y secuestros. Los grupos armados controlaban la mayor parte del sur y el centro de Somalia y llevaban a cabo con creciente frecuencia homicidios ilegítimos, tortura y reclutamiento forzoso. El Gobierno Federal de Transición controlaba sólo parte de la capital, Mogadiscio, y no existía un sistema judicial efectivo. Seguían impunes graves abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. En la región semiautónoma de Puntlandia hubo enfrentamientos con un grupo armado. En Somalilandia se nombró un nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales.
El Gobierno Federal de Transición se esforzó por extender el control sobre Mogadiscio, frente a los persistentes ataques de los grupos islamistas armados Al Shabaab y Hizbul Islam y pese a las divisiones internas. El 15 de marzo, el Gobierno Federal de Transición firmó un acuerdo marco con Ahlu Sunna Wal Jamaa (ASWJ), grupo armado sufí, por el que se formalizaba una alianza militar y se reconocía el control por el grupo de partes del centro de Somalia. Sin embargo, una facción de ASWJ denunció más tarde que el Gobierno Federal de Transición no había implementado el acuerdo. En mayo surgieron tensiones entre el presidente del Gobierno Federal de Transición y el primer ministro, que dimitió en septiembre. Mohamed Abdulahi Mohamed Farmajo se convirtió en nuevo primer ministro del Gobierno Federal de Transición el 1 de noviembre. En julio comenzaron las consultas sobre un proyecto de Constitución.
Al Shabaab reivindicó la autoría de atentados suicidas, entre ellos el perpetrado en el hotel Muna en Mogadiscio en agosto, en el que murieron 33 personas. El grupo armado reivindicó también la autoría de los atentados con bomba cometidos en Kampala, Uganda, en julio (véase el apartado sobre Uganda), aduciendo que eran una venganza por las muertes de civiles causadas por la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).
La AMISOM, que tenía el mandato de proteger las instituciones del Gobierno Federal de Transición, aumentó sus efectivos, compuestos por soldados de Uganda y Burundi, hasta 8.000, en parte como respuesta a los atentados de Kampala. La AMISOM negó las acusaciones de haber respondido a los ataques de los grupos armados en Mogadiscio con bombardeos y disparos indiscriminados que causaron la muerte de civiles. Sin embargo, la AMISOM pidió disculpas por el homicidio de dos civiles cometido el 23 de noviembre en Mogadiscio, diciendo que había abierto una investigación y había detenido a soldados implicados en el incidente. El 22 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió de 8.000 a 12.000 el número de efectivos de la AMISOM.
Continuó el apoyo internacional a las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Transición, a pesar de la preocupación por su falta de rendición de cuentas. En mayo, la Unión Europea inició la instrucción de 1.000 soldados del Gobierno Federal de Transición en Uganda. El Grupo de Supervisión de la ONU puso de relieve continuas violaciones del embargo de armas impuesto a Somalia. En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso la prohibición de viajar, la congelación de activos y un embargo de armas selectivo contra nueve individuos y entidades en relación con Somalia.
En agosto, el nuevo representante especial de la ONU para Somalia anunció que la presencia de la ONU en este país aumentaría. La situación de los derechos humanos se trató en informes del secretario general y el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos, y en una sesión especial sobre Somalia del Consejo de Derechos Humanos celebrada en septiembre. Sin embargo, pese a las continuas peticiones de que se pusiera fin a la impunidad por delitos de derecho internacional, al terminar el año no se había establecido ningún mecanismo para investigar tales delitos.
Ante el incremento de los secuestros de barcos y tripulaciones en el océano Índico, la comunidad internacional coordinó respuestas militares adicionales y exploró opciones jurídicas para responder a la piratería frente a la costa de Somalia. El gobierno de Puntlandia aprobó una ley antiterrorista en julio, según los informes.
ArribaTodas las partes implicadas en el conflicto seguían utilizando morteros y armas pesadas en zonas habitadas o frecuentadas por civiles; miles de personas murieron o resultaron heridas. En Mogadiscio, grupos armados lanzaron ataques desde zonas residenciales, y se tuvo noticia de que la AMISOM y el Gobierno Federal de Transición habían respondido disparando de forma indiscriminada. Desde el 4 de enero hasta el 19 de noviembre, dos hospitales de Mogadiscio atendieron a 4.030 pacientes relacionados con la guerra, el 18 por ciento de ellos niños y niñas menores de cinco años. Los registros médicos de otro hospital de Mogadiscio entre enero y junio mostraban que casi la mitad de sus pacientes sufrían lesiones relacionadas con la guerra, y de éstos, el 38 por ciento eran mujeres y menores de 14 años.
Los combates, la inseguridad y la pobreza provocaron el desplazamiento de unas 300.000 personas durante el año. De acuerdo con el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, al terminar el año había 1,5 millones de somalíes internamente desplazados en el país.
En enero, los combates entre Al Shabaab y Hizbul Islam, por una parte, y Ahlu Sunna Waal Jamaa, por otra, en la ciudad de Dhusamareb, en el centro de Somalia, y en la ciudad de Belet Huen, en la región de Hiran, causaron el desplazamiento de decenas de miles de civiles.
En Mogadiscio, unas 23.000 personas se vieron desplazadas en el plazo de dos semanas como consecuencia de la ofensiva del Ramadán. Muchas de ellas se incorporaron a los asentamientos para personas desplazadas situados en el corredor de Afgoye, a las afueras de Mogadiscio, que albergaban a unas 410.000 personas con escaso o nulo acceso a ayuda humanitaria. A partir de septiembre, miles de personas desplazadas en Afgoye fueron desalojadas por la fuerza, según los informes, tras la adquisición de la tierra por un hombre de negocios.
El 19 y el 20 de julio, las autoridades de Puntlandia trasladaron por la fuerza a unas 900 personas desplazadas internamente, la mayoría desde el sur y el centro de Somalia, a la región de Galgadud.
La población civil seguía huyendo a países vecinos. A pesar de los riesgos relacionados con el conflicto y la violencia, Kenia, Arabia Saudí y algunos países europeos, como Países Bajos, Reino Unido y Suecia, devolvieron a somalíes al sur y el centro de Somalia. En octubre, los combates entre fuerzas favorables al Gobierno Federal de Transición y Al Shabaab en Belet Hawo, en la frontera con Kenia, provocaron el desplazamiento de unas 60.000 personas. Entre el 1 y el 2 de noviembre, las autoridades kenianas ordenaron el regreso a Somalia de 8.000 civiles que habían huido a Kenia, cerca de la ciudad de Mandera. El 4 de noviembre, la policía keniana las obligó a adentrarse más en territorio somalí.
ArribaAl terminar 2010, unos 2 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria a causa del conflicto armado y el desplazamiento, a pesar de las buenas cosechas recogidas durante el año. Las operaciones humanitarias se vieron obstaculizadas por los combates y la inseguridad, los homicidios y secuestros de cooperantes y las restricciones impuestas al acceso de los organismos de ayuda a la población necesitada. Al menos dos cooperantes perdieron la vida. En marzo, el Grupo de Supervisión de la ONU sobre el embargo de armas a Somalia afirmó que gran parte de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos a Somalia era desviada a contratistas y grupos armados. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió al coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para Somalia que le informase cada 120 días.
Los grupos armados seguían intimidando a periodistas y organizaciones de la sociedad civil somalíes. La amenaza de homicidios y secuestros obligó a más activistas somalíes a huir del país. Los grupos armados también cerraron o tomaron el control de emisoras de radio y prohibieron que se informara de ciertos temas. Al menos tres periodistas murieron durante el año. En el sur de Somalia, los observadores extranjeros sólo visitaron las bases de la AMISOM en Mogadiscio. En Puntlandia, el gobierno impuso restricciones a las informaciones de los medios sobre su conflicto con una milicia local.
Los grupos islamistas armados, en particular Al Shabaab, intensificaron el reclutamiento forzoso de niños de tan sólo nueve años, y también de hombres jóvenes, para sus fuerzas. Según informes, en algunos casos reclutaban a niñas para que cocinaran y limpiaran para las fuerzas de Al Shabaab, o las obligaban a casarse con integrantes del grupo.
En junio, el presidente del Gobierno Federal de Transición ordenó que el jefe del ejército investigase las informaciones de los medios de comunicación que afirmaban que las fuerzas del Gobierno utilizaban niños soldados. Al terminar el año no se habían hecho públicas las conclusiones de la investigación. En noviembre, el nuevo primer ministro del Gobierno Federal de Transición se comprometió ante el representante del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados a trabajar para elaborar un plan de acción con el que poner fin al reclutamiento y uso de niños soldados.
ArribaLos grupos islamistas armados seguían matando de forma ilegítima y torturando a personas a las que acusaban de espionaje o de no ajustarse a su propia interpretación de la ley islámica. Mataban a personas en público, con métodos como la lapidación, y llevaban a cabo amputaciones y flagelaciones. También imponían códigos indumentarios restrictivos, flagelaban a mujeres que no vestían el hiyab y obligaban a los hombres a llevar pantalones que no llegaran más abajo del tobillo.
El 26 de junio se celebraron elecciones presidenciales en la República de Somalilandia. Ahmed Mohamed Mahamud Silanyo, ex político de la oposición, fue proclamado nuevo presidente en julio. Según observadores independientes, las elecciones fueron libres, imparciales y pacíficas en términos generales. Sin embargo, organizaciones de defensa de la libertad de los medios de comunicación denunciaron algunos casos de restricciones a periodistas en el periodo previo a los comicios.
Las tensiones estallaron en las zonas fronterizas de Sool y Sanaag, reivindicadas por Puntlandia. Un nuevo grupo armado se enfrentó con las fuerzas de seguridad de Somalilandia a partir de mayo. Miles de personas se vieron desplazadas por los enfrentamientos, según los informes.
Las personas desplazadas del sur y el centro de Somalia seguían viviendo en condiciones difíciles.
Los grupos minoritarios seguían sufriendo discriminación.
Según los informes, en diciembre el Gobierno Federal de Transición llevó a cabo su primera ejecución desde 2007. En Puntlandia, al menos seis personas fueron condenadas a muerte, y al menos siete, fueron ejecutadas. En Somalilandia, dos personas fueron condenadas a muerte.
No hay información disponible sobre las visitas