La policía mató al menos a 39 personas, en algunos casos en circunstancias que daban a entender que los homicidios podían haber sido ilegítimos. Al menos 11 personas fueron condenadas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.
Información general
En enero, el gobierno presentó ante el Parlamento un documento de trabajo sobre la reforma de la Constitución. Entre los cambios propuestos figuraban la sustitución del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, radicado en Reino Unido, por la Corte de Justicia del Caribe como la más alta instancia judicial del país, y la creación de un Ministerio de Justicia.
Policía y fuerzas de seguridad
La policía mató al menos a 39 personas. Las declaraciones de testigos presenciales y otros indicios daban a entender que algunos de esos homicidios podían haber sido ilegítimos.
- En enero, unos agentes de policía mataron a George Ashby, de 52 años, al dispararle tres veces en el pecho cuando volvía del trabajo a su domicilio, cerca de Río Claro. Los agentes afirmaron que, al dar el alto al vehículo en el que viajaba, les habían disparado y ellos habían repelido la agresión. La familia de George Ashby creía que se había tratado de un caso de identificación errónea. Durante tres días, vecinos de la zona se manifestaron en protesta por el homicidio. Al finalizar el año estaba en marcha todavía una investigación policial sobre el incidente.
- En agosto se encontró muerto a Tyrone Peters, de 19 años, en un calabozo de la comisaría de La Horquetta, en Arima. La primera autopsia confirmó la explicación dada por la policía, es decir, que se había ahorcado. Según los agentes, se había suicidado ahorcándose con sus pantalones vaqueros. Sin embargo, los familiares de Tyrone Peters aseguraron que el cadáver se encontraba completamente vestido cuando lo habían visto en el calabozo. Según los informes, una segunda autopsia, efectuada a instancias de la familia, reveló que el joven había sido estrangulado. Al finalizar el año continuaban las investigaciones sobre el caso.
Violencia contra mujeres, niños y niñas
En octubre, el presidente de la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Senado anunció que, entre 2004 y 2008, se habían cuadriplicado las muertes por violencia intrafamiliar y se habían incrementado en un 60 por ciento las denuncias por actos de violencia en el hogar. Las organizaciones de mujeres reconocieron que el aumento de las denuncias podía deberse a que había mejorado la actitud de la policía, pero indicaron que el gobierno tenía que hacer más para apoyar a las supervivientes de esta violencia, por ejemplo, aumentando el número de refugios.
Pena de muerte
Al menos 11 personas fueron condenadas a muerte, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución.
En julio, las autoridades iniciaron los trámites para la ejecución de Ronald Tiwarie, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se había pronunciado todavía sobre su caso. Los trámites se suspendieron al presentar la defensa una moción de constitucionalidad ante la Corte Superior. La moción estaba todavía pendiente de resolución al finalizar el año. Al concluir éste, Ronald Tiwarie seguía condenado a muerte a pesar de que a partir de agosto hubiera podido conmutársele la pena en virtud de una resolución dictada en 1993 por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, según la cual pasar más de cinco años condenado a muerte constituía una forma de trato inhumano y degradante.