Corea del Sur - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Corea

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Corea del Sur is now live »

Jefe del Estado
Lee Myung-bak
Jefe del gobierno
Chung Un-chan (sustituyó a Han Seung-soo en septiembre)
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
48,3 millones
Esperanza de vida
79,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

La discriminación de los trabajadores y las trabajadoras migrantes fue generalizada, y muchos sufrieron condiciones laborales sumamente deficientes. La policía detuvo a periodistas y manifestantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión. Continuaban gozando de impunidad los agentes encargados de hacer cumplir la ley que hacían uso excesivo o innecesario de la fuerza durante manifestaciones, desalojos y redadas de migrantes.

Derechos de las personas migrantes

El Sistema de Permiso de Empleo gestionado por el gobierno proporcionaba a los empleadores excesiva autoridad sobre las personas migrantes, que estaban más expuestas a ser objeto de despido improcedente, a acoso sexual y a la obligación de trabajar horas extras. La proporción de accidentes laborales, algunos de ellos mortales, era mucho mayor entre los trabajadores migrantes que entre los nacionales. Cuando procedían a la detención de migrantes irregulares, los funcionarios de inmigración iban a menudo sin uniforme, no presentaban una orden de detención ni informaban a las personas detenidas sobre sus derechos. Varias mujeres contratadas como cantantes con visado E-6 para espectáculos (visados para artistas) fueron objeto de trata con fines de explotación sexual en bases militares estadounidenses. A las personas que presentaban una solicitud al Sistema de Permiso de Empleo para trabajar en espectáculos o impartir clases de lengua extranjera se les exigía una prueba de VIH, que, de resultar positiva, provocaba su expulsión.

En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó que se reforzase la vigilancia de los visados E-6; se proporcionase formación obligatoria a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, fiscales y jueces en legislación contra la trata de personas; y se implantase un procedimiento efectivo de presentación de quejas para los trabajadores migrantes, al margen de su condición como migrantes. El Comité también afirmó que en la actual situación económica no era razonable que el Sistema de Permiso de Empleo obligase a los trabajadores migrantes a encontrar trabajo en un plazo de tres meses tras abandonar otro empleo so pena de perder su condición jurídica. Asimismo recomendó que el Estado acatase la decisión del Tribunal Superior de Seúl de legalizar el Sindicato de Migrantes.

  • En abril, una grabación de vídeo mostró a dos funcionarios de inmigración de Daejeon mientras arrastraban a una mujer china hacia el interior de una furgoneta agarrándola por la parte posterior de los vaqueros y la blusa. Uno de los funcionarios le propinó un puñetazo en el cuello sin que se advirtiese ninguna provocación por parte de la mujer.

Racismo

En noviembre, en lo que constituyó la primera condena por comentarios racistas, el Tribunal de Distrito de Incheon impuso a un hombre llamado Park una multa de un millón de wons (865 dólares estadounidenses) por calumnias contra el profesor de investigación indio Bonojit Hussain. Al no existir ninguna ley contra la discriminación racial, Park fue declarado culpable de “insultos personales”.

Policía y fuerzas de seguridad

  • En enero, aproximadamente 40 manifestantes –entre ellos, al menos 10 inquilinos que habían sido desalojados– se atrincheraron con material incendiario en la azotea de un edificio del distrito de Yongsan, en Seúl, para protestar por que no habían recibido una indemnización tras el desalojo. Después de 25 horas sin negociaciones, dos comandos antiterroristas, con el apoyo de 1.600 policías antidisturbios, asaltaron el edificio, lo que provocó la muerte de cinco manifestantes y un agente de policía.

Las autoridades procesaron a 1.258 civiles por protestar ilegalmente durante las manifestaciones de 2008 contra la importación de carne de vacuno de Estados Unidos. Ningún policía fue procesado por hacer un uso excesivo o innecesario de la fuerza durante las protestas, pese a los indicios de que algunos agentes sí lo habían hecho.

En septiembre, el Tribunal Constitucional falló que el artículo 10 de la Ley de Reuniones y Manifestaciones, que prohibía las manifestaciones desde la puesta del sol hasta el amanecer, violaba el espíritu de la Constitución, que garantizaba la libertad de reunión y asociación.

Libertad de expresión

Internet

  • En enero, Park Dae-sung, también conocido como “Minerva”, fue detenido por infringir la Ley Marco de Telecomunicaciones tras publicar en su blog previsiones económicas pesimistas. Se le acusó de difundir rumores malintencionados para desestabilizar la economía. Park Dae-sung fue absuelto en abril, pero la fiscalía recurrió la sentencia.

Periodistas

  • En marzo de 2009, cuatro periodistas sindicalistas de Yonhap Television Network (YTN), un canal de televisión que emitía ininterrumpidamente, fueron detenidos por “interferir en la empresa”. Los periodistas llevaban tiempo pidiendo garantías de que se mantendría la independencia editorial tras el nombramiento de Ku Bon-hong, ex asesor del presidente Lee Myung-bak, como presidente de YTN.
  • En junio se formularon cargos contra cuatro productores y un escritor de Munhwa Broadcasting Corporation por difamación del ex ministro de Agricultura, negociador de las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos. La fiscalía los acusó de tergiversar los hechos, realizar deliberadamente una mala traducción y exagerar los peligros de la carne de vacuno estadounidense en su programa de televisión, PD Notebook, emitido en abril de 2008. El gobierno culpó al programa de desencadenar las vigilias con velas organizadas en 2008 para protestar contra la importación de carne de vacuno de Estados Unidos.

Objeción de conciencia

Al menos 696 objetores de conciencia, en su mayoría testigos de Jehová, estaban en prisión por negarse a servir en las fuerzas armadas. El promedio de las condenas impuestas era de un año y medio de cárcel.

Detención y reclusión arbitrarias

Un total de 18 personas fueron detenidas por delitos relacionados con disposiciones imprecisas de la Ley de Seguridad Nacional.

Treinta y cuatro personas fueron procesadas por cargos relacionados con dicha ley, 14 de las cuales recibieron condenas. Los juicios de las otras 20 seguían pendientes al terminar el año.

Pena de muerte

En junio, el Tribunal Constitucional oyó la causa de Oh, un recluso condenado a muerte que alegaba que la pena capital constituía una violación de la dignidad humana y de los valores consagrados en la Constitución. No se llevaron a cabo ejecuciones. Había 57 personas condenadas a muerte.

Novedades institucionales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó honda preocupación por la falta de independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea y por su recorte de personal del 21 por ciento, y recomendó que se le asignasen los recursos humanos y económicos necesarios y se permitiese la presentación directa a la Comisión de quejas individuales sobre violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Un total de 324 personas presentaron solicitudes de asilo y 321 solicitudes estaban pendientes de resolución en el Ministerio de Justicia. Fueron rechazadas 994 y sólo se reconoció la condición de refugiado a 74 personas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales continuó considerando motivo de preocupación el número sumamente reducido de personas a las que el Estado reconocía la condición de refugiadas. En junio se concedió el derecho al trabajo de determinados solicitantes de asilo, pero los retrasos en la aplicación de esta decisión dejaron a muchas personas sin modo de ganarse el sustento.

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