España
Jefe del Estado
rey Juan Carlos I de Borbón
Jefe del gobierno
Mariano Rajoy

Se denunció repetidamente el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en manifestaciones. Organismos de derechos humanos condenaron a España por la falta de investigaciones adecuadas sobre las denuncias de tortura.

Información general

Durante todo el año se celebraron manifestaciones para reivindicar cambios en el sistema político que permitieran mayor participación pública en los asuntos políticos y para protestar por las medidas de austeridad adoptadas para combatir la crisis financiera y económica.

En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó a España que revisara las reformas aprobadas en relación con la crisis económica para asegurarse de que todas las medidas de austeridad respetaban los derechos económicos, sociales y culturales y de que eran provisionales, proporcionadas y no actuaban en perjuicio de tales derechos. Asimismo recomendó adoptar medidas legislativas destinadas a garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales recibían la misma protección que los derechos civiles y políticos.

No se documentaron en todo el año atentados del grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que había anunciado el fin de la lucha armada en octubre de 2011.

El Tribunal Constitucional se pronunció en noviembre sobre un recurso presentado en 2005 por el Partido Popular contra la legislación que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, resolviendo que éste era compatible con las disposiciones de la Constitución española.

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Tortura y otros malos tratos

Se celebraron manifestaciones durante todo el año en diversas ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona y Valencia. Hubo frecuentes denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por uso excesivo de la fuerza y malos tratos al dispersar las manifestaciones. Las investigaciones sobre las denuncias no fueron en general ni exhaustivas ni eficaces; algunas no prosperaron debido a que los policías presuntamente implicados no llevaban placa de identificación en el uniforme en el momento de los hechos.

  • En marzo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona cerró la investigación sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte del cuerpo policial de los Mossos d’Esquadra al disolver manifestaciones en Barcelona el 27 de mayo de 2011. El juez consideró que la actuación de la policía había sido proporcionada. No obstante, la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó la reapertura de la causa el 29 de octubre.
  • También en marzo, un juzgado de Madrid decidió no admitir la denuncia presentada en 2011 por Ángela Jaramillo al no ser posible la identificación de la agente de policía que la había golpeado. Ángela Jaramillo era una de las personas que, a pesar de haber mostrado una actitud pacífica durante una manifestación celebrada en Madrid el 4 de agosto de 2011, habían sido golpeadas repetidamente con porras por la policía y habían necesitado tratamiento médico. Ángela Jaramillo murió en junio de 2012 tras sufrir un ataque al corazón.
  • El 11 de julio, Paloma Aznar, periodista independiente, resultó herida en la cadera por el impacto de una bala de goma cuando cubría la información sobre las manifestaciones de mineros en Madrid. Llevaba colgada del cuello su acreditación de periodista junto con la cámara. Según denunció, la policía no llevaba ningún elemento de identificación visible y empezó a disparar proyectiles de goma directamente contra la multitud cuando algunos manifestantes actuaron con violencia. En las imágenes de vídeo se veía a la policía atacando con porras a personas tendidas en el suelo y disparando balas de goma desde corta distancia.
  • El 25 de septiembre, durante una manifestación en Madrid, agentes de policía sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon balas de goma contra ellos y amenazaron a los periodistas que cubrían la información de los hechos, incluso en el interior de la estación de tren de Atocha. Según informes, se abrió una investigación interna sobre la operación policial. Al final del año no se habían dado a conocer públicamente sus resultados.

La investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos fue a menudo inadecuada y así lo reconocieron tribunales y organismos de derechos humanos en decisiones adoptadas a lo largo del año.

  • En abril, la Audiencia Provincial de Alicante declaró culpables de una falta de negligencia a los dos agentes de policía acusados de causar la muerte de Osamuyia Akpitaye durante su expulsión en junio de 2007. No se impusieron penas de prisión.
  • En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura resolvió que España no había investigado debidamente las acusaciones de tortura planteadas en la queja individual presentada por Orkatz Gallastegi contra España. El fallo condenatorio dictado en 2005 contra Orkatz Gallastegi se había basado en declaraciones autoinculpatorias presuntamente obtenidas mediante coacción durante su detención en régimen de incomunicación en 2002.
  • En julio, el Tribunal Constitucional declinó revisar la sentencia del Tribunal Supremo que absolvía a cuatro miembros de la Guardia Civil a quienes la Audiencia Provincial de Guipúzcoa había declarado culpables en diciembre de 2010 de infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola el 6 de enero de 2008, mientras estaban bajo custodia policial.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Continuaron las investigaciones sobre delitos cometidos por miembros del grupo armado ETA.

España siguió desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos para que dejara de aplicar la detención en régimen de incomunicación a los sospechosos de delitos de terrorismo. Esta práctica permitía mantenerlos hasta 13 días recluidos, sin acceso a un médico ni a un abogado de su elección y sin poder consultar con su abogado de oficio de manera confidencial ni comunicar su paradero a su familia.

  • En diciembre, el Tribunal Supremo español rechazó un recurso presentado por los abogados de la causa de “los seis de Bush” para procesar en España a seis personas, una vez que la causa no había progresado en los tribunales estadounidenses. Se trataba de los presuntos cómplices en la creación del marco jurídico que dio lugar a la tortura de sospechosos de terrorismo en centros de detención administrados por Estados Unidos. A pesar de los indicios en contra, el Tribunal Supremo falló que Estados Unidos estaba realizando investigaciones. Se esperaba que la decisión fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional.
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Racismo y discriminación

La comunidad musulmana y otras minorías religiosas siguieron encontrando obstáculos para obtener permisos de apertura de lugares de culto en algunos municipios de Cataluña tras la suspensión de la concesión de licencias para centros de culto en varias localidades. Algunas autoridades locales, partidos políticos y asociaciones vecinales continuaron expresando su oposición a la apertura de salas de oración musulmanas.

La restricción del uso de prendas y símbolos religiosos se mantuvo en algunas escuelas y siguió afectando de manera desproporcionada a las alumnas musulmanas.

  • El 25 de enero, un juzgado de Madrid ratificó la decisión adoptada por un centro público de enseñanza secundaria de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de excluir a una alumna de las clases normales por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo.
  • El 21 de mayo, la Dirección General de la Policía emitió una circular que prohibía los cupos de detención y las redadas policiales para detener a extranjeros en situación irregular. Sin embargo, no prohibía los controles de identidad basados en características raciales o étnicas. Las ONG locales continuaron denunciando que la policía actuaba selectivamente contra personas pertenecientes a minorías étnicas al realizar estos controles.
  • En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que España no había investigado eficazmente las denuncias de malos tratos policiales y posibles prejuicios racistas de la policía en el caso de la nigeriana Beauty Solomon, quien había denunciado a unos agentes de policía por insultarla y golpearla en Palma de Mallorca en julio de 2005.
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Violencia contra las mujeres

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 46 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas durante el año. De acuerdo con un estudio realizado por el gobierno, se calculaba que más de 2 millones de mujeres habían sufrido violencia de género ejercida por sus parejas o ex parejas al menos una vez en la vida. Siete años después de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las mujeres seguían sin tener acceso a remedios efectivos. Desde la creación de los tribunales especializados en violencia de género en 2005 no se habían evaluado los obstáculos que podían encontrar las mujeres para recibir protección efectiva durante las actuaciones judiciales.

  • María (nombre ficticio), sobrevivió a la violencia sexual, psicológica y física ejercida contra ella por su pareja, que le ocasionó incapacidad para andar durante seis meses. Siguió recibiendo graves amenazas durante los cuatro años que duró la investigación judicial y también después del juicio. Aunque la mujer había denunciado la situación a las autoridades, no recibió protección y tuvo que dejar su casa. Su ex pareja fue absuelta. Al final del año seguía recibiendo graves amenazas y vivía escondida.
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Personas refugiadas y migrantes

En abril se limitó el acceso de los migrantes irregulares a los servicios públicos de salud mediante la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, que reformaba la Ley de Extranjería.

El 4 de septiembre, España expulsó colectivamente a 70 inmigrantes del islote español de Isla de Tierra a Marruecos. Ninguno tuvo acceso a un procedimiento de concesión de asilo individual.

  • En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que España era responsable de detención arbitraria, discriminación y malos tratos constitutivos de tortura contra un ciudadano marroquí que permanecía recluido en un centro de detención para inmigrantes de Madrid. A Adnam el Hadj lo habían parado en la calle para realizar un control de identidad y lo habían conducido al centro de detención. Allí, al parecer, cinco agentes de policía lo habían sometido a insultos racistas y golpeado varias veces. El departamento médico del centro de detención constató múltiples hematomas en su cuerpo y recomendó su traslado a un hospital. No se hizo así, ni tampoco se elaboró un informe médico.
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Delitos de derecho internacional

La definición de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en la legislación nacional seguía incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, a pesar de que España había ratificado la Convención de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

  • El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo absolvió al ex juez Baltasar Garzón de abuso de autoridad. Baltasar Garzón estaba procesado, entre otras cosas, por violación de la Ley de Amnistía de 1977 al poner en marcha una investigación en 2008 sobre la desaparición forzada de 114.266 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. A pesar del fallo absolutorio, el Tribunal concluyó que Baltasar Garzón había interpretado erróneamente la ley al considerar que los hechos investigados eran crímenes de lesa humanidad. Según el Tribunal, en el momento de la comisión de los delitos, éstos no estaban definidos como crímenes de lesa humanidad en la legislación nacional. Esta sentencia del Tribunal Supremo podía eliminar la posibilidad de investigar delitos de derecho internacional cometidos en el pasado en España.
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Derecho a la vivienda

El gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de sectores de población vulnerables.

  • En Madrid se siguieron llevando a cabo desalojos forzosos en La Cañada Real a pesar de que la Ley 2/2011, de 15 de mayo de 2011, instaba a las autoridades locales competentes a consultar a los residentes afectados y a poner todo su empeño en alcanzar un acuerdo para evitar el desalojo. También en Madrid fueron desalojadas 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, habitado por romaníes, sin que se les proporcionara alojamiento alternativo adecuado.
  • En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una vivienda alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo.
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