España
Jefe del Estado
rey Juan Carlos I de Borbón
Jefe del gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
45,3 millones
Esperanza de vida
81,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,6 por ciento

Persistieron las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y las investigaciones sobre ellas siguieron siendo inadecuadas. España se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación pese a las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Se extraditó a Marruecos a un hombre sospechoso de terrorismo a pesar de que allí corría peligro de tortura y juicio sin las debidas garantías. El grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció una tregua. Se concedió protección internacional a varios ex detenidos de Guantánamo. Aumentaron los casos de violencia contra mujeres y niñas. Se suspendió de sus funciones a un juez instructor por poner en marcha una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado por el gobierno en 2008.

En junio se aprobó la reforma del Código Penal sin que se hubiera modificado la definición de la tortura, a pesar de que el Comité de la ONU contra la Tortura había recomendado armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos. El Código Penal seguía diferenciando entre atentado “grave” de tortura y atentado que “no lo es” [grave].

  • La celebración del juicio de los dos agentes de policía acusados de matar a Osamuyia Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007 estaba prevista el 16 y 17 de marzo de 2011.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades siguieron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas. Estas personas podían permanecer bajo custodia hasta 13 días, y en ese tiempo no podían designar a un representante letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia. En mayo, el gobierno rechazó las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU para abolir esta forma de detención.

  • El Juzgado de Instrucción núm. 23 de Madrid aceptó en enero examinar las acusaciones de tortura de Mohammed Fahsi a raíz de una denuncia formal presentada por su abogado, pero en abril ya había cerrado la investigación. Según la denuncia, Mohammed Fahsi fue torturado durante su reclusión en régimen de incomunicación tras haber sido detenido por la Guardia Civil en enero de 2006. Inicialmente la denuncia había sido desestimada por la Fiscalía y el juez instructor, quien argumentó que los hechos se habían denunciado al cabo de más de tres años y que Mohammed Fahsi había contado al perito médico que había recibido un trato “normal”. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción. También en enero, Mohammed Fahsi, que había estado cuatro años en prisión preventiva, fue condenado a siete años de prisión por pertenencia a una organización terrorista. Recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo y estaba en libertad en espera del resultado.
  • El 25 de junio, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid desestimó una denuncia presentada por María Mercedes Alcocer por torturas, lesiones y amenazas graves sufridas a manos de miembros de la Guardia Civil del 10 al 13 de diciembre de 2008, estando recluida en régimen de incomunicación. Un informe pericial del 12 de diciembre de 2008 constataba la presencia de hematomas y señales de patadas y golpes. Sin embargo, en su decisión de archivar el caso, el Juzgado de Instrucción afirmó que ninguno de los informes periciales presentados constataba señales externas de violencia contra María Mercedes Alcocer y que la única finalidad de la denuncia era identificar a los miembros de la Guardia Civil encargados de su custodia. Al final del año estaba pendiente su recurso de apelación contra esta decisión. Asimismo, en mayo María Mercedes Alcocer fue acusada de colaboración con banda armada ante la Audiencia Nacional. Al terminar el año aún no se había dictado sentencia.
  • El 28 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que España había violado la prohibición de tortura y otros malos tratos: las autoridades no habían investigado las denuncias de tortura formuladas por Mikel San Argimiro Isasa por el trato recibido durante los cinco días que había estado detenido en régimen de incomunicación en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid en mayo de 2002.
  • El 30 de diciembre, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa declaró a cuatro miembros de la Guardia Civil culpables de infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola cuando se hallaban bajo custodia policial en la mañana del 6 de enero de 2008. La Audiencia resolvió que el hecho de que ambos hubieran sido declarados culpables de pertenecer al grupo armado ETA y de cometer graves delitos de terrorismo no restaba credibilidad a sus declaraciones. Sin embargo, sus denuncias de haber sufrido malos tratos durante su posterior detención y traslado fueron desestimadas por falta de pruebas. Los otros 11 guardias civiles enjuiciados fueron absueltos.

Extradición

  • El 14 de diciembre, las autoridades españolas extraditaron a Marruecos a un hombre, Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí, acusado de delitos de terrorismo. Al hacerlo, incumplieron lo establecido en las medidas provisionales dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había pedido a España que no llevara a cabo la extradición hasta que el Comité hubiera adoptado una decisión sobre el caso.
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Abusos cometidos por grupos armados

Miembros del grupo armado ETA mataron en marzo a un agente de policía francés en un tiroteo ocurrido en Dammarie-lès-Lys, cerca de París. El 5 de septiembre, el grupo anunció que no llevaría a cabo más “acciones armadas ofensivas”.

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Personas refugiadas y migrantes

Según cifras del Ministerio del Interior, 3.632 migrantes irregulares llegaron a las costas españolas en 2010. Esta cifra era un 50 por ciento inferior a la de 2009 y la más baja registrada en los diez años anteriores. Este descenso se debió en parte a que siguieron aplicándose políticas de interceptación de migrantes y solicitantes de asilo en el mar y acuerdos de readmisión firmados con los países de origen y de tránsito.

El gobierno rechazó en septiembre la recomendación de firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal.

Detenidos de Guantánamo

En febrero, el entonces ministro de Asuntos Exteriores confirmó que España estaba dispuesta a ofrecer protección internacional a cinco ex detenidos de Guantánamo. El anuncio fue seguido de la llegada –el 24 de febrero, el 4 de mayo y el 21 de julio, respectivamente– de un palestino, un yemení y un afgano que habían estado bajo custodia estadounidense en Guantánamo.

Trata de personas

El gobierno reformó en junio la definición de la trata de personas contenida en el Código Penal para adecuarla al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Sin embargo, suscitaba preocupación el hecho de que no siempre se respetara en la práctica el derecho a un periodo de recuperación y reflexión en el caso de los extranjeros en situación irregular que pudieran haber sido víctimas de trata. La Ley de Extranjería protegía ese derecho durante un periodo mínimo de 30 días, durante los cuales debían suspenderse los trámites de expulsión. Al final del año no se habían tomado todavía medidas para dar instrucciones a las autoridades correspondientes sobre cómo identificar a las víctimas de trata con arreglo a la ley.

  • Gladys John, ciudadana nigeriana que estaba embarazada de dos meses, fue expulsada a Nigeria el 17 de marzo a pesar de que el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– había expresado la preocupación de que pudiera haber sido víctima de trata. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid había rechazado su solicitud de asilo el 10 de marzo y se había negado a reconocer su condición de víctima de trata.
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Derechos de la infancia

Persistían las denuncias sobre castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente en centros para menores de edad con problemas sociales o de conducta. En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por que el internamiento en tales centros pudiera constituir una forma de privación de libertad y recomendó a España que ajustara plenamente la legislación y las normas administrativas de todas las comunidades autónomas a la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Violencia contra las mujeres

Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el número de mujeres muertas en 2010 a manos de sus parejas o ex parejas se elevó a 73, de las cuales 27 eran migrantes.

Las mujeres migrantes en situación irregular que sufrían violencia en el ámbito familiar o de género seguían temiendo presentar denuncia ante la policía por el riesgo de ser expulsadas al hacerlo. La reforma de la Ley de Extranjería, de diciembre de 2009, incluía una disposición según la cual los trámites de expulsión se debían poner en marcha cuando una mujer migrante en situación irregular presentaba una denuncia por violencia de género.

Las víctimas de violencia basada en el género seguían, además, encontrando numerosos obstáculos para conseguir una reparación justa y oportuna.

  • En julio, 10 años después de los hechos, Ascensión Anguita recibió una indemnización de su ex marido por las graves secuelas físicas y psicológicas que éste le había causado al propinarle 15 puñaladas. No podía trabajar, sufría un trastorno de estrés postraumático y vivía de una pensión mensual por discapacidad.
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Racismo y discriminación

Las autoridades no tomaron medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros y apoyar la libertad de expresión y religión.

  • En enero, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil emitió una circular por la que autorizaba la detención preventiva de los ciudadanos extranjeros que no presentaran documentos de identidad al pedírselos en un control. Sindicatos policiales preocupados por que la medida pudiera dar lugar a detenciones ilegales solicitaron la retirada inmediata de la circular.
  • En mayo, el gobierno apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal de recopilar y publicar datos estadísticos sobre delitos cometidos por motivos raciales y elaborar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia. Sin embargo, al final del año no se habían tomado más medidas en este sentido. Tampoco había empezado a aplicarse una disposición del Plan de Derechos Humanos de 2008 dirigida a establecer una estrategia nacional para combatir el racismo.
  • Varios municipios aprobaron disposiciones que prohibían el uso del velo integral en edificios municipales. El Senado aprobó en junio una moción por la que instaba al gobierno a prohibirlo “en espacios y acontecimientos públicos”. Se expresó la preocupación de que una prohibición tan general violara el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa de las mujeres que decidieran llevar este velo como expresión de su identidad o de sus creencias.
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Desapariciones forzadas

Aunque en junio se aprobó la reforma del Código Penal, el gobierno no introdujo una definición de delitos de derecho internacional como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

  • En abril, el Tribunal Supremo acusó al juez instructor Baltasar Garzón de infringir la Ley de Amnistía de 1977. Baltasar Garzón había puesto en marcha por primera vez en España una investigación sobre delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que implicaban la desaparición forzada de más de 114.000 personas entre 1936 y 1951. Posteriormente, en mayo, el Consejo General del Poder Judicial suspendió al juez de sus funciones mientras durara su procesamiento ante el Tribunal Supremo.

Las leyes de amnistía y las normas sobre prescripción de los delitos eran incompatibles con el derecho internacional en el caso de la desaparición forzada, la tortura o los crímenes de lesa humanidad, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido a España en 2008 que considerase la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Pese a ello, la Ley seguía en vigor al final del año.

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Justicia internacional

En septiembre y noviembre, la Audiencia Nacional archivó sendas investigaciones sobre delitos cometidos en Myanmar y en Tíbet. En ambos casos, la decisión se adoptó en aplicación de la limitación de la jurisdicción universal introducida en octubre de 2009 mediante una reforma de la Ley del Poder Judicial. Desde esta reforma, los tribunales nacionales ya no podían entablar procesos de esta índole a menos que las víctimas tuvieran la nacionalidad española, el presunto autor estuviera en España o existiera algún otro “vínculo de conexión relevante” con España, y siempre que no se hubiera iniciado una investigación efectiva o un proceso con todas las garantías en otro país o ante un tribunal internacional.

  • El gobierno solicitó a Sudáfrica en septiembre la extradición de Faustin Kayumba Nyamwasa, jefe del ejército ruandés. La Audiencia Nacional lo había procesado en 2008 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda.
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