Sudán
Jefe del Estado y del gobierno
Omar Hasán Ahmed al Bashir
Pena de muerte
retencionista
Población
43,2 millones
Esperanza de vida
58,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
117/104 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
69,3 por ciento

En Darfur y en Sudán del Sur, centenares de miles de civiles siguieron sufriendo las consecuencias del conflicto armado y restricciones en el acceso a la ayuda humanitaria. El conflicto de Darfur se intensificó, dando lugar a ataques contra pueblos que obligaron a desplazarse a miles de personas más. La violencia sexual contra las mujeres continuó siendo un fenómeno habitual en los campos de personas internamente desplazadas y en sus alrededores. Aumentaron también los secuestros y los ataques a convoyes de ayuda humanitaria. Siguieron perpetrándose con impunidad violaciones de derechos humanos, sobre todo por parte del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. Se detuvo y se torturó o maltrató a presuntos detractores del gobierno y se los procesó por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Continuaron imponiéndose penas de muerte, incluso a menores de edad. En el norte se detuvo y flageló a hombres, mujeres y niñas por su “vestimenta” o “comportamiento” en lugares públicos.

Información general

En abril se celebraron elecciones a la presidencia y al Parlamento. El presidente Al Bashir resultó reelegido entre denuncias de fraude y amaño de votos, que llevaron a algunos de los principales partidos de la oposición a retirarse de los comicios.

Las disensiones entre el Partido del Congreso Nacional y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán caracterizaron los preparativos del referéndum de autodeterminación de Sudán del Sur, previsto para el 9 de enero de 2011. Entre las cuestiones objeto de disputa figuraban el censo electoral y la demarcación de fronteras, sobre todo en la zona de Abyei, rica en petróleo y una de las tres zonas de transición (junto con el Nilo Azul y Kordofan Meridional).

En febrero, bajo el auspicio de la mediación conjunta de la ONU y la Unión Africana (UA) y del gobierno qatarí, se reanudaron en Doha (Qatar) las negociaciones entre el gobierno de Sudán y varios grupos armados de Darfur con vistas a la celebración de unas conversaciones de paz. El 23 de febrero, el gobierno y el Movimiento Justicia e Igualdad, grupo armado de oposición, firmaron en Doha un “acuerdo marco para resolver el conflicto de Darfur” similar al suscrito en 2009.

El 1 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán.

En octubre, una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU visitó Sudán para preparar el referéndum.

En diciembre se celebró en Kuwait una conferencia internacional de donantes e inversores para el este de Sudán. La marginación, la proliferación de armas y la inseguridad siguieron afectando a la región. Además, centenares de refugiados llegaban cada mes de los países vecinos, en concreto de Eritrea, Etiopía y Somalia.

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Justicia internacional

El 8 de febrero, la Corte Penal Internacional decidió no confirmar los cargos contra Bahar Idriss Abu Garda, líder del Frente Unido de Resistencia, grupo armado de Darfur. La Corte lo había citado en relación con tres crímenes de guerra cometidos en 2007, durante un ataque efectuado en Haskanita contra fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS). Bahar Idriss Abu Garda había comparecido voluntariamente el 18 de mayo de 2009. Tras rechazar el 23 de abril de 2010 un recurso presentado por la Fiscalía, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte se negó de nuevo a confirmar los cargos.

El 17 de junio comparecieron ante la Corte Abdallah Banda Abbaker Nourein, comandante en jefe de la junta dirigente del Movimiento Justicia e Igualdad, y Saleh Mohammed Jerbo Jamus, ex jefe del estado mayor de Unidad –facción del Ejército de Liberación de Sudán– que posteriormente se había unido al Movimiento Justicia e Igualdad. La vista para confirmar los cargos presentados contra ambos se celebró el 8 de diciembre.

El 12 de julio, la Corte dictó una orden de detención adicional contra el presidente Al Bashir por genocidio. La Sala de Cuestiones Preliminares había llegado a la conclusión de que existían fundamentos razonables para formular contra él tres cargos de genocidio contra las comunidades étnicas fur, massalit y zaghawa.

En julio, la Asamblea de la UA se reafirmó en su decisión de no colaborar con la Corte en relación con la detención y entrega del presidente Al Bashir. La Asamblea pidió a los Estados miembros de la UA que acataran esta decisión. En julio y agosto, el presidente Al Bashir visitó Chad y Kenia, Estados Partes, ambos, en el Estatuto de Roma.

El gobierno sudanés no colaboró con la Corte. Las tres personas contra las que ésta había dictado órdenes de detención –el presidente Al Bashir; Ahmed Haroun, gobernador de Kordofan Meridional desde 2009, y Ali Kushayb, ex dirigente de los yanyawid– siguieron sin ser procesadas tampoco en Sudán.

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Conflicto armado en Darfur

En febrero, coincidiendo con las conversaciones que mantenía en Doha con varios grupos armados de Darfur sobre un posible acuerdo de paz, el gobierno de Sudán inició una campaña militar en esta región. Según cálculos, los enfrentamientos armados entre tropas del gobierno y la facción de Abdel Wahid del Ejército de Liberación de Sudán provocaron entre febrero y junio el desplazamiento de unas 100.000 personas, sobre todo en la zona de Jebel Marra, en Darfur Occidental. Durante varios meses se impidió el acceso a dicha zona a la misión conjunta de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID) y a las organizaciones humanitarias. Los enfrentamientos entre diversas comunidades, agudizados por las divisiones existentes en los grupos armados, se intensificaron también. Los combates entre comunidades y los enfrentamientos entre tropas del gobierno y el Movimiento Justicia e Igualdad y la facción de Abdel Wahid del Ejército de Liberación de Sudán ocasionaron centenares de víctimas en la población civil.

En febrero, en virtud de una cláusula sobre intercambio de prisioneros incluida en el acuerdo marco firmado en Doha, el gobierno puso en libertad a 57 presuntos miembros del Movimiento Justicia e Igualdad. Cincuenta de ellos habían sido condenados a muerte por tribunales especiales antiterroristas tras el ataque perpetrado por el Movimiento Justicia e Igualdad en mayo de 2008 contra Jartum.

Los gobiernos de Sudán y Chad crearon una fuerza conjunta encargada de vigilar la frontera entre ambos países, y el gobierno chadiano no permitió la entrada en su territorio a Khalil Ibrahim, dirigente del Movimiento Justicia e Igualdad, cuyas bases se encontraban principalmente en el este de Chad. En estas circunstancias, Khalil Ibrahim se refugió en Libia, y el Movimiento Justicia e Igualdad volvió a entrar en Darfur. El acuerdo entre el Movimiento y el gobierno sudanés saltó por los aires, lo que provocó enfrentamientos militares, por ejemplo, en la zona de Jebel Moon.

En el campo de Kalma, en Darfur Meridional, los enfrentamientos armados entre partidarios y detractores del proceso de paz de Doha ocasionaron en julio decenas de víctimas entre los residentes y obligaron a la mitad de éstos a abandonar el campo. Durante varias semanas, el gobierno no permitió a quienes vivían allí el acceso a ayuda humanitaria, y las organizaciones responsables de facilitarla tenían dificultades para conocer el paradero de quienes se habían marchado.

El gobierno adoptó en septiembre una nueva estrategia para limitar los efectos del conflicto de Darfur, fomentando el retorno “voluntario” de los desplazados internos a sus lugares de origen y planeando actividades de desarrollo en vez de recuperación. Varios grupos armados y partidos políticos rechazaron la nueva estrategia por considerar que el gobierno intentaba desmantelar los campos y obligar a los desplazados a volver a sus pueblos mientras buscaba una solución militar al conflicto.

  • En julio, la policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvieron a varias personas en el campo de Kalma. Al finalizar el año, según los informes, dos hombres que habían sido torturados seguían recluidos sin cargos en régimen de incomunicación. Tras producirse las detenciones, cinco hombres y una mujer residentes en el campo se refugiaron en un centro de policía comunitario de la UNAMID. Según los informes, el gobierno presentó a la UNAMID sendas órdenes de detención contra los cinco hombres, pero la UNAMID se negó a entregarlos si antes no recibía garantías sobre su seguridad, incluida la de que no serían torturados ni condenados a muerte.
  • Cuatro desplazados internos del campo de Abushok, en Darfur Septentrional, detenidos en agosto de 2009 en virtud de la Ley de Emergencia y Seguridad Pública de 1997, seguían recluidos sin cargos. Se había detenido a un total de 13 desplazados internos tras el homicidio de un sheij en el campo. Siete quedaron en libertad en febrero, y otros dos, en septiembre. A pesar de que, tras las investigaciones iniciales, se habían retirado los cargos contra todos ellos, los detenidos habían sido trasladados a la prisión de Shalla y recluidos allí sin acceso a familiares ni abogados. En virtud de las facultades extraordinarias derivadas del estado de excepción vigente en Darfur Septentrional desde 2006, el gobernador del estado y otras autoridades podían ordenar la detención y reclusión sin cargos de una persona.
  • El 1 de diciembre, en la Universidad de Zalingei, en Darfur Occidental, se organizó una consulta con la sociedad civil en virtud del proceso de Doha, en presencia del mediador qatarí y el jefe del equipo de mediación conjunta de la ONU y la UA, Djibril Bassolé. Delante del edificio donde se celebraba la reunión se produjeron enfrentamientos entre estudiantes que reclamaban que se pidieran cuentas por los crímenes de Darfur y estudiantes partidarios del Partido del Congreso Nacional. Tras la salida de los mediadores, los miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional dispararon contra los manifestantes. Murieron dos hombres, incluido un estudiante, y resultaron heridas al menos nueve personas.
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Conflicto armado en Sudán del Sur

La población de Sudán del Sur y de las tres zonas de transición siguió sufriendo las consecuencias de los enfrentamientos intercomunitarios por el ganado, la tierra y los recursos naturales, si bien el grado de violencia fue disminuyendo a lo largo del año. La proliferación de armas pequeñas y los abusos contra los derechos humanos perpetrados por varios grupos, incluido el Ejército de Liberación de Sudán, continuaron afectando a las comunidades y a los trabajadores de ayuda humanitaria.

No obstante, decenas de miles de desplazados internos y refugiados regresaron a Sudán del Sur desde el norte y desde los países vecinos, en especial de Uganda.

El Ejército de Resistencia del Señor atacó pueblos en Sudán del Sur. Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, hasta agosto 25.000 personas huyeron de sus hogares en Ecuatoria Occidental por el temor a los ataques de este grupo. La intensificación de los ataques restringió el acceso de la población a los pastos y campos de cultivo y aumentó la inseguridad alimentaria.

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Detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos

En febrero entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2009. La Ley mantenía las amplias facultades del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional para practicar detenciones y mantener a los detenidos recluidos sin supervisión judicial por un periodo de hasta cuatro meses y medio.

El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional siguió deteniendo, recluyendo en régimen de incomunicación, torturando, maltratando y persiguiendo judicialmente a activistas políticos y defensores de los derechos humanos por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sus agentes continuaron sin tener que enfrentarse a procesamiento ni a medidas disciplinarias por violaciones de derechos humanos.

Como consecuencia de estas prácticas, continuaron huyendo de Sudán defensores de los derechos humanos, y los que se quedaban limitaban sus actividades.

  • El 10 de febrero, unos agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional aprehendieron a Mohammed Moussa Abdallah Bahr El Din, estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad de Jartum. Su cadáver se encontró al día siguiente en Jartum con señales de tortura, entre ellas, según los informes, cortes y quemaduras en las manos y los pies. Una autopsia confirmó las señales de tortura. No se emprendió ninguna investigación independiente sobre su muerte.
  • Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvo en Jartum a 13 personas, entre ellas un abogado, un periodista y varios activistas juveniles. En diciembre se permitió a algunos detenidos recibir visitas de familiares en la cárcel, pero siguió sin autorizárseles el acceso a abogados. Todos los detenidos eran de Darfur.
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Libertad de expresión: presos de conciencia

En el norte, entre mayo y agosto, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional volvió a someter a la prensa a censura previa y clausuró varios periódicos. Algunos no pudieron imprimirse durante todo el periodo de la censura. Se detuvo a periodistas por sus actividades profesionales.

En Sudán del Sur, los periodistas sufrían también hostigamiento y detención arbitraria, sobre todo por su cobertura de las elecciones. Las fuerzas de seguridad y el Ejército de Liberación Popular de Sudán detuvieron a periodistas, observadores electorales y miembros de la oposición y los sometieron a actos de violencia. También se hostigó e intimidó a votantes en los colegios electorales.

  • En mayo se clausuró el periódico Rai Al Shaab, vinculado al opositor Partido del Congreso Popular, y se detuvo a cinco miembros de su personal. En julio se condenó a su subdirector, Abuzar Al Almin, a cinco años de cárcel, y se impuso una pena de dos años de prisión a Ashraf Abdelaziz, redactor del periódico, y a Al Tahir Abu Jawhara, director de la sección de política. Según los informes, los periodistas fueron torturados o sometidos a malos tratos bajo custodia.
  • El 23 de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron en un hospital de Bentiu a Bonifacio Taban Kuich, presentador de la emisora de radio Bentiu FM. Estaba informando sobre una protesta contra los resultados de unas elecciones locales celebradas en el estado de Unity, en la que, según los informes, la policía había disparado contra la multitud y había matado a dos personas y herido a otras cuatro. Al parecer, lo golpearon y lo interrogaron sobre su trabajo. El 6 de mayo quedó en libertad sin cargos.
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Penas crueles, inhumanas y degradantes

En el norte, la policía de orden público siguió deteniendo a hombres, mujeres y niñas por comportarse o vestir de manera “indecente” o “inmoral”, y los tribunales impusieron numerosas penas de flagelación a lo largo del año. Se introdujeron más restricciones en lo tocante al modo de comportarse en público y, según los informes, la policía de orden público creó comités encargados de determinar los criterios por los que debían regirse las detenciones por conducta o vestimenta “indecente”.

Antes de las elecciones de abril, el presidente Al Bashir reiteró su compromiso con el régimen de orden público, nombre dado al conjunto de leyes y estructuras que permitían las detenciones y flagelaciones en el norte de Sudán. La policía de orden público siguió chantajeando a mujeres y acosándolas sexualmente durante su detención y reclusión y persiguiendo a mujeres de sectores vulnerables, como mujeres sumidas en la pobreza, desplazadas internas y mujeres eritreas y etíopes residentes en Jartum.

  • El Tribunal Constitucional siguió sin pronunciarse sobre el recurso presentado por Lubna Hussein, periodista que había desafiado el régimen de orden público al presentar su caso ante un tribunal ordinario y que en septiembre de 2009 había sido condenada por llevar pantalones.
  • En agosto, la policía de orden público detuvo en Jartum a 19 hombres jóvenes por travestismo y por llevar maquillaje. A los detenidos les negaron el acceso a un abogado y les dieron 30 latigazos en presencia, según los informes, de un público compuesto por unas 200 personas.
  • El 14 de diciembre, decenas de personas se concentraron en Jartum para pedir que se efectuara una investigación sobre la flagelación pública de una mujer, llevada a cabo en presencia de un juez por dos miembros de la policía de orden público. La flagelación había sido filmada y tuvo una amplia difusión. El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvo a más de 60 hombres y mujeres y no los puso en libertad hasta por la noche. Muchas de las mujeres fueron golpeadas al ser detenidas.
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Pena de muerte

Tanto en el norte como en Sudán del Sur, los tribunales siguieron imponiendo penas de muerte, incluso a menores de edad. Después de que en febrero el gobierno sudanés y el Movimiento Justicia e Igualdad firmaran en Doha el acuerdo marco para la celebración de unas conversaciones de paz, se puso en libertad a 50 hombres, pero otros 55 siguieron en prisión a la espera del resultado de recursos presentados contra sus penas de muerte. Al parecer, 8 de los 55 condenados eran menores de edad y, a pesar de que el gobierno había dado garantías de que no se los ejecutaría, al finalizar el año no se les había conmutado la condena.

  • El 14 de enero se ejecutó a seis hombres por el asesinato de 13 policías, cometido durante unos enfrentamientos ocurridos en el campo de desplazados internos de Soba Aradi, al sur de Jartum. En mayo de 2005 se había producido en el campo un estallido de violencia después de que las fuerzas de seguridad hubieran intentado desalojarlo por la fuerza. Los seis hombres no habían podido acceder a un abogado hasta cinco meses después de su detención. Según los informes, todos habían sido sometidos a torturas con el fin de obligarlos a “confesar”. El Tribunal Constitucional había confirmado las penas de muerte a pesar de las denuncias de tortura.
  • El 21 de octubre, un tribunal especial de Darfur condenó a muerte a 10 hombres. Según los informes, cuatro de ellos eran menores de 18 años: Idriss Adam Abbaker, Abdallah Abdallah Daoud, Ibrahim Shareef Youssif y Abdelrazig Daoud Abdessed. Se los declaró culpables de haber participado en un ataque cometido en Darfur Meridional contra un convoy del gobierno provisto de escolta. El juicio no cumplió las normas internacionales sobre justicia procesal. Sólo dos de los presuntos menores fueron objeto de un examen médico para determinar su edad. Se conmutó la condena impuesta a Idriss Adam Abbaker tras constatarse que era menor de edad. Un examen médico confirmó que Abdallah Abdallah Daoud también era menor de edad, pero un segundo examen concluyó que tenía más de 18 años, y el tribunal se atuvo a este hecho.
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