España - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de España

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
España is now live »

Jefe del Estado
rey Juan Carlos I de Borbón
Jefe del gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
44,9 millones
Esperanza de vida
80,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,9 por ciento

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque su número disminuyó, según informes, en las comisarías de policía donde se habían instalado sistemas de circuito cerrado de televisión. Se introdujeron reformas en la legislación de asilo que reconocían el género y la orientación sexual como motivos de persecución, pero también aumentaban las restricciones de procedimiento para solicitar asilo. Las autoridades siguieron aplicando el régimen de incomunicación a personas detenidas pese a los reiterados llamamientos de organismos internacionales de derechos humanos para que esta práctica fuera abolida. El grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) prosiguió su campaña de violencia y se atribuyó la autoría de dos homicidios. Las víctimas de violencia de género, y en particular de trata de personas, seguían sin recibir protección y asistencia adecuadas del Estado. Se avanzó poco en la investigación de desapariciones forzadas y fosas comunes relacionadas con la Guerra Civil y el régimen de Franco. Las medidas adoptadas por el gobierno para abordar el racismo fueron insuficientes. La aplicación de la jurisdicción universal por delitos internacionales quedó restringida tras una reforma legislativa.

Tortura y otros malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tras la introducción de sistemas integrales de circuito cerrado de televisión en las comisarías de la policía autonómica de Cataluña en 2008, una red nacional de ONG informó de que el número de denuncias de malos tratos contra agentes de policía catalanes había disminuido casi un 40 por ciento en comparación con 2007. Ninguna de las denuncias documentadas por la red de ONG se refería a malos tratos en una comisaría. Sin embargo, la policía nacional y la Guardia Civil aún no habían implementado esas medidas, salvo con detenidos en régimen de incomunicación y sólo si un juez lo solicitaba expresamente.

El informe anual de la Fiscalía General del Estado reveló que durante el año se habían presentado más de 230 denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pese a las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no se habían tomado medidas para crear una comisión independiente de quejas contra la policía.

  • No se fijó fecha para el juicio de los dos agentes de policía acusados de matar a Osamuyia Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007.
  • En junio se publicó en Internet un vídeo que mostraba el trato degradante infligido a un senegalés durante un intento de expulsarlo de España. En las imágenes se veía al hombre tumbado boca abajo en el asfalto de una pista del aeropuerto de Madrid, con los brazos y las piernas atados juntos a la espalda y, aparentemente, siendo amordazado por agentes de policía sin uniforme. A continuación se veía cómo los agentes lo levantaban del suelo, aún atado, y lo metían en la parte trasera de un furgón policial después de que el piloto del avión se negara a permitir su embarque en tales condiciones.
  • En junio, tres agentes de policía acusados de infligir malos tratos a un detenido en marzo de 2007 en la comisaría de la policía autonómica catalana de Les Corts, en Barcelona, fueron declarados culpables de una falta de lesiones y condenados a pagar una multa de 600 euros. Un cuarto agente imputado fue absuelto. Las imágenes de cámara oculta mostraban a los agentes dando patadas y golpes al detenido.

Derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Migrantes y solicitantes de asilo seguían arriesgando la vida al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres, aunque los datos oficiales reflejaron un descenso del 45 por ciento en el número de llegadas en patera en comparación con el año anterior. España seguía teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la UE.

En febrero, sindicatos policiales informaron de que agentes de la comisaría de policía de Vallecas, en Madrid, habían recibido órdenes de cumplir un cupo mensual específico de detenciones de inmigrantes irregulares; según los informes, otros agentes denunciaron haber recibido instrucciones parecidas en otras partes del país. El ministro del Interior negó públicamente que existiera semejante política. Según informes de ONG de toda España, a lo largo del año aumentaron los controles policiales de identidad por motivos raciales, se pensaba que como consecuencia de las medidas de control de la inmigración.

En octubre, España ratificó el Protocolo núm. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros.

La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, ampliaba los motivos para reconocer la condición de refugiado o para conceder protección subsidiaria a las personas que sufrían persecución por motivos de género u orientación sexual. Sin embargo, también excluía a los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo, eliminaba la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas españolas en el extranjero y ampliaba los motivos para excluir a alguien de la condición de refugiado en función de criterios imprecisos, como “constituir un peligro para la seguridad nacional”.

La Ley de Extranjería se modificó en octubre. Las reformas aprobadas garantizaban el acceso de las ONG a los centros de detención de inmigrantes, pero elevaban de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes en situación irregular.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades continuaron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, pese a los llamamientos reiterados de organismos internacionales de derechos humanos para que esta práctica fuera abolida. Según la legislación vigente, las personas recluidas en régimen de incomunicación tenían gravemente restringido el acceso a representación letrada y corrían mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

En sus observaciones finales del 19 de noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró su preocupación por el hecho de que la detención en régimen de incomunicación en España para casos relacionados con terrorismo o grupos armados debilitaba las salvaguardias jurídicas necesarias contra los actos de tortura o malos tratos. El Comité pidió a España que modificara el régimen de incomunicación con vistas a su abolición.

  • Cuando la fiscalía y el juez instructor se negaron a examinar las denuncias de tortura formuladas por Mohammed Fahsi ante el juzgado de instrucción, su abogado presentó en junio una denuncia formal en relación con el trato recibido por su cliente cuando estuvo en régimen de incomunicación bajo custodia de la Guardia Civil en enero de 2006. Al final del año no se había recibido respuesta alguna. En septiembre, Mohammed Fahsi y otros ocho hombres fueron juzgados por cargos relacionados con el terrorismo. En diciembre se cumplió el plazo de cuatro años legalmente establecido para mantener en prisión preventiva a las personas acusadas de delitos graves, y Mohammed Fahsi quedó en libertad en espera de la sentencia.
  • En mayo, el Tribunal Supremo absolvió a Sabino Ormazabal y a otros siete hombres que anteriormente habían sido declarados culpables de “colaboración” con actos terroristas en el denominado “Macroproceso 18/98”. También resultó absuelta una mujer que anteriormente había sido declarada culpable de pertenencia a organización terrorista. Tanto el relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo como el Comité de Derechos Humanos de la ONU habían planteado en 2008 sus motivos de preocupación en relación con el carácter excesivamente amplio e impreciso de algunos artículos de la legislación antiterrorista española, incluidos los que se aplicaron en este caso, que podrían no estar en consonancia con el derecho internacional.

Abusos cometidos por grupos armados

ETA reivindicó la autoría de numerosos atentados con explosivos durante el año, entre ellos un vehículo bomba que mató a dos agentes de la Guardia Civil en Mallorca y un ataque contra un cuartel de la Guardia Civil en el País Vasco, ambos perpetrados en julio.

Derechos de la infancia

Los niños y niñas que residían en los centros de protección de menores estaban expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos. Hubo denuncias de abandono, medicación forzada, uso excesivo de la fuerza y abusos psicológicos y físicos por parte del personal de estos centros. El Defensor del Pueblo español puso de relieve preocupaciones parecidas en un informe publicado en 2008.

Violencia contra mujeres y niñas

A pesar de algunos avances en los últimos años, continuaron muriendo mujeres a manos de su pareja o ex pareja. Las mujeres migrantes que sufrían violencia en el entorno familiar seguían enfrentándose a dificultades adicionales para obtener justicia y acceder a servicios especializados. La respuesta institucional a otras formas de violencia basadas en el género, incluida la trata de seres humanos para fines de explotación sexual, aún era insuficiente. No existía un sistema institucionalizado para identificar a las víctimas de trata de personas para el comercio sexual, ni para remitirlas a los servicios de asistencia. Las víctimas de violencia de género que intentaron obtener resarcimiento se encontraron con numerosos obstáculos, entre ellos la falta de indemnizaciones por las secuelas psicológicas de la violencia.

  • Ocho años después de recibir 15 puñaladas y ser atropellada por su ex marido, Ascensión Anguita aún no había sido indemnizada por el ataque, y la falta de apoyo institucional dificultaba su recuperación. Seguía sin poder trabajar, tenía diagnosticado un trastorno de estrés postraumático y vivía de una pensión mensual de 401 euros por discapacidad. En julio de 2008, su ex marido obtuvo el derecho a salir de prisión con permisos de seis días al mes, tiempo durante el cual Ascensión Anguita tenía que abandonar su casa y esconderse. La policía le dijo que no disponía de recursos suficientes para protegerla.

Racismo

El Plan de Derechos Humanos, que arrancó en 2008, contenía una disposición dirigida a establecer una estrategia integral para combatir el racismo en todo el territorio nacional; sin embargo, al terminar el año todavía no había empezado a aplicarse dicha estrategia, en contravención de las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, establecido por ley en 2003, no era aún operativo. Según el informe anual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE correspondiente a 2009, publicado en junio, eso situaba a España entre los cuatro únicos países de la UE que no tenían un órgano nacional de igualdad que publicara datos estadísticos sobre denuncias de racismo. España estaba también entre los seis únicos países de la UE que no recopilaban ni publicaban datos oficiales sobre delitos racistas.

Desapariciones forzadas

En septiembre, España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; sin embargo, la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en el derecho español.

En diciembre de 2008, la Audiencia Nacional resolvió que no era competente para investigar casos de desaparición forzada que databan de la Guerra Civil española y los primeros años del régimen de Francisco Franco; por consiguiente, remitió los 114.266 presuntos casos de desaparición forzada a los 43 juzgados de instrucción de las localidades donde se habían encontrado las fosas comunes. Posteriormente, 13 juzgados clasificaron los casos como delitos comunes y archivaron las investigaciones con el argumento de que éstos habían prescrito (las normas sobre prescripción establecían un periodo máximo para emprender acciones judiciales después de un delito específico). Sólo 3 de los juzgados locales clasificaron los casos como delitos de derecho internacional, que nunca prescriben. Estas investigaciones seguían abiertas al concluir el año.

El 11 de marzo, el Senado rechazó un anteproyecto de ley por el que se pedía al gobierno que asumiera la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen de Franco. Esta decisión entraba en conflicto con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contenía disposiciones para ayudar a los familiares a localizar y recuperar los restos de sus seres queridos. La propia ley de 2007 distaba de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

Justicia internacional

En octubre, el Parlamento aprobó una reforma a la Ley del Poder Judicial que restringía la aplicación de la jurisdicción universal. Como consecuencia podrían ser archivados 13 casos que se estaban investigando en España. La reforma circunscribía la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en que las víctimas fueran españolas o tuvieran algún “vínculo de conexión relevante” con España y en los que el presunto perpetrador estuviera en España, y siempre que no se hubiera iniciado una investigación o una persecución efectiva en otro país o ante un tribunal internacional. No se definieron los criterios para determinar lo que constituía “efectiva” en ese contexto. La reforma legislativa se aprobó sin ningún debate específico al respecto.

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