Suecia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Suecia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Suecia is now live »

Jefe del Estado
rey Carlos XVI Gustavo
Jefe del gobierno
Fredrik Reinfeldt
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
9,2 millones
Esperanza de vida
80,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
4/4 por cada 1.000

El gobierno no descartó recurrir a las “garantías diplomáticas” para enviar a personas a países donde podían sufrir tortura y otros malos tratos. Se denegó el permiso de residencia a dos víctimas de entrega (transferencia ilegal de sospechosos entre países). La expulsión de solicitantes de asilo antes de que se hubiera adoptado una decisión definitiva sobre su solicitud suscitó preocupación.

Seguridad y medidas antiterroristas

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que Suecia no había descartado recurrir en el futuro a las “garantías diplomáticas” para autorizar el envío de personas a países donde podían sufrir tortura u otros malos tratos, y recomendó que el gobierno ofreciera garantías de que nadie sería expuesto al peligro de tortura y otros malos tratos, aunque se tratara de presuntos terroristas.

  • En noviembre, el gobierno desestimó los recursos de apelación de Ahmed Agiza y Mohammed el Zari contra la decisión de no concederles el permiso de residencia, en parte basándose en información que no había sido revelada a los interesados; por tanto, ambos fueron privados de una reparación completa por las graves violaciones de derechos humanos que habían sufrido en diciembre de 2001 como consecuencia de su traslado de Suecia a Egipto en un avión fletado por la CIA. Las autoridades no atendieron los llamamientos para que se llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre los motivos para la expulsión de ambos hombres.

Detenidos de Guantánamo

En febrero, el Tribunal de Inmigración de Estocolmo reconoció la condición de refugiado a Adel Abdul Hakim, ciudadano chino de etnia uigur liberado de la custodia estadounidense en Guantánamo en 2006. La decisión dejó sin efecto la negativa a concederle el permiso de residencia pronunciada por la Junta de Inmigración en julio de 2008.

Tortura y otros malos tratos

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el hecho de que no se garantizara el acceso a un médico a los presuntos autores de delitos, por el número documentado de suicidios en las cárceles y por la ausencia de un organismo de denuncias contra la policía efectivo e independiente.

En diciembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura afirmó que las autoridades no habían adoptado medidas suficientes para disipar sus preocupaciones en relación con las salvaguardias jurídicas contra los malos tratos bajo custodia policial, la imposición de restricciones a presos preventivos y el aislamiento de ciertas categorías de presos convictos.

  • En octubre, entre denuncias que afirmaban que los investigadores policiales habían intentado ocultar el alcance de las lesiones que presentaba su cadáver, se reanudó la investigación sobre la muerte de Johan Liljeqvist, de 24 años, muerto en abril de 2008 tras ser detenido por la policía en Gotemburgo.

En diciembre, el Defensor del Pueblo del Parlamento de Suecia criticó el uso de pulverizadores de pimienta por parte de la policía en determinadas circunstancias: en el interior de vehículos y en dependencias policiales contra personas que la policía ya tenía controladas; en situaciones en que no existía amenaza de violencia; y como incentivo para obedecer las órdenes policiales.

Suecia no tipificó la tortura como delito en su Código Penal.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la expulsión de solicitantes de asilo sobre cuya solicitud aún no se había adoptado una decisión definitiva. Manifestó también su inquietud por la utilización, en algunos casos, de información no revelada a quienes se enfrentaban a la expulsión, y por la excesiva duración de la detención de algunos solicitantes de asilo. Tanto este Comité de la ONU como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresaron su preocupación por la reclusión de inmigrantes en centros de detención preventiva.

Se procedió a la devolución de 285 iraquíes al centro y sur de Irak y de varios eritreos a Eritrea a pesar de que el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– había recomendado que todos los Estados dejaran de devolver personas a estos dos países.

Los solicitantes de asilo que aspiraban a impugnar su transferencia a otro Estado miembro de la Unión Europea en aplicación del Reglamento Dublín II no tenían derecho a un recurso en la misma Suecia en virtud del cual su transferencia quedara en suspenso en espera del resultado de dicho recurso. Los detenidos en espera de ser transferidos no tenían derecho a un abogado de oficio, ni siquiera para poder impugnar la detención en espera de la transferencia.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó preocupación por el hecho de que las autoridades no tenían suficientemente en cuenta el interés superior del menor que solicitaba asilo, así como por el gran número de niños y niñas no acompañados que desaparecían de los centros de acogida. En noviembre, el gobierno anunció la creación de una comisión encargada de revisar el sistema de atención a los solicitantes de asilo menores de edad no acompañados y sus necesidades de alojamiento.

Violencia contra mujeres y niñas

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la elevada incidencia de la violencia contra las mujeres, la falta de casas refugio para las mujeres en algunos municipios y la persistencia de la práctica de la mutilación genital femenina (dentro de las comunidades migrantes).

Discriminación

El Comité de Derechos Humanos observó un aumento del número de casos documentados de delitos por motivos raciales. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la discriminación y las actitudes racistas y xenófobas contra los refugiados y solicitantes de asilo menores de edad, así como contra los niños y niñas pertenecientes a minorías o a familias migrantes.

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