Se decretó el estado de excepción ante el aumento de la delincuencia. Siguieron recibiéndose informes de homicidios a manos de la policía, en algunos casos en circunstancias que daban a entender que podían haber sido ilegítimos.
El gobierno decretó el estado de excepción el 21 de agosto para hacer frente a una “amenaza contra la seguridad nacional” no especificada, relacionada con la delincuencia organizada. En virtud de esta medida, se confirieron a las fuerzas de seguridad facultades para registrar y detener sin orden judicial, se prohibieron las marchas o reuniones públicas sin autorización del director general de la policía y se introdujo un toque de queda nocturno. El estado de excepción se levantó el 5 de diciembre.
La primera ministra anunció que durante el estado de excepción se había producido una reducción drástica de la delincuencia violenta. Sin embargo, con frecuencia se tuvo noticia de que la policía había abusado de sus facultades y de que se había actuado indiscriminadamente contra residentes de zonas consideradas “puntos negros de delincuencia”. Más de la mitad de las 449 personas detenidas en aplicación de la legislación antibandas durante el estado de excepción fueron puestas en libertad por falta de pruebas, lo que según el director de la fiscalía se debía a la insuficiencia de las pruebas reunidas por la policía.
Decenas de personas murieron a manos de la policía. Las declaraciones policiales que afirmaban que los agentes habían disparado en defensa propia con frecuencia quedaron en entredicho al contrastarse con las declaraciones de testigos presenciales.
A las nueve de la noche del 22 de julio, Abigail Johnson, Allana Duncan y Kerron Eccles murieron por disparos de la policía cuando circulaban en automóvil por el pueblo de Barrackpore. La policía dijo que los pasajeros del vehículo les habían disparado y que los agentes se habían visto obligados a responder. Sin embargo, según los informes, los testigos presenciales declararon que las tres víctimas iban desarmadas y que la policía les había disparado deliberadamente. Las muertes desencadenaron una semana de protestas de los residentes. En octubre se acusó formalmente de asesinato a siete policías, y al finalizar el año el juicio aún continuaba.
Se recibió información sobre detenciones arbitrarias y malos tratos policiales durante el estado de excepción.
Arthur Lewis fue detenido en su domicilio de Williamsville el 5 de septiembre. Según su declaración, fue golpeado con porras mientras estaba detenido en la comisaría de policía de Morvant. El 9 de septiembre fue puesto en libertad sin cargos.
En septiembre, el ministro de Justicia anunció que los tribunales tenían más de 100.000 casos penales pendientes de tramitación. En diciembre se promulgó una ley para acelerar el proceso judicial mediante la eliminación de investigaciones preliminares.
Entre enero y septiembre de 2011, las denuncias de violencia sexual disminuyeron un 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2010. Sin embargo, seguía dándose la circunstancia de que no todos los casos de violencia de género se denunciaban. Esto tenía relación con la inadecuada formación policial y la lentitud del sistema de justicia. Dos años y medio después de su elaboración, la política nacional sobre género y desarrollo seguía sin adoptarse.
Se condenó a muerte a 2 personas, y al final del año había 31 en espera de ejecución. El gobierno presentó en enero un proyecto de ley para facilitar la reanudación de las ejecuciones, pero el Parlamento lo rechazó en febrero.
