Persistieron las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, y las investigaciones sobre ellas siguieron siendo inadecuadas.
España se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación pese a las reiteradas
recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Se extraditó
a Marruecos a un hombre sospechoso de terrorismo a pesar de que allí corría peligro
de tortura y juicio sin las debidas garantías. El grupo armado Euskadi Ta Askatasuna
(ETA) anunció una tregua. Se concedió protección internacional a varios ex detenidos
de Guantánamo. Aumentaron los casos de violencia contra mujeres y niñas. Se suspendió
de sus funciones a un juez instructor por poner en marcha una investigación sobre
los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley. No se tomaron medidas para recopilar y publicar
datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas
bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado por el
gobierno en 2008.
En junio se aprobó la reforma del Código Penal sin que se hubiera modificado la definición
de la tortura, a pesar de que el Comité de la ONU contra la Tortura había recomendado
armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos. El Código Penal seguía
diferenciando entre atentado “grave” de tortura y atentado que “no lo es” [grave].
La celebración del juicio de los dos agentes de policía acusados de matar a Osamuyia
Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007 estaba prevista el 16 y 17
de marzo de 2011.
Las autoridades siguieron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas
sospechosas de actividades terroristas. Estas personas podían permanecer bajo custodia
hasta 13 días, y en ese tiempo no podían designar a un representante letrado de su
elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían
acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia. En
mayo, el gobierno rechazó las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal
de la ONU para abolir esta forma de detención.
El Juzgado de Instrucción núm. 23 de Madrid aceptó en enero examinar las acusaciones
de tortura de Mohammed Fahsi a raíz de una denuncia formal presentada por su abogado,
pero en abril ya había cerrado la investigación. Según la denuncia, Mohammed Fahsi
fue torturado durante su reclusión en régimen de incomunicación tras haber sido detenido
por la Guardia Civil en enero de 2006. Inicialmente la denuncia había sido desestimada
por la Fiscalía y el juez instructor, quien argumentó que los hechos se habían denunciado
al cabo de más de tres años y que Mohammed Fahsi había contado al perito médico que
había recibido un trato “normal”. Al final del año estaba pendiente un recurso de
apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción. También en enero, Mohammed
Fahsi, que había estado cuatro años en prisión preventiva, fue condenado a siete años
de prisión por pertenencia a una organización terrorista. Recurrió la decisión ante
el Tribunal Supremo y estaba en libertad en espera del resultado.
El 25 de junio, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid desestimó una denuncia
presentada por María Mercedes Alcocer por torturas, lesiones y amenazas graves sufridas
a manos de miembros de la Guardia Civil del 10 al 13 de diciembre de 2008, estando
recluida en régimen de incomunicación. Un informe pericial del 12 de diciembre de
2008 constataba la presencia de hematomas y señales de patadas y golpes. Sin embargo,
en su decisión de archivar el caso, el Juzgado de Instrucción afirmó que ninguno de
los informes periciales presentados constataba señales externas de violencia contra
María Mercedes Alcocer y que la única finalidad de la denuncia era identificar a los
miembros de la Guardia Civil encargados de su custodia. Al final del año estaba pendiente
su recurso de apelación contra esta decisión. Asimismo, en mayo María Mercedes Alcocer
fue acusada de colaboración con banda armada ante la Audiencia Nacional. Al terminar
el año aún no se había dictado sentencia.
El 28 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que España había
violado la prohibición de tortura y otros malos tratos: las autoridades no habían
investigado las denuncias de tortura formuladas por Mikel San Argimiro Isasa por el
trato recibido durante los cinco días que había estado detenido en régimen de incomunicación
en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid en mayo de 2002.
El 30 de diciembre, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa declaró a cuatro miembros
de la Guardia Civil culpables de infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola
cuando se hallaban bajo custodia policial en la mañana del 6 de enero de 2008. La
Audiencia resolvió que el hecho de que ambos hubieran sido declarados culpables de
pertenecer al grupo armado ETA y de cometer graves delitos de terrorismo no restaba
credibilidad a sus declaraciones. Sin embargo, sus denuncias de haber sufrido malos
tratos durante su posterior detención y traslado fueron desestimadas por falta de
pruebas. Los otros 11 guardias civiles enjuiciados fueron absueltos.
Extradición
El 14 de diciembre, las autoridades españolas extraditaron a Marruecos a un hombre,
Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí, acusado de delitos de terrorismo.
Al hacerlo, incumplieron lo establecido en las medidas provisionales dictadas por
el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había pedido a España que no llevara
a cabo la extradición hasta que el Comité hubiera adoptado una decisión sobre el caso.
Miembros del grupo armado ETA mataron en marzo a un agente de policía francés en
un tiroteo ocurrido en Dammarie-lès-Lys, cerca de París. El 5 de septiembre, el grupo
anunció que no llevaría a cabo más “acciones armadas ofensivas”.
Según cifras del Ministerio del Interior, 3.632 migrantes irregulares llegaron a las
costas españolas en 2010. Esta cifra era un 50 por ciento inferior a la de 2009 y
la más baja registrada en los diez años anteriores. Este descenso se debió en parte
a que siguieron aplicándose políticas de interceptación de migrantes y solicitantes
de asilo en el mar y acuerdos de readmisión firmados con los países de origen y de
tránsito.
El gobierno rechazó en septiembre la recomendación de firmar y ratificar la Convención
sobre los Derechos de los Migrantes, formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU
sobre el Examen Periódico Universal.
Detenidos de Guantánamo
En febrero, el entonces ministro de Asuntos Exteriores confirmó que España estaba
dispuesta a ofrecer protección internacional a cinco ex detenidos de Guantánamo. El
anuncio fue seguido de la llegada –el 24 de febrero, el 4 de mayo y el 21 de julio,
respectivamente– de un palestino, un yemení y un afgano que habían estado bajo custodia
estadounidense en Guantánamo.
Trata de personas
El gobierno reformó en junio la definición de la trata de personas contenida en el
Código Penal para adecuarla al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra
la Trata de Seres Humanos. Sin embargo, suscitaba preocupación el hecho de que no
siempre se respetara en la práctica el derecho a un periodo de recuperación y reflexión
en el caso de los extranjeros en situación irregular que pudieran haber sido víctimas
de trata. La Ley de Extranjería protegía ese derecho durante un periodo mínimo de
30 días, durante los cuales debían suspenderse los trámites de expulsión. Al final
del año no se habían tomado todavía medidas para dar instrucciones a las autoridades
correspondientes sobre cómo identificar a las víctimas de trata con arreglo a la ley.
Gladys John, ciudadana nigeriana que estaba embarazada de dos meses, fue expulsada
a Nigeria el 17 de marzo a pesar de que el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados–
había expresado la preocupación de que pudiera haber sido víctima de trata. El Juzgado
Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid había rechazado su solicitud
de asilo el 10 de marzo y se había negado a reconocer su condición de víctima de trata.
Persistían las denuncias sobre castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida
de medicamentos y asistencia médica insuficiente en centros para menores de edad con
problemas sociales o de conducta. En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño,
de la ONU, expresó su preocupación por que el internamiento en tales centros pudiera
constituir una forma de privación de libertad y recomendó a España que ajustara plenamente
la legislación y las normas administrativas de todas las comunidades autónomas a la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el número de mujeres muertas
en 2010 a manos de sus parejas o ex parejas se elevó a 73, de las cuales 27 eran migrantes.
Las mujeres migrantes en situación irregular que sufrían violencia en el ámbito familiar
o de género seguían temiendo presentar denuncia ante la policía por el riesgo de ser
expulsadas al hacerlo. La reforma de la Ley de Extranjería, de diciembre de 2009,
incluía una disposición según la cual los trámites de expulsión se debían poner en
marcha cuando una mujer migrante en situación irregular presentaba una denuncia por
violencia de género.
Las víctimas de violencia basada en el género seguían, además, encontrando numerosos
obstáculos para conseguir una reparación justa y oportuna.
En julio, 10 años después de los hechos, Ascensión Anguita recibió una indemnización
de su ex marido por las graves secuelas físicas y psicológicas que éste le había causado
al propinarle 15 puñaladas. No podía trabajar, sufría un trastorno de estrés postraumático
y vivía de una pensión mensual por discapacidad.
Las autoridades no tomaron medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros
y apoyar la libertad de expresión y religión.
En enero, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil emitió una circular
por la que autorizaba la detención preventiva de los ciudadanos extranjeros que no
presentaran documentos de identidad al pedírselos en un control. Sindicatos policiales
preocupados por que la medida pudiera dar lugar a detenciones ilegales solicitaron
la retirada inmediata de la circular.
En mayo, el gobierno apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre
el Examen Periódico Universal de recopilar y publicar datos estadísticos sobre delitos
cometidos por motivos raciales y elaborar un plan nacional de acción contra el racismo
y la xenofobia. Sin embargo, al final del año no se habían tomado más medidas en este
sentido. Tampoco había empezado a aplicarse una disposición del Plan de Derechos Humanos
de 2008 dirigida a establecer una estrategia nacional para combatir el racismo.
Varios municipios aprobaron disposiciones que prohibían el uso del velo integral en
edificios municipales. El Senado aprobó en junio una moción por la que instaba al
gobierno a prohibirlo “en espacios y acontecimientos públicos”. Se expresó la preocupación
de que una prohibición tan general violara el derecho a la libertad de expresión y
a la libertad religiosa de las mujeres que decidieran llevar este velo como expresión
de su identidad o de sus creencias.
Aunque en junio se aprobó la reforma del Código Penal, el gobierno no introdujo una
definición de delitos de derecho internacional como la desaparición forzada y la ejecución
extrajudicial.
En abril, el Tribunal Supremo acusó al juez instructor Baltasar Garzón de infringir
la Ley de Amnistía de 1977. Baltasar Garzón había puesto en marcha por primera vez
en España una investigación sobre delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo,
que implicaban la desaparición forzada de más de 114.000 personas entre 1936 y 1951.
Posteriormente, en mayo, el Consejo General del Poder Judicial suspendió al juez de
sus funciones mientras durara su procesamiento ante el Tribunal Supremo.
Las leyes de amnistía y las normas sobre prescripción de los delitos eran incompatibles
con el derecho internacional en el caso de la desaparición forzada, la tortura o los
crímenes de lesa humanidad, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido
a España en 2008 que considerase la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Pese
a ello, la Ley seguía en vigor al final del año.
En septiembre y noviembre, la Audiencia Nacional archivó sendas investigaciones sobre
delitos cometidos en Myanmar y en Tíbet. En ambos casos, la decisión se adoptó en
aplicación de la limitación de la jurisdicción universal introducida en octubre de
2009 mediante una reforma de la Ley del Poder Judicial. Desde esta reforma, los tribunales
nacionales ya no podían entablar procesos de esta índole a menos que las víctimas
tuvieran la nacionalidad española, el presunto autor estuviera en España o existiera
algún otro “vínculo de conexión relevante” con España, y siempre que no se hubiera
iniciado una investigación efectiva o un proceso con todas las garantías en otro país
o ante un tribunal internacional.
El gobierno solicitó a Sudáfrica en septiembre la extradición de Faustin Kayumba Nyamwasa,
jefe del ejército ruandés. La Audiencia Nacional lo había procesado en 2008 por genocidio
y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda.
