Sri Lanka
Jefe del Estado y del gobierno
Mahinda Rajapaksa
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
21 millones
Esperanza de vida
74,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
14,7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90,6 por ciento

Continuaron las detenciones arbitrarias, las torturas y otros malos tratos y las desapariciones forzadas a manos del gobierno, que no abordó casi ningún caso de impunidad por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y rechazó las repetidas denuncias de crímenes de guerra cometidos por ambas partes en el conflicto finalizado en 2009, provocando que Amnistía Internacional reiterase sus llamamientos en favor de una investigación independiente.

Información general

Sri Lanka siguió recurriendo a unas leyes sobre seguridad y a un aparato militar que perpetuaban las violaciones de derechos humanos. En junio, el gobierno se opuso a los intentos de aumentar la transparencia oficial al bloquear un proyecto de Ley del Derecho a la Información respaldado por la oposición. Continuó la tendencia a la violencia política en el país, y las iniciativas destinadas a la reconciliación entre etnias apenas avanzaron. El 30 de agosto, Sri Lanka levantó el estado de excepción, vigente durante decenios de forma casi ininterrumpida, pero conservó la represiva Ley de Prevención del Terrorismo e introdujo nuevos reglamentos con arreglo a ella para mantener la prohibición contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, continuar recluyendo sin cargos ni juicio a personas sospechosas de pertenecer a este grupo y mantener las zonas de alta seguridad bajo control militar. Se recurrió al ejército para realizar funciones policiales civiles, y la Fuerza Especial de Operaciones, unidad policial de élite con antecedentes de abusos, actuó en toda la isla. El ejército restringió la libertad de asociación y reunión en el norte y el este, de forma que era preciso solicitar autorización previa incluso para las celebraciones familiares. Las fuerzas de seguridad exigieron a los habitantes tamiles de estas zonas que inscribieran en un registro a las personas que vivían en el domicilio familiar, a pesar de que una resolución judicial había declarado esta práctica discriminatoria.

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Personas internamente desplazadas

Al finalizar 2011, casi 400.000 personas desplazadas por el conflicto habían regresado al norte, pero muchas de ellas seguían viviendo en condiciones de inseguridad, con viviendas deficientes y escaso acceso a la atención a la salud y la educación. En torno a 16.000 personas continuaban en campos gestionados por el gobierno. Las autoridades tenían previsto cerrar el resto de los campos para personas desplazadas y reasentar a unas 5.500, trasladándolas de zonas de Mullaitivu que seguían bajo control militar a un lugar selvático de Kombavil. Quienes defendían a los desplazados expresaron preocupación por tratarse de un reasentamiento no voluntario.

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Violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados aliados con el gobierno

Se atribuyó a bandas vinculadas a las fuerzas de seguridad y partidos políticos alineados con el gobierno, como el Partido Democrático Popular de Eelam, los Tigres de Liberación del Pueblo Tamil y el Partido Srilankés de la Libertad, la comisión de robos, secuestros, violaciones, agresiones y asesinatos en Jaffna, el este de Sri Lanka y, cada vez más, otras partes del país. Estos abusos iban dirigidos contra activistas políticos, personas desplazadas que habían regresado y ex miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

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Desapariciones forzadas

Continuaron denunciándose desapariciones forzadas y siguieron sin resolverse miles de casos de años anteriores. El gobierno no ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En enero, una serie de testigos declararon ante la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación srilankesa en Mannar y Madhu, en un intento de encontrar a seres queridos a quienes se había visto rendirse ante el ejército en mayo de 2009.

  • El 30 de enero, centenares de personas se manifestaron en la capital, Colombo, exigiendo conocer el paradero y la suerte que habían corrido familiares suyos que, según creían, habían sido secuestrados por escuadrones gubernamentales. Asimismo, más de 1.300 personas se dirigieron en junio a los recién creados centros informativos del Departamento de Investigación de Actividades Terroristas en busca de información sobre familiares en paradero desconocido, que, según creían, estaban bajo custodia del gobierno; pocas de esas personas hallaron respuesta.

En julio, el Departamento de Policía informó de que 1.700 personas habían sido secuestradas desde 2009, en la mayoría de los casos para exigir un rescate.

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Detención y reclusión arbitrarias

En noviembre, el gobierno reconoció que 876 personas adultas seguían bajo detención administrativa con arreglo a la Ley de Prevención del Terrorismo; de ellas, 845 hombres y 18 mujeres eran tamiles. Estas personas figuraban entre los casi 12.000 presuntos integrantes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que se habían rendido o habían sido capturados por el ejército y posteriormente, una vez finalizado el conflicto, habían permanecido recluidos sin cargos durante meses o años. Se fue poniendo en libertad por tandas a personas detenidas con fines de “rehabilitación”, pero al final del año seguían recluidas alrededor de 1.000; las liberadas continuaron sometidas a vigilancia militar y, según informes, fueron objeto de hostigamiento por parte de las autoridades.

  • El 23 de agosto, decenas de hombres jóvenes de Navanthurai, en el distrito de Jaffna, fueron agredidos y detenidos por soldados. Previamente, los habitantes de la localidad habían protestado contra la protección de los militares a los “diablos engrasados”, misteriosos forasteros a quienes describían como personas embadurnadas de grasa o pintura facial y que, según creían, atacaban a la población civil, especialmente a las mujeres. Los habitantes de la zona presentaron más de 50 peticiones ante el Tribunal de Jaffna alegando que las represalias de las fuerzas de seguridad en sucesos relacionados con los “diablos engrasados” habían vulnerado sus derechos.
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Tortura y otros malos tratos

A pesar de las leyes que prohibían la tortura, seguían siendo habituales la tortura y otros malos tratos a presuntos delincuentes y personas detenidas por su presunta vinculación con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Las autoridades no se tomaban en serio la violación ni otros tipos de violencia de género que constituían tortura. La violencia sexual apenas se denunciaba, y, cuando se hacía, las investigaciones eran deficientes.

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Uso excesivo de la fuerza

El 30 de mayo, la policía lanzó gas lacrimógeno y disparó fuego real contra trabajadores y sindicalistas que se manifestaban en la mayor zona franca industrial del país. Según informes, centenares de manifestantes y policías resultaron heridos; Roshan Chanaka, de 21 años, fue víctima de homicidio. El presidente Rajapaksa ordenó que se llevase a cabo una investigación. El inspector general de la policía dimitió tras lo sucedido y otros mandos policiales fueron trasladados.

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Muertes bajo custodia

Continuaron registrándose muertes bajo custodia, muchas de ellas en circunstancias sospechosas. La policía declaró a menudo que las víctimas habían muerto al tratar de escapar.

  • Según la policía, Asanka Botheju se ahogó en el río Kelaniya, en Colombo, cuando identificaba un alijo de armas el 30 de agosto. Llevaba 19 días detenido ilegalmente.
  • Gayan Saranga, de la ciudad de Dompe, murió el 29 de septiembre. La policía afirmó que se había caído de un vehículo policial cuando lo llevaban a identificar objetos robados. Según testigos, fue torturado en la comisaría.
  • En agosto, cuatro policías de Angulana fueron condenados a muerte por el asesinato bajo custodia de dos jóvenes en 2009.
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Falta de rendición de cuentas

El gobierno no investigó adecuadamente ni enjuició casi ninguna de las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas, que correspondían especialmente a la última etapa del conflicto armado y rechazó las conclusiones del Grupo de Expertos del secretario general de la ONU sobre la rendición de cuentas en Sri Lanka.

El Grupo de Expertos concluyó que existían denuncias creíbles de que ambas partes habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Determinó que la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, promocionada por las autoridades como mecanismo de rendición de cuentas adecuado para abordar lo ocurrido durante la guerra, adolecía de graves deficiencias y no tenía independencia e imparcialidad suficientes. Recomendó que el secretario general de la ONU iniciase una investigación independiente sobre las denuncias y ordenase un examen de la actuación de la ONU en el país. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no siguió las recomendaciones del Grupo de Expertos.

En el informe final de la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación, publicado el 16 de diciembre, se reconoció la existencia de graves problemas de derechos humanos en Sri Lanka, pero no se trataron de manera exhaustiva las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en las fases finales del conflicto. Tampoco se examinaron en él de manera crítica las respuestas del gobierno, lo que puso de relieve la necesidad de una investigación internacional independiente.

Diversas autoridades de Sri Lanka, incluido el presidente del país y altos representantes diplomáticos, fueron objeto de denuncias ante tribunales suizos, alemanes y estadounidenses como responsables de asesinato, tortura y ataques del ejército contra la población civil.

  • En octubre se instó a la policía australiana a investigar las denuncias de crímenes de guerra formuladas contra el embajador de Sri Lanka en Canberra. En Países Bajos, cinco presuntos miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil fueron declarados culpables de recaudar fondos ilegalmente para este grupo, pero resultaron absueltos de pertenencia a una organización terrorista y, por extensión, de reclutamiento de niños y niñas soldados y asesinato, según sostenían los fiscales.
  • En noviembre, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Sarath Fonseka fue condenado a tres años de cárcel por incitación al odio entre comunidades. El acusado alegaba que, al final de la guerra, el ministro de Defensa de Sri Lanka había ordenado el homicidio de los mandos de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que se rindieron.
  • El 30 de marzo, en un inusual procesamiento de militares por violaciones de derechos humanos, un tribunal srilankés condenó a muerte a tres soldados acusados de violar y matar a una joven en el norte de Sri Lanka en 1996; los acusados recurrieron inmediatamente las condenas.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

La represión de la disidencia pacífica seguía siendo habitual. En los medios de comunicación estatales se tildaba de traidores a los defensores y defensoras de los derechos humanos que realizaban labores de promoción de ámbito internacional o se relacionaban con ONG internacionales o representantes diplomáticos; además, estas personas eran objeto de amenazas anónimas y campañas difamatorias.

  • El 22 de agosto, Perumal Sivakumara, del distrito de Puttalam, murió tras ser golpeado por miembros de la Fuerza Especial de Operaciones de la policía. No se llevó a cabo una investigación.
  • En una casa a medio construir del este de Sri Lanka se exhumó en julio de 2011 un cadáver que se creía que correspondía al defensor de los derechos humanos Pattani Razeek, en paradero desconocido desde febrero de 2010. Tras meses de inacción por parte de las autoridades se detuvo a dos sospechosos que tenían vínculos con un ministro del gobierno.
  • El 9 de diciembre desaparecieron en Jaffna los activistas políticos Lalith Kumar Weeraraj y Kugan Muruganathan cuando organizaban una manifestación para pedir la libertad de personas recluidas sin cargos desde el final de la guerra. Sus colegas denunciaron que habían sido secuestrados por el ejército.
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Libertad de expresión: periodistas

Las autoridades atacaron y censuraron medios de comunicación y a quienes trabajaban en ellos, y no exigieron responsabilidades por agresiones a periodistas. El 7 de noviembre, el gobierno bloqueó sitios web cuyo contenido consideraba “perjudicial” para la imagen de Sri Lanka, y anunció que todos los sitios web con información sobre el país debían inscribirse en el Ministerio de Información y Medios de Comunicación o serían objeto de posibles acciones legales.

  • Bennet Rupasinghe, redactor jefe del sitio web Lanka E News, fue detenido el 31 de marzo y acusado de amenazar a una persona sospechosa de implicación en un incendio provocado en las oficinas del sitio web. Quedó en libertad bajo fianza en abril. En octubre, el sitio web fue bloqueado en Sri Lanka tras informar de que el político del partido gobernante Baratha Lakshman Premachandra y otras cuatro personas habían muerto abatidos por disparos en un altercado con otro político del mismo partido.
  • A finales de julio, unos desconocidos que empuñaban barras de hierro agredieron a Gnanasundaram Kuhanathan, redactor jefe del diario de Jaffna Uthayan, y lo dejaron en estado crítico.
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