Siria
Jefe del Estado
Bachar al Asad
Jefe del gobierno
Mohamed Nayi al Otri
Pena de muerte
retencionista
Población
20,8 millones
Esperanza de vida
75,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
16,2 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
84,2 por ciento

Las fuerzas del gobierno emplearon fuerza excesiva y medios letales contra manifestantes pacíficos que, en un número sin precedentes, se echaron a la calle para pedir reformas políticas y la caída del régimen. Cabía la posibilidad de que, por su persistencia y escala, los abusos cometidos por el Estado constituyeran crímenes de lesa humanidad. Según la información recibida, más de 4.300 personas murieron durante las protestas, por motivos relacionados con ellas o durante funerales de manifestantes, en su mayoría por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos francotiradores. Se emplearon tanques en operaciones militares realizadas en zonas residenciales civiles. También perdieron la vida miembros de las fuerzas de seguridad; a algunos los mataron, al parecer por negarse a disparar contra manifestantes, y otros murieron en ataques de soldados desertores u otras personas que se sumaron a la oposición al gobierno. Hubo algunas excarcelaciones en virtud de amnistías, pero miles de personas fueron recluidas en relación con las protestas, muchas de ellas en régimen de incomunicación y bajo torturas. Se tuvo noticia de que al menos 200 personas habían muerto bajo custodia en circunstancias poco claras, y parecía que muchas de ellas habían sido torturadas. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones independientes sobre presuntos homicidios ilegítimos, actos de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos impunemente por las fuerzas de seguridad. Millares de personas se vieron desplazadas a causa de la represión; muchas huyeron a países vecinos. Siguieron imponiéndose condenas de muerte y, según la información recibida, continuaron las ejecuciones.

Información general

En febrero se celebraron pequeñas manifestaciones en demanda de reformas, que se transformaron en protestas masivas a mediados de marzo, cuando los cuerpos de seguridad emplearon fuerza a todas luces excesiva en Deraa contra personas que pedían la liberación de unos niños que habían sido detenidos. Las protestas se propagaron rápidamente, mientras las autoridades trataban de sofocarlas por la fuerza bruta, utilizando por ejemplo francotiradores para disparar contra multitudes pacíficas, al tiempo que culpaban del clima de violencia a misteriosas “bandas armadas” contrarias al gobierno.

Como respuesta a las protestas, el presidente Bachar al Asad anunció diversas reformas. En abril levantó el estado de excepción, en vigor en todo el país ininterrumpidamente desde 1963; abolió el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que había encarcelado a miles de detractores y opositores del gobierno y era bien conocido por su falta de imparcialidad, y promulgó un decreto por el que se concedía la ciudadanía siria a parte de la minoría kurda, aunque no al resto, que siguió siendo apátrida. Sin embargo, al mismo tiempo dictó otro decreto por el que permitía la detención sin cargos ni juicio durante periodos de hasta dos meses. Se aprobó una nueva Ley de Reunión Pacífica en virtud de la cual sólo se consideraban legales las manifestaciones “debidamente autorizadas” con antelación por las autoridades. En marzo, junio y noviembre, el presidente concedió cinco amnistías diferentes para distintas clases de personas privadas de libertad. Entre los liberados hubo presos de conciencia y personas detenidas durante las protestas, aunque la gran mayoría de éstas siguieron recluidas. En agosto se aprobaron leyes sobre nuevos partidos, sobre las elecciones y sobre los medios de comunicación. Si bien con ellas se conseguía cierto grado de apertura, ninguna de estas reformas garantizaba en la práctica las libertades de expresión y asociación.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una misión de investigación que en agosto concluyó que podían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Siria. Ese mismo mes, el Consejo creó una comisión de investigación internacional independiente que, el 23 de noviembre, se mostró gravemente preocupada por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas militares y de seguridad sirias, como “asesinato, tortura, violación u otras formas de violencia sexual […], encarcelación u otra privación grave de la libertad física [y] desaparición forzada de personas”. Las autoridades sirias denegaron la entrada al país al Consejo y a la comisión, así como a la mayoría de los medios de comunicación y las organizaciones independientes de derechos humanos internacionales.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, la Federación Rusa, China y otros Estados bloquearon una propuesta de resolución que condenaba los crímenes y demás abusos perpetrados en Siria, pero Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes impusieron sanciones: a partir de abril, el gobierno estadounidense amplió las sanciones que ya pesaban sobre Siria desde 2004; en mayo, la Unión Europea impuso sanciones selectivas a líderes sirios, y más tarde las amplió, y en noviembre, la Liga de los Estados Árabes suspendió a Siria, y posteriormente le impuso sanciones económicas por incumplir el gobierno la promesa que había hecho a la organización de retirar las fuerzas armadas de las ciudades, detener la violencia y dejar en libertad a las personas detenidas en relación con las protestas. A finales de diciembre, la Liga de los Estados Árabes envió observadores para vigilar el cumplimiento de esta promesa del gobierno.

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Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales

En repetidas ocasiones, las fuerzas del gobierno emplearon medios letales y fuerza excesiva contra manifestaciones pacíficas y otras protestas. Al parecer, muchas personas recibieron disparos de francotiradores cuando participaban en protestas masivas o asistían a funerales de personas que habían sido víctimas de homicidio días atrás. Se enviaron a Deraa, Homs y otros lugares tanques y otros vehículos blindados que dispararon contra zonas residenciales. En la gobernación de Idleb, en el noroeste del país, se aplicó una política de “tierra quemada”. El gobierno trató de justificar la brutal represión alegando que estaba siendo atacado por bandas armadas, pero no aportó ninguna prueba convincente de ello hasta finales de año, cuando, en respuesta a la continua represión, empezó a operar una resistencia armada coordinada, a la que se unieron algunos soldados que habían desertado del ejército y se habían vuelto contra el gobierno. Según informes, al concluir el año habían muerto más de 4.300 personas (la ONU calculaba más de 5.000) en relación con las protestas y los disturbios, muchas de ellas manifestantes inermes y transeúntes que no constituían ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para nadie más. Muchas personas más habían resultado heridas.

  • Según la información recibida, el 18 de marzo las fuerzas de seguridad mataron a tiros a un mínimo de cuatro personas en Deraa cuando protestaban por la detención de unos niños acusados de haber escrito eslóganes contra el gobierno en un muro. También se tuvo noticia de la muerte de al menos siete personas cuando, el 23 de marzo, las fuerzas de seguridad atacaron en esa misma ciudad la mezquita de Omari, donde los manifestantes se habían refugiado. Una de las víctimas era Ashraf Abd al Aziz al Masri, que resultó herido en una pierna y, posteriormente, según trascendió, recibió un disparo a quemarropa en la cabeza de un agente de las fuerzas de seguridad al que había pedido ayuda.
  • Según informes, el 4 de junio francotiradores de las fuerzas de seguridad mataron hasta a 25 personas que asistían al funeral de Basel al Masri en Yisr al Shughur, e hirieron a muchas más, incluido un paramédico de la Media Luna Roja que estaba atendiendo a un herido.
  • De acuerdo con la información recibida, unas 15 personas murieron por disparos en Homs el 19 de julio cuando asistían al funeral de 10 manifestantes muertos el día anterior, entre ellos Rabee Joorya, cuya madre y hermano fueron dos de las nuevas víctimas.
  • Según informes, el 31 de julio Khaled al Haamedh murió en Hama cuando se dirigía al hospital. Unos soldados le dispararon por la espalda y a continuación pasó sobre él un tanque.
  • Según informes, el 13 de noviembre, en Deir ez Zor, un miembro de las fuerzas de seguridad mató de un disparo al adolescente de 14 años Muhammad al Mulaa Esa por no obedecer la orden de sumarse, junto con sus compañeros de clase, a una manifestación en favor del gobierno.
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Persecución de personas heridas y de profesionales de la salud

Los manifestantes heridos que acudían a centros de salud para recibir atención médica corrían peligro de ser detenidos y sufrir abusos, incluida negación de tratamiento. A su vez, los médicos y el personal de los hospitales se exponían a ser detenidos y perseguidos si participaban en las protestas o las apoyaban, así como si trataban a manifestantes heridos sin denunciarlos a las autoridades; al parecer, varios profesionales de la salud fueron víctimas de homicidio por esta causa.

  • El doctor Sakher Hallak, que dirigía una clínica especializada en trastornos alimentarios, fue detenido el 25 de mayo y, según la información recibida, murió dos días después, cuando se encontraba recluido en el Departamento de Seguridad Criminal de Alepo. Cuando devolvieron el cadáver, tenía fracturas de costillas, de brazo y de dedos, y le habían sacado los ojos y mutilado los genitales. Se pensaba que pudo haber sido detenido por haber firmado una petición solicitando que se permitiera a los médicos tratar a cualquier persona herida, incluidos manifestantes, y por haber viajado hacía poco a Estados Unidos.
  • El 24 de noviembre devolvieron a su familia el cadáver de Maaz al Fares, director administrativo del Hospital Nacional de Taldo (gobernación de Homs), muerto bajo custodia, al parecer a consecuencia de torturas.
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Represión de la disidencia

Las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron gravemente limitadas, pese a que se levantó el estado de excepción y se promulgaron leyes que permitían supuestamente las manifestaciones pacíficas y la legalización de partidos políticos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas en relación con las protestas, a algunas de ellas durante las manifestaciones y a otras en asaltos a viviendas, registros casa por casa u otro tipo de redadas. Cientos de personas, si no miles, fueron víctimas de desaparición forzada y recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención oficiales o improvisados –como campos deportivos– no revelados, en los que abundaban la tortura y otros abusos.

Entre los detenidos figuraban activistas y disidentes políticos, periodistas, blogueros, imanes, soldados que se habían negado a disparar contra los manifestantes y activistas de derechos humanos, algunos de los cuales se habían ocultado para evitar ser detenidos. Cientos de personas detenidas quedaron en libertad tras juicios ante tribunales militares o penales o en virtud de las amnistías concedidas por el presidente Al Asad, pero miles más continuaban recluidas al concluir el año.

  • El 12 de mayo, el activista de derechos humanos Mohammed Najati Tayyara, de 65 años, fue detenido en Homs por agentes de los servicios de Seguridad Política y acusado de difundir “noticias falsas que podrían menoscabar la moral de la nación” a causa de unas entrevistas que había concedido a medios de comunicación sobre los abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. En agosto, un juez ordenó su puesta en libertad bajo fianza, pero agentes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea volvieron a detenerlo y lo tuvieron 11 días recluido en régimen de incomunicación, durante los cuales fue golpeado. Al terminar 2011 seguía recluido en condiciones de hacinamiento en la Prisión Central de Homs.
  • Hanadi Zahlout, activista de los derechos de las mujeres, pasó dos meses recluida en régimen de incomunicación tras su detención en Damasco el 4 de agosto, y posteriormente fue trasladada a la prisión de Adra para ser juzgada, junto con seis personas más, por cargos tales como “incitación a la protesta”. Quedó en libertad el 4 de diciembre.
  • El 17 de agosto, el periodista Adel Walid Kharsa fue detenido por agentes de los servicios de Seguridad del Estado por haber informado, manteniendo el anonimato, sobre la represión de las protestas por parte del Estado. Pasó cinco semanas recluido en régimen de incomunicación antes de quedar en libertad sin cargos, pero el 31 de octubre volvió a ser detenido, esta vez por los servicios de Inteligencia Militar. Al concluir 2011 continuaba recluido en régimen de incomunicación y era víctima de desaparición forzada.
  • El 28 de agosto, Mohamed Iyyad Tayyara, activista de derechos humanos, fue sacado por unos soldados de su casa, en Homs, al parecer por haber informado sobre violaciones de derechos humanos. Estuvo recluido en secreto hasta principios de diciembre, cuando lo trasladaron a la Prisión Central de Homs.
  • Al concluir el año continuaba recluido el escritor kurdo Hussein Essou, que se había declarado a favor de las manifestaciones en demanda de reformas y había sido detenido en Al Hasakah el 3 de septiembre.

Se siguió impidiendo a numerosos disidentes y ex presos viajar al extranjero, en virtud de prohibiciones administrativas que no tenían forma de impugnar. El funcionariado de las embajadas sirias y otras personas vigilaban y hostigaban a los sirios residentes en el extranjero que se manifestaban en solidaridad con las protestas, y en algunos casos se persiguió en Siria a familiares suyos, como represalia, al parecer, por tales actividades.

  • Mustafa Kheder Osso, presidente del grupo no autorizado Organización Kurda para la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas en Siria, se enfrentaba a medidas disciplinarias del Colegio de Abogados de Siria por haberse sumado en julio a una protesta para pedir la liberación de los presos políticos y haber hablado con los medios de comunicación. El procedimiento disciplinario podía llegar a inhabilitarlo para ejercer la abogacía.
  • Durante todo el año 2011 se prohibió viajar al extranjero a Anwar al Bunni, abogado de derechos humanos.
  • En julio, unos hombres armados propinaron una paliza en su domicilio de Homs a los padres de Malek Jandali, pianista y compositor, cuatro días después de que éste se hubiera solidarizado en Estados Unidos, donde vivía, con las protestas de Siria. Los agresores advirtieron a su padre: “Esto es lo que le pasa a uno cuando su hijo se mofa del gobierno”.
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Excarcelaciones

Debido a las protestas y a la preocupación expresada por la comunidad internacional, el presidente Al Asad concedió cinco amnistías diferentes por las que recuperaron la libertad, entre otros, presos de conciencia, personas recluidas en relación con las protestas e integrantes de la proscrita Hermandad Musulmana. Según información publicada en medios de comunicación estatales sirios, pero no confirmada por ninguna otra fuente, en virtud de las dos últimas amnistías, ambas dictadas en noviembre, quedaron en libertad más de 1.700 personas recluidas durante las protestas.

  • El veterano abogado de derechos humanos Haytham al Maleh, de 80 años, salió en libertad gracias a la primera amnistía, en marzo. Cumplía una pena de tres años de prisión impuesta en 2010 en un juicio injusto.
  • Muhannad al Hassani, abogado de derechos humanos, recuperó la libertad en virtud de la amnistía de junio. Detenido en julio de 2009, había sido condenado a tres años de prisión en junio de 2010 en un juicio injusto.
  • El activista político Kamal al Labwani, fundador de la Unión Democrática Liberal, partido político prohibido, quedó en libertad el 15 de noviembre tras haber cumplido 6 de sus 12 años de condena, al quedar ésta reducida a la mitad a consecuencia de la amnistía concedida el 31 de mayo.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y los malos tratos a detenidos eran generalizados, y las fuerzas de seguridad los infligían impunemente a fin de obtener información, “confesiones” y castigar y atemorizar a presuntos opositores del gobierno. Algunas víctimas temían sufrir represalias si se conocía su identidad.

  • Un hombre detenido en abril en Banias aseguró haber permanecido recluido durante tres días sin alimentos ni agua potable, y añadió que las fuerzas de seguridad lo habían golpeado, al igual que a otras personas, en el cuello y en los hombros con las culatas de sus rifles, lo habían desnudado y golpeado con palos y cables y le habían hecho limpiar con la lengua las manchas de su propia sangre que había en el suelo.
  • Otro hombre afirmaba que, cuando los servicios de Inteligencia Militar lo detuvieron en Homs en mayo, lo golpearon hasta que perdió el conocimiento, lo torturaron con descargas eléctricas y lo amenazaron con amputarle el pene. Finalmente, con los ojos vendados, accedió a estampar su huella dactilar a modo de firma en unos documentos que no había leído.
  • En mayo, un hombre de Damasco fue detenido y posteriormente recluido en esa misma ciudad por agentes de los servicios de Seguridad del Estado. Durante su reclusión, lo azotaron, lo dejaron suspendido, lo privaron de sueño y lo empaparon repetidas veces con agua fría, estando desnudo. Enfermó, pero se le negó tratamiento médico.
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Muertes bajo custodia

La cada vez más extendida práctica de la tortura se vio reflejada en el aumento de las muertes bajo custodia: según informes, al menos 200 personas detenidas en relación con las protestas murieron en estas condiciones. En numerosos casos, los datos disponibles apuntaban a prácticas de tortura o malos tratos como causa probable de la muerte. Ningún responsable compareció ante la justicia. Algunas de las víctimas eran menores de edad.

  • Tariq Ziad Abd al Qadr fue detenido el 29 de abril. En junio, su familia en Homs recibió su cadáver, que mostraba numerosas lesiones, según una grabación de vídeo hecha en aquellos momentos. Presentaba quemaduras, incluidas algunas provocadas aparentemente con electricidad en el cuello y el pene, así como marcas que parecían debidas a latigazos y puñaladas en el costado. Le habían arrancado parte del cabello. Un documento, publicado al parecer por el Hospital Nacional, atribuyó su muerte a un “disparo en el pecho”, pese a que no se apreciaban heridas de bala.
  • Thamer Mohamed al Shari, de 15 años, desapareció el 29 de abril, fecha en que las fuerzas de seguridad efectuaron detenciones masivas y disparos contra manifestantes en las proximidades de Deraa. Más tarde, un detenido que había quedado en libertad afirmó haber visto cómo lo aporreaban los interrogadores en un centro de detención de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea en Damasco, a pesar de que tenía una herida de bala en el pecho. Según se supo, su familia recibió el cadáver el 6 de junio.
  • En septiembre, los padres de Zaynab al Hosni, tras haber visto un cadáver mutilado y desfigurado, creyeron identificar en él a su desaparecida hija y, en consecuencia, celebraron un funeral. El 4 de octubre, Zaynab al Hosni apareció en la televisión pública, y las autoridades trataron de utilizar su caso para menoscabar la credibilidad de la información publicada por los medios de comunicación internacionales sobre violaciones de derechos humanos en Siria. Sin embargo, la suerte y el paradero de Zaynab al Hosni siguieron sin conocerse, al igual que la identidad y las circunstancias de la muerte de la mujer cuyo cadáver mutilado había sido enterrado.

Las autoridades sólo anunciaron investigaciones sobre dos muertes bajo custodia, las de Hamza Ali al Khateeb, de 13 años, y el doctor Sakher Hallak (véase supra), tras haberse denunciado extensamente que las víctimas habían sufrido torturas. Al parecer, en ambos casos las investigaciones no fueron independientes ni imparciales y exoneraron de toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad.

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Impunidad

Aparte de las deficientes investigaciones sobre dos presuntas muertes bajo custodia, las autoridades no investigaron los numerosos homicidios ilegítimos, torturas y abusos graves en general cometidos por las fuerzas de seguridad ni llevaron a los responsables ante la justicia. Tampoco tomaron medidas para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores, como los miles de desapariciones forzadas y los homicidios de presos de la prisión militar de Saydnaya en julio de 2008.

  • La familia de Tahsin Mammo se enteró por casualidad en 2011 de que éste había sido uno de los reclusos muertos en julio de 2008 en la prisión de Saydnaya. Preso de conciencia, fue detenido en enero de 2007 junto con otros cuatro miembros de la minoría kurda yazidí, y su familia no sabía nada de él desde julio de 2008.
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Discriminación: minoría kurda

La minoría kurda, que representaba aproximadamente el 10 por ciento de la población, siguió sufriendo discriminación por motivos de identidad, como restricciones legales al uso de su lengua y su cultura. Además, sus miembros siguieron siendo apátridas en la práctica hasta el 7 de abril, cuando el presidente Al Asad dictó el Decreto Legislativo núm. 49, por el que se concedía la nacionalidad siria a los kurdos ajanib (extranjeros), pero no a los conocidos como maktoumeen (“ocultos”, que en la práctica significaba no registrados) que vivían principalmente en la gobernación de Al Hasakah. Los activistas de los derechos de la minoría kurda siguieron expuestos a ser detenidos y encarcelados.

  • En febrero, Omar Abdi Ismail, Abdussamad Husayn Mahmud y Ahmad Fatah Ismail, poetas en lengua kurda, fueron condenados a cuatro meses de prisión cada uno, tras haber sido declarados culpables de “incitar a la lucha sectaria y racial” por haber organizado en 2010 un festival de poesía kurda.
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Derechos de las mujeres

Las mujeres siguieron discriminadas en la ley y en la práctica, y continuaron sufriendo violencia por motivos de género, incluidos asesinatos y otros delitos graves, cometidos a menudo por familiares varones con el pretexto de defender el “honor” familiar. El 3 de enero, el presidente Al Asad reformó por decreto el Código Penal para aumentar la pena mínima por asesinato y otros delitos violentos contra mujeres cometidos en nombre del “honor” familiar, que pasó de un mínimo de dos años a entre cino y siete años. Asimismo, el decreto especificaba una pena mínima de dos años de prisión por violación y otras agresiones sexuales; anteriormente, los autores de estos delitos no eran procesados ni castigados si se casaban con la víctima.

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Pena de muerte

Siguieron imponiéndose condenas de muerte. Según fuentes no confirmadas, se llevaron a cabo ejecuciones, pero las autoridades sirias no dieron a conocer ninguna información al respecto.

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