Suazilandia
Jefe del Estado
rey Mswati III
Jefe del gobierno
Barnabas Sibusiso Dlamini
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
1,2 millones
Esperanza de vida
48,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
73 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
86,9 por ciento

La crisis del Estado de derecho y la destitución injusta de un juez menoscabaron la independencia del poder judicial. La reclusión arbitraria y secreta, los enjuiciamientos políticos y el uso excesivo de la fuerza se utilizaron para aplastar protestas políticas. El informe de un comité parlamentario puso de relieve los riesgos que entrañaba para el derecho a la vida la legislación contra la caza furtiva. Se registraron lentos avances en la revocación de leyes que discriminaban a las mujeres. El acceso a tratamiento para el VIH/sida se veía cada vez más amenazado por el deterioro de la situación económica del país.

Información general

La situación económica del gobierno se deterioró de manera dramática. Los esfuerzos del gobierno para conseguir préstamos de diversas fuentes no tuvieron éxito, debido en parte a la falta de aplicación de reformas fiscales y a la escasa disposición para aceptar condiciones, incluida la institución de reformas políticas, dentro de plazos acordados. El gobierno ignoró los renovados esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para abrir un diálogo sobre los pasos hacia una democracia multipartidista. En la vista del examen periódico universal de la ONU sobre Suazilandia celebrada en octubre, el gobierno rechazó las recomendaciones relativas a permitir la participación de partidos políticos en las elecciones.

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Sistema de justicia

El acceso a tribunales justos e imparciales, incluso para las víctimas de violaciones de derechos humanos, se veía cada vez más restringido por la creciente crisis del Estado de derecho. Las restricciones, en forma de “directiva práctica”, implementadas en los tribunales superiores bajo la autoridad del presidente de la Judicatura, dificultaban o impedían el acceso a los tribunales a los litigantes civiles en casos que afectaban directamente al rey como encausado. Otra directiva ponía el control de la asignación diaria de casos para vistas, incluidos los urgentes, exclusivamente en manos del presidente de la Judicatura, que era nombrado por el rey mediante contrato temporal. Las restricciones creaban un sesgo en la administración de justicia e impedían el acceso de algunos litigantes o encausados en procedimientos penales a los tribunales o a vistas con garantías. En agosto, la Sociedad Jurídica de Suazilandia lanzó un boicot contra los tribunales para protestar por estos acontecimientos y por la inacción de las autoridades a la hora de instituir una vista adecuada sobre sus denuncias en relación con el funcionamiento de los tribunales y la conducta del presidente de la Judicatura. En las semanas siguientes, la Sociedad Jurídica entregó una petición al ministro de Justicia en la que reclamaba acción. Las protestas de los abogados en las proximidades del edificio del Tribunal Superior fueron dispersadas en varias ocasiones por policías armados. En noviembre, la Sociedad Jurídica suspendió temporalmente su boicot tras mantener conversaciones con la Comisión de Servicios Judiciales. Sin embargo, la mayoría de las denuncias de la Sociedad Jurídica continuaban sin resolverse.

  • En septiembre, Thomas Masuku, un juez destacado del Tribunal Superior, fue expulsado sumariamente de la carrera judicial por orden del rey, tras “procedimientos de destitución” injustos. Al parecer, los procedimientos se iniciaron después de que el presidente de la Judicatura presentara unas denuncias contra el juez Masuku en las que lo acusaba, entre otras cosas, de criticar al rey en una de sus sentencias. En la vista a puerta cerrada que se celebró ante la Comisión de Servicios Judiciales –presidida por el presidente de la Judicatura, denunciante principal– para examinar las denuncias, no se presentaron pruebas independientes que las corroborasen. La Comisión de Servicios Judiciales no presentó sus conclusiones al juez Masuku antes de comunicarlas al rey, quien a continuación, el 27 de septiembre, dictó el decreto en el que ordenaba su destitución. El ministro de Justicia, David Matse, también fue destituido por negarse a firmar un documento en apoyo de la destitución del juez Masuku.
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Novedades constitucionales e institucionales

La Comisión de Derechos Humanos y Administración Pública concluyó su segundo año sin contar con legislación que permitiese su pleno funcionamiento. Seguía careciendo de personal suficiente y de locales accesibles.

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Represión de la disidencia

En abril, el gobierno prohibió las marchas de protesta previstas para los días del 12 al 14 por sindicatos y otras organizaciones. Durante varios días se recurrió a la reclusión arbitraria y secreta, el arresto domiciliario ilegítimo y otras medidas propias del estado de excepción para aplastar protestas pacíficas contra el gobierno. Entre las personas recluidas había representantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Suazilandia y de organizaciones prohibidas.

La policía usó fuerza excesiva para dispersar manifestaciones.

  • El 12 de abril, Ntombi Nkosi, de 66 años, activista del Congreso Nacional Liberador Ngwane (NNLC), se dirigía a su domicilio, tras haber recibido tratamiento médico por el gas lacrimógeno que le habían arrojado, cuando fue interceptada por tres agentes de policía armados. Los agentes la interrogaron sobre los términos relacionados con el NNLC que figuraban impresos en su camiseta y en el pañuelo que llevaba en la cabeza, y después, al parecer, la agarraron, le quitaron la camiseta y el pañuelo y la agredieron. La estrangularon, le golpearon la cabeza contra una pared, la sometieron a abusos sexuales, le doblaron los brazos a la espalda, le propinaron patadas y después la arrojaron contra un camión policial. El conductor de un taxi que pasaba la ayudó a escapar. Necesitó tratamiento hospitalario para las lesiones sufridas.
  • En septiembre, la policía usó fuerza excesiva para disolver una concentración en la ciudad de Siteki, en el este del país, y agredió a S’pasha Dlamini, integrante de la ejecutiva de la Asociación Nacional de Docentes de Suazilandia. S’pasha Dlamini había intentado impedir que la policía sacara del escenario a un orador sindicalista sudafricano, cuando los agentes la arrojaron al suelo, le propinaron patadas en la cabeza y la arrastraron por los brazos por espacio de unos 100 metros. Necesitó tratamiento hospitalario para sus lesiones.
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Seguridad y medidas antiterroristas

  • Maxwell Dlamini, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Suazilandia, estuvo detenido entre el 10 y el 12 de abril y recluido en régimen de incomunicación sin acceso a un abogado ni contacto con su familia. Lo detuvieron de nuevo al día siguiente de su liberación, junto con Musa Ngubeni, activista político y ex dirigente estudiantil. A ambos les negaron el acceso a abogados mientras estuvieron bajo custodia policial y durante la vista de su caso en el tribunal de primera instancia, y los acusaron formalmente de delitos previstos en la Ley de Explosivos. Se les negó la libertad bajo fianza aduciendo que su liberación menoscabaría la paz y la seguridad públicas. El 20 de diciembre, el Tribunal Superior anuló el fallo, pero fijó para su libertad una fianza de 50.000 emalangeni (6.135 dólares estadounidenses) cada uno. Al terminar el año continuaban bajo custodia.
  • En diciembre, el Tribunal Superior desestimó una petición de excarcelación de Zonke Dlamini y Bhekumusa Dlamini, acusados en 2010 en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo y a quienes se negó la libertad bajo fianza. La solicitud se había presentado alegando que el ministerio fiscal no los había llevado a juicio dentro del periodo exigido por la ley.
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Homicidios ilegítimos

En agosto, un comité parlamentario designado para investigar presuntos actos de brutalidad cometidos por guardas de caza contra presuntos cazadores furtivos presentó sus conclusiones y recomendaciones al Parlamento. El comité había investigado incidentes violentos con resultado de muertes y lesiones de presuntos cazadores furtivos y de guardas de caza. El informe enumeraba 9 incidentes contra guardas de caza y 33 contra presuntos cazadores furtivos. La mayoría de los casos se hallaban aún en fase de investigación policial, o bien en la fiscalía o pendientes de resolución en los tribunales. Algunos presuntos cazadores furtivos heridos por guardas de caza fueron procesados más tarde en virtud de la Ley de Caza (enmendada). No se procesó a ningún guarda de caza por disparos con o sin resultado de muerte. El comité recomendó reformas urgentes en cláusulas de la Ley de Caza (enmendada) que podrían interpretarse como que “aprueban la brutalidad hacia presuntos cazadores furtivos”.

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Muertes bajo custodia

La pesquisidora Nondumiso Simelane, nombrada para investigar la muerte bajo custodia en mayo de 2010 del activista político Sipho Jele, presentó su informe al primer ministro en marzo. Al terminar el año el informe no se había hecho público.

  • El 5 de diciembre, Phumelela Mhkweli, de 26 años, murió poco después de que la policía lo sacara por la fuerza de un taxi en Siteki, exigiéndole el pago de una multa por una infracción de tráfico e insistiendo, según testigos, en que debía ser “castigado”. La documentación médica mostró lesiones en la cabeza y en la cara, e indicó que la conducta agresiva de la policía había desencadenado un problema médico subyacente que condujo a la muerte.
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Derechos de las mujeres

El proyecto de ley de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar se debatió en el Parlamento, pero al terminar el año aún no se había promulgado.

En junio, el gobierno presentó en el Parlamento el proyecto de ley de Registro de Escrituras (Enmienda), en respuesta a una orden dictada por el Tribunal Supremo en mayo de 2010 en la que se instaba a modificar una disposición inconstitucional de la ley que impedía que la mayoría de las mujeres casadas en virtud del derecho civil registraran legalmente a su nombre viviendas u otros bienes inmuebles. Al terminar el año el proyecto de ley, que no contenía suficientes salvaguardias, no había sido promulgado.

El proyecto de ley de Ciudadanía presentado al Parlamento contenía disposiciones que discriminaban a las mujeres, al negarles el derecho a transmitir su ciudadanía suazilí a sus hijos o a sus cónyuges de nacionalidad no suazilí.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En la vista del examen periódico universal de la ONU, celebrada en octubre, el gobierno rechazó las recomendaciones relativas a despenalizar las relaciones sexuales con personas del mismo sexo y a impedir la discriminación por motivos de orientación sexual.

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Derecho a la salud: epidemia de VIH

La prevalencia del VIH seguía siendo “extremadamente elevada” pero parecía estarse “estabilizando”, según ONUSIDA. Según el informe presentado por el gobierno en julio para el examen periódico universal, el 85 por ciento de los centros que ofrecían servicios prenatales también ofrecían tratamiento para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. El gobierno anunció asimismo que había adoptado las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para iniciar el tratamiento antirretroviral en una fase más temprana de la enfermedad. En noviembre, unas 65.000 personas recibían tratamiento.

Sin embargo, el acceso al tratamiento y su continuidad seguían siendo difíciles para algunos pacientes debido a la pobreza, la falta de transporte en zonas rurales, la inseguridad alimentaria, los precarios procedimientos para la obtención de medicamentos y la falta de financiación debido a la deficiente gestión económica del país.

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Pena de muerte

Aunque la Constitución de 2006 permitía el uso de la pena capital, no se llevaban a cabo ejecuciones desde 1983.

  • En abril, una década después de ser detenido, David Simelane fue condenado a muerte por el Tribunal Superior tras ser declarado culpable del asesinato de 34 mujeres. Presentó recurso contra la condena.

Otras dos personas continuaban condenadas a muerte. En octubre, en la vista del examen periódico universal de la ONU, el gobierno calificó a Suazilandia como “abolicionista en la práctica”, pero afirmó que era necesario un “debate nacional” antes de que fuera posible abolir la pena de muerte en la ley.

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