Tailandia
Jefe del Estado
rey Bhumibol Adulyadej
Jefa del gobierno
Yingluck Shinawatra (sustituyó a Abhisit Vejjajiva en agosto)
Pena de muerte
retencionista
Población
69,5 millones
Esperanza de vida
74,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
13,5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,5 por ciento

Se intensificó la violencia en el conflicto armado interno en el sur de Tailandia, donde los insurgentes, que perseguían cada vez más a la población civil, perpetraron ataques indiscriminados en los que murieron civiles. En el sur, las fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a personas detenidas a tortura y otros malos tratos. Por octavo año consecutivo, ningún funcionario público fue condenado por perpetrar violaciones de derechos humanos en el sur y tampoco se procesó a ninguno por las muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales de 2010. Las autoridades continuaron persiguiendo a quienes expresaban pacíficamente su opinión, sobre todo mediante la legislación relativa a los delitos de lesa majestad y la Ley de Delitos Informáticos. Las autoridades aumentaron las restricciones sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Myanmar, especialmente durante las grandes inundaciones, y explotaron a trabajadores y trabajadoras migrantes de países vecinos.

Información general

En las elecciones generales celebradas en julio, Yingluck Shinawatra, hermana del depuesto primer ministro Thaksin Shinawatra, se convirtió en primera ministra; su partido, el Puea Thai, consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, el partido no consiguió escaños parlamentarios en las tres provincias meridionales del país devastadas por la insurgencia, en donde se produjo un repunte de los ataques y la cifra de víctimas mortales durante los últimos ocho años ascendió a 5.000. Continuó la crisis política iniciada seis años atrás: hubo violencia relacionada con las elecciones y tensión entre el nuevo gobierno y el ejército durante los meses siguientes. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada tras las manifestaciones de abril y mayo de 2010, presentó sus dos primeros informes con las correspondientes recomendaciones.

En agosto, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas visitó Tailandia. En octubre, Tailandia se sometió al examen periódico universal, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos.

Top of page

Conflicto armado interno

Al igual que había ocurrido en el pasado, la mayoría de las personas que murieron en el conflicto armado interno del sur de Tailandia eran civiles, y, de ellas, más de la mitad, musulmanes. Aumentó el uso de bombas y dispositivos explosivos improvisados por parte de los insurgentes, que los utilizaron contra población civil o en ataques indiscriminados que causaron víctimas civiles y que, en parte, estaban destinados a sembrar el terror entre la población civil.

  • El 3 de febrero, dos insurgentes degollaron a Abdullah Kaboh, musulmán casado y con seis hijos, cuando extraía caucho bien entrada la noche en el distrito de Yarang, en Pattani.
  • El 4 de febrero, también en Yarang, dos insurgentes que circulaban en una motocicleta dispararon y mataron a Ruem Meesrisawad, budista de 79 años y médico oficial jubilado de medicina tradicional. El ataque se produjo a media mañana, a 100 metros de dos grupos de agentes de las fuerzas de seguridad.
  • El 16 de septiembre, en el distrito de Sungai Kolok, provincia de Narathiwat, cinco civiles malaisios murieron, incluido un niño, y al menos 118 personas resultaron heridas al hacer explosión tres bombas en una zona de ocio nocturno en el transcurso de 45 minutos.
  • El 25 de octubre, 3 personas murieron y al menos otras 65 resultaron heridas al hacer explosión como mínimo 11 bombas en el distrito central de la provincia de Yala, todas en torno a la misma hora, justo después de ponerse el sol.

Las fuerzas de seguridad también continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en sus operaciones de contrainsurgencia.

  • Según informes, tras un ataque insurgente perpetrado en enero contra instalaciones militares en Narathiwat, las autoridades torturaron o sometieron a otros malos tratos a, como mínimo, nueve hombres sospechosos.
Top of page

Impunidad

Por octavo año consecutivo, ningún funcionario público ni miembro de las fuerzas de seguridad tailandesas en las tres provincias del extremo meridional del país fue condenado por la comisión de delitos que implicaran violaciones de derechos humanos. En parte se debía al artículo 17 del Decreto de Emergencia, vigente en la zona (salvo en un distrito) desde julio de 2005. El decreto establecía inmunidad procesal para los funcionarios que cometiesen este tipo de actos en el cumplimiento de sus funciones. No se procesó a nadie por la muerte de 85 musulmanes a manos de las autoridades en el distrito de Tak Bai, provincia de Narathiwat, en octubre de 2004, ni tampoco por las torturas y la consiguiente muerte bajo custodia del imán Yapha Kaseng, ocurrida en Narathiwat en marzo de 2008.

  • En 10 de agosto, un tribunal de la provincia de Narathiwat condenó a Sudi-Rueman Mah-Leh a dos años de cárcel por proporcionar información falsa a funcionarios que investigaban la querella que había presentado contra un policía por las presuntas torturas que le había infligido. La sentencia condenatoria se basó en el hecho de que el policía y cinco de sus compañeros habían sido absueltos.

El Departamento de Investigaciones Especiales concluyó que las fuerzas de seguridad habían sido responsables de al menos 16 muertes durante las manifestaciones antigubernamentales celebradas en abril y mayo de 2010. Las causas se remitieron a la Fiscalía General para que considerase la posibilidad de presentar una petición de instrucción al tribunal. No se presentaron cargos contra nadie por esas muertes ni por las otras 76.

Top of page

Libertad de expresión

Continuó la represión de la libertad de expresión, sobre todo mediante la legislación relativa a los delitos de lesa majestad (artículo 112 del Código Penal), la Ley de Delitos Informáticos y la intimidación a los medios de comunicación. La mayoría de las personas detenidas, acusadas o condenadas con arreglo a estas leyes eran presos de conciencia. El 1 de diciembre, el gobierno inauguró el Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética, destinado a erradicar la ciberdelincuencia, en especial los delitos contra la monarquía cometidos en los sitios web de las redes sociales.

  • El 10 de marzo, Ekkachai Hongkangvarn fue acusado en virtud de la legislación relativa a los delitos de lesa majestad por vender DVD con un documental australiano sobre la monarquía tailandesa y copias traducidas de cables de Wikileaks sobre Tailandia. Quedó en libertad bajo fianza.
  • El 15 de marzo, Thanthawuthi Thaweewarodom, diseñador del sitio web norporchorusa.com, fue condenado a 10 años de prisión con arreglo a la legislación relativa a delitos de lesa majestad y a 3 años más en virtud de la Ley de Delitos Informáticos por publicar o no eliminar del sitio web comentarios considerados críticos con la monarquía. Continuaba bajo custodia.
  • El 8 de diciembre, Joe Gordon (también conocido como Lerpong Wichaikhammat), con doble nacionalidad estadounidense y tailandesa, fue condenado a cinco años de prisión (posteriormente reducidos a la mitad) por cargos de lesa majestad por ser el presunto autor de un blog en el que aparecía un enlace a la versión en tailandés de un libro prohibido en Tailandia. Había cometido el presunto delito cuando se encontraba en Estados Unidos.
  • En julio, el Tribunal Constitucional falló que el juicio a puerta cerrada celebrado en 2009 contra Darunee Charnchaoengsilpakul, acusada de delitos de lesa majestad y condenada ese año a 18 años de cárcel, “no había restringido de ningún modo los derechos de la acusada en una causa penal”. En diciembre volvió a ser condenada a 15 años.
  • El 23 de noviembre, un tribunal penal condenó a Ampon Tangnoppakul, de 61 años y afectado por un cáncer de garganta, a 20 años de cárcel con arreglo a la legislación relativa a delitos de lesa majestad y a la Ley de Delitos Informáticos. Aunque él aseguró que no sabía cómo enviar mensajes SMS, fue declarado culpable de enviar cuatro mensajes que se consideraban ofensivos para un miembro de la familia real.
Top of page

Personas refugiadas y migrantes

Tras las declaraciones realizadas ese mismo año por el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional y el gobernador de la provincia de Tak, en las que señalaron que las personas refugiadas procedentes de Myanmar serían repatriadas, el gobierno, durante el examen periódico universal de la ONU, se comprometió a respetar su obligación internacional de no devolver a personas a países donde serían perseguidas.

La población de personas refugiadas en Tailandia se incrementó, y continuó el reasentamiento en terceros países. Al finalizar el año había casi 150.000 refugiados viviendo en nueve campos en la frontera con Myanmar. Sin embargo, por quinto año consecutivo, el gobierno no activó su procedimiento para identificar a las personas solicitantes de asilo, de modo que casi la mitad de la población de los campos estaba sin registrar. Las autoridades intentaron disuadir a las organizaciones de ayuda humanitaria para que no ofreciesen alimentos ni otro tipo de ayuda humanitaria a esta población. Los solicitantes de asilo continuaban siendo objeto de detención, reclusión indefinida, deportación o repatriación a países en donde corrían peligro de persecución.

  • En junio, las autoridades de inmigración permitieron por primera vez que fueran puestas en libertad bajo fianza 96 personas refugiadas, todas ellas ahmadíes de Pakistán, que se encontraban recluidas en el Centro de Detención de Inmigrantes de Bangkok.
  • En julio se comunicó que los trabajadores migrantes de la industria pesquera tenían de plazo hasta agosto para registrar su nombre y el de sus empleadores ante las autoridades. El plazo para las personas migrantes que trabajaban en otros sectores finalizaba en julio. El programa de registro se inició para tratar de luchar contra la explotación por parte de empleadores y de los traficantes de personas.
  • En diciembre, las autoridades entregaron a Ka Yang, refugiado registrado en el ACNUR, y a su familia a funcionarios laosianos en un punto fronterizo de la provincia de Ubon Ratchathani, entre Tailandia y Laos. El 24 de diciembre de 2009, Estados Unidos había accedido a reasentar a Ka Yang en su territorio, pero éste había sido devuelto a Laos ese mismo día junto con otros 157 refugiados. Tiempo después, Ka Yang había huido de Laos y regresado a Tailandia.

Durante las grandes inundaciones que comenzaron en agosto, la policía y las autoridades de inmigración tailandesas detuvieron, expulsaron y extorsionaron a numerosas personas migrantes cuya documentación se había perdido en las inundaciones o estaba en manos de sus empleadores. Los trabajadores migrantes que regresaban a las fronteras sin pasaporte a menudo eran interceptados en los controles de inmigración y, sobre todo en el caso de los trabajadores de Myanmar, detenidos y recluidos. Posteriormente solían ser expulsados –en ocasiones por la noche– y, durante ese proceso, algunos eran víctimas de extorsión, bien directamente por parte de autoridades tailandesas o con su conocimiento.

  • En noviembre, el gobierno creó al menos un refugio para personas migrantes, en respuesta a los informes que señalaban que les estaban denegando la entrada en los refugios destinados al público en general.
Top of page

Pena de muerte

No se tuvieron noticias de ejecuciones. Sin embargo, los tribunales tailandeses impusieron 40 condenas a muerte en 2011, lo que supuso un modesto descenso frente a la media de una condena a muerte por semana durante los años anteriores. Las personas en espera de ejecución seguían llevando grilletes permanentemente, a pesar de que una decisión judicial de 2009, que seguía en fase de recurso, había declarado ilegal esta práctica.

  • Ikeda Kengo, ciudadano japonés condenado a muerte en marzo de 2009, continuaba pendiente de ejecución, a pesar de que no contaba con asistencia letrada o no tenía conocimiento de que disponía de ella. La legislación tailandesa exigía el nombramiento de un abogado de oficio para las personas que podían ser condenadas a muerte y no contaban con asistencia jurídica.
Top of page
World regions Midde East and North Africa Asia y Oceanía Europa y Asia Central África América

Ir al apartado de países

África

Los movimientos populares del norte de África tuvieron eco en la población del África subsahariana, de manera espe ...

América

El 11 de agosto de 2011, varios agentes de la Policía Militar efectuaron 21 disparos contra la jueza Patrícia Acio ...

Asia y Oceanía

La respuesta de varios gobiernos de la región de Asia y Oceanía a los vientos de cambio político procedent ...

Europa y Asia Central

Un día de primavera, de madrugada, llegó a su fin en un pequeño pueblo de Serbia una de las mayores ...

Oriente Medio y Norte de África

Para los pueblos y los Estados de Oriente Medio y el Norte de África, 2011 fue absolutament ...

Amnistía Internacional en las redes sociales

Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Tailandia en septiembre.