Continuaron las detenciones arbitrarias, las torturas y otros malos tratos y las desapariciones
forzadas a manos del gobierno, que no abordó casi ningún caso de impunidad por violaciones
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y rechazó las repetidas
denuncias de crímenes de guerra cometidos por ambas partes en el conflicto finalizado
en 2009, provocando que Amnistía Internacional reiterase sus llamamientos en favor
de una investigación independiente.
Sri Lanka siguió recurriendo a unas leyes sobre seguridad y a un aparato militar que
perpetuaban las violaciones de derechos humanos. En junio, el gobierno se opuso a
los intentos de aumentar la transparencia oficial al bloquear un proyecto de Ley del
Derecho a la Información respaldado por la oposición. Continuó la tendencia a la violencia
política en el país, y las iniciativas destinadas a la reconciliación entre etnias
apenas avanzaron. El 30 de agosto, Sri Lanka levantó el estado de excepción, vigente
durante decenios de forma casi ininterrumpida, pero conservó la represiva Ley de Prevención
del Terrorismo e introdujo nuevos reglamentos con arreglo a ella para mantener la
prohibición contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, continuar recluyendo sin
cargos ni juicio a personas sospechosas de pertenecer a este grupo y mantener las
zonas de alta seguridad bajo control militar. Se recurrió al ejército para realizar
funciones policiales civiles, y la Fuerza Especial de Operaciones, unidad policial
de élite con antecedentes de abusos, actuó en toda la isla. El ejército restringió
la libertad de asociación y reunión en el norte y el este, de forma que era preciso
solicitar autorización previa incluso para las celebraciones familiares. Las fuerzas
de seguridad exigieron a los habitantes tamiles de estas zonas que inscribieran en
un registro a las personas que vivían en el domicilio familiar, a pesar de que una
resolución judicial había declarado esta práctica discriminatoria.
Al finalizar 2011, casi 400.000 personas desplazadas por el conflicto habían regresado
al norte, pero muchas de ellas seguían viviendo en condiciones de inseguridad, con
viviendas deficientes y escaso acceso a la atención a la salud y la educación. En
torno a 16.000 personas continuaban en campos gestionados por el gobierno. Las autoridades
tenían previsto cerrar el resto de los campos para personas desplazadas y reasentar
a unas 5.500, trasladándolas de zonas de Mullaitivu que seguían bajo control militar
a un lugar selvático de Kombavil. Quienes defendían a los desplazados expresaron preocupación
por tratarse de un reasentamiento no voluntario.
Se atribuyó a bandas vinculadas a las fuerzas de seguridad y partidos políticos alineados
con el gobierno, como el Partido Democrático Popular de Eelam, los Tigres de Liberación
del Pueblo Tamil y el Partido Srilankés de la Libertad, la comisión de robos, secuestros,
violaciones, agresiones y asesinatos en Jaffna, el este de Sri Lanka y, cada vez más,
otras partes del país. Estos abusos iban dirigidos contra activistas políticos, personas
desplazadas que habían regresado y ex miembros de los Tigres de Liberación de Eelam
Tamil.
Continuaron denunciándose desapariciones forzadas y siguieron sin resolverse miles
de casos de años anteriores. El gobierno no ratificó la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En enero, una serie de testigos declararon ante la Comisión de Experiencia Adquirida
y Reconciliación srilankesa en Mannar y Madhu, en un intento de encontrar a seres
queridos a quienes se había visto rendirse ante el ejército en mayo de 2009.
El 30 de enero, centenares de personas se manifestaron en la capital, Colombo, exigiendo
conocer el paradero y la suerte que habían corrido familiares suyos que, según creían,
habían sido secuestrados por escuadrones gubernamentales. Asimismo, más de 1.300
personas se dirigieron en junio a los recién creados centros informativos del Departamento
de Investigación de Actividades Terroristas en busca de información sobre familiares
en paradero desconocido, que, según creían, estaban bajo custodia del gobierno; pocas
de esas personas hallaron respuesta.
En julio, el Departamento de Policía informó de que 1.700 personas habían sido secuestradas
desde 2009, en la mayoría de los casos para exigir un rescate.
En noviembre, el gobierno reconoció que 876 personas adultas seguían bajo detención
administrativa con arreglo a la Ley de Prevención del Terrorismo; de ellas, 845 hombres
y 18 mujeres eran tamiles. Estas personas figuraban entre los casi 12.000 presuntos
integrantes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que se habían rendido o habían
sido capturados por el ejército y posteriormente, una vez finalizado el conflicto,
habían permanecido recluidos sin cargos durante meses o años. Se fue poniendo en libertad
por tandas a personas detenidas con fines de “rehabilitación”, pero al final del año
seguían recluidas alrededor de 1.000; las liberadas continuaron sometidas a vigilancia
militar y, según informes, fueron objeto de hostigamiento por parte de las autoridades.
El 23 de agosto, decenas de hombres jóvenes de Navanthurai, en el distrito de Jaffna,
fueron agredidos y detenidos por soldados. Previamente, los habitantes de la localidad
habían protestado contra la protección de los militares a los “diablos engrasados”,
misteriosos forasteros a quienes describían como personas embadurnadas de grasa o
pintura facial y que, según creían, atacaban a la población civil, especialmente a
las mujeres. Los habitantes de la zona presentaron más de 50 peticiones ante el Tribunal
de Jaffna alegando que las represalias de las fuerzas de seguridad en sucesos relacionados
con los “diablos engrasados” habían vulnerado sus derechos.
A pesar de las leyes que prohibían la tortura, seguían siendo habituales la tortura
y otros malos tratos a presuntos delincuentes y personas detenidas por su presunta
vinculación con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Las autoridades no se tomaban
en serio la violación ni otros tipos de violencia de género que constituían tortura.
La violencia sexual apenas se denunciaba, y, cuando se hacía, las investigaciones
eran deficientes.
El 30 de mayo, la policía lanzó gas lacrimógeno y disparó fuego real contra trabajadores
y sindicalistas que se manifestaban en la mayor zona franca industrial del país. Según
informes, centenares de manifestantes y policías resultaron heridos; Roshan Chanaka,
de 21 años, fue víctima de homicidio. El presidente Rajapaksa ordenó que se llevase
a cabo una investigación. El inspector general de la policía dimitió tras lo sucedido
y otros mandos policiales fueron trasladados.
Continuaron registrándose muertes bajo custodia, muchas de ellas en circunstancias
sospechosas. La policía declaró a menudo que las víctimas habían muerto al tratar
de escapar.
Según la policía, Asanka Botheju se ahogó en el río Kelaniya, en Colombo, cuando identificaba
un alijo de armas el 30 de agosto. Llevaba 19 días detenido ilegalmente.
Gayan Saranga, de la ciudad de Dompe, murió el 29 de septiembre. La policía afirmó
que se había caído de un vehículo policial cuando lo llevaban a identificar objetos
robados. Según testigos, fue torturado en la comisaría.
En agosto, cuatro policías de Angulana fueron condenados a muerte por el asesinato
bajo custodia de dos jóvenes en 2009.
El gobierno no investigó adecuadamente ni enjuició casi ninguna de las presuntas violaciones
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas, que correspondían
especialmente a la última etapa del conflicto armado y rechazó las conclusiones del
Grupo de Expertos del secretario general de la ONU sobre la rendición de cuentas en
Sri Lanka.
El Grupo de Expertos concluyó que existían denuncias creíbles de que ambas partes
habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Determinó que la
Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, promocionada por las autoridades
como mecanismo de rendición de cuentas adecuado para abordar lo ocurrido durante la
guerra, adolecía de graves deficiencias y no tenía independencia e imparcialidad suficientes.
Recomendó que el secretario general de la ONU iniciase una investigación independiente
sobre las denuncias y ordenase un examen de la actuación de la ONU en el país. El
Consejo de Derechos Humanos de la ONU no siguió las recomendaciones del Grupo de Expertos.
En el informe final de la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, publicado
el 16 de diciembre, se reconoció la existencia de graves problemas de derechos humanos
en Sri Lanka, pero no se trataron de manera exhaustiva las denuncias de crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en las fases finales del conflicto.
Tampoco se examinaron en él de manera crítica las respuestas del gobierno, lo que
puso de relieve la necesidad de una investigación internacional independiente.
Diversas autoridades de Sri Lanka, incluido el presidente del país y altos representantes
diplomáticos, fueron objeto de denuncias ante tribunales suizos, alemanes y estadounidenses
como responsables de asesinato, tortura y ataques del ejército contra la población
civil.
En octubre se instó a la policía australiana a investigar las denuncias de crímenes
de guerra formuladas contra el embajador de Sri Lanka en Canberra. En Países Bajos,
cinco presuntos miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil fueron declarados
culpables de recaudar fondos ilegalmente para este grupo, pero resultaron absueltos
de pertenencia a una organización terrorista y, por extensión, de reclutamiento de
niños y niñas soldados y asesinato, según sostenían los fiscales.
En noviembre, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Sarath Fonseka fue condenado
a tres años de cárcel por incitación al odio entre comunidades. El acusado alegaba
que, al final de la guerra, el ministro de Defensa de Sri Lanka había ordenado el
homicidio de los mandos de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que se rindieron.
El 30 de marzo, en un inusual procesamiento de militares por violaciones de derechos
humanos, un tribunal srilankés condenó a muerte a tres soldados acusados de violar
y matar a una joven en el norte de Sri Lanka en 1996; los acusados recurrieron inmediatamente
las condenas.
La represión de la disidencia pacífica seguía siendo habitual. En los medios de comunicación
estatales se tildaba de traidores a los defensores y defensoras de los derechos humanos
que realizaban labores de promoción de ámbito internacional o se relacionaban con
ONG internacionales o representantes diplomáticos; además, estas personas eran objeto
de amenazas anónimas y campañas difamatorias.
El 22 de agosto, Perumal Sivakumara, del distrito de Puttalam, murió tras ser golpeado
por miembros de la Fuerza Especial de Operaciones de la policía. No se llevó a cabo
una investigación.
En una casa a medio construir del este de Sri Lanka se exhumó en julio de 2011 un
cadáver que se creía que correspondía al defensor de los derechos humanos Pattani
Razeek, en paradero desconocido desde febrero de 2010. Tras meses de inacción por
parte de las autoridades se detuvo a dos sospechosos que tenían vínculos con un ministro
del gobierno.
El 9 de diciembre desaparecieron en Jaffna los activistas políticos Lalith Kumar Weeraraj
y Kugan Muruganathan cuando organizaban una manifestación para pedir la libertad de
personas recluidas sin cargos desde el final de la guerra. Sus colegas denunciaron
que habían sido secuestrados por el ejército.
Las autoridades atacaron y censuraron medios de comunicación y a quienes trabajaban
en ellos, y no exigieron responsabilidades por agresiones a periodistas. El 7 de noviembre,
el gobierno bloqueó sitios web cuyo contenido consideraba “perjudicial” para la imagen
de Sri Lanka, y anunció que todos los sitios web con información sobre el país debían
inscribirse en el Ministerio de Información y Medios de Comunicación o serían objeto
de posibles acciones legales.
Bennet Rupasinghe, redactor jefe del sitio web Lanka E News, fue detenido el 31 de marzo y acusado de amenazar a una persona sospechosa de implicación
en un incendio provocado en las oficinas del sitio web. Quedó en libertad bajo fianza
en abril. En octubre, el sitio web fue bloqueado en Sri Lanka tras informar de que
el político del partido gobernante Baratha Lakshman Premachandra y otras cuatro personas
habían muerto abatidos por disparos en un altercado con otro político del mismo partido.
A finales de julio, unos desconocidos que empuñaban barras de hierro agredieron a
Gnanasundaram Kuhanathan, redactor jefe del diario de Jaffna Uthayan, y lo dejaron en estado crítico.
