Suecia
Jefe del Estado
rey Carlos XVI Gustavo
Jefe del gobierno
Fredrik Reinfeldt
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
9,3 millones
Esperanza de vida
81,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
4/4 por cada 1.000

Las autoridades suecas consideraron “manifiestamente infundadas” gran número de solicitudes de asilo. Los procedimientos acelerados de determinación del asilo que se aplicaban en estos casos no cumplían las normas internacionales sobre la protección de las personas refugiadas. Se devolvió a personas a Irak y Eritrea. Siguió suscitando preocupación la falta de exhaustividad de las investigaciones policiales sobre casos de violación.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Continuaron las devoluciones de personas a Eritrea e Irak, en contra de las recomendaciones formuladas por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

En marzo, el Tribunal Superior de Migración resolvió que las personas que se encontraran detenidas en espera de ser transferidas a otro Estado miembro de la Unión Europea en aplicación del Reglamento Dublín II tenían derecho a contar con representación letrada para impugnar su detención.

En noviembre, la Junta de Inmigración sueca anunció que ya no transferiría a solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II, al existir graves motivos de preocupación por las deficiencias de los procedimientos de determinación de asilo y las condiciones de reclusión en ese país. Tras una sentencia judicial dictada en diciembre, se acordó además que todas las solicitudes de asilo de esa índole se examinarían en Suecia.

A diferencia de años anteriores, las autoridades suecas consideraron “manifiestamente infundadas” gran número de solicitudes de asilo, en su mayoría de romaníes de Serbia y Kosovo, según la Junta de Inmigración. Los procedimientos acelerados de determinación del asilo que se aplicaban en estos casos no cumplían las normas internacionales sobre la protección de los refugiados: no se concedía a los solicitantes una entrevista completa para la tramitación del asilo ni acceso a asistencia letrada. Además, las personas cuya solicitud se rechazaba podían ser devueltas a sus países de origen o a un tercer país mientras permanecían en espera de la resolución de un recurso contra la decisión.

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Violencia contra las mujeres

En octubre, el Comité sobre Delitos Sexuales, encargado de evaluar la aplicación, eficacia y eficiencia de la Ley de Delitos Sexuales de 2005, publicó su informe final. Recomendó en él que se modificase la legislación a fin de fortalecer la protección de la autonomía y la integridad sexual de las personas.

Continuaba siendo reducido el número de denuncias de violación que concluían con una sentencia condenatoria, debido a que la mayoría de los casos se cerraban en la etapa inicial de la investigación penal. Seguía suscitando preocupación que las investigaciones sobre casos de violación se realizasen de manera inadecuada y que la policía no emplease las pruebas forenses de manera eficaz ni solicitase el correspondiente certificado médico legal.

En mayo, Suecia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

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Tortura y otros malos tratos

Suecia se negó a dejar de recurrir a “garantías diplomáticas” para facilitar la expulsión de personas a países donde podían sufrir tortura u otros malos tratos, y continuó sin tipificar la tortura como delito en su Código Penal.

  • Ahmed Agiza continuaba encarcelado en Egipto tras un juicio sin las debidas garantías celebrado ante un tribunal militar, y el deterioro de su salud física seguía suscitando preocupación. Suecia continuaba sin investigar a fondo la entrega de Ahmed Agiza y Mohammed el Zari en un avión fletado por la CIA de Suecia a Egipto en diciembre de 2001, cuando, según ambos, fueron torturados y sometidos a malos tratos bajo custodia egipcia. Aunque los dos recibieron una indemnización, Suecia no les proporcionó una reparación plena y efectiva.
  • Dos investigaciones más sobre el caso de Johan Liljeqvist, de 24 años, que murió en abril de 2008 tras ser detenido por la policía en Gotemburgo, se cerraron en marzo y noviembre, respectivamente, a pesar de la existencia de datos médicos que indicaban que la muerte estaba “relacionada con la intervención de la policía”.

En diciembre se publicó un informe que analizaba las investigaciones policiales de casos de muerte bajo custodia de la policía, iniciadas tras el caso Liljeqvist. El informe criticaba duramente las deficiencias de las investigaciones policiales en tales casos y recomendaba cambios inmediatos destinados a mejorar la independencia, imparcialidad y exhaustividad de dichas investigaciones.

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