Sudáfrica
Jefe del Estado y del gobierno
Jacob G. Zuma
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
50,5 millones
Esperanza de vida
52,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
61,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
88,7 por ciento

Se registraron mejoras sustanciales en el acceso de las personas que vivían con el VIH a tratamiento y atención, si bien seguía estando limitado por factores discriminatorios, sobre todo en las zonas rurales. Había discriminación y violencia selectiva contra las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y los cambios de política redujeron el acceso de estas personas al sistema de asilo. La policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes, y su uso indebido de medios letales siguió constituyendo motivo de preocupación. La violencia sistemática y motivada por el odio contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero comenzó a ser abordada oficialmente. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de Protección de la Información de Estado, que amenazaba la libertad de expresión.

Información general

Los elevados niveles de pobreza, desigualdad y desempleo seguían fomentando las protestas en las comunidades urbanas pobres. Las autoridades de los gobiernos locales eran a menudo las destinatarias de estas protestas, debido a prácticas corruptas o a la lentitud en la prestación de servicios básicos. Algunos miembros del gobierno del presidente Zuma y varios altos mandos policiales fueron destituidos o suspendidos en sus funciones en espera del resultado de investigaciones sobre presunta corrupción. Aumentó la preocupación ante la posibilidad de que la gestión de los asuntos del Estado se viera afectada por las tensiones políticas surgidas en el seno del Congreso Nacional Africano, partido gobernante, con motivo de su conferencia nacional de 2012, en la que se elegiría la nueva dirección del partido. Los tribunales superiores dictaron importantes sentencias que obligaron al gobierno a enmendar o revocar decisiones que afectaban a la independencia y la integridad de las fiscalías y los juzgados de instrucción. Había oposición generalizada a una propuesta de legislación que imponía restricciones al acceso a la información de Estado.

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Derecho a la salud: personas con VIH

Se calculaba que 5,38 millones de personas vivían con el VIH. El número de pacientes de sida que recibían tratamiento antirretroviral aumentó hasta alcanzar 1,4 millones al final de junio. Este avance fue el resultado de la implementación de nuevas políticas y directrices, como permitir el acceso al tratamiento en una etapa más temprana de la enfermedad y ampliarlo en los centros de salud primaria.

A pesar de estas mejoras, la discriminación seguía impidiendo el acceso de muchas personas a los servicios de salud relacionados con el VIH, especialmente en el caso de las familias rurales pobres. Su acceso al tratamiento o su capacidad para continuarlo seguían viéndose afectados por el costo y la poca fiabilidad de los sistemas de transporte locales y por las deficientes infraestructuras viarias rurales. Otros factores importantes eran la inseguridad alimentaria y la arbitrariedad de los procesos y de la toma de decisiones a la hora de determinar qué personas tenían derecho a subsidios. La persistencia de actitudes patriarcales seguía afectando al acceso de las mujeres de zonas rurales a los servicios y a su autonomía para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva.

En octubre, el Ministerio de Salud presentó una nueva Estrategia de Recursos Humanos para la Salud. Entre sus objetivos figuraba la resolución de la crítica escasez de profesionales existente en el sistema público de salud, sobre todo en las zonas rurales, en las que vivía el 44 por ciento de la población pero que estaban atendidas por menos del 20 por ciento de los profesionales de la enfermería y la medicina del país.

El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, después de una consulta de ámbito nacional dirigida por el Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica (SANAC), el gobierno presentó un nuevo plan estratégico nacional quinquenal para el VIH y el sida, las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis. El plan pretendía servir de orientación a las iniciativas de los gobiernos provinciales y otras instituciones para alcanzar cinco grandes metas, entre ellas garantizar el acceso a tratamiento antirretroviral para al menos el 80 por ciento de las personas que lo necesitaban, reducir el estigma social relacionado con el VIH y proteger los derechos de las personas que vivían con el VIH.

En diciembre, diversas organizaciones de la sociedad civil formaron la Coalición Nacional por el Seguro de Salud con el objetivo de hacer campaña por la adopción de un programa para reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El gobierno acometió cambios potencialmente trascendentales en el sistema de asilo, incluido el acceso a procedimientos para la determinación del asilo. En mayo, el Departamento del Interior cerró la Oficina de Acogida de Refugiados de Johannesburgo tras resolverse en contra de ésta un litigio promovido por empresarios locales para pedir su cierre. No se abrió una oficina alternativa. Todos los solicitantes de asilo y refugiados reconocidos que necesitaban renovar sus documentos fueron remitidos a dos oficinas de acogida de refugiados, sobrecargadas de trabajo, existentes ya en Pretoria. En los meses siguientes, los solicitantes nuevos o “transferidos” se afanaron por conseguir acceso a funcionarios del Departamento del Interior en esa oficina. Algunos tuvieron que hacer cola en repetidas ocasiones desde primeras horas de la mañana y recibieron insultos o golpes de sjamboks (látigos cortos y rígidos) y de porras por parte de personal de seguridad, según datos aportados al Tribunal Superior de Gauteng Norte. La imposibilidad de presentar solicitudes o renovar sus documentos dejaba a los solicitantes expuestos a recibir multas y sufrir reclusión y devolución directa o tácita.

El 14 de diciembre, el Tribunal Superior declaró ilegítima la decisión de no abrir una nueva oficina de acogida de refugiados en Johannesburgo, y ordenó que el director general del Interior la reconsiderase y consultase con las personas más afectadas. Durante los procedimientos judiciales habían surgido indicios de que la negativa a abrir una nueva oficina estaba relacionada con la decisión del gobierno de trasladar todos los servicios de asilo a puertos de entrada. La demanda había sido presentada por el Consorcio para Refugiados y Migrantes en Sudáfrica y el Órgano de Coordinación de las Comunidades de Refugiados, con la asistencia de Abogados en Defensa de los Derechos Humanos. A finales de año, las actuaciones judiciales contra el cierre de la Oficina de Acogida de Refugiados de Port Elizabeth se aplazaron hasta febrero de 2012.

En agosto, el Departamento del Interior afirmó que, cuando se levantara en septiembre la suspensión de las expulsiones de ciudadanos de Zimbabue aprobada en 2009, sólo se expulsaría a los que no tuvieran permiso de inmigración o de asilo válidos. Sin embargo, cuando la suspensión terminó, las organizaciones de derechos humanos y la Organización Internacional para las Migraciones registraron incidentes de devolución y de expulsión de menores no acompañados sin medidas adecuadas para protegerlos.

En muchas zonas del país tuvieron lugar durante todo el año actos de violencia y destrucción de bienes, dirigidos contra personas refugiadas y migrantes. Los foros de empresarios locales parecían estar relacionados con muchos de los ataques. En mayo, más de 60 comercios propiedad de ciudadanos extranjeros fueron cerrados por la fuerza, saqueados o destruidos por completo en diferentes zonas de la provincia de Gauteng y en la zona de Motherwell, en Port Elizabeth. En la zona de asentamientos informales de Ramaphosa, cerca de Johannesburgo, hubo agentes de policía que permitieron las acciones del Foro Empresarial del Gran Gauteng o participaron activamente en ellas, incluso amenazando con violencia a extranjeros, cerrando por la fuerza sus tiendas o llevándose bienes de ellas.

En muchos de estos ataques, las comisarías de policía locales no pidieron refuerzos para impedir que se propagara la violencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, al terminar el año las autoridades policiales no habían establecido todavía una estrategia nacional sistemática y efectiva para prevenir o reducir la violencia contra personas refugiadas y migrantes.

En octubre, al parecer, la policía usó fuerza excesiva durante detenciones masivas de “presuntos ciudadanos extranjeros ilegales”, a los que insultó y calificó de extranjeros indeseados, en el barrio de Nyanga, Ciudad del Cabo. Entre las personas afectadas figuraban refugiados reconocidos, que habían mostrado sus documentos a la policía. A un refugiado de la República Democrática del Congo, que necesitó tratamiento médico para sus heridas, le impidieron activamente presentar una denuncia formal contra la policía.

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Pena de muerte

El 22 de septiembre, el Tribunal Superior, en una causa que afectaba a dos ciudadanos de Botsuana, falló que el gobierno no debía extraditar a personas que corrieran el riesgo de ser condenadas a muerte, sin recibir previamente garantías por escrito del Estado solicitante de que no se enfrentarían a la pena de muerte en ninguna circunstancia. El fiscal presentó una apelación contra la sentencia, que al terminar el año no se había resuelto.

El 15 de diciembre, en un acto organizado en memoria de 134 presos políticos ejecutados en la prisión central de Pretoria por el Estado del apartheid, el presidente Zuma volvió a confirmar el compromiso de su gobierno de abolir la pena de muerte.

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Muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales

La Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, órgano de vigilancia de ésta, informó de un descenso del 7 por ciento entre abril de 2010 y marzo de 2011 de las muertes registradas bajo custodia y derivadas de la “acción policial”. Sin embargo, la provincia de KwaZulu-Natal seguía registrando un índice elevado de incidentes de esta índole, con más de un tercio del total nacional de 797 muertes registradas.

Había miembros de unidades especiales de la policía, en particular la de Delincuencia Organizada, implicados en incidentes de muertes sospechosas, causadas presuntamente por tortura o ejecución extrajudicial. Las familias de las víctimas debían hacer frente a obstáculos para acceder a la justicia debido a las deficientes investigaciones oficiales, la falta de fondos para asistencia letrada gratuita o la intimidación. En diciembre, la publicación de noticias sobre presuntos asesinatos cometidos por miembros de la Unidad de Delincuencia Organizada de Cato Manor indujo a la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía a establecer un equipo de investigación para revisar los datos existentes.

  • Al terminar el año no se habían presentado cargos contra los policías responsables de la muerte de Kwazi Ndlovu, de 15 años, ocurrida en abril de 2010. Las pruebas forenses y de otra índole indicaban que el niño estaba tumbado en un sofá de su casa cuando murió por disparos de fusiles de alta velocidad efectuados por policías de la Unidad de Delincuencia Organizada de Durban.
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Uso excesivo de la fuerza

La policía usó fuerza excesiva contra manifestantes que, en lugares como Ermelo en marzo y Ficksburg en abril, protestaban por la corrupción y por el hecho de que las autoridades locales no proporcionaban acceso a una vivienda adecuada y otros servicios básicos. Al terminar el año había en marcha investigaciones de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía e instrucciones judiciales contra agentes de policía acusados formalmente de asesinato, agresión y otros delitos.

En diciembre, ante el aumento de las denuncias de lesiones graves, las autoridades policiales anunciaron restricciones en el uso, por parte de la policía, de balas de goma contra manifestantes.

  • En abril Andries Tatane murió después de que la policía lo golpeara con porras y disparara contra él con balas de goma a corta distancia en Ficksburg.
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Tortura y otros malos tratos

En mayo entró en vigor la Ley de la Dirección Independiente de Investigación de la Policía, pero al terminar el año este organismo aún no estaba operativo. En virtud de esta ley, se ampliaron las obligaciones de investigación prescriptiva originales de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía para incluir los incidentes de tortura y violación a manos de agentes de policía. Quedaron tipificadas como delito la ausencia de notificación por parte de la policía de presuntos incidentes y la obstrucción de las investigaciones de la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía/Dirección Independiente de Investigación de la Policía.

En julio, el director nacional de servicios penitenciarios ordenó una investigación interna sobre la presunta tortura infligida a un preso por seis funcionarios de prisiones mediante un dispositivo paralizante de electrochoque. Se abrió también una investigación policial, pero al finalizar el año no se había informado de progreso alguno.

Al terminar el año no se había presentado en el Parlamento un anteproyecto de ley que tipificaba como delito la tortura.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

La violencia motivada por el odio, en particular contra mujeres lesbianas, era causa de una creciente preocupación pública.

  • El 24 de abril, Noxolo Nogwaza, de 24 años, fue brutalmente asesinada en el suburbio de KwaThema. Miembro activo del Comité Organizador del Orgullo de Ekurhuleni, fue violada, apuñalada reiteradamente y golpeada hasta la muerte. El policía responsable de la investigación de su asesinato no había realizado progresos al terminar el año y no se había detenido a ningún sospechoso. El Comité emprendió una campaña para que el caso se transfiriera a otra comisaría.

En mayo, el Ministerio de Justicia anunció el establecimiento de un “equipo de trabajo” del gobierno y la sociedad civil encargado de buscar soluciones para prevenir nuevos incidentes de esta índole. Las reuniones del equipo de trabajo continuaban en noviembre, pero sin resultados claros. También hubo lentos progresos en la elaboración de un anteproyecto de ley para enjuiciar los crímenes de odio.

En diciembre, durante la fase de imposición de la pena de un juicio celebrado en el tribunal de primera instancia de Germiston, una organización de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, OUT Well-Being, prestó declaración pericial sobre el impacto de los crímenes de odio en las víctimas y la comunidad en general. Los encausados habían sido declarados culpables de agredir a un hombre gay, y el tribunal señaló que habían actuado movidos por el odio y la falta de respeto hacia las personas gays.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaron el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos y la criminalización de su trabajo. Entre los afectados había periodistas, personal de la Defensoría del Pueblo, investigadores de casos de corrupción y organizaciones comunitarias que promovían los derechos económicos y sociales.

  • En julio, 12 simpatizantes del movimiento por el derecho a la vivienda Abahlali baseMjondolo fueron absueltos de todos los cargos presentados por el fiscal, entre ellos los de asesinato, intento de asesinato y agresión relacionados con la violencia que había tenido lugar en el asentamiento informal de Kennedy Road en septiembre de 2009. En su fallo, el tribunal observó las “numerosas contradicciones y discrepancias de los argumentos de la acusación” y la falta de prueba fiable alguna para identificar a los acusados. El tribunal concluyó también que la policía había ordenado a algunos testigos que, en la rueda de identificación, señalaran a miembros de organizaciones relacionadas con Abahlali. Al terminar el año, los simpatizantes de Abahlali que se habían visto desplazados tras el saqueo y la destrucción de sus hogares en 2009 seguían sin poder regresar de manera segura y sin poder reconstruir sus viviendas. En octubre, en una reunión con el alcalde ejecutivo del Municipio Metropolitano de Ethekwini sobre esta cuestión, un alto funcionario al parecer amenazó con actos de violencia al presidente de Abahlali, S’bu Zikode. Al terminar el año no se habían registrado avances en la investigación policial sobre una querella presentada por S’bu Zikode contra el funcionario en cuestión.
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Libertad de expresión

En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Protección de la Información de Estado, que se remitió a la cámara alta del Parlamento para su examen. Se emprendió una campaña en contra de él, en la que participaron cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluidos medios de comunicación. Entre sus disposiciones figuraba la imposición obligatoria de penas de cárcel mínimas de entre 3 y 25 años por diversos delitos, como recopilar, comunicar o recibir información confidencial de Estado o “dar refugio” a una persona que estuviera en posesión de esa información. El proyecto de ley no incluía una eximente explícita por motivos de interés público, aunque los tribunales podían imponer una condena menor si existían “circunstancias sustanciales y concluyentes”. Como respuesta a la campaña, se introdujeron algunos cambios en el proyecto antes de su aprobación por la Asamblea Nacional, entre ellos hacer punible la clasificación de datos como información de Estado para ocultar deliberadamente actos ilegítimos de funcionarios. Siguieron sin abordarse otros motivos de preocupación.

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