Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas policiales y de seguridad continuaron recurriendo a la tortura y otros malos tratos con impunidad casi absoluta a pesar de que se había reformado la legislación en 2010. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas urgentes para impedir la extradición de un hombre a Tayikistán debido a que persistía la tortura allí. Al final del año, el gobierno anunció su intención de modificar el Código Penal y añadir una definición de tortura, de conformidad con el derecho internacional.

• Safarali Sangov murió el 5 de marzo, a los cuatro días de haber sido detenido por agentes de policía en el distrito de Sino de la localidad de Dushambé. Según la información recibida, la policía los había golpeado a él y a otros miembros de su familia, incluidos niños y una mujer embarazada de cuatro meses. Ante la indignación pública y las denuncias de que Safarali Sangov había muerto por torturas sufridas en la comisaría, en marzo se acusó de “negligencia” a dos agentes, y a otro de “abuso de autoridad”. Posteriormente, la fiscalía retiró este último cargo aduciendo que las declaraciones de los familiares de Safarali Sangov no eran pruebas admisibles. Tras la batalla legal que emprendieron las partes, la causa fue transferida a la Fiscalía General para su revisión.
• El 11 de julio comenzó el juicio de Ilhom Ismonov y otras 52 personas ante el Tribunal Regional de Sughd, en el norte de Tayikistán, por los cargos de pertenencia al Movimiento Islámico de Uzbekistán y participación en delincuencia organizada. Ilhom Ismonov y otros acusados contaron al juez el 19 de julio que habían sufrido torturas mientras estaban en detención preventiva. El 16 de septiembre, él comunicó al juez que había recibido presiones de funcionarios para que se retractara de anteriores denuncias de tortura y otros malos tratos. No se había atrevido a hablar antes por miedo a represalias de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El juez no le hizo caso. Su declaración, presuntamente obtenida mediante tortura, se utilizó como prueba en su contra. El fiscal pidió 12 años de cárcel. La causa seguía abierta al terminar el año.

Libertad de expresión: periodistas

Según informaron grupos de derechos humanos internacionales y tayikos, siguieron entablándose causas civiles y penales contra periodistas y medios de comunicación independientes por criticar al gobierno o a funcionarios del Estado.

• El 14 de octubre, un tribunal de Judzhand, en el norte de Tayikistán, declaró a Urunboy Usmonov, periodista de la BBC, culpable de complicidad en las actividades de una organización religiosa prohibida. Condenado a tres años de cárcel, fue puesto en libertad de inmediato en virtud de una amnistía. Presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que fue desestimado el 30 de noviembre. Amnistía Internacional consideró que se había procesado a Urunboy Usmonov por su legítima labor de investigación como periodista sobre la organización islámica prohibida Hizb-ut-Tahrir. Usmonov no tuvo acceso a un abogado hasta una semana después de ser detenido, y hubo denuncias según las cuales había sufrido tortura u otros malos tratos.
• También el 14 de octubre, otro tribunal de Judzhand declaró culpable de difamación, injurias e incitación al odio al periodista Makhmadyusuf Ismoilov. Redactor de la publicación Nuri Zindagi (Rayo de Luz), había sido detenido el 23 de noviembre de 2010 en la región de Sughd. Compañeros periodistas pensaban que los cargos tenían relación con un artículo que había escrito sobre las autoridades del distrito de Asht, en el que acusaba a algunas de corrupción y criticaba a los cuerpos locales encargados de hacer cumplir la ley. Se le impuso una multa de unos 7.000 dólares estadounidenses, así como la prohibición de ejercer el periodismo durante tres años. En diciembre se ratificó la sentencia condenatoria en apelación pero se anularon las sanciones.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres seguía siendo un problema grave. Uno de los principales factores que contribuían a los elevados índices de violencia en el ámbito familiar era que el Estado no adoptaba medidas adecuadas para evitar el matrimonio precoz, que era ilegal. El 1 de enero se elevó por decreto presidencial de 17 a 18 años la edad mínima necesaria para contraer matrimonio. No obstante, continuaron siendo insuficientes los servicios para proteger a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar, como casas refugio y viviendas alternativas adecuadas y seguras. En otoño se presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre “protección social y jurídica frente a la violencia intrafamiliar”, en proceso de elaboración desde hacía varios años. Al final del año no se había sometido a debate ni a votación.