Información general

El 10 de enero, el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) declaró unilateralmente un alto el fuego general y permanente, y el 20 de octubre anunció el fin de su lucha armada.

El 15 de mayo, el denominado movimiento del 15-M o de los “indignados” empezó a organizar manifestaciones en todo el país. Los manifestantes exigían cambios en el sistema político y económico y en las políticas sociales sobre empleo, educación y salud, entre otros ámbitos.

El Partido Popular, de signo conservador, ganó por mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre, y en diciembre Mariano Rajoy fue elegido presidente del gobierno.

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Tortura y otros malos tratos

Hubo denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones del movimiento del 15-M celebradas en todo el país entre mayo y agosto.

• El 27 de mayo se recurrió a agentes antidisturbios de la policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra) para dispersar a los manifestantes concentrados en la plaza de Cataluña, en Barcelona. Los informes médicos y las imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había disparado proyectiles de goma contra ellos. Al parecer, los agentes no llevaban número de identificación en el uniforme. El 8 de junio, el gobierno catalán manifestó que no era necesario abrir una investigación sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
• Ángela Jaramillo relató que, el 4 de agosto, cuando se encontraba sola en las proximidades de una manifestación en el Paseo de la Castellana de Madrid, un policía antidisturbios la había golpeado en el rostro y las piernas. Otra mujer que había acudido en su auxilio dijo que los agentes también la habían golpeado a ella repetidamente con sus porras causándole lesiones en cuello, cadera y piernas. Ambas presentaron denuncia contra la policía al día siguiente.
• El 17 de octubre, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a 27 meses de prisión a dos agentes de la policía municipal por la tortura de un estudiante de Trinidad y Tobago, ocurrida en septiembre de 2006. Ambos agentes ya habían estado implicados en otro episodio anterior, también en 2006, y otros tres hombres habían presentado denuncia contra ellos por malos tratos, pero la investigación sobre esos presuntos hechos se había cerrado en julio de 2007.

En enero, el gobierno catalán abolió el Código de Ética de la Policía de Cataluña, que implementaba el Código Europeo de Ética de la Policía. El Comité de Ética Policial, encargado de recibir y examinar denuncias de particulares relativas a la conducta de la policía y de evaluar el cumplimiento del Código por parte de los agentes, se suspendió tras la dimisión de la mayoría de sus miembros.

• Al final del año no se había juzgado a dos agentes de policía acusados de causar la muerte a Osamuyia Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007.
• El Tribunal Supremo absolvió en noviembre a cuatro miembros de la Guardia Civil a quienes la Audiencia Provincial de Guipúzcoa había declarado en diciembre de 2010 culpables de infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola el 6 de enero de 2008, mientras estaban bajo custodia policial.
• En noviembre, Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí y sospechoso de delitos de terrorismo en Marruecos, fue condenado a 15 años de prisión en Rabat. Había sido extraditado por España a Marruecos en diciembre de 2010, incumpliendo las medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sus abogados en Bélgica reiteraron posteriormente que Ali Aarrass había sido torturado por los servicios de seguridad marroquíes durante su interrogatorio y no había recibido un juicio justo. Al término del año seguía pendiente una denuncia contra España ante el Comité de Derechos Humanos.
• Mohamed Zaher Asade y Hasan Alhusein, ciudadanos sirios excarcelados en septiembre de 2010 tras cumplir sendas penas de ocho años por delitos de terrorismo, seguían expuestos a ser expulsados a Siria a pesar de que allí se enfrentaban al peligro real de sufrir tortura u otros malos tratos. Mohamed Zaher Asade interpuso un recurso contra su expulsión, pero su solicitud de que la ejecución de la expulsión se suspendiera en espera de la decisión final fue rechazada. La orden de expulsión de Hasan Alhusein, dictada en agosto, seguía pendiente de ejecución al final del año.

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Seguridad y medidas antiterroristas: detención en régimen de incomunicación

España siguió desoyendo los llamamientos de los organismos internacionales de derechos humanos para que dejara de aplicar la detención en régimen de incomunicación a los sospechosos de delitos de terrorismo. Las personas sometidas a este régimen podían permanecer recluidas hasta 13 días, y en ese tiempo no tenían acceso a un abogado de su elección ni podían consultar con el de oficio de manera confidencial, tampoco tenían acceso a un médico de su elección y no podían comunicar su paradero a su familia.

• En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en la causa Beristain Ukar v. Spain, que España había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no haber llevado a cabo una investigación efectiva sobre los malos tratos que Aritz Beristain Ukar denunciaba haber sufrido estando detenido en régimen de incomunicación en septiembre de 2002.
• El 15 de febrero, el Tribunal Supremo absolvió a Mohamed Fahsi del cargo de pertenencia a organización terrorista y ordenó una investigación sobre sus denuncias de tortura sufrida durante cuatro días que había estado detenido en régimen de incomunicación en enero de 2006.
• El 25 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó una investigación judicial sobre la denuncia presentada por María Mercedes Alcocer por torturas sufridas durante su detención en régimen de incomunicación en diciembre de 2008. El 30 de mayo de 2011, el Tribunal Supremo anuló la sentencia condenatoria dictada contra María Mercedes Alcocer por colaboración con banda armada basándose en que la única prueba presentada en su contra era una declaración que había hecho cuando estaba sometida a incomunicación.

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Racismo y discriminación

Continuaban efectuándose controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas, y se emprendían acciones judiciales, acusándolos de obstruir el trabajo de la policía, contra activistas de la sociedad civil que mantenían bajo observación estos controles. En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a España a poner fin a los controles de identidad basados en criterios étnicos o raciales, pero al final del año las autoridades seguían negando tal práctica y no se habían tomado medidas para erradicarla.

El gobierno aprobó en noviembre una estrategia nacional para combatir el racismo, la discriminación y otras formas conexas de intolerancia. Sin embargo, no se aprobó un proyecto de ley contra la discriminación presentado por el gobierno antes de las elecciones parlamentarias de noviembre.

• Dos municipios de Cataluña –Lleida y El Vendrell– reformaron su normativa para prohibir el uso del velo integral en espacios y edificios públicos. Otros 13 municipios de la región habían puesto en marcha el proceso de aprobación de una prohibición similar. En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refrendó la prohibición de Lleida al concluir que la ocultación del rostro no era compatible con el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
• En septiembre, el gobierno catalán presentó un proyecto de ley para reformar la legislación relativa al establecimiento de lugares de culto, que tenía como fin eximir a los municipios de la obligación de ofrecer terreno disponible para la edificación de nuevos lugares de culto. La falta de lugares de culto disponibles afectaba especialmente a las minorías religiosas, como la musulmana y la cristiana evangélica.

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Violencia contra mujeres y niñas

Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 60 mujeres murieron en el año a manos de sus parejas o ex parejas.

• Susana Galeote fue asesinada en febrero por su ex pareja. En 2010 había presentado una denuncia y pedido una orden de alejamiento contra él. También había solicitado el servicio de asistencia telefónica que facilitaba el gobierno a las víctimas de violencia de género, pero se lo habían denegado por considerarse que corría escaso peligro de sufrir una agresión.

En julio se reformó la Ley de Extranjería para que no se pudieran iniciar procedimientos de expulsión contra ninguna mujer en situación irregular que hubiera denunciado violencia de género hasta que se resolviera la causa penal contra el presunto maltratador. Cuando el procedimiento de expulsión ya estuviera en marcha, se suspendería en espera del resultado de la denuncia.

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Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, aumentó el número de migrantes irregulares llegados por mar.

Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, 3.414 personas solicitaron asilo en 2011. Sólo 326 vieron reconocida su condición de refugiados y 595 recibieron protección subsidiaria.

El Ministerio del Interior siguió sin permitir que los solicitantes de asilo llegados a Ceuta y Melilla se desplazaran a la Península, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había reconocido en al menos cuatro resoluciones el derecho de los solicitantes de asilo a circular libremente por el territorio español.

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Desapariciones forzadas

La definición de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en la legislación nacional seguía distando de cumplir las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional, como Estado Parte en la Convención de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

Seguía pendiente la acusación contra el juez Baltasar Garzón por violación de la Ley de Amnistía de 1977. En 2008, el juez había puesto en marcha una investigación sobre los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que implicaban la desaparición forzada de más de 114.000 personas entre 1936 y 1951.

• El 13 de abril de 2010, los familiares de dos víctimas de desaparición forzada durante el franquismo presentaron una denuncia en Argentina basada en el principio de jurisdicción universal. Una jueza federal de Argentina pidió al gobierno español que informara de si las autoridades estaban investigando activamente las denuncias de “eliminación física” y “desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad” en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. En junio, el gobierno respondió a la judicatura argentina que había investigaciones en curso en España. La causa seguía abierta al final del año.

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Justicia internacional

Seguían pendientes ante la Audiencia Nacional las investigaciones sobre 13 casos de presuntos delitos de derecho internacional cometidos fuera de España contra ciudadanos españoles, o basados en el principio de jurisdicción universal. Sin embargo, estas investigaciones avanzaban con mucha lentitud y se enfrentaban a obstáculos considerables, como la falta de cooperación de otros Estados.

• En julio, el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 añadió cargos de violencia de género a las investigaciones sobre los delitos de genocidio, terrorismo y tortura perpetrados en Guatemala durante el conflicto interno entre 1960 y 1996.
• En octubre, el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 dictó acta de acusación formal contra tres soldados estadounidenses por la muerte del español José Couso, operador de cámara de televisión, ocurrida en Bagdad en 2003. Al final del año no se había llevado a juicio a ninguno.

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Derecho a la vivienda

La legislación española no ofrecía vías de acceso a recursos judiciales efectivos y adecuados para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales. No existía legislación sobre transparencia y acceso a la información en relación con estos derechos.

• En septiembre, una familia marroquí con el permiso de residencia en regla fue desalojada a la fuerza de su vivienda en la Cañada Real, Madrid. El desalojo se realizó por la noche, en contravención de las normas internacionales. Aunque se había notificado el desalojo a la familia y ésta había presentado un recurso, no se había consultado con ella para buscarle un alojamiento alternativo adecuado ni se le había ofrecido ninguno.

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Derechos de la infancia

En octubre, el Defensor del Pueblo señaló sus motivos de preocupación en torno a las pruebas realizadas para determinar la edad de los menores no acompañados que entraban en España. Aunque el menor en cuestión tuviera pasaporte, eran los resultados de estas pruebas los que determinaban si tenía derecho a recibir protección y acceso a servicios.

No existía legislación acorde a las normas internacionales que regulase el ingreso de niños y niñas en centros para menores de edad con trastorno social o de conducta. En septiembre, una comisión especial del Senado afirmó que era necesario ofrecer las máximas garantías y aclarar, definir y coordinar las respectivas responsabilidades de las distintas autoridades.

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