Información general

Siria continuó bajo el estado de excepción vigente ininterrumpidamente en todo el país desde 1963, que daba a las autoridades amplias facultades en materia de detención y reclusión.

En enero se adoptó una progresista ley para prohibir y penalizar la trata de personas.

En julio, el Ministerio de Educación Superior prohibió a las mujeres llevar el niqab (velo del rostro) en la universidad.

En septiembre, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación expresó su preocupación por el hecho de que, según los cálculos, entre 2 y 3 millones de personas vivieran en Siria sumidas en una pobreza extrema e instó al gobierno a poner en marcha una estrategia integral a escala nacional para hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada.

En octubre se dictaron órdenes de detención contra 33 ciudadanos libaneses y de otras nacionalidades en respuesta a una demanda interpuesta por Jamil al Sayyed, alto funcionario libanés que, junto con otros tres, había permanecido más de tres años recluido en Líbano sin cargos ni juicio en relación con la investigación del asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en 2005. En 2009, las autoridades libanesas habían puesto en libertad a los cuatro después de que el fiscal del Tribunal Especial para el Líbano confirmara que éste no podía dictar acta de acusación formal contra ellos en el plazo previsto en las leyes.

Se recibieron informes según los cuales se estaba estudiando una nueva ley para reforzar al parecer el control sobre los medios de comunicación en Internet.

Represión de la disidencia

Las autoridades siguieron utilizando las facultades que les confería el estado de excepción para castigar y silenciar a sus detractores, incluidos activistas políticos, defensores de los derechos humanos, autores de blogs y activistas de los derechos de la minoría kurda. A las personas que se mostraban críticas se las detenía de forma arbitraria y se las mantenía recluidas sin juicio durante largos periodos, o se las encarcelaba después de ser juzgadas sin las debidas garantías por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado o por tribunales militares o penales. Al no poder obtener las ONG de derechos humanos la autorización necesaria para desarrollar su trabajo, los abogados afiliados a ellas corrían el riesgo de ser objeto de medidas disciplinarias por parte del Colegio de Abogados, institución controlada por el gobierno. Centenares de presuntos disidentes, incluidos ex presos políticos y familiares suyos, tenían prohibido viajar al extranjero y, en algunos casos, trabajar en el sector público.

• En junio, el Tribunal Penal de Damasco condenó a tres años de cárcel a Muhannad al Hassani, destacado abogado de derechos humanos, tras declararlo culpable de “debilitar el sentimiento nacionalista” y divulgar “noticias falsas” por haber publicado en Internet información sobre juicios injustos llevados a cabo ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Recluido en la prisión de Adra, cerca de Damasco, Muhannad al Hassani sufrió en octubre una agresión a manos de otro preso que había sido trasladado a su celda.
• En julio se condenó al abogado de derechos humanos y detractor del gobierno Haytham al Maleh, de 79 años, a tres años de prisión después de declararlo culpable de “debilitar el sentimiento nacionalista” y difundir “noticias falsas” por unos comentarios que había hecho en una entrevista telefónica concedida en septiembre de 2009 a un canal extranjero de televisión por satélite. Fue encarcelado en la prisión de Adra, lo que hizo temer por su salud, pues sufría diabetes y otras dolencias.
• Tres altos cargos de la organización no autorizada Partido Yekiti Kurdo seguían detenidos en régimen de incomunicación en la prisión de Adra y estaban siendo juzgados por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Acusados de “intentar separar parte de los territorios sirios” y de “unirse a una organización política o social internacional”, Hassan Saleh, Marouf Mulla Ahmed y Muhammad Ahmed Mustafa podían ser condenados a largas penas de cárcel en caso de ser declarados culpables. Habían sido detenidos poco después de que, al parecer, pidieran la autonomía de las zonas kurdas de Siria en un congreso celebrado por el Partido Yekiti en diciembre de 2009.
• Tras ser detenida en febrero y permanecer sometida a régimen de incomunicación durante tres meses, la escritora Raghdah Said Hassan fue acusada de “debilitar el sentimiento nacionalista” y difundir “noticias falsas”. Al finalizar 2010 permanecía recluida en la prisión de mujeres de Douma y estaba siendo juzgada por un tribunal penal militar.
• El Colegio de Abogados de Siria sometió a un procedimiento disciplinario a Radeef Mustafa, abogado y destacada figura del ilegal Comité Kurdo de Derechos Humanos de Siria (RASED), por sus actividades en éste y por criticar el estado de excepción en artículos publicados en Internet. Radeef Mustafa corría el riesgo de que le prohibieran ejercer la abogacía.
• Entre los al menos siete defensores de los derechos humanos y activistas políticos a los que se impidió viajar al extranjero, se encontraba Suhair Atassi, presidenta del Foro Jamal Atassi, grupo de debate por la democracia no autorizado.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las personas sospechosas de ser islamistas o miembros de la organización prohibida Hermandad Musulmana estaban expuestas a ser detenidas de manera arbitraria, recluidas por tiempo prolongado, sometidas a tortura y otros malos tratos y juzgadas sin las debidas garantías, principalmente ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que rara vez imponía penas inferiores a cinco años de cárcel. Las que eran declaradas culpables de pertenecer a la Hermandad Musulmana eran condenadas a muerte, aunque se les conmutaba de inmediato la pena por 12 años de prisión. En la prisión militar de Saydnaya, donde las condiciones eran muy duras, permanecían recluidos centenares de islamistas convictos.

• Seguía sin conocerse la suerte y el paradero de Nabil Khilioui, presunto islamista detenido por agentes de los servicios de Inteligencia Militar en agosto de 2008. Era víctima de desaparición forzada.
• Tras ser detenida el 2 de enero, Usra al Hassani permaneció varios meses en régimen de incomunicación. Al finalizar el año seguía recluida sin cargos en la prisión de Adra. Había estado detenida durante casi un año en régimen de incomunicación anteriormente, hasta julio de 2009, por haberse puesto en contacto con una organización internacional para tratar el caso de su esposo, que se encontraba en Guantánamo bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
• Ziad Ramadan, ex compañero de trabajo de uno de los presuntos autores del asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri, continuaba recluido desde julio de 2005 sin juicio y en condiciones muy duras en la Sección Palestina de los servicios de Inteligencia Militar, en Damasco, aunque el Tribunal Especial para el Líbano había informado a las autoridades sirias de que no veía motivos para su reclusión.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran comunes en las comisarías de policía y en los centros de detención de los cuerpos de seguridad, y se cometían con impunidad. Según los informes, los abusos contra presuntos islamistas y miembros de la minoría kurda eran especialmente duros. El Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y otros tribunales dictaban a menudo sentencias condenatorias basadas en “confesiones” obtenidas presuntamente bajo tortura u otros medios de coacción.

• Según los informes, Abdelbaqi Khalaf, activista kurdo sirio por la democracia detenido en septiembre de 2008, había permanecido ocho días encadenado por las muñecas a una pared y sufrido torturas y otros malos tratos durante más de un año durante su reclusión en régimen de incomunicación. En agosto de 2010 se tuvo noticia de que lo habían torturado para obligarlo a “confesar” el homicidio de dos miembros de las fuerzas de seguridad. Se encontraba recluido en la prisión de Adra.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por las “numerosas, continuas y concordantes” denuncias de uso frecuente de la tortura por los agentes del orden o los funcionarios encargados de las investigaciones, o a instigación suya o con su consentimiento, en particular en los centros de detención, y criticó que el estado de excepción se hubiera convertido en una situación “cuasipermanente” y permitiera “la suspensión de derechos y libertades fundamentales”. El gobierno no respondió, y al finalizar el año no había aplicado todavía ninguna de las muchas recomendaciones del Comité.

Muertes bajo custodia

Se produjeron al parecer ocho muertes bajo custodia, posiblemente como consecuencia de torturas. No se tuvo noticia de que las autoridades las investigaran.

• Pocos días después de haber sido detenido el 27 de mayo, al parecer por animar a la gente a comprar en una tienda determinada, Jalal al Koubaisi murió bajo custodia de los servicios de Seguridad Criminal. Había sido recluido en régimen de incomunicación. El 1 de junio se indicó a su familia que fuera a un hospital a recoger el cadáver. Éste presentaba contusiones y otras señales de posibles torturas. No se tuvo noticia de que se llevara a cabo una investigación oficial.

Impunidad

Las autoridades no adoptaron medidas para aclarar los casos de millares de personas, en su mayoría islamistas, que habían desaparecido a finales de la década de 1970 y principios de la siguiente, o habían sido secuestradas en Líbano por fuerzas sirias o por milicias palestinas y libanesas prosirias y entregadas después a las fuerzas sirias durante los años previos a la retirada de éstas del país en abril de 2005. Las autoridades no explicaron tampoco los sucesos ocurridos en la prisión militar de Saydnaya en julio de 2008: según informes, 17 presos y 5 personas más habían sido víctimas de homicidio y desde entonces no se tenía información sobre 49 personas recluidas allí en aquel momento ni se sabía que se hubiera tenido contacto con ellas. En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a llevar a cabo una investigación independiente y “comunicar a los familiares de los reclusos involucrados en el incidente si sus parientes están vivos y permanecen todavía en prisión”.

• Nizar Ristnawi, preso de conciencia y uno de los 49 reclusos de Saydnaya cuya suerte seguía sin conocerse, debería haber quedado en libertad el 18 de abril de 2009, fecha en la que terminaba su condena de cuatro años de cárcel. En marzo de 2009, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había calificado su reclusión de arbitraria e instado al gobierno a tomar las medidas necesarias para remediar su situación.

Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en la práctica, así como altos niveles de violencia, sobre todo en el ámbito familiar. Continuaron en vigor leyes que asignaban a la mujer una condición inferior a la del hombre, en especial la Ley de la Condición Personal, que regulaba el matrimonio y su disolución, la herencia y otros asuntos. Los usos sociales reforzaban esta discriminación.

Las mujeres y las niñas no estaban protegidas adecuadamente frente a la violencia intrafamiliar. El Código Penal prescribía penas más leves de lo normal por asesinato y otros delitos violentos cometidos contra mujeres si se consideraba circunstancia atenuante la defensa del “honor” de la familia. Según los informes, al menos 16 mujeres, 2 hombres y 4 menores de 18 años fueron víctimas de homicidios en nombre del “honor”. Un estudio conjunto del gobierno y el Fondo de Población de la ONU, hecho público en noviembre, reveló que una de cada tres mujeres sufría violencia intrafamiliar en Siria. Se tuvo noticia de que el gobierno estaba estudiando crear dos nuevas instituciones, la Unidad Nacional de Protección de la Familia y el Observatorio Nacional de Violencia Doméstica.

Discriminación: minoría kurda

La minoría kurda, que constituía hasta el 10 por ciento de la población y vivía en su mayor parte en el noreste del país, continuó sufriendo discriminación por motivo de su identidad, incluidas restricciones al uso de su lengua y cultura. Decenas de miles de sus miembros eran en la práctica apátridas, lo que restringía aún más su acceso a los derechos sociales y económicos.

• Luqman Ibrahim Hussein y otras tres personas permanecieron detenidos durante 39 días por haber observado, al parecer, el 10 de septiembre en Amudah un minuto de silencio en señal de protesta. Protestaban contra el Decreto Legislativo 49 de 2008, que había restringido aún más el derecho a la vivienda y a la propiedad en las zonas fronterizas, incluidas las del noreste, de mayoría kurda. El 9 de noviembre, los cuatro, que estaban en libertad bajo fianza, fueron condenados a un mes de prisión pero no los detuvieron, pues ya habían estado recluidos durante más de un mes.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Siria continuó albergando a centenares de miles de refugiados iraquíes, que tenían acceso a su sistema educativo y de salud, pero seguían privados del derecho al trabajo.

El 1 de febrero, las autoridades y los organismos de la ONU cerraron de forma permanente el desolado campo de Al Tanf, en la frontera entre Siria e Irak, que había acogido a refugiados palestinos residentes en Irak desde hacía mucho tiempo. De los 1.300 palestinos que habían llegado a vivir en el campo, se había reasentado a unos 1.000 en terceros países y trasladado temporalmente a los demás al campo de Al Hol, en el noreste de Siria.

Pena de muerte

Siguieron imponiéndose penas de muerte y se ejecutó al menos a 17 personas, aunque posiblemente la cifra real fuera mucho más alta. Las autoridades rara vez informaban sobre las ejecuciones.

• El 4 de noviembre se ejecutó a Eliaza al Saleh, Ahmed al Abbas y Mazen Bassouni. Los tres habían sido declarados culpables del asesinato del esposo de la primera. Al parecer, ni en el juicio ni en la apelación se tuvieron en cuenta datos que indicaban que Eliaza al Saleh había sufrido durante años abusos físicos y sexuales a manos de su esposo. Su familia se enteró de su ejecución tres días después de llevarse a cabo.

Siria fue uno de los pocos Estados que en diciembre votaron en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.