Sri Lanka
Jefe del Estado y del gobierno
Mahinda Rajapaksa
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
20,4 millones
Esperanza de vida
74,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
21/18 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90,6 por ciento

El gobierno de Sri Lanka no abordó de forma efectiva la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y continuó perpetrando desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos. Las autoridades impusieron severas restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación. Miles de personas tamiles sospechosas de tener vínculos con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil continuaron recluidas sin cargos. Los dos bandos en el conflicto que finalizó en mayo de 2009 fueron acusados de crímenes de guerra. Amnistía Internacional pidió una investigación internacional independiente.

Información general

En enero, en las primeras elecciones celebradas en tiempo de paz en 26 años, el presidente Mahinda Rajapaksa fue elegido para un segundo mandato. Su principal oponente, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Sarath Fonseka, fue detenido tras los comicios y acusado de corrupción en la compra de armas y de participar en política mientras estaba en el servicio activo de las fuerzas armadas, cargos por los que fue condenado a 30 meses de cárcel en septiembre. Sarath Fonseka también se enfrentaba a cargos penales, como el de haber acusado falsamente, en unas declaraciones aparecidas en un diario local, al ministro de Defensa de Sri Lanka de ordenar, en mayo de 2009, el homicidio de integrantes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que se habían rendido. Periodistas y sindicalistas sospechosos de apoyar a la oposición fueron víctimas de la represión posterior a las elecciones.

En marzo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció planes para la creación de un grupo de expertos que le asesorase sobre cuestiones relativas a la rendición de cuentas en Sri Lanka. El presidente Rajapaksa protestó por el anuncio y designó una Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación para analizar el fracaso del alto el fuego de 2002, cuyo mandato no incluía lograr la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario. En agosto, Sri Lanka perdió su acceso preferente al mercado de la Unión Europea al no responder a una serie de condiciones establecidas por la Comisión Europea para abordar las deficiencias en su aplicación de tres convenciones de derechos humanos de la ONU.

El resultado de las elecciones parlamentarias de abril, los consiguientes nombramientos para el Consejo de Ministros y la nueva legislación consolidaron el poder de la familia más cercana de Rajapaksa, que controlaba cinco ministerios clave y más de 90 instituciones del Estado. En septiembre, una modificación de la Constitución eliminó el límite de dos mandatos para ocupar la presidencia, y otorgó al presidente control directo sobre los nombramientos en instituciones importantes para la protección de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Policía, la Comisión de Derechos Humanos, y la Comisión de Servicios Judiciales.

Las autoridades continuaron negando el acceso a organizaciones de derechos humanos y a otros observadores independientes para que visitasen el país con fines de investigación. En octubre, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el International Crisis Group declinaron una invitación para declarar ante la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, señalando que el organismo adolecía de graves deficiencias, como un mandato inadecuado, insuficientes garantías de independencia y desprotección de los testigos.

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Personas internamente desplazadas

En torno a 20.000 de las 300.000 personas que habían sido desplazadas por el conflicto armado en 2009 continuaban en campos de desplazados del gobierno en el norte; la situación de los albergues y las instalaciones de salud era cada vez peor. El Ministerio de Defensa srilankés siguió controlando el acceso humanitario a estos campos y a lugares de reasentamiento. Muchas familias que abandonaron los campos continuaban viviendo en condiciones precarias y dependiendo de la ayuda alimentaria. Decenas de miles continuaban con familias de acogida y unas 1.400 seguían en centros de tránsito.

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Violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados aliados con el gobierno

Grupos armados tamiles aliados con el gobierno continuaron actuando en Sri Lanka y cometiendo abusos y violaciones de derechos humanos, como ataques contra personas que se mostraban críticas, secuestros para pedir rescate, desapariciones forzadas y homicidios.

  • En marzo, el ex parlamentario Suresh Premachandran acusó a miembros del Partido Democrático Popular de Eelam en Jaffna de haber matado a Thiruchelvam Kapilthev, de 17 años. Suresh Premachandran afirmó que la policía había hecho caso omiso de las declaraciones de amigos de la víctima que implicaban al Partido Democrático Popular de Eelam y que protegía a los homicidas debido a las elecciones al Parlamento que se avecinaban.
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Desapariciones forzadas

Se recibieron informes de desapariciones forzadas y secuestros con exigencia de rescate llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad en muchas partes del país, especialmente en Colombo y en el norte y el este de Sri Lanka. Seguía sin conocerse el paradero de centenares de miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que, según informes, desaparecieron tras haberse entregado a las fuerzas armadas en 2009.

  • En agosto, una testigo presencial que declaró ante la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación contó a los comisionados que miembros de su familia, entre los que había dos niños, se habían entregado a las fuerzas armadas en la zona de Vadduvaikkal en mayo de 2009, y que ella había visto cómo se llevaban a quienes se habían rendido en 16 autobuses por la carretera de Mullaitivu. Según afirmó, había buscado a sus familiares en prisiones y centros de detención, pero no los había localizado. Dos sacerdotes que los habían alentado a entregarse también estaban en paradero desconocido.
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Detención y reclusión arbitrarias

El gobierno de Sri Lanka continuó recurriendo a la Ley de Prevención del Terrorismo y a la normativa de excepción, que concedían a las autoridades amplios poderes para detener y recluir a personas sospechosas y para eludir las salvaguardas procesales habituales contra la detención y reclusión arbitrarias. En abril, Amnistía Internacional pidió al nuevo Parlamento de Sri Lanka que levantase el estado de excepción, vigente de forma casi permanente desde 1971, y derogase la Ley de Prevención del Terrorismo y otras normativas y leyes sobre seguridad conexas. En mayo, las autoridades levantaron algunas disposiciones de excepción que restringían la libertad de expresión y asociación y permitían los registros domiciliarios, pero continuaron vigentes otras leyes que contenían disposiciones similares.

Miles de personas presuntamente vinculadas a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil estaban detenidas sin cargos ni juicio con fines de “rehabilitación” o investigación. En torno a 6.000 de las más de 11.000 personas detenidas arbitrariamente en 2009 con fines de “rehabilitación” seguían en campos de detención sin comparecer ante un juez ni tener acceso a abogados o al Comité Internacional de la Cruz Roja; muchas de ellas pudieron ponerse en contacto con sus familias a lo largo del año. También había indicios de detenciones secretas en el norte. Según fuentes oficiales, las autoridades investigarían a entre 700 y 800 personas detenidas, a las que el Estado había recluido por separado tras identificarlas como miembros “incondicionales” de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, con el fin de un posible procesamiento. En virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo y de la normativa de excepción, centenares de personas más estaban recluidas sin cargos en calabozos policiales y prisiones del sur del país, algunas desde hacía años. La mayoría de las personas detenidas eran tamiles; algunas eran cingalesas.

  • En octubre, un abogado que representaba a cuatro hombres cingaleses acusados de apoyar a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil afirmó que sus clientes llevaban casi tres años recluidos sin cargos. Los hombres se encontraban entre los 25 sindicalistas y periodistas secuestrados en febrero de 2007 y hallados posteriormente bajo custodia de la División de Investigación Terrorista de la policía; finalmente, los tribunales habían dejado a 21 de ellos en libertad sin cargos.
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Tortura y otros malos tratos

Policías y militares continuaron infligiendo tortura y otros malos tratos a los detenidos. Entre las víctimas había tamiles detenidos por su presunta vinculación a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y otras personas detenidas como sospechosas de delitos “comunes”. Algunos hombres murieron bajo custodia tras ser torturados por la policía.

  • En declaraciones grabadas en vídeo facilitadas por la ONG srilankesa Janasansadaya, Samarasinghe Pushpakumara afirmó que la policía de Beruwala lo había torturado después de que un agente que había intentado contratarlo como conductor lo hubiera detenido por robo el 10 de diciembre. Según Samarasinghe Pushpakumara, los agentes lo agredieron, lo amenazaron con presentar cargos penales contra él por posesión de drogas o tenencia de explosivos y le dijeron que podrían matarlo. Le vendaron los ojos y lo mantuvieron atado a una cama durante dos días antes de dejarlo en libertad sin cargos, pero con la advertencia de que guardase silencio sobre el trato recibido.
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Ejecuciones extrajudiciales

Continuaron los informes sobre homicidios de presuntos delincuentes en “enfrentamientos” o intentos de “fuga” claramente falsos; las descripciones policiales de los casos eran a menudo sorprendentemente similares.

  • La ONG Comisión Asiática de Derechos Humanos informó de que tres hombres habían muerto bajo custodia en septiembre: Suresh Kumar, de Matale; Ranmukage Ajith Prasanna, de Embilipitiya; y Dhammala Arachchige Lakshman, de Hanwella. En todos los casos, la policía sostuvo que habían llevado a la víctima a la comisaría para que identificase un alijo de armas y que le habían disparado cuando intentaba escapar.
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Impunidad

No se registraron progresos apreciables en las investigaciones por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, la policía y otros organismos oficiales y por particulares; las causas judiciales no prosperaron. Militares y funcionarios civiles rechazaron las denuncias de que las fuerzas armadas de Sri Lanka habían violado el derecho internacional humanitario durante la última etapa del conflicto armado que finalizó en mayo de 2009, y afirmaron públicamente en varias ocasiones que no había habido “ni una sola víctima civil”.

El 6 de julio, en un intento fallido de obligar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a retirar su grupo de expertos, el ministro Wimal Weerawansa encabezó una manifestación que cerró temporalmente la oficina de la ONU en Colombo.

Centenares de personas que buscaban información sobre familiares desaparecidos tras ser detenidos por las fuerzas armadas intentaron declarar en las sesiones que la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación celebró en el norte y el este del país desde comienzos de agosto. Pocas de esas personas pudieron hablar ante los comisionados, y, según informes, los testigos fueron fotografiados y amenazados. En el informe provisional de la Comisión se formularon valiosas recomendaciones para salvaguardar los derechos de las personas detenidas y abordar otros motivos de queja de la opinión pública, pero no se mencionó la necesidad de rendición de cuentas.

Los presuntos autores de violaciones de derechos humanos continuaron ocupando puestos de responsabilidad en el gobierno.

En noviembre, el gobierno investigó las denuncias de que los Tigres de Liberación de Eelam Tamil habían matado a soldados capturados cuando las fuerzas armadas avanzaban hacia Kilinochchi, pero continuó rechazando las denuncias de que sus propias fuerzas habían matado a civiles y a combatientes capturados durante el conflicto armado.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos seguían siendo objeto de detenciones arbitrarias, secuestros, ataques y amenazas.

  • Pattani Razeek, presidente de la ONG srilankesa Community Trust Fund, desapareció el 11 de febrero cuando salía de la ciudad de Polonnaruwa para viajar a la ciudad oriental de Valaichchenai. Su familia presentó una denuncia ante la policía local de la ciudad de Puttalam, donde vivía Pattani Razeek, y también denunció su desaparición ante la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, pero no se descubrió su paradero. Siguió en libertad un sospechoso con presuntos vínculos políticos acusado de exigir rescate.
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Periodistas

Personal gubernamental y miembros de grupos armados aliados con el gobierno agredieron, secuestraron, intimidaron y hostigaron a periodistas. Apenas se tomaron medidas para investigar los ataques o procesar a los responsables.

  • Prageeth Eknaligoda, que criticaba abiertamente al gobierno de Sri Lanka, desapareció el 24 de enero. Había informado sobre las elecciones del 26 de enero y había llevado a cabo un análisis favorable al candidato de la oposición, Sarath Fonseka. La policía afirmó que las investigaciones no habían revelado nada sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su desaparición, y la petición de hábeas corpus presentada por su familia ante el Tribunal Superior de Colombo se aplazó en reiteradas ocasiones.
  • En mayo, el ministro de Asuntos Exteriores anunció el indulto del gobierno para J.S. Tissainayagam, el primer periodista srilankés condenado en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo. J.S. Tissainayagam quedó en libertad bajo fianza en enero, tras la presentación de un recurso, y en junio abandonó el país.
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