Sudáfrica
Jefe del Estado y del gobierno
Jacob G. Zuma
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
50,5 millones
Esperanza de vida
52 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
79/64 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
89 por ciento

Se recibieron informes de incidentes de tortura y ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía. Los índices de violencia contra las mujeres y niñas siguieron siendo altos, y hubo indicios de proliferación de prácticas nocivas que afectaban a sus derechos. Continuaron recibiéndose informes de graves incidentes de violencia contra lesbianas, perseguidas por su sexualidad. Hubo algunas mejoras en el acceso a los servicios de salud de las personas que vivían con el VIH, pero la pobreza seguía siendo una barrera importante, sobre todo en zonas rurales. Las personas refugiadas y migrantes seguían sufriendo discriminación y desplazamiento en incidentes de violencia en gran escala. Se produjeron nuevas amenazas para el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Información general

Continuaron las tensiones políticas existentes en torno a la orientación de la política económica y la búsqueda de soluciones adecuadas a la pobreza, la desigualdad y el desempleo, lo que generó prolongadas huelgas en el sector público y numerosas protestas de comunidades urbanas pobres. En abril, el presidente Zuma estableció la Comisión de Planificación Nacional, órgano de 20 miembros, presidido por el ex ministro de Economía Trevor Manuel, que debía elaborar un plan de desarrollo nacional y unas perspectivas a largo plazo para el país. En el informe de país de septiembre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se reconoció la existencia de altos índices de pobreza y desigualdad en los ingresos, con persistentes disparidades raciales y de género. En octubre, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil emprendieron una campaña en demanda de políticas económicas que promovieran la justicia social y la protección de los derechos socioeconómicos.

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Tortura y otros malos tratos

Se recibieron informes de incidentes de tortura y otros malos tratos infligidos por la policía a presuntos delincuentes. Entre los métodos corroborados figuraban brutales palizas, descargas eléctricas y tortura por asfixia mientras la persona estaba sujeta con grilletes o encapuchada, así como amenazas de muerte. La Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, órgano de vigilancia de ésta, informó de que desde abril de 2009 hasta marzo de 2010 había recibido 5 denuncias directas de tortura y 920 denuncias de agresión con intención de causar lesiones graves, algunas de las cuales se estaban investigando para determinar si había pruebas de tortura. De las 294 muertes bajo custodia que se produjeron, 7 estaban relacionadas con la tortura, y otras 90, con “lesiones sufridas bajo custodia”. La Dirección Independiente investigó también 24 denuncias de violación cometida por agentes de policía.

Al terminar el año, el Parlamento seguía examinando un anteproyecto de ley por el que se dotaba a la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía de una base jurídica independiente de la legislación policial. En sesiones parlamentarias celebradas en agosto, las organizaciones de la sociedad civil habían pedido que se incluyera en el anteproyecto la obligación explícita de investigar las denuncias de tortura y de violación bajo custodia, y se estipulara la presentación obligatoria de informes por parte de la policía cuando tuviera conocimiento de estos delitos. Estas recomendaciones se incluyeron en una versión revisada del anteproyecto de ley.

A pesar de los continuos esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica y de organizaciones de la sociedad civil, Sudáfrica no ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al terminar el año se había distribuido, para su comentario, una nueva versión de un anteproyecto de ley por el que la tortura quedaba tipificada como delito, pero no se había presentado en el Parlamento.

  • En mayo, un agente de policía, Vinod Maharaj, fue detenido y presuntamente torturado por miembros de la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Organizada y la unidad especial de la policía conocida como Los Halcones. Al parecer, le aplicaron descargas eléctricas, lo golpearon, le arrancaron una uña y lo sometieron a tortura por asfixia. Cuatro días después de su detención compareció ante un tribunal por cargos de tenencia de armas y asesinato. Aunque el tribunal ordenó que la policía garantizase su acceso a tratamiento médico, se le negó éste. Cuatro días después lo llevaron a un hospital para someterlo a una operación quirúrgica de urgencia. Al terminar el año estaba en prisión preventiva y no se había fijado la fecha del juicio.
  • En junio, un abogado que consultaba con su cliente en la comisaría de policía de Protea, en Soweto, oyó gritos en un despacho contiguo, en el que aparentemente estaban aplicando descargas eléctricas a un hombre. Cuando el abogado intentó persuadir a unos agentes para que interviniesen, éstos lo insultaron, lo amenazaron con violencia y le dijeron que saliera de la comisaría. Unos abogados lograron más tarde localizar al hombre al que estaban torturando y a un segundo detenido que también había sido maltratado. Los dos estaban bajo custodia policial en el hospital de Leratong, pero no se permitió a los abogados el acceso a ellos. Cuatro días más tarde, miembros de la Unidad de Lucha contra la Delincuencia Organizada sacaron del hospital a los detenidos, que, al parecer, sufrieron de nuevo tortura antes de ser recluidos en prisión preventiva, acusados de asesinato y robo. Uno de los detenidos quedó en libertad posteriormente.
  • Tres presuntos inmigrantes ilegales detenidos cerca de la frontera con Lesoto fueron recluidos y agredidos en la comisaría de policía de Ladybrand. El 14 de junio, su abogado observó que tenían lesiones en la cara y manchas de sangre en la ropa y supo que uno de ellos había requerido atención médica urgente. Al día siguiente, las autoridades de inmigración permitieron que fueran puestos en libertad. Cuando intentaron denunciar la agresión de la policía, un agente insultó, empujó y amenazó con violencia en la comisaría al abogado y a uno de los detenidos. Al pedir el letrado el formulario de peritación médico-legal, el mismo agente lo agredió, al parecer, de forma reiterada y lo echó de la comisaría. En septiembre, tras una rápida investigación de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía sobre lo ocurrido, el director de la Fiscalía decidió procesar a dos agentes de policía por cargos de agresión.
  • Después de una investigación de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía y de una vista disciplinaria policial, el jefe de la comisaría de policía de Sasolburg fue destituido por haber violado, el 5 de febrero, a una mujer que trabajaba como voluntaria en su oficina. Su juicio penal no había concluido al terminar el año.

El Servicio de Inspección Judicial de Prisiones recibió más de 2.000 denuncias de agresiones de guardias penitenciarios a presos entre abril de 2009 y marzo de 2010. El hacinamiento seguía siendo un problema grave: de 239 centros, 19 tenían tasas de ocupación superiores al 200 por ciento de su capacidad y condiciones que se calificaban de “terriblemente inhumanas”.

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Ejecuciones extrajudiciales

En septiembre, el consejo de ministros aprobó un proyecto de ley de reforma de la sección 49 de la Ley de Procedimiento Penal, que regulaba el uso de la fuerza durante la detención. Las propuestas formuladas en el proyecto de ley suscitaron preocupación pública, ya que permitirían que las personas que practicasen detenciones hicieran uso de medios letales contra los sospechosos que se resistieran a la detención o huyeran para evitarla, cuando considerasen que existía un riesgo importante de “muerte futura” si la detención se demoraba. Las disposiciones del proyecto de ley permitían a particulares y agentes de policía usar medios letales en circunstancias que iban más allá de las permitidas por las normas internacionales de derechos humanos.

En noviembre, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó de un descenso del 6 por ciento, hasta 860, de las muertes ocurridas bajo custodia y “como consecuencia de la acción policial” entre abril de 2009 y marzo de 2010. Sin embargo, en la provincia de KwaZulu-Natal se registró un aumento interanual, de 258 a 270 muertes. En octubre, el director general nacional de la policía, general Bheki Cele, afirmó en el Parlamento que el aumento de los casos de disparos policiales se debía a los peligros a los que se enfrentaban los agentes y a la inexperiencia.

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Violencia contra mujeres y niñas

Continuaron recibiéndose informes sobre altos índices de violencia contra mujeres y niñas, que eran motivo de preocupación en todo el país. Entre abril de 2009 y marzo de 2010 se denunciaron a la policía más de 63.500 casos de delitos sexuales, incluida violación, contra mujeres, niños y niñas.

En el informe de una comisión parlamentaria presentado al Parlamento en febrero se recomendaron cambios sustanciales de la Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar y de las políticas y prácticas de la policía, la justicia y los organismos de asistencia social. Las recomendaciones se formularon tras extensas consultas con organizaciones de la sociedad civil sobre una falta de medidas de aplicación debido a la cual muchas víctimas no tenían acceso a un recurso efectivo. La Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó al Parlamento en noviembre de que sólo la cuarta parte de las 522 comisarías de policía que había inspeccionado en el año precedente cumplían en su integridad las obligaciones impuestas por la Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar. El desconocimiento policial de los requisitos de la Ley, la renuencia a imponer sanciones a los agentes que no la aplicaban y la práctica de no detener a maltratadores violentos eran los principales problemas de los que informó la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía.

Los secuestros y los matrimonios forzados de niñas parecieron aumentar, sobre todo en zonas rurales de la provincia del Cabo Oriental, vinculados con una práctica tradicional, la ukuthwala.

  • En agosto, un tribunal de primera instancia de Willowvale, Cabo Oriental, desestimó la reclamación presentada por un hombre para que regresara su esposa de 17 años de edad o se le devolviese la lobola (precio de la novia). La muchacha, que fue defendida por el Centro Jurídico de Mujeres, tenía 14 años cuando contrajo un matrimonio consuetudinario.

Como respuesta a la práctica en gran escala de pruebas de virginidad, en algunos casos con el respaldo económico de jefes tradicionales financiados por el Estado en la provincia de KwaZulu-Natal, la Comisión sobre la Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres y algunas organizaciones de la sociedad civil condenaron las pruebas de virginidad por ser violaciones del derecho a la igualdad, la dignidad y la intimidad y de los derechos de la infancia.

En marzo, el Tribunal para la Igualdad de Johannesburgo falló, en una demanda entablada por la ONG Sonke Gender Justice, que el presidente de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, Julius Malema, había violado el derecho de las mujeres a la dignidad y que los comentarios que había formulado en un acto público sobre las mujeres que denunciaban una violación equivalían a apología del odio. El Tribunal le ordenó que ofreciera una disculpa pública y pagase una contribución a una organización dedicada a la asistencia a supervivientes de violencia de género, pero él no lo hizo. En octubre, Julius Malema solicitó permiso para recurrir contra el fallo del Tribunal.

Se presentó al Parlamento un anteproyecto de legislación contra la trata, pero al terminar el año no había sido aprobado.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron recibiéndose informes de graves incidentes de violencia contra lesbianas o mujeres a las que se consideraba lesbianas debido a su sexualidad. Al final del año no se sabía bien si un anteproyecto de ley que se había propuesto para tipificar como delito los crímenes de odio incluía a las víctimas de los crímenes cometidos por motivos de orientación sexual, que las organizaciones de la sociedad civil habían recomendado. En diciembre, Sudáfrica apoyó una modificación que tenía por objeto restablecer una referencia a la orientación sexual en una resolución de la ONU que pedía a los Estados que investigasen los homicidios relacionados con la discriminación.

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Derecho a la salud: personas con VIH y sida

ONUSIDA calculaba que unos 5,7 millones de personas vivían con VIH. Al terminar el año, el número de pacientes de sida que recibían tratamiento antirretroviral había aumentado hasta más de 971.500, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Más de un tercio residían en KwaZulu-Natal, la provincia más afectada por la epidemia y con las tasas de infección más altas entre mujeres embarazadas. El gobierno acordó en marzo nuevas directrices para el tratamiento que aumentaban el acceso temprano a tratamiento antirretroviral para las mujeres embarazadas y las personas infectadas por VIH y tuberculosis. El acceso a tratamiento mejoró también en varias provincias cuando el Departamento de Salud, en asociación con ONG y donantes, reforzó la capacidad de los centros médicos fuera de los hospitales para dispensar tratamiento y atención integrales. Sin embargo, la pobreza, la alimentación diaria inadecuada, los sistemas de transporte poco fiables y costosos y la escasez de profesionales de la salud en las zonas rurales seguían siendo barreras importantes para el acceso.

En marzo, el gobierno lanzó una campaña con el objetivo de ampliar la realización de pruebas voluntarias para detectar el VIH y, en KwaZulu-Natal, promovió la circuncisión masculina médica para reducir las tasas de infección por VIH. Ambos programas fueron criticados por centrarse en exceso en objetivos numéricos. En algunos casos no había un consentimiento informado ni un asesoramiento adecuado. El Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica fue acusado de falta de liderazgo en la supervisión de la implementación del plan estratégico nacional sobre el VIH y el sida.

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Personas refugiadas y migrantes

Las personas refugiadas y migrantes seguían sufriendo violaciones del derecho a la vida y la integridad física. En los primeros seis meses del año se tuvo constancia de al menos 14 incidentes de ataques y saqueo de comercios, especialmente contra ciudadanos somalíes y etíopes, en cinco provincias. Tuvieron lugar desplazamientos en gran escala de comunidades de no nacionales en varias zonas, como Siyathemba/Balfour, Sasolburg y Middelburg. La protección policial era a menudo lenta o inadecuada, y las víctimas se enfrentaban a dificultades para obtener justicia e indemnización. En algunas zonas de la provincia de Gauteng, la cooperación entre altos mandos policiales y observadores de la ONU y de la sociedad civil impidió la intensificación de la violencia.

En mayo se dirigieron contra personas refugiadas y migrantes amenazas escritas y verbales de violencia para que cerraran sus negocios o se marcharan antes de que terminase la Copa del Mundo 2010. En junio se estableció un comité interministerial para coordinar la respuesta oficial a los incidentes de violencia. A pesar del aumento del despliegue de fuerzas de seguridad después del 11 de julio, en las provincias del Cabo Occidental y Gauteng se produjeron al menos 15 ataques contra propiedades y personas, en lugares como Philippi East, Khayelitsha, Wallacedene y Kya Sands, y cientos de personas se vieron desplazadas. Algunos miembros del comité interministerial negaron públicamente que los incidentes fueran de índole xenófoba, pero en septiembre la viceministra de Desarrollo Social reconoció que las personas refugiadas y migrantes eran víctimas de “crímenes de odio”.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las personas refugiadas acogieron con satisfacción un fallo dictado por el Tribunal Superior en noviembre que ordenaba a los bancos aceptar la documentación presentada por refugiados y solicitantes de asilo para poder abrir cuentas bancarias.

Al menos en dos ocasiones, en causas entabladas por Abogados en Defensa de los Derechos Humanos, los tribunales ordenaron la liberación de ciudadanos de Zimbabue y Somalia que estaban recluidos de manera ilegítima y corrían el riesgo de ser devueltos a sus países. El programa del Ministerio del Interior anunciado en septiembre para regularizar la situación de miles de zimbabuenses que vivían en Sudáfrica y levantar la suspensión de su expulsión suscitó el temor de que, como consecuencia de las dificultades prácticas de recibir y tramitar las solicitudes en el plazo fijado, en el futuro se llevaran a cabo expulsiones masivas. En diciembre, la ministra del Interior afirmó que los zimbabuenses que hubieran iniciado el proceso de solicitud de permiso antes del 31 de diciembre no serían expulsados. Según cifras oficiales, al cumplirse la fecha límite habían presentado su solicitud más de 250.000. De acuerdo con los informes, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva contra zimbabuenses que esperaban para presentar solicitudes en la oficina del Departamento de Interior en Ciudad del Cabo.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

  • En noviembre comenzó el juicio de 12 simpatizantes de Abahlali baseMjondolo, movimiento de defensa del derecho a la vivienda, por cargos relacionados con la violencia desatada en el asentamiento informal de Kennedy Road en septiembre de 2009. Una testigo de cargo, que se había retractado de su declaración previa ante la policía por haberla hecho bajo coacción, recibió amenazas de muerte varios días después de que su nombre apareciese en los medios de comunicación. El juicio se aplazó hasta mayo de 2011. Todos los acusados estaban en libertad bajo fianza.
  • En enero, miembros de una comunidad afectada por las actividades mineras y la represión policial de sus protestas en la provincia de Limpopo solicitaron ante el Tribunal Superior la revisión judicial de un arrendamiento concedido con la aprobación oficial a la compañía minera Anglo-Platinum. Los solicitantes pedían una orden que declarase que el acuerdo de arrendamiento no se había basado en el consentimiento informado y en el derecho de la comunidad a una indemnización justa y adecuada. El asunto no se había visto aún al final del año.
  • En agosto, miembros de la unidad policial de Los Halcones detuvieron ilegalmente al periodista de investigación del Sunday Times Mzilikazi wa Afrika, en relación, al parecer, con información que había publicado sobre un presunto escuadrón de choque vinculado con altos cargos del gobierno provincial de Mpumalanga. Confiscaron sus libretas de notas y lo tuvieron recluido en distintos lugares durante 24 horas, antes de permitirle comunicarse con su abogado. Tras una solicitud judicial urgente, el Tribunal Superior de Pretoria ordenó la libertad inmediata del periodista. El incidente tuvo lugar en un momento de creciente presión por parte del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, y del gobierno para que se impusiera un control más estricto sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión mediante la creación de un nuevo órgano judicial, el Tribunal de Apelaciones para los Medios de Comunicación, y de draconianas leyes de protección de la información. Las organizaciones de la sociedad civil emprendieron una campaña de oposición a estas propuestas con el lema de “derecho a saber”.
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