Se creó una institución nacional de derechos humanos y se estableció la Comisión Nacional
para la Prevención de la Tortura, encargada de vigilar los centros de detención. Un
referéndum popular modificó la Constitución para permitir la expulsión inmediata de
los ciudadanos extranjeros declarados culpables de determinados delitos. El derecho
penal seguía careciendo de una definición de la tortura conforme al derecho internacional.
En septiembre, el Consejo Federal creó el Centro Suizo de Competencia para los Derechos
Humanos, institución nacional de derechos humanos cuya labor comenzaría en 2011. Las
organizaciones de derechos humanos aplaudieron la iniciativa, pero mostraron preocupación
por la falta de independencia y de recursos del nuevo organismo y por la limitada
función que se asignaba a las autoridades cantonales.
El 28 de noviembre se celebró un referéndum sobre la denominada “Iniciativa sobre
la Expulsión”, que pretendía modificar la Constitución para permitir la expulsión
automática de los ciudadanos extranjeros declarados culpables de determinados delitos.
El 52,9 de los votos fueron favorables. De llevarse a cabo, estas expulsiones, para
las que no se establecía el derecho de apelación, constituirían un incumplimiento
de las obligaciones contraídas por Suiza en virtud del derecho internacional.
El 10 de diciembre, Suiza acordó firmar la Convención Internacional contra las Desapariciones
Forzadas.
A partir de febrero, el Tribunal Administrativo Federal suspendió la devolución de
varios solicitantes de asilo a Grecia con arreglo al Reglamento Dublín II, en espera
del fallo del Tribunal sobre un caso relativo a esas devoluciones que sentaría precedente.
A pesar de ello, la Oficina Federal de Migración devolvió a 50 solicitantes de asilo
a Grecia a lo largo del año.
En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó el temor de que la Ley Federal
de Extranjería violara el principio de no devolución (non-refoulement). La Ley preveía la expulsión automática de los ciudadanos extranjeros a quienes
se considerara una amenaza para la seguridad, sin posibilidad de apelación. El Comité
pidió que se reformara.
En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Suiza había violado el
derecho a la vida privada y familiar de dos mujeres etíopes que habían solicitado
asilo. Las habían obligado a pasar cinco años en centros de acogida que no estaban
situados en los mismos cantones en los que se encontraban sus esposos, mientras esperaban
su traslado a Etiopía.
En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU,
manifestó su preocupación por la falta de instalaciones adecuadas de acogida de solicitantes
de asilo, a los que se alojaba, por ejemplo, en refugios nucleares subterráneos durante
un plazo indefinido.
El 1 de enero se estableció la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura,
que comenzó a vigilar los centros de detención y las expulsiones colectivas.
En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó preocupación por las denuncias
de uso excesivo de la fuerza en los interrogatorios policiales, especialmente contra
extranjeros, sobre todo de origen africano. El Comité reiteró la necesidad de crear
en todos los cantones un mecanismo independiente para investigar esas denuncias.
El Comité de la ONU contra la Tortura instó a Suiza a realizar una investigación independiente
e imparcial sobre la muerte del nigeriano Joseph Ndukaku Chiakwa en el aeropuerto
de Zúrich en marzo durante un intento de expulsión masiva. Testigos presenciales afirmaron
que las personas que iban a ser expulsadas estaban inmovilizadas con esposas de plástico
para las manos y los tobillos, cascos y correas para sujetar las rodillas, la cintura
y los brazos. Al finalizar el año estaba pendiente una investigación criminal.
En enero y marzo, el Consejo Federal confirmó la llegada de detenidos de Guantánamo
que habían dejado de estar bajo custodia estadounidense. Los cantones de Ginebra
y Jura aceptaron respectivamente a un uzbeco y a dos chinos de etnia uigur.
Las autoridades no tomaron una decisión definitiva sobre las solicitudes de asilo
presentadas por otros tres detenidos de Guantánamo en 2008. En noviembre, el Tribunal
Administrativo Federal anuló una decisión de la Oficina Federal de Inmigración sobre
uno de los detenidos, por considerar que la evaluación del caso desde el punto de
vista de la seguridad se había llevado a cabo sin tener en cuenta documentos públicos
de Estados Unidos y sin interrogar al solicitante.
El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
de la ONU, recomendaron en mayo y noviembre, respectivamente, que Suiza se ocupase
de la impunidad en los casos de violencia intrafamiliar. Entre sus recomendaciones
se incluían medidas como tipificar específicamente como delito la violencia en el
ámbito familiar, garantizar que las supervivientes pudieran presentar denuncias sin
temor a represalias, investigar las denuncias y procesar a los responsables. Ambos
comités recomendaron la modificación de la legislación sobre inmigración, que había
llevado a mujeres migrantes a seguir sometidas a relaciones abusivas por temor a
perder sus permisos de residencia.
