Sudán
Jefe del Estado y del gobierno
Omar Hasán Ahmed al Bashir
Pena de muerte
retencionista

Los siguientes datos abarcan Sudán y Sudán del Sur:
 
Población
44,6 millones
Esperanza de vida
61,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
108,2 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
70,2 por ciento

Sudán hacía frente a importantes transformaciones tras la secesión de Sudán del Sur, proclamada el 9 julio en virtud de un referéndum sobre su autodeterminación. Al terminar el año continuaban celebrándose negociaciones para alcanzar acuerdos en materia de reparto del petróleo, ciudadanía y demarcación de fronteras tras la independencia. Se intensificó aún más el conflicto en Darfur y estallaron otros conflictos en Abyei, Kordofán del Sur y Nilo Azul que causaron la huida de cientos de miles de civiles de esas zonas. El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y otros agentes del Estado seguían cometiendo violaciones de derechos humanos contra personas consideradas críticas con el gobierno por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Información general

El 9 de enero se celebró un referéndum sobre la autodeterminación de Sudán del Sur como parte del Acuerdo General de Paz de 2005, firmado por la fuerza política gobernante de Sudán, el Partido del Congreso Nacional, y el antiguo grupo armado de oposición del sur Movimiento de Liberación Popular de Sudán. Los resultados indicaron que el 98,83 por ciento del electorado de Sudán del Sur estaba a favor de la independencia.

El referéndum para decidir si Abyei formaría parte de Sudán o de Sudán del Sur, también previsto para el 9 de enero, se aplazó indefinidamente debido a desacuerdos acerca del derecho de voto de los dos grupos étnicos principales, los misseryia, seminómadas del norte, y la etnia dinka ngok, del sur.

También estaba prevista la celebración de consultas populares en Kordofán del Sur y Nilo Azul, que podían determinar cierto grado de autonomía para ambos estados dentro de Sudán. El 17 de mayo, Ahmed Mohammed Haroun, candidato del Partido del Congreso Nacional, fue elegido gobernador de Kordofán del Sur, a pesar de las denuncias de fraude electoral formuladas por el Movimiento de Liberación Popular de Sudán. Ahmed Haroun estaba reclamado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. Después de la independencia de Sudán del Sur, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán activo en Sudan pasó a llamarse Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte.

Al terminar el año no se habían registrado avances dignos de mención en relación con el proceso de paz en Darfur. La inseguridad permanente en la región impedía las consultas con las partes interesadas allí.

El mandato de la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS) expiró el 9 de julio. El 29 de ese mismo mes se prorrogó por un año más el mandato de la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID). El 23 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante su 18 periodo de sesiones, adoptó el resultado del examen periódico universal sobre Sudán. El 29 de septiembre se renovó en el Consejo por un año el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán.

El 7 de agosto, el Movimiento Justicia e Igualdad, el Ejército de Liberación de Sudán-facción Minni Minawi, el Ejército de Liberación de Sudán-facción Abdul Wahid y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte anunciaron la formación de una alianza contra el gobernante Partido del Congreso Nacional. El 24 de diciembre, Khalil Ibrahim, dirigente del Movimiento Justicia e Igualdad, murió a manos de las Fuerzas Armadas de Sudán durante una ofensiva en el estado de Kordofán del Norte.

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Justicia internacional

El gobierno seguía sin cooperar con la Corte Penal Internacional en relación con las órdenes de detención dictadas contra el presidente Al Bashir en 2009 y 2010, así como contra Ahmed Haroun, gobernador de Kordofán del Sur, y contra Ali Mohammed Ali Abdelrahman (conocido como Ali Kushayb), ex dirigente de la milicia yanyawid, en 2007. El 2 de diciembre, el fiscal jefe de la Corte dictó otra orden de detención contra el ministro de Defensa, Abdelrahim Mohamed Hussein.

En enero, la Unión Africana reiteró su decisión de no cooperar con la Corte en la detención del presidente Al Bashir, pero no obtuvo apoyo suficiente para su petición de que el Consejo de Seguridad de la ONU aplazara el caso 12 meses invocando el artículo 16 del Estatuto de Roma de la Corte. En julio, la Unión Africana reiteró su apoyo a los países que no habían detenido al presidente Al Bashir. En diciembre, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte remitió al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma la negativa de Malawi y Chad a detener al presidente Al Bashir.

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Conflicto armado: Darfur

Los abusos contra los derechos humanos siguieron siendo generalizados durante el año en todo Darfur. Las fuerzas gubernamentales –incluidas la Policía de la Reserva Central y las Fuerzas Populares de Defensa– y las milicias aliadas del gobierno perpetraron ataques, incluso aéreos, y los grupos armados de oposición atacaron por tierra pueblos, ciudades y sus zonas circundantes, incluidos campos de personas internamente desplazadas. Hubo muertos y heridos entre la población civil, así como saqueos y destrucción de bienes. El 27 de mayo, el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU anunció que más de 70.000 personas se habían visto desplazadas por los combates desde diciembre de 2010.

Entre diciembre de 2010 y junio de 2011 estallaron combates entre fuerzas gubernamentales y grupos armados de oposición en Darfur Septentrional, en zonas situadas entre Khor Abeche, Abu Zerega y Tabit, entre otras. Se tuvo noticia de la destrucción de más de ocho pueblos y de la huida de decenas de miles de personas a causa de los combates.

El gobierno impuso a la UNAMID y a las organizaciones humanitarias severas restricciones de acceso, lo cual les impidió llevar a cabo labores de observación y prestar servicios esenciales a la población civil.

En febrero, el gobierno suspendió durante un mes las actividades de la organización Catholic Relief Services en el oeste de Darfur. También en febrero se expulsó de Darfur Meridional a la organización humanitaria Médicos del Mundo, a la que se acusaba, al parecer, de “espiar”. Se detuvo y recluyó a personal nacional e internacional de organizaciones humanitarias y de la UNAMID.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones de acordonamiento y registro en campos de desplazados internos situados en zonas pobladas por miembros del grupo étnico zaghawa, a quienes se percibía como simpatizantes del Ejército de Liberación de Sudán-facción Minni Minawi. El 23 de enero, fuerzas del gobierno asaltaron el campo de desplazados internos de Zamzam, donde detuvieron a más de 80 personas, entre ellas 3 mujeres, y saquearon viviendas. La operación no se notificó con antelación a la UNAMID, lo cual violaba el Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas, que estipulaba que se llevarían a cabo consultas entre el gobierno y la UNAMID sobre las acciones relacionadas con los campos de desplazados internos.

Continuaron las violaciones y otras formas de violencia sexual, cometidas por fuerzas del gobierno y sus milicias aliadas contra mujeres y niñas desplazadas. El 13 de enero, seis niñas y mujeres internamente desplazadas fueron violadas cerca de Tawilla, Darfur Septentrional, por dos hombres, al parecer pertenecientes a milicias aliadas del gobierno. El 22 de marzo, unos policías armados secuestraron a cuatro mujeres en su domicilio cerca de Shangil Tobaya, violaron a una de ellas y golpearon a las cuatro. El 1 de octubre, en dos incidentes distintos, las milicias aliadas del gobierno secuestraron y violaron en repetidas ocasiones a dos niñas, de 12 y 14 años, en la región de Kabkabiya, Darfur Septentrional.

  • Tres miembros del personal de la UNAMID fueron detenidos por agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. El 27 de abril, el encargado de asuntos civiles de la misión, Idris Yousef Abdelrahman, fue detenido en Nyala, Darfur Meridional. Quedó en libertad el 20 de julio y se retiraron todos los cargos en su contra. El 6 de mayo, Hawa Abdallah Mohamed, activista comunitaria y traductora de la UNAMID, fue detenida en el campo de desplazados internos de Abu Shouk, Darfur Septentrional, acusada de “cristianizar” a los niños y niñas del campo y de tener vínculos con un grupo armado de oposición. Quedó en libertad el 13 de julio. Un miembro del personal de la UNAMID fue detenido el 3 de septiembre en El Fasher, Darfur Septentrional, y quedó en libertad sin cargos el 8 de octubre.
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Conflicto armado: zonas de transición

El 21 de mayo, las Fuerzas Armadas de Sudán invadieron la ciudad de Abyei. Los ataques de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Populares de Defensa y las milicias respaldadas por las Fuerzas Armadas causaron el desplazamiento forzoso de toda la población de la ciudad y las localidades circundantes –más de 100.000 personas– a Sudán del Sur. El ataque se produjo después de una serie de enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el Ejército de Liberación Popular de Sudán ocurridos entre enero y mayo. Las milicias aliadas de las Fuerzas Armadas de Sudán saquearon y quemaron viviendas e instalaciones de ONG. Las Fuerzas Armadas de Sudán impidieron durante varios días el acceso de la UNMIS a Abyei y apenas tomaron medidas para proteger a la población civil. El 27 de junio se estableció la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA), en virtud de la Resolución 1990 del Consejo de Seguridad de la ONU, tras el acuerdo alcanzado por el Partido del Congreso Nacional y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán en Etiopía para desmilitarizar Abyei y permitir que hasta 4.200 soldados etíopes supervisaran la zona. Al terminar el año, las Fuerzas Armadas de Sudán y el Ejército de Liberación Popular de Sudán no habían retirado totalmente sus tropas, y la población de Abyei y de la mayoría de las localidades circundantes continuaba desplazada en Sudán del Sur sin acceso adecuado a cobijo, alimentos y otros servicios esenciales. El mandato de la UNISFA se prorrogó el 27 de diciembre.

El 5 de junio estalló un conflicto en Kordofán del Sur entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el grupo armado de oposición Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte. El gobierno sudanés llevó a cabo reiterados bombardeos aéreos indiscriminados, que causaron víctimas mortales y heridos entre la población civil. Un informe publicado en agosto por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos detallaba los homicidios ilegítimos, la destrucción y el saqueo masivos de bienes civiles y otras denuncias que podían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El 1 de septiembre, el conflicto se extendió al estado de Nilo Azul. El presidente Al Bashir declaró el estado de excepción al día siguiente y sustituyó al gobernador del Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, Malik Aggar, por un gobernador militar.

Las personas desplazadas por los combates –más de 300.000 de Kordofán del Sur y más de 55.000 de Nilo Azul– se vieron obligadas a buscar refugio en otras zonas, como el oeste de Etiopía, Yida –en el estado de Unidad, Sudán del Sur– y el estado de Alto Nilo. El 8 y el 10 de noviembre, efectivos de las Fuerzas Armadas de Sudán bombardearon zonas de Alto Nilo y Yida.

El gobierno sudanés no permitió el acceso de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales durante todo el año.

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Conflicto armado: sur de Sudán

Continuó la violencia entre comunidades en el sur de Sudán. La proliferación de armas pequeñas agravó los enfrentamientos y los abusos contra los derechos humanos contra civiles cometidos por grupos armados de oposición y fuerzas gubernamentales.

  • El 9 y 10 de febrero estallaron combates entre el Ejército de Liberación Popular de Sudán y fuerzas leales al general George Athor Deng, dirigente de la oposición armada, en el condado de Fangak, estado de Yonglei. Al menos 154 civiles murieron y 20.000 personas se vieron desplazadas. También hubo enfrentamientos el 12 de marzo en Malakal, Alto Nilo.
  • El 23 de abril, el Ejército de Liberación Popular de Sudán y fuerzas leales al líder de la oposición armada Gabriel Tanginye se enfrentaron en la localidad de Kaldak, estado de Yonglei. La destrucción de viviendas obligó a unas 15.000 personas a buscar otros lugares donde reasentarse.
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Personas refugiadas y migrantes

Más de 300 solicitantes de asilo y refugiados eritreos fueron devueltos el 17 de octubre, a pesar de un acuerdo alcanzado por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y las autoridades sudanesas por el cual se les permitiría presentar solicitudes de asilo en Sudán, y a pesar también de que algunos tenían la condición de refugiado.

  • El 25 de julio, un solicitante de asilo de 23 años murió y otro, de 17, resultó gravemente herido al saltar de un camión en el que los devolvían a la frontera con Eritrea.
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Libertad de asociación y reunión

Entre enero y abril y en octubre, miles de personas se manifestaron en todo el norte de Sudán contra el elevado costo de la vida y en favor de la democracia. La policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvieron a cientos de activistas y miembros y simpatizantes de partidos opositores. Algunos de los detenidos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y sufrieron tortura y otros malos tratos. En septiembre se prohibió el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, se cerraron sus oficinas y, según la información disponible, se detuvo a más de 200 de sus miembros.

  • El 30 de enero se detuvo a más de 70 personas en Jartum para impedir que secundaran las protestas. Mohamed Abdelrahman fue sometido a malos tratos bajo custodia policial y, según informes no confirmados, murió al día siguiente en un hospital. No se llevó a cabo investigación alguna.
  • Un centenar de personas fueron detenidas el 20 de abril a raíz de unas protestas en la Universidad de Nyala, Darfur Meridional. En septiembre todas habían quedado en libertad.
  • El 25 de junio, Bushra Gamar Hussein Rahma, activista de derechos humanos y miembro del Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, fue detenido en Omdurmán. Un juez ordenó su liberación el 14 de agosto, pero fue detenido de nuevo inmediatamente por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. Al terminar el año continuaba recluido sin cargos y sin acceso a un abogado.
  • El 2 de septiembre, Abdelmoniem Rahama, activista, poeta y miembro del Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, fue detenido en Ed Damazin. Al terminar el año continuaba recluido sin cargos y sin acceso a un abogado.
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Libertad de expresión

Continuaban los cierres de periódicos y la censura, y los periodistas eran objeto de hostigamiento y en algunos casos de detención, con el consiguiente riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

  • El 31 de enero, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional prohibió el periódico opositor Ajrass al Hurriya, y a los periódicos Al Sahafa y Al Midan se les impidió distribuir todas sus ediciones o algunas de ellas. En agosto y septiembre se adoptaron medidas similares de represión de medios de comunicación.
  • El periódico Juba Post, que se publicaba dos veces por semana, fue cerrado temporalmente por agentes de seguridad en el sur de Sudán el 30 de marzo, tras la publicación de un artículo en el que se afirmaba que fuerzas leales a George Athor, líder de un grupo armado de oposición, atacarían Juba antes de julio. El responsable de la distribución del periódico estuvo detenido brevemente en el aeropuerto de Juba el 31 de marzo.
  • El 9 de julio, el Consejo Nacional de Prensa y Publicaciones retiró las licencias a seis periódicos que eran en parte propiedad de sudaneses del sur.
  • Se presentaron cargos contra 10 periodistas por informar sobre el caso de Safia Ishag Mohamed, mujer agredida sexualmente por agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional en enero. El 5 de julio, Fatima Ghazali fue condenada a un mes de reclusión, y el director de su publicación, Saad al Din Ibrahim, al pago de una multa. El 25 de julio, Amal Habani fue condenada a un mes de cárcel.
  • Abuzar Al Ameen, subdirector del periódico Rai al Shaab, quedó en libertad bajo fianza el 22 de agosto. Había sido detenido por agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional el 15 de mayo de 2010 y condenado a cinco años de prisión por “menoscabar la Constitución” y “publicar noticias falsas”, en relación con la publicación de unos artículos en los que se analizaban las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril de 2010 y se daba a entender que se estaba construyendo una fábrica de armas iraní en Sudán.
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Pena de muerte

Siguieron dictándose sentencias de muerte en el norte y el sur de Sudán, incluso contra menores de edad, y se llevaron a cabo al menos siete ejecuciones.

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