Taiwán
Jefe del Estado
Ma Ying-jeou
Jefe del gobierno
Wu Den-yih
Pena de muerte
retencionista

Taiwán impuso más condenas a muerte en 2011 que en ningún otro año del último decenio, pese a sus afirmaciones de que su objetivo a largo plazo era la abolición de la pena de muerte. Continuaron las restricciones a la libertad de reunión y no se registraron avances que apuntasen a una relajación de la estricta legislación vigente. Las autoridades apenas hicieron nada para proteger el derecho a la vivienda de familias campesinas de toda la isla que fueron desalojadas y en ocasiones actuaron en connivencia con los responsables de su desalojo.

Información general

En 2009, Taiwán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A pesar de que se aprobó una Ley de Aplicación que obligaba al gobierno a reformar la legislación y los reglamentos, ordenanzas y medidas administrativas para que fuesen conformes a los pactos antes del 10 de diciembre de 2011, al final del año Taiwán no había modificado ni abolido casi ninguna de las disposiciones que no se ajustaban a ellos.

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Pena de muerte

Cinco hombres fueron ejecutados el 4 de marzo; justo un mes antes, el presidente Ma se había disculpado por la ejecución de un hombre inocente en 1997. En noviembre había 55 presos con condenas a muerte confirmadas.

  • El 28 de julio, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación final presentado por Chiou-Ho-shun contra su condena a muerte. El 25 de agosto, el fiscal general rechazó una solicitud de recurso extraordinario para la celebración de un nuevo juicio. Chiou Ho-shun había sido condenado a muerte por robo, secuestro, chantaje y asesinato en 1989. No se presentaron pruebas sustanciales, y la declaración de culpabilidad se basó en confesiones que, según afirmaron tanto él como otros acusados, se habían obtenido mediante tortura. Su causa llevaba más de 20 años pasando del Tribunal Superior al Tribunal Supremo y viceversa.
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Sistema de justicia

En junio, en una medida destinada a garantizar la independencia y transparencia judicial, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la Judicatura, que facilitaba la destitución de jueces que actuasen de forma incompetente o corrupta.

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Libertad de expresión y reunión

A pesar de que la opinión pública continuaba demandando que el gobierno pusiese en marcha su propuesta de reforma de la Ley de Reuniones y Manifestaciones, no hubo avances en este sentido. La Ley permitía que la policía dispersase por la fuerza protestas pacíficas e imponía otras restricciones a las manifestaciones pacíficas.

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Derecho a la vivienda

Funcionarios públicos permitieron que promotores inmobiliarios desalojasen a agricultores de todo el país, e incluso les prestaron su ayuda, sin que mediase el debido proceso, ni ofrecer siquiera alojamiento alternativo ni una indemnización adecuada.

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Derechos de las personas migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes carecían de libertad para cambiar de empleador. Los migrantes que trabajaban como cuidadores o en el servicio doméstico se veían a menudo obligados a trabajar sin gozar del descanso necesario. Los medios de comunicación pusieron al descubierto abusos y explotación de trabajadores migrantes por parte de funcionarios públicos y personas famosas.

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