Tailandia
Jefe del Estado
rey Bhumibol Adulyadej
Jefe del gobierno
Abhisit Vejjajiva
Pena de muerte
retencionista
Población
68,1 millones
Esperanza de vida
69,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
13/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,5 por ciento

Se siguió restringiendo la libertad de expresión, lo cual llevó a un endurecimiento de la censura oficial de sitios web, emisoras de radio, cadenas de televisión y publicaciones impresas. Continuó la violencia en el conflicto armado interno en el sur de Tailandia, donde las fuerzas de seguridad sometieron a personas sospechosas a tortura y otros malos tratos, y miembros de grupos armados musulmanes atacaron a civiles, especialmente a personal docente. Las protestas contra el gobierno en Bangkok y en otras provincias se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, los actos violentos cometidos por algunos manifestantes, y la detención de varios centenares de personas. Permaneció vigente en Bangkok durante casi ocho meses un decreto de emergencia con numerosas disposiciones contrarias al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes en situación irregular en Tailandia se exponían a sufrir diversos abusos contra los derechos humanos, y, junto con personas refugiadas, eran devueltos a Myanmar.

Información general

La crisis política polarizó la sociedad tailandesa por quinto año consecutivo, y a finales de febrero se agravó bruscamente cuando un tribunal de Bangkok condenó in absentia por cargos de corrupción al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que se encontraba en el exilio voluntario tras haber sido depuesto en el golpe de Estado de 2006. Desde mediados de marzo hasta finales de mayo, el Frente Nacional Unido por la Democracia contra la Dictadura, partido afín a Thaksin Shinawatra, organizó protestas contra el gobierno cada vez más violentas. Más de 90 personas murieron, al menos otras 2.000 resultaron heridas, y 37 edificios de Bangkok fueron incendiados. En marzo, el gobierno aplicó la Ley de Seguridad Interna, y en abril invocó el Decreto de Emergencia, que siguió vigente en Bangkok y otras tres provincias hasta finales de año. En el periodo posterior a la violencia, el gobierno creó varios organismos para llevar a cabo reformas nacionales y una Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Continuó el conflicto armado interno en el sur de Tailandia, y el número de víctimas mortales desde 2004 ascendió a 4.500. En noviembre, al menos 20.000 personas que huían de los enfrentamientos en Myanmar cruzaron la frontera desde ese país, en lo que constituyó la mayor oleada de personas refugiadas registrada en 25 años.

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Violencia política

Entre el 10 de abril y el 19 de mayo, 74 manifestantes o transeúntes, 11 miembros de las fuerzas de seguridad, 4 médicos y 2 periodistas murieron en Bangkok y en otros lugares durante protestas contra el gobierno que en ocasiones fueron violentas. Las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza, incluido el empleo letal de armas de fuego y el establecimiento de “zonas de fuego real”, cuya consecuencia fue la muerte de varios manifestantes y transeúntes desarmados. El general de división Khattiya Sawasdipol, que dirigía la defensa de los manifestantes, murió el 13 de mayo abatido por los disparos de un francotirador. Algunos manifestantes y personas que, al parecer, eran afines a ellos, también portaban armas y las utilizaron contra las fuerzas de seguridad. Tras las protestas, el gobierno detuvo a más de 450 personas; al finalizar el año, aproximadamente 180 de ellas seguían recluidas o estaban en libertad bajo fianza en espera de juicio. A algunas se las acusó de terrorismo.

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Libertad de expresión

El gobierno tomó medidas drásticas contra la libertad de expresión, sobre todo mediante el Decreto de Emergencia, la legislación relativa a los delitos de lesa majestad, y la Ley de Delitos Informáticos de 2007.

  • En octubre, Amornwan Charoenkij fue detenido en la provincia de Ayutthaya con arreglo al Decreto de Emergencia –a pesar de que el Decreto no estaba vigente allí– por vender zapatillas con el rostro del primer ministro y un mensaje relativo a las 91 personas muertas en la violencia de mayo.

El Decreto de Emergencia autorizó al recién creado Centro para la Resolución de la Situación de Emergencia a censurar sitios web, emisoras de radio, cadenas de televisión y publicaciones impresas sin orden judicial. El Centro para la Resolución de la Situación de Emergencia anunció que había censurado 770, 1.150 y 1.900 sitios web durante cada una de las tres últimas semanas de mayo respectivamente, cuando la violencia durante las protestas contra el gobierno alcanzó su máxima gravedad. En junio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación anunció que había bloqueado el acceso en Tailandia a 43.908 sitios web, alegando que habían violado la seguridad nacional y la legislación relativa a los delitos de lesa majestad.

Se entablaron al menos cinco litigios con arreglo a la Ley de Delitos Informáticos por contenidos considerados ofensivos para la monarquía o peligrosos para la seguridad nacional, lo que elevó a 15 la cifra total de acciones judiciales emprendidas desde la promulgación de la Ley en 2007.

  • El 29 de abril, el empresario Wipas Raksakulthai fue detenido por enviar un mensaje a través de la red social Facebook que, al parecer, infringía la legislación relativa a los delitos de lesa majestad. Al empresario, preso de conciencia, no se le concedió la libertad bajo fianza, y al finalizar el año continuaba recluido en espera de que se fijase la fecha del juicio.
  • El 24 de septiembre, Chiranuch Premchaiporn, directora del diario en línea Prachatai, fue detenida por publicar comentarios que violaban la legislación relativa a los delitos de lesa majestad. Quedó en libertad bajo fianza, y al finalizar el año estaba a la espera de que se remitiese la causa a la fiscalía.
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Personas refugiadas y migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes que no se inscribieron como tales antes de la fecha límite del 28 de febrero fueron devueltos a Myanmar y sometidos a trata y extorsión por parte de funcionarios tailandeses y una milicia de minoría étnica respaldada por el gobierno de Myanmar. En noviembre, Tailandia violó el principio de no devolución (non-refoulement) al obligar a regresar a Myanmar a numerosos refugiados que huían de los enfrentamientos en ese país, en donde corrían peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos. Un proceso gubernamental cuyo objetivo expreso era la verificación de la situación migratoria de más de 1,4 millones de trabajadores inscritos como migrantes se vio empañado por la preocupación por la seguridad de los ciudadanos de Myanmar que tenían que regresar a su país para participar en dicho proceso, por la existencia de intermediarios no reglamentados que cobraban tarifas exorbitantes y por la insuficiente información que recibían quienes querían participar en él. El proceso de verificación excluyó a aproximadamente 1,4 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que no se registraron ante las autoridades de inmigración antes de la fecha límite del 28 de febrero.

Al margen de su situación migratoria, numerosos ciudadanos extranjeros –procedentes sobre todo de Asia– seguían sufriendo discriminación en el acceso al trabajo, las indemnizaciones por accidentes laborales y el reconocimiento de discapacidades. Además, se restringía su libertad de circulación, y trabajaban en condiciones peligrosas e insalubres. No se investigaban ni procesaban los presuntos casos de extorsión, tortura y otros tipos de violencia contra trabajadores migrantes por parte de empleadores y funcionarios, incluidos especialmente los que eran obra de agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Tras la llegada de al menos 20.000 refugiados a primeros de noviembre, muchos de ellos regresaron a Myanmar voluntariamente, pero otros fueron devueltos o se les impidió cruzar la frontera hacia Tailandia. Lo mismo ocurrió durante el resto del año con grupos más pequeños de refugiados que huían de los enfrentamientos esporádicos al otro lado de la frontera.

  • En la localidad de Waw Lay, en el distrito de Phop Phra, provincia de Tak, las autoridades tailandesas devolvieron a 166 refugiados birmanos el 25 de diciembre, a no menos de 360 el 8 de diciembre, a unos 650 el 17 de noviembre, y a aproximadamente 2.500 el 10 de ese mismo mes.
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Conflicto armado interno

Continuaron los abusos contra los derechos humanos perpetrados por todas las partes en el conflicto armado interno que se libraba en las provincias meridionales tailandesas de población mayoritariamente musulmana, en donde se renovó el Decreto de Emergencia, algo que había sucedido 21 veces desde julio de 2005 (sólo se retiró en un distrito a finales de diciembre). Las fuerzas de seguridad siguieron torturando a sospechosos, lo cual provocó varias muertes bajo custodia. Los grupos armados continuaron persiguiendo a civiles, tanto budistas como musulmanes, y lanzando ataques indiscriminados, especialmente durante el Ramadán. En octubre, los ataques contra profesores y escuelas llegaron a tal punto que casi todos los colegios del sur cerraron durante una semana. En el sexto aniversario de la muerte de 85 personas en Tak Bai, provincia de Narathiwat, y tras la decisión adoptada en 2009 de no procesar a las fuerzas de seguridad implicadas, se produjeron 14 atentados con explosivos coordinados, en los que 2 personas murieron y otras 74 resultaron heridas.

El gobierno aprobó legislación que facultaba al Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del Sur, de carácter civil, para actuar con independencia de las fuerzas armadas e informar directamente al primer ministro, pero las fuerzas de seguridad continuaron gozando de impunidad.

  • En agosto, la policía retiró todos los cargos contra un ex paramilitar presuntamente implicado en un ataque a la mezquita de Al Furqan perpetrado en 2009 y en el que murieron 10 musulmanes. Por séptimo año consecutivo, ningún funcionario fue enjuiciado con éxito por violaciones de derechos humanos cometidas en el sur.
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Pena de muerte

No se tuvieron noticias de ejecuciones. En agosto había 708 personas condenadas a muerte, 339 de ellas por delitos de drogas, con sentencia definitiva o en fase de apelación. El 13 de enero, el ministro del Interior anunció una campaña de ampliación de la pena de muerte por delitos de drogas en virtud de tres leyes vigentes. Estos hechos eran contrarios al Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2009-2013, que incluía la intención de abolir la pena de muerte.

En abril y mayo, tras los estallidos de violencia entre las fuerzas de seguridad y manifestantes antigubernamentales, el gobierno afirmó que algunas personas detenidas serían acusadas de terrorismo, lo que podría conllevar la pena de muerte.

Se seguían colocando grilletes en los tobillos de las personas condenadas a muerte que llegaban a prisión, a pesar de que una decisión judicial de 2009 (que posteriormente se recurrió) declaraba “ilegal” esta práctica. En julio, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomendó que se pusiese fin de inmediato al uso de grilletes.

  • En diciembre, Tailandia se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones, tras haber votado en contra de la resolución en 2007, 2008 y 2009.
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