Togo

Human Rights in República Togolesa

Amnistía Internacional
Informe 2011

The AIR 2011 report on
Togo is now live »

Jefe del Estado Faure Gnassingbé
Jefe del gobierno Gilbert Fossoun Houngbo (sustituyó a Komlan Mally en septiembre)
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 6,8 millones
Esperanza de vida 57,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 134/116 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 53,2 por ciento

Se recibieron informes de malos tratos a detenidos y de condiciones de reclusión inhumanas. Se restringía la libertad de expresión.

Información general

En agosto se encontró en una playa cerca de la capital, Lomé, el cadáver de Atsutse Kokouvi Agbobli, ex ministro de Comunicación y jefe del departamento político de la Organización de la Unidad Africana. Seguía sin estar clara la causa de la muerte.

"La HAAC suspendió emisoras de radio y a periodistas a los que consideraba críticos con las autoridades."

Escrutinio internacional

En enero, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura señaló en un informe el compromiso de las autoridades togolesas con la lucha contra la tortura. Sin embargo, en la mayoría de las comisarías de policía y puestos de la gendarmería visitados, el relator especial encontró indicios de malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante el interrogatorio de personas detenidas, así como de palizas propinadas por guardias penitenciarios como castigo. El relator especial expresó la preocupación de que personas jóvenes y niños corrieran el riesgo de sufrir castigos corporales mientras estaban detenidos y que las condiciones de reclusión equivalían a tratos inhumanos.

En agosto, las relatoras especiales de la ONU y de la Unión Africana sobre defensores de los derechos humanos realizaron una misión conjunta en Togo. Durante las reuniones mantenidas con el gobierno, éste reconoció las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y dijo que se ocuparía de ellas. Aunque las relatoras reconocieron que el número de ataques y actos de intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos había disminuido, expresaron su preocupación por la estigmatización de estas personas, a quienes se consideraba adscritas a la oposición política. Las relatoras recomendaron que se concediera prioridad a poner fin a la impunidad por violaciones contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Libertad de expresión

En julio, la Coalición Togolesa de Defensores de los Derechos Humanos expresó preocupación por el abuso de poder de la Autoridad Superior de Medios Audiovisuales y Comunicaciones (HAAC) y acusó a este organismo de obstruir la libertad de expresión. La HAAC suspendió emisoras de radio y a periodistas a los que consideraba críticos con las autoridades.

  • En enero se interrumpió la emisión de Radio Victoire por no cumplir las instrucciones de la HAAC de impedir la participación de un periodista extranjero en un debate radiofónico en un programa deportivo en el que se criticaba a la Confederación Togolesa de Fútbol.
  • En febrero, Daniel Lawson-Drackey, periodista de la emisora de radio Nana FM, fue «suspendido indefinidamente» en sus funciones radiofónicas por la HAAC tras hacer comentarios críticos con las autoridades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que esa decisión era «abusiva y viola el derecho a la información y a la libertad de prensa».
  • En julio, la HAAC suspendió el programa interactivo de Radio Lumière, emisora de Aného, en el sur de Togo.

Impunidad

En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Togo presentó al presidente Faure Gnassingbé el informe final sobre las consultas nacionales para una futura Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Las consultas ayudaron a reunir las opiniones de la población togolesa sobre la naturaleza y el mandato de la Comisión, establecida para arrojar luz sobre la violencia política en Togo. El informe pedía a las autoridades togolesas la adopción de medidas apropiadas para garantizar la seguridad de testigos, víctimas y presuntos responsables.

No se tuvo noticia de avances en el examen de las denuncias presentadas por víctimas de la violencia electoral en 2005.

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